nombre reservado CONTRA nombre reservado

Certifico que se anunció y alegó por el recurso de protección el abogado don Sebastián Hernández. En San Miguel, 12 de febrero de 2020. nombre reservado. Relator.

En San Miguel, a doce de febrero de dos mil veinte.

Al folio 9790: Téngase presente.

Al folio 9873: No habiéndose pagado el impuesto, no ha lugar.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparecen los abogados Álvaro Pérez Verde-Ramo y Solange Huerta Reyes, en representación de don nombre reservado, profesor, quien interpone recurso de protección en contra de nombre reservado por privar y/o perturbar, en forma ilegal y arbitraria, su derecho a la honra y vida privada protegido en el numeral 4° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando se adopten las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

En cuanto a los hechos, detalla que el día primero de julio de 2019 la recurrida realizó las siguientes acciones en su contra:

a) Publicación realizada en la plataforma Facebook, a través de la cual se escribe un largo texto en el que se le acusa de adeudar dinero, y de haberla perjudicado económicamente.

b) Publicación de la fotografía de rostro, realizada en la plataforma Facebook, donde incorpora el texto “Estafador” y una serie de comentarios dirigidos en contra de su persona.

c) Entrega de en el interior y en las afueras del colegio Marambio donde ejerce como profesor, el que contiene su fotografía y un texto que contiene cometarios en su deshonra y descrédito.

Agrega que a través de estas acciones, la recurrida publicó y difundió imágenes y expresiones que resultan deshonrosas, afectando su honor, su propia imagen y la consideración que tienen sobre su persona sus empleadores y los apoderados del colegio donde trabaja lo que se manifestó en una comunicación del director de administración y finanzas en que se le informaba que la recurrida se había comunicado con el centro de padres y apoderados del establecimiento y repartido volantes en el exterior del Colegio haciendo alusión a su vínculo con el establecimiento solicitándole que adoptara las medidas necesarias para que tales hechos no vuelva a repetirse.

Relata, a fin de contextualizar la situación, que mantuvo una relación de convivencia con la señora nombre reservado de la que nació una hija nacida en el año 2011; que durante su vida en común se mantuvieron como allegados en la casa de los padres del recurrente ubicada en la localidad de Ibacache Alto, comuna de María Pinto donde comenzaron a construir una vivienda propia dentro del mismo terreno asumiendo ambos las diversas cargas que implican el proceso de habilitación y construcción.

Que en estas circunstancias se produjo un deterioro de la relación lo que llevó a su quiebre a mediados del año 2018 quedando la casa sólo con su obra gruesa sin terminaciones ni conexión eléctrica o de alcantarillado. Lo que llevó a que ambos mantuvieran deudas que se originaron en la realización de dicho proyecto en común.

Refiere que la recurrida le solicitó la devolución de todo lo que ella había invertido en la construcción más una indemnización que ella misma fijó a lo que indicó que le podía pagar en parcialidades a lo que ella se negó tajantemente.

Agrega que lo anterior se ha traducido en diversos entorpecimientos en la relación directa y regular con su hija a pesar que mensualmente deposita $180.000 a título de pensión alimenticia a lo que se agrega el pago de la mensualidad del colegio al que asiste y otros gastos menores. Finalmente, señala que no ha sido objeto de requerimiento judicial por parte de la recurrida.

En cuanto al derecho, estiman vulnerado el numeral 4°del artículo 19 de la Constitución Política de la República ya que con las acciones de la señora nombre reservado se afectado el derecho a la honra y vida privada; afirma que la jurisprudencia ha reconocido que no es posible que se pretenda utilizar las redes sociales en acciones de descrédito o deshonra de una persona (funa); y, por otra, que la imagen y los datos personales forman parte de la vida privada de la persona, no pudiendo ser divulgados públicamente sin la autorización expresa de su titular, y que por lo mismo, se encuentran resguardados constitucionalmente.

Pide que se acoja su recurso y, a fin de reestablecer el imperio del derecho, se ordene a la recurrida a) Eliminar todo contenido publicado por ella en su descrédito y/o deshonra, ya sea en la plataforma Facebook, como en cualquier otra plataforma informática (correos electrónicos, WhatsApp, etc.), o a través de medios tradicionales, como la difusión de panfletos, pegatinas u otros.

b) Eliminar cualquier publicación que contenga mi imagen personal (fotografía), ya sea que se asocie o no a textos en su descrédito o deshonra.

c) Abstenerse en el presente y en lo futuro de seguir realizando publicaciones similares y de cualquier tipo y por cualquier medio en contra del recurrente y de su grupo familiar; y/o que contenga su imagen (fotografía) o datos personales que conforman parte de su vida privada.

d) Se ordene lo anterior bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, en caso de incumplimiento;

Segundo: Que la recurrida no informó al tenor del recurso, por lo que por resolución de 10 de febrero del año en curso se prescindió de dicho informe;

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado por un acto u omisión arbitrario o ilegal que le prive, perturbe o amenace dicho ejercicio;

Cuarto: Que los actos que se denuncian como ilegales y arbitrarios consisten en las publicaciones realizadas el 1 de julio de 2019 en la red social "Facebook" por parte de la señora nombre reservado y la distribución de folletos realizada con igual fecha en las afueras del establecimiento donde trabaja el recurrente, en las que junto a su rostro se lo sindica de “estafador” además de imputarle el no pago de diversas deudas que tendría con la recurrida;

Quinto: Que la cuestión planteada por el recurrente dice relación con el derecho a la honra, que habría sido vulnerada por la recurrida con las acciones referidas, acompañadas de comentarios ofensivos dirigidos hacia su persona y que afectarían su vida laboral y honra;

Sexto: Que, en lo que dice relación con las expresiones que el recurrente estima afectan su honra, todo ello para brindarle amparo en el respeto a la garantía constitucional consagrada en el N°4 del artículo 19 de la Carta Fundamental, esta Corte es de parecer que las expresiones vertidas a propósito de la publicación de la recurrida en relación a la conducta atribuida al actor resultan desdorosas, pudiendo afectar la consideración que terceras personas tengan o puedan formarse de él, por lo que resultan lesivas del derecho invocado y, en consecuencia, se acogerá la acción cautelar por este acápite;

Séptimo: Que, también en el ámbito de la protección legal del derecho antes aludido, cabe poner de relieve lo dispuesto en la ley 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, cuyo artículo 2, letra f), estatuye que son datos de carácter personal o datos personales los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables y, en el literal g) del mismo precepto, que son datos sensibles aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual”, de lo que se colige que el lugar de trabajo, en cuanto permite conectar directamente con el concernido, tiene la calidad de dato personal.

En el mismo sentido, el artículo 4º de la antes citada ley, dispone expresamente: El tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello.

La persona que autoriza debe ser debidamente informada respecto del propósito del almacenamiento de sus datos personales y su posible comunicación al público.

La autorización debe constar por escrito.

La autorización puede ser revocada, aunque sin efecto retroactivo, lo que también deberá hacerse por escrito.

No requiere autorización el tratamiento de datos personales que provengan o que se recolecten de fuentes accesibles al público, cuando sean de carácter económico, financiero, bancario o comercial, se contengan en listados relativos a una categoría de personas que se limiten a indicar antecedentes tales como la pertenencia del individuo a ese grupo, su profesión o actividad, sus títulos educativos, dirección o fecha de nacimiento, o sean necesarios para comunicaciones comerciales de respuesta directa o comercialización o venta directa de bienes o servicios.

Tampoco requerirá de esta autorización el tratamiento de datos personales que realicen personas jurídicas privadas para el uso exclusivo suyo, de sus asociados y de las entidades a que están afiliadas, con fines estadísticos, de tarificación u otros de beneficio general de aquéllos;

Octavo: Que en estos autos se encuentra acreditado que la recurrida, utilizando la cuenta que mantiene en la red social denominada Facebook, publicó en ella un comentario sobre una conducta inapropiada que asigna al actor, acompañada de una foto de éste y, luego, se incorporaron una serie de otras publicaciones con los comentarios emitidos por terceras personas acerca del comportamiento originalmente denunciado por la recurrida, en las que se señala su domicilio particular, sin el consentimiento del recurrente.

Tal publicación se realizó en un espacio público en que era observable por quien accediera al sitio donde ella se exhibía, lo cual importa la perturbación a la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, invocada por el recurrente;

Acciones que, el mismo día, realizó materialmente a las afueras del colegio en que trabaja el recurrente, donde entregó folletos con su rostro y similares imputaciones.

Noveno: Que, en lo tocante al derecho a la propia imagen, también vinculado al artículo 2, letra f), de la ley 19.628, cabe apuntar que la Excma. Corte Suprema lo ha entendido referido a una proyección física de la persona, que le imprime a ésta un sello de singularidad distintiva entre sus congéneres dentro del ámbito de la vida en sociedad y que, por consiguiente, constituye, junto con el nombre, un signo genuino de identificación de todo individuo (sentencia N° 2506-2009).

En lo que al resguardo constitucional del derecho a la propia imagen refiere, si bien el artículo 20 de la Constitución Política de la República no lo alude específicamente entre las garantías susceptibles de ampararse por ese arbitrio cautelar, tanto la doctrina como la jurisprudencia han coincidido que corresponde anidarlo en la garantía del numeral 4º del artículo 19 antes citado, atendida su directa ligazón con el atributo de privacidad de la persona, que esa norma se encarga de tutelar. Así lo ha dicho también el máximo Tribunal (sentencia N° 9970-2015);

Décimo: Que en el presente caso, el actor de protección reclama por el hecho de haberse publicado en una red social, sin su consentimiento, una fotografía de su persona, en un contexto de amenazas, imputaciones de conducta inadecuada e insultos de la recurrida y/o de terceras personas que acceden a Facebook, espacio público en que era observable por quien accediera al sitio donde tales imágenes se exhiben, con lo que se produce la perturbación del derecho a la propia imagen del recurrente, circunstancia que, junto a lo expresado en el motivo séptimo, también da pábulo al acogimiento del recurso intentado en los antecedentes;

Undécimo: Que acreditadas en los términos expuestos las condiciones de procedencia de la acción de protección deducida en autos, corresponde que ésta sea acogida, disponiéndose las medidas idóneas para restablecer el imperio del derecho y brindar la protección debida al afectado, sin perjuicio de las restantes acciones que a éste y a la recurrida puedan asistir.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y, se acoge, sin costas, el recurso interpuesto por don nombre reservado y, en consecuencia, se dispone que la recurrida doña nombre reservado deberá eliminar desde la red social Facebook todo tipo de registro de las publicaciones en las que se hace referencia al actor y que aparecen reseñadas en el escrito del recurso, incluida la fotografía, como asimismo, todos los comentarios que se hicieron a propósito de ella, dentro de quinto día de ejecutoriado el fallo, debiendo abstenerse, en lo sucesivo, de realizar otras de similar tenor por esta u otra vía semejante.

De igual manera deberá abstenerse de repartir folletos o elaborar volantes en que se imputen acciones de similar naturaleza o se utilice la imagen del recurrente para fines semejantes.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol 6394-2019 PROT.

N°Protección-6394-2019.