PG CORP SERVICIOS S.A. CONTRA INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO MAIPO

Santiago, cinco de noviembre de dos mil diecinueve.

Vistos:

Comparece don nombre reservado, por PG Corp Servicios S.A., e interpone recurso de protección en contra del Inspector Provincial del Trabajo Maipo.

Funda su acción refiriendo, en síntesis, que en el curso de una fiscalización realizada el 11 de enero de 2019 por el fiscalizador señor nombre reservado, se habría constatado la siguiente infracción y cursado la siguiente multa: número resolución: 7576/2-1 Unidad monetaria: 60 UTM hecho constatado: no otorgar descanso dominical y días festivos del período de julio 2018 a diciembre 2018 respecto de los trabajadores nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, no encontrándose la empresa en algunas de las excepciones al descanso dominical y de días festivos”.

Añade que el 11 de marzo del actual, pidió reconsideración administrativa de dicha multa señalando: “Es de vital importancia tener presente que los trabajadores involucrados en la fiscalización laboran todos en turno de noche. Su jornada de trabajo semanal comienza los lunes a las 00:00 y concluye ese mismo día a las 7:30 horas para ingresar nuevamente a las 23:00 horas de ese mismo día (lunes) y terminar su jornada el día siguiente (martes) a las 7:30 horas; así sucesivamente hasta el sábado en que concluye la jornada a las 7:00 de ese mismo sábado y no retornan a sus labores hasta el lunes siguiente a las 00:00 horas. De lo anterior se aprecia que el trabajador sí hace uso de su descanso semanal desde las 7:00 del sábado hasta las 23:59 del domingo lo que implica un descanso que va más allá de las 24 horas que contiene el domingo (41horas en total). Misma dinámica opera para el caso de los días festivos. El problema surge de la limitación material del libro de asistencia para reflejar de manera correcta la jomada nocturna. En efecto, como el segundo día de la jornada semanal comienza el mismo lunes a las 23:00 ya no existe espacio para marcarlo por lo que se procede a utilizar el espacio que el libro contempla para el siguiente día. Esto implica que al llegar al último día de la jornada semanal no se logre apreciar que el ingreso es el viernes a las 23:00 y no el sábado y que la salida es a las 7:00 del sábado. Por otra parte, si se aprecia la sumatoria de horas semanales se puede apreciar que estas dan como resultado 44 horas semanales lo que claramente refleja que si se está otorgando el descanso dominical y de festivos. A mayor abundamiento, se acompañan declaraciones de los trabajadores involucrados que dan cuenta de que efectivamente han hecho uso de sus descansos dominicales y de feriados." Explica quien recurre que mediante resolución N° 295, de 4 de junio de 2019 e ingresada a la oficina de correos con fecha 3 de julio de 2019, la recurrida resolvió confirmar la multa señalada por las siguientes razones: "Que los argumentos expuestos por la solicitante no son de recibo en esta instancia resolutora, esto en el entendido que las actuaciones del fiscalizador gozan de presunción legal de veracidad para todos los efectos, lo que no puede ser desvirtuado con simples declaraciones de los supuestamente afectados que señalan que el empleador les ha otorgado descanso semanal. Además, cabe señalar que el registro de asistencia es la herramienta laboral pertinente para acreditar la efectiva jomada de un dependiente, por lo que constatado por el fiscalizador al verificar el instrumento, no permite al suscrito acreditar el error de hecho ni mucho menos al cumplimiento de la infracción, por lo que al sujetarme a lo dispuesto en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, resuelvo confirmarla multa." Manifiesta que los fundamentos de la recurrida constituyen en sí mismos una arbitrariedad e ilegalidad que redundan en que el acto o resolución recurrida también lo sea ya que, primero que todo, incurre en un error garrafal a la hora de apreciar los hechos y, además, impide cualquier defensa al levantar como fundamento basal la presunción de veracidad de los hechos que constate el fiscalizador incurriéndose, además, en un atentado al debido proceso erigiéndose, en la práctica, en única instancia en la resolución del conflicto como comisión especial.

Señala que, si bien se aprecia que el día lunes se repite la entrada dos veces, dicha jornada es perfectamente legal pero el problema surge al momento de reflejarlo en el Libro de Asistencia. El libro de asistencia –dice el recurso- no contiene dos espacios para llenar la entrada del primer día, por lo que se procede a llenar el espacio siguiente y así sucesivamente, como se aprecia en las copias de los libros de asistencia acompañados en un otrosí.

Afirma que lo anterior da origen a un error grave de apreciación por parte de la fiscalización, puesto que no es efectivo que no se hayan otorgado los días domingo y festivos de descanso. Es más –asegura el actor-, si se suman las horas trabajadas se podrá apreciar que nunca superan el máximo semanal de 45 horas y que de ser efectivo lo “constatado" por el fiscalizador deberían reflejarse más horas semanales trabajadas, pero no es así.

Según el recurso, lo antes narrado constituye una vulneración flagrante a sus derechos fundamentales, al erigirse la recurrida en una especie de comisión especial que zanja el conflicto, sin posibilidad de corregirla, por lo que se vería afectado el inciso 4o, del numeral 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que asegura a todas las personas el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales.

Asimismo, estima conculcada la garantía del inciso quinto del número 3º del citado artículo 19, pues considera que hay ausencia de racionalidad y, por lo tanto, de justicia, toda vez que el análisis lógico y racional permite apreciar la inexistencia de la conducta infraccional y que no existe el hecho imputado y, en consecuencia, tampoco es justa la aplicación de la sanción.

En atención a lo señalado, solicita que se restablezca el imperio del derecho, sea dejando sin efecto tanto la resolución recurrida y la que impuso la multa, o modificando la resolución recurrida en el sentido de dejar sin efecto la multa cursada.

La señora Edith Delgado Hinojosa, abogada, en representación de la Inspección Provincial del Trabajo del Maipo, informa la acción de protección indicando, en lo medular, que la ley contempla como recurso natural en contra de dicha resolución, la reclamación judicial, según lo dispone el artículo 512 del Código del Trabajo. En estas condiciones –continúa diciendo-, el recurso de protección se está utilizando como un mero sustituto procesal, de acciones judiciales ordinarias, establecidas en procedimientos específicos y reglados, que la legislación contempla en forma expresa para cautelar los derechos del recurrente y que protegen, suficientemente bien los derechos que se dicen conculcados.

Agrega que acudir a sede de protección para estas materias complejas, que requieren por su especial condición el aportar pruebas de distinta naturaleza, en oportunidades procesales específicas, que exigen también un juicio de lato conocimiento para su acertada y legal tramitación, significa desconocer el sistema procesal vigente establecido en forma específica por el legislador, haciéndolo inútil y prescindible, y transformando a la ley en letra muerta, en definitiva, llegando por esta vía a un desuso de la práctica legal tan fuertemente arraigada en la cultura jurídica chilena.

Por otra parte, en cuanto a la procedencia del recurso señala que acto arbitrario es aquel que es fruto del capricho o de la sinrazón, lo que no ha tenido lugar en este caso, puesto que la Resolución N°295 referida en el libelo de protección, se dictó luego de revisada la documentación y declaración aportada por el propio empleador, tendientes a acreditar el cumplimiento de las disposiciones legales infringidas, en tanto que la sanción fue aplicada por la Resolución de multa N°7576/2019/2, razonada y fundada, esto conforme a las facultades conferidas al Director del Trabajo por el legislador, dispuestas en el artículo 511 del Código del Trabajo.

Asegura que la Resolución de Reconsideración Administrativa de Multa N°295, de 4 de junio último, no puede ser tildada por ilegal o arbitraria, toda vez que se ha reconsiderado administrativamente una multa, resolviendo el Inspector Provincial del Trabajo, por orden Director Trabajo, conforme a las facultades expresamente conferidas a este servicio por el Código del Trabajo en su artículo 511, a raíz de la denuncia efectuada por un trabajador de la empresa, presentando antecedentes que exigen la fiscalización del Servicio, generándose un procedimiento de fiscalización ajustado a derecho.

Subsidiariamente, se refiere a los hechos y circunstancias que dieron lugar a la fiscalización, la sanción y el rechazo de la reconsideración de la multa impuesta.

Afirma que no hay derechos fundamentales vulnerados, por no haber acreditado en la instancia administrativa el manifiesto error de hecho en la aplicación y menos aún el cumplimiento de las disposiciones legales, convencionales o arbitrales infringidas, conforme a lo dispuesto en el artículo 511 del Código del Trabajo; únicos supuestos que autorizan al Inspector Provincial para dejar sin efecto la multa o rebajarla.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1°) Que en su informe, la Inspección del Trabajo sostiene que el recurso de protección no es un sustituto procesal de acciones judiciales o administrativas que el ordenamiento jurídico ha establecido. En el caso que nos ocupa, impuesta una multa por alguna de las reparticiones de la Dirección del Trabajo, el código del ramo estatuye formas de impugnación en sus artículos 503 y 512, razón que hace impertinente la presente acción cautelar, cuyo carácter extraordinario la excluye de constituir la vía idónea para resolver una cuestión como la que se ha decidido por la autoridad administrativa, en la medida que su proceder aparece apegado a la ley que la rige y cuya decisión, como se dijo, admite una vía de impugnación o reclamación prevista al efecto en el ordenamiento especial laboral;

2°) A la luz de los antecedentes, esta Corte advierte que la actuación de la recurrida no puede ser entendida como ilegal, desde que, tanto el Código del Trabajo como la Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, la facultan para realizar fiscalizaciones y sancionar con multas a los infractores al ordenamiento laboral, constatando el fiscalizador, en su carácter de ministro de fe, que la recurrente habría vulnerado determinadas normas de dicho ámbito, aplicándose consecuentemente, la multa correspondiente, razón por la que esta actuación no puede ser entendida como arbitraria.

Si lo que se busca es discutir el mérito de la decisión de la autoridad, el actor cuenta con el procedimiento normado en el artículo 503 y siguientes del Código del Trabajo;

3°) Si bien es cierto que el artículo 20 de la Constitución Política de la República dispone que el recurso de protección puede deducirse “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”, ello desde luego no importa que esta acción constitucional sea un sustituto de los procedimientos que la ley ha establecido para determinadas materias. En la especie, se trata de la imposición de una multa por incumplimiento de determinadas normas laborales, sanción que es susceptible de reclamo de acuerdo con los artículos 503 y 512 del Código del Trabajo, en relación con la letra e) del artículo 420 del mismo texto legal.

Acorde a lo recién anotado, admitir el reemplazo en el presente contexto de una acción de cautelar constitucional –de naturaleza extraordinaria- del debate que es propio del referido arbitrio judicial de reclamación normado por el legislador laboral, significaría aceptar la sustitución, a discreción del interesado, del escenario fijado por ley para la controversia con la presente vía de emergencia, sin que su finalidad se ajuste a ello.

4°) Conforme a lo antedicho, al no constituir el presente recurso la vía adecuada para resolver sobre procedencia de la multa impuesta, al existir un procedimiento especialmente estatuido con este objetivo en el Código del Trabajo, sin que el recurso de protección sea un sustituto procesal de acciones ordinarias que el ordenamiento jurídico contempla, y además, atendido que la multa fue impuesta por la autoridad competente, dentro del procedimiento previsto por la ley, la acción de protección deducida en la especie no podrá prosperar.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, la acción constitucional deducida por PG CORP Servicios S.A. en contra de la Inspección Provincial del Trabajo del Maipo.

Redacción de la ministra Alejandra Pizarro.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N° 6.391-2019 Protección.- Pronunciada por la Quinta Sala de esta Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las Ministras señora María Teresa Letelier Ramírez, señora Adriana Sottovia Giménez y señora María Alejandra Pizarro Soto.