CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES DE PUENTE ALTO con INSPECCIÓN PROVINCIAL

Foja: 58 EN SANTIAGO, a veintisiete de marzo de dos mil diecisiete.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que mediante presentación de fecha 8 de febrero del año en curso, agregada a fs. 30 de estos antecedentes, el abogado don Guillermo Caro Molina, en representación de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de Puente Alto, deduce recurso de Protección en contra de la Resolución Nº 7903/17/1 dictada por la Fiscalizadora de la Inspección del Trabajo Cordillera, doña nombre reservado, cuyo Inspector Provincial es don nombre reservado, debidamente individualizados, fundado en que, al haberse dictado la indicada resolución, se ha incurrido en un acto ilegal y arbitrario que perturba y amenaza el legítimo ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Política de la República, en su artículo 19 Nº 3, inciso quinto y Nº 24, procediendo a referir los fundamentos de hecho con que dicha perturbación y amenaza se configuraría.

SEGUNDO: Que la Resolución Nº 7903/71/1, de fecha 9 de enero de 2013, notificada a la recurrente el día 12 del mismo mes y año la sanciona con multas administrativas equivalentes a 75,00 UTM; 40,00 UF; 15,00 UF Y 20,75 UF, indicando el monto total que representan a la fecha de interposición del recurso y que tienen como fundamento el no haber escriturado los contratos de trabajo, no entregar los comprobantes del pago de las remuneraciones, no declarar oportunamente las cotizaciones previsionales por trabajo pesado y no declarar oportunamente las cotizaciones previsionales del seguro de cesantía de las señoras nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, presentando en cada caso los correspondientes contratos de honorarios, informes de actividades y boletas por pagos de honorarios.

TERCERO: Que estima la recurrente que el actuar de la recurrida teniendo como base un supuesto vínculo laboral habido entre su representada y las personas individualizadas en el fundamento precedente, lo que demuestra que se ha excedido en sus facultades legales, invadiendo el ámbito de conocimiento y resolución de los tribunales de justicia, los que son los legalmente facultados para conocer y resolver este tipo de materias.

CUARTO: Que pasa a señalar toda la normativa referente a la procedencia del recurso de protección, en forma genérica, y entrando en la fundamentación de su acción, manifiesta que la infracción al artículo 19 de la Carta Fundamental en su numeral 3º, inciso quinto, que establece que “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho.”, haciendo relación de lo transcrito con lo dispuesto en el artículo 420, letra a) del Código del Trabajo, cuando señala que las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos individuales de trabajo serán de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo.

Agrega que la vulneración de la indicada disposición constitucional y siendo según su parecer, una situación controvertida la naturaleza jurídica de la relación contractual que unía a su representada con las señoras Méndez, Olave, Becerra, Díaz y Ortíz, la recurrida ha actuado fuera del marco de competencia que le otorga el artículo 505 del Código del ramo.

Para respaldar sus fundamentaciones, señala doctrina de los tribunales superiores de justicia, en la especie, de la Excma. Corte Suprema.

QUINTO: Que en cuanto a la alegación de haberse no haberse respetado lo dispuesto en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, argumenta que la imposición de sanciones que afectan pecuniariamente a su representada, constituye una vulneración al derecho de propiedad. De igual forma, respalda sus alegaciones remitiéndose a lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en casos que estima sobre la misma materia.

SEXTO: Que informando la recurrida, en primer lugar plantea la improcedencia del recurso de protección deducido en contra de su representada, atendida la naturaleza del acto recurrido, atendido que la recurrida no ha hecho más que ejercer las funciones autorizadas por ley en aras de supervigilar la correcta aplicación de la normativa laborar y el respeto y cumplimiento de los derechos de los trabajadores.

A lo dicho, agrega que con dos días de antelación a la fecha de interposición del presente recurso, la recurrente ha hecho uso de la facultad que le entrega el artículo 511 del Código del Trabajo, solicitando la reconsideración de la multa Nº 7903.2017.1-1-2-3-4, presentación que a la fecha de ingreso del informe en comento, esto es el 28 de febrero pasado, se encontraba pendiente de ser resuelto.

Lo referido precedentemente constituye una especie de saneamiento de la acción deducida en esta instancia, dado que la solicitud de rebaja pretendida valida el actuar de la recurrida, que no se ajustaría a derecho en sus argumentaciones planteadas.

En un segundo acápite de su informe, la recurrida alega también la improcedencia del recurso por no darse los presupuestos legales de su presentación, en esencia los que han emanado de la propia doctrina de la Excma. Corte Suprema. Complementa sus dichos refiriéndose a la legalidad de la actuación que se impugna, que forma parte de la competencia que la ley le otorga la Inspección del Trabajo para dictar la resolución que se impugna. Señala la absoluta falta de arbitrariedad de la actuación recurrida y, finalmente en este aspecto, indica la absoluta falta de amenaza, acipor la recurrente.

Todo lo razonado precedentemente no permiten tener por configurada la vulneración alegada de lo dispuesto en el artículo 19 Nº 3, inciso quinto de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que en cuanto a la alegación de no haberse respetado lo dispuesto en el numeral 24 de la norma constitucional, que impone el respeto al derecho de propiedad, no ha ocurrido en la especie, dado que no se trata de una sanción impuesta sin que exista una facultad que ejerce otro órgano, legalmente establecido, y autorizado a fiscalizar y sancionar el incumplimiento de la normativa que forma parte de la esfera de sus atribuciones.

OCTAVO: Que en subsidio de lo anterior, la recurrida informa al tenor de las alegaciones de fondo contenidas en el recurso, dando los fundamentos y la normativa legal que le autoriza para fiscalizar y sancionar las situaciones que no se justan ni dan cumplimiento a los cuerpos legales vigentes en materias laborales, todo ello como consecuencia de las entrevistas y análisis de los antecedentes tenidos a la vista.

NOVENO: Que a la recurrida se le ha imputado el haber incurrido en actos u omisiones arbitrarias o ilegales que generan privación, perturbación o amenazas en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que establece el artículo 20 de la Constitución Política de la República en favor del sujeto receptor de dichos actos u omisiones, lo que no se desprende de lo planteado en la especie, cuando se trata de un órgano facultado por ley para cumplir con el imperativo de fiscalizar, supervigilar y exigir el cumplimiento de la normativa laboral, considerando esta última las vías de acción para revertir y sancionar lo resuelto fuera del marco jurídico o excediendo las facultades conferidas para el ejercicio de la función.

DÉCIMO: Que el Código del Trabajo contempla dos vías para la interposición de reclamos y el conocimiento y resolución del problema planteado. En primer lugar, el artículo 503 contempla un procedimiento de reclamo de multas y demás resoluciones administrativas, la que otorga un plazo de quince días contados desde la notificación de la sanción, para que mediante la aplicación del procedimiento de aplicación general, el tribunal de la causa reciba las alegaciones de las partes, tome contacto con los intervinientes y las pruebas rendidas y resuelva conforme a derecho, recurriéndose a los tribunales de alzada por la parte que se sienta afectada con lo resuelto.

Por otra parte, contempla un procedimiento administrativo, en el artículo 511 del cuerpo legal ya indicado, mediante el cual faculta al afectado con una sanción administrativa para que, dentro del plazo de 30 días, contemplado en el artículo 512, y siempre que no haya hecho uso de la acción referida precedentemente, para que el Director del Trabajo proceda a dejar sin efecto la sanción reclamada cuando de los antecedentes aparece de manifiesto que se ha incurrido en un error de hecho al aplicar la sanción o rebajarla cuando se acredite fehacientemente haber dado íntegro cumplimiento a las disposiciones legales, convencionales o arbitrales, cuya infracción motivó la sanción.

UNDÉCIMO: Que una de las acciones ya referidas ha sido ejercida según los dichos de la recurrida, lo que no ha sido controvertido por la recurrente, y mediante esa el tribunal competente en la materia podrá conocer los hechos, analizar los antecedentes que den cuenta de lo actuado por las partes, resolverá luego del análisis de los mismos y los afectados podrán hacer uso de los recursos procedentes para que un tribunal superior pueda enmendar lo resuelto por el sentenciador, si fuere procedente.

Que al tenor de lo razonado precedentemente, las disposiciones legales señaladas y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y disposiciones del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA deducido a fs. 30, declarando que no hay acto ilegal o arbitrario en que haya incurrido la entidad recurrida, con expresa condena en costas del recurso.

Redacción de la Abogado Integrante señora Montt.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

Nº 636 – 2017 PROT.