Protección contra resolución N°1180/17/1 de 6 de Enero de 2017

En Santiago, diecisiete de Marzo de dos mil diecisiete.

VISTOS:

A fojas 15 ha deducido recurso de protección don Guillermo Caro Molina, abogado, en representación de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de Puente Alto, representada por don nombre reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, en contra de la resolución N°1180/17/1 de 6 de Enero de 2017, dictada por el Fiscalizador de la Inspección Provincial del Trabajo Cordillera, don nombre reservado, por estimar que, al dictar la referida resolución, se cometió un acto ilegal y arbitrario que perturba y amenaza el legítimo ejercicio de los derechos resguardados en el artículo 19 N°3 inciso 5° y N°24 de la Constitución Política de la República.

Señala que la recurrida le notificó, con fecha 10 de Enero de 2017, la resolución N°1180/17/1, que le impuso cuatro multas administrativas que ascienden en total a $3.832.408. Al respecto transcribe los hechos que fundan cada una de ellas y que dicen relación, en síntesis, con no escriturar un contrato, no contar con registro de asistencia y no declarar oportunamente cotizaciones previsionales y de seguro de cesantía respecto de doña nombre reservado.

Indica que celebró contratos de prestación de servicios con doña nombre reservado, los que acompañó en sede administrativa. Sin embargo la resolución igualmente lo condenó al pago de multas por un supuesto vínculo laboral con la prestadora de servicios, circunstancia que desconoce.

Añade que la Inspección del Trabajo al decidir respecto de una situación controvertida, cual es, la naturaleza del vínculo jurídico que une al recurrente con doña nombre reservado, ha obrado fuera de sus facultades contenidas en el artículo 505 del Código del Trabajo, invadiendo el ámbito de conocimiento de los Tribunales de Justicia, de lo que deviene la ilegalidad y arbitrariedad de las multas.

Por otra parte argumenta que las infracciones cursadas pueden enmarcarse en el contexto de la falta de escrituración del contrato de trabajo, porque esa fue la causa de que no se hayan pagado las cotizaciones respectivas y de que no se haya entregado comprobante de pago de remuneraciones. Por ende, también se vulnera el principio non bis in idem, en virtud del cual no puede sancionarse dos veces por el mismo hecho, cual es, la convicción de la recurrente de que el contrato que la ligó con la prestadora era de naturaleza civil.

Concluye señalando que la aplicación de la multa ha amenazado el derecho de propiedad, siendo impuesta por una comisión especial, sin observación a los principios del derecho sancionador contenidos en la Constitución Política de la República.

En definitiva solicitó se deje sin efecto la resolución N° 1180/17/1 de fecha 6 de Enero de 2017.

Que a fojas 41 informa al tenor del recurso don Pablo Andrés Moreira Lumbrera, abogado, en representación de la Inspección Provincial del Trabajo Cordillera, quien solicitó el rechazo de la acción constitucional deducida.

En primer lugar sostuvo la improcedencia del recurso en atención a la naturaleza del acto recurrido, pues los hechos que la reclamante pretende ventilar son concordantes con una acción de lato procedimiento en sede laboral, ya que no se trata de derechos indubitados. Además, expone que la Ley contempla como recurso natural en contra de la resolución que se impugna, la reclamación judicial según lo dispone el artículo 503 del Código del Trabajo o la reclamación administrativa de la multa conforme a lo dispuesto en los artículos 511 y 512 del señalado Código.

En subsidio, alegó la improcedencia del recurso en atención a la falta de los requisitos constitucionales para su interposición. Postula que la resolución de multa no es arbitraria en tanto se dictó razonada y fundadamente en virtud de diversas infracciones al Código del Trabajo, las que fueron constatadas en el proceso de fiscalización y no es ilegal, por cuanto su actuación fue diseñada por la Ley, la que confirió diversas facultades, entre las cuales se encuentra la de interpretar, la de requerir y la de sancionar, todo en relación al cumplimiento de la legislación laboral tal y como ha ocurrido en este caso.

En subsidio de lo anterior informa los hechos y circunstancias que han dado lugar a la acción de protección. Refiere que las multas cursadas fueron producto de la fiscalización efectuada a la recurrente, previa denuncia de una trabajadora que se identificó como educadora pedagógica y encargada del colegio. En aquélla se habría constatado que se cumplían los requisitos de una relación laboral, pues concurrían los presupuestos de un contrato de trabajo.

En efecto, narra que el fiscalizador constató que la trabajadora fue contratada para prestar funciones como “educadora de párvulos” por la recurrente, desde el 22 de Abril al 31 de Julio de 2016, existiendo inmediatamente otro contrato continuo en el tiempo, ejerciendo el mismo cargo, mismo lugar y entre las mismas partes desde el 1 de Agosto de 2016 al 31 de Enero de 2017. Además, comprobó que los servicios ejecutados tenían el carácter de permanentes y que satisfacían una necesidad continua de la recurrente. Por otra parte verificó que la trabajadora cumplía horarios, debía enviar informes a un supervisor y cumplir las órdenes que se le impartían, elementos que, conforme al principio de primacía de la realidad, forman parte del contrato de trabajo.

Por último indica que la Inspección del Trabajo, al confirmar la existencia de una relación laboral no cometió un acto ilegal ni arbitrario, puesto que la decisión se basó en antecedentes legales y conforme a la facultad establecida en los artículos 503 y 505 del Código del Trabajo.

Finalizó solicitando el completo rechazo del recurso, con costas.

CONSIDERANDO:

Primero: Que a fin de dilucidar el asunto sometido a la decisión de esta Corte, se hace necesario señalar que la acción de protección contenida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República debe ser ejercida ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales que provoquen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías a que dicha norma se refiere, para que en su caso, se adopten las providencias necesarias en el restablecimiento del imperio del derecho, asegurándose la debida protección del perjudicado. De lo que se sigue, que se trata de un procedimiento extraordinario, de emergencia, cuyo objetivo es remediar pronta y eficazmente los efectos lesivos de un actuar ostensiblemente contrario al ordenamiento jurídico o carente de fundamento o caprichoso, reparándose así el amago provocado a derechos o prerrogativas derivadas de situaciones ciertas y definidas y, por ello, con resguardo constitucional preferente. Todo ello sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante la autoridad o los Tribunales correspondientes.

Segundo: Que por esta vía, en el presente caso, se solicita la protección de las garantías contempladas en los numerales 3 inciso 5° y 24 de la Constitución Política de la República los que según el recurrente han sido afectados al decidir la recurrida, mediante la resolución N°1180/17/1, aplicar cuatro multas administrativas que ascienden en total a $3.832.408 por no escriturar un contrato, no contar con registro de asistencia y no declarar oportunamente cotizaciones previsionales y de seguro de cesantía respecto de doña nombre reservado.

Tercero: Que la situación específica de que se trata, por su naturaleza, es propia de otros recursos o acciones, como son la reclamación judicial prevista en el artículo 503 del Código del Trabajo o la reclamación administrativa de la multa conforme a lo dispuesto en los artículos 511 y 512 del ya señalado Código, instancia en que las partes pueden exponer sus argumentos y probar los hechos en conflicto.

Cuarto: Que en el presente caso se trata de un conflicto entre la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de Puente Alto y la Inspección Provincial del Trabajo Cordillera y existiendo, como ya se dijo, la facultad de recurrir ante el Juez del Trabajo competente, acción ya realizada como fuera reconocida por el recurrente en estrado, las diferencias que acá se plantean, en cuanto a la procedencia de la multa impuesta son ajenas a esta acción.

Quinto: Que de los hechos expuestos en la acción de protección es evidente que no se trata de un asunto de orden constitucional ni de un acto que afecte en forma manifiesta garantías protegidas.

No es procedente aceptar el uso de esta vía excepcional, concebida para resolver situaciones de hecho graves, como un sustituto procesal de acciones ordinarias especiales reconocidas en el ordenamiento jurídico laboral.

Sexto: Que conforme lo señalado, no existe medida de protección que esta Corte pueda adoptar al respecto, debido a que lo pretendido escapa al marco de este recurso, por no constituir la vía adecuada para decidir la declaración que se pretende por el recurrente, desde que se requiere una etapa de discusión y prueba de las alegaciones formuladas.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don Guillermo Caro Molina, en representación de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de Puente Alto, representada por don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactado por la Ministro Sra. Adriana Sottovia Giménez.

Rol 635-2017 – PROT.