SOCIEDAD DE INVERSIONES E INMOBILIARIA ORO VERDE LIMITADA con LIMCHILE S.A.

San nombre reservado, once de agosto de dos mil veinte.

Vistos:

Comparece don nombre reservado, empresario, en representación, de la Sociedad de Inversiones e Inmobiliaria Oro Verde Limitada, del giro de su denominación, ambos domiciliados en domicilio reservado, y también con domicilio en domicilio reservado, quien interpone acción de protección en contra del Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, persona jurídica de derecho público, en virtud de lo dispuesto en el DFL N°1 de 2005 del Ministerio de Salud, en relación con Decreto Supremo N°140 del 21 de abril del 2005; Ley 19.937, en relación con el decreto supremo N°38 de 2008 del Ministerio de Salud y resolución N°0001 de 14 de enero de 2015 del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, representada por su director don nombre reservado, médico pediatra, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por haber dictado la Resolución Exenta N°000388 de fecha 29 de mayo del presente año 2020, que a la fecha no ha sido notificada, pero de la cual tomaron conocimiento, y por la que se dispone en forma unilateral dar término anticipado e inmediato al “Contrato de Cesión de Derechos de Explotación y Mantención de Estacionamientos”, celebrado el 2 de febrero de 2015 entre la institución recurrida y la sociedad que representa, toda vez que dicho acto administrativo, resulta ser ilegal y/o arbitrario, al dictarse sin existir proceso previo y debidamente tramitado, sea administrativo o judicial, que haya permitido ejercer las normas mínimas del debido proceso a su representada como son haber sido oída y aportar las pruebas, vulnerándose con ello las disposiciones constitucionales que se enunciarán y además las normas de la Ley N°19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos de loa Actos Administrativos y la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; y además por ejecutar vías de hecho que impiden ejercer a su representada el pleno ejercicio de sus derechos que nacen del contrato de explotación y mantención de estacionamientos, al haber permitido la ocupación de facto de personal de la sociedad LIMCHILE, empresa en contra de la cual también se recurre, al permitir que guardias de dicha empresa hayan instalado casetas de seguridad en los espacios concesionados a su representada en forma exclusiva y además permita que guardias de la otra empresa recurrida impidan a los trabajadores de su representada ejercer las labores de cuidado en los estacionamientos concesionados, existiendo un contrato vigente en favor de mi representada, lesionando con ello la garantía del derecho de propiedad que ampara los derechos que emanan del contrato de explotación y mantención de los estacionamientos.

Deduce también recurso de protección en contra de la empresa Limchile Sociedad Anónima, sociedad del giro de servicios de seguridad, RUT N°RUT reservado, representada por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por la ocupación ilegal de los estacionamientos concesionados de su representada, toda vez, que esta vía de hecho ha afectado el derecho de propiedad de su representada, al haber instalado casetas de seguridad en los espacios concesionados a su representada y además sus guardias impiden por vías de hecho a los trabajadores de la recurrente ejercer sus labores de cuidado en los estacionamientos concesionados, lesionando con ello la garantía del derecho de propiedad que ampara los derechos que emanan del contrato de explotación y mantención de los estacionamientos.

Los actos ilegales y/o arbitrarios que se recurren por esta acción constitucional corresponden a los siguientes:

1.- Acto Administrativo dictado por el Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, esto es, la resolución exenta N°000388 de 29 de mayo 2020, respecto de la cual tomó conocimiento el 17 de junio del presente (al informar en la acción de protección de los autos Rol P-4423-2020 que conoce esta misma Corte), y por la cual se pone término unilateral, anticipado e inmediato al “Contrato de Cesión de Derechos de Explotación y Mantención de Estacionamientos”, celebrado el día 02 de febrero de 2015 con la sociedad que representa, imputando al efecto una serie de supuestos incumplimientos, que no son tales, y en que habría incurrido su representada, careciendo de total motivación y fundamentación su dictación, al haberse dictado por su Director, quien se ha convertido en una comisión especial, al no haber respetado tramitado conforme a un procedimiento administrativo las imputaciones formuladas y sin respetar las garantías mínimas del debido proceso de esta parte, apartándose del principio de juridicidad de los actos administrativos e incurriendo con ello en una arbitrariedad e ilegalidad al vulnerar la libertad empresarial y el derecho de propiedad de su representada .

2.- Recurre contra la ocupación de facto de los estacionamientos concesionados por la recurrente que ha ejercido la empresa LIMCHILE, autorizada por el Hospital, mediante la instalación de casetas de seguridad y de personal de dicha empresa en los accesos a los estacionamientos concesionados por su representada y que impiden la normal explotación del contrato de concesión de su representada.

Estima que el acto administrativo recurrido y las vías de hecho ejecutadas por el personal de la empresa LIMCHILE, bajo el amparo indebido del Hospital, son ilegales y/o arbitrarios, por cuanto han significado una grave vulneración de las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N°2, N°3, N° 21 y N°24 de nuestra Carta Expone que la sociedad recurrente participó el año 2014 en la Licitación Pública 5089-49-LP14 para el Convenio con el Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, sobre los derechos de explotación y mantención de estacionamientos, siendo finalmente adjudicada a surepresentada el 19 de diciembre del año 2014, según Resolución Exenta N°3908 y suscrito el Contrato de Cesión de Derechos de Explotación y Mantención de Estacionamientos, de 2 de febrero del año 2015.

En este contrato se estableció en su Cláusula Segunda que su representada desarrollaría la “explotación, mantención y habilitación de estacionamientos”, cediendo el Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río los derechos de explotación de los estacionamientos y otorgándose, conforme dispone la cláusula Séptima, la administración de todos los accesos del Complejo, mediante barreras manuales y/o automatizadas y de las áreas concesionadas, estipulándose en las cláusulas Décimo Segunda y siguientes, las sanciones que podrían aplicarse en contra de su representada, la concesionaria, respecto del incumplimiento en las condiciones pactadas en la licitación y el contrato.

Refiere que la relación entre su representada y el Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, durante los primeros años de vigencia (año 2015 hasta mediados del 2018) si bien no estuvo exenta de complicaciones, toda la ejecución práctica del contrato se coordinaba con una persona que representaba al Hospital, don nombre reservado, funcionario del área de Ingeniería y Operaciones del CASR, quien actuaba como contraparte en el contrato, es decir, era el administrador del contrato designado por el Hospital para estos efectos, de manera que las dificultades se solucionaban mediante diversas reuniones entre las partes. Actuaban también por el Hospital don nombre reservado Jefe de Ingeniería y Operaciones del CASR y don nombre reservado, de esta misma área de Ingeniería y Operaciones.

Indica que luego de realizarse una Auditoria al Contrato de Explotación y Mantención de los Estacionamientos por parte de la Unidad de Auditoria Interna del complejo hospitalario, durante los meses de septiembre y octubre del año 2018, en virtud de un reclamo planteado por su representada porque el hospital no había hecho entrega a esa fecha de todos los estacionamientos concesionados y a los que estaba obligado el hospital, las personas designadas como contraparte dejaron de ser los administradores del contrato por parte del hospital, sin que se haya designado a persona alguna en su reemplazo, sino hasta el 10 de mayo del presente año, en que se nombró a don nombre reservado, Jefe (s) de Operaciones del Complejo Asistencial Sótero del Río, como administrador del contrato por parte del recinto hospitalario, en virtud de una petición a través del Portal de Transparencia.

Acusa que su representada ejecutó durante más de dos años, desde mediados del 2018 hasta mayo de 2020, el contrato de explotación y mantención de los estacionamientos que se concesionó, sin ningún inconveniente ni aplicación de multa o sanción por la ejecución del contrato por parte del Hospital, de modo que la resolución recurrida imputa diversas infracciones, sin que haya tenido ninguna posibilidad de desvirtuarlas en un proceso administrativo, racional y justo, tales como la imputación de carecer de patente comercial para funcionar pues en el propio informe de auditoría (que el hospital ha olvidado a su conveniencia), se estableció la imposibilidad absoluta que su representada pudiera obtener patente comercial atendido que el Hospital Dr. Sótero del Río carece de recepción final de sus construcciones, lo que imposibilita que su representada pueda obtener patente.

Explica que diversos incumplimientos del hospital fueron constatados en la auditoria comentada, especialmente respecto de las bases de licitación establecidas para la adjudicación de la licitación y el contrato, que comercialmente hacían interesante esta inversión por parte de su representada, y además, por la nula comunicación con el administrador que conforme a la cláusula Décimo Quinto, debía mantener el Complejo Asistencial con su representada para el debido funcionamiento de los estacionamientos concesionados, situación que desde el año 2018 ha implicado para su representada un total abandono, por cuanto jamás se había vuelto a nombrar un administrador del contrato a pesar de los reiterados correos electrónicos y oficios para obtener dicha información, circunstancia que finalmente se esclareció mediante la Ley de Transparencia, informándose que el nuevo administrador era nombre reservado recién el 10 de mayo de este año.

Explica que el 30 de mayo del presente año, su representada fue notificada de un recurso de protección interpuesto en su contra por la Asociación de Transporte de Taxis (Transor Ltda.), la que se conoce ante esta misma Corte de Apelaciones en el ingreso P-4423-2020, en el cual se ofició al Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, quien respondió con fecha 08 de junio del presente, informando que: “3.- Actualmente, mediante resolución exenta N°388 de 29 de mayo de 2020 del Director que suscribe, se dispuso el término anticipado e inmediato al contrato de cesión de derechos de explotación y mantención de estacionamientos celebrado el día 02 de febrero de 2015, entre el Hospital y la "sociedad de Inversiones e lnmobiliaria Oro Verde Limitada", entre otras causas legales, por causa de incumplimiento de medidas administrativas dispuestas por la Dirección del Hospital y realización de actos y conductas más allá de los derechos contractuales y en contravención de las facultades conferidas por el ordenamiento jurídico a las autoridades de este Hospital.” Así, tomó conocimiento recién el17 de junio del presente del término anticipado e inmediato del contrato de cesión de derechos de explotación y mantención de estacionamientos, sin que previo a la dictación de dicha resolución de terminación del contrato, se hubiese realizado un procedimiento administrativo que haya permitido exponer sus argumentos contra las imputaciones, rendir prueba sobre las mismas o exponer lo que en derecho le corresponda, y con ello demostrar que jamás se le han cursado las multas establecidas en el contrato, respecto de posibles incumplimientos al mismo, lo que vulnera, entre otros, la garantía del debido proceso que rige a nuestro ordenamiento jurídico, de manera que al resolver del modo que lo ha dictaminado el Director del Hospital, éste se ha convertido en una comisión especial vulnerando todo el ordenamiento jurídico vigente, dictando al efecto una resolución ilegal y arbitraria.

Asevera que el complejo asistencial, representado por su Director, no ha respetado el procedimiento de término del contrato, conforme lo estipula la cláusula Décimo tercera del contrato, que establece que para el caso de: “Décimo Tercero: b) Si, existe, por parte de la Empresa, incumplimiento reiterado en la prestación del servicio contratado, o no cumpliera con las condiciones contractuales”, el que supone el “incumplimiento reiterado del contrato”, para lo cual establece que se le haya notificado por escrito a lo menos tres eventos por parte del coordinador del complejo, sin que a la fecha, o en forma previa a la dictación de la resolución, se le haya notificado algún evento de incumplimiento del contrato respecto del cual su representada haya podido formular sus descargos y aportar las pruebas para controvertir las imputaciones, esto es, haciendo uso de su garantía constitucional del debido proceso.

Añade que la resolución recurrida ha implicado, además, que desde el día 19 de junio del presente a la fecha que se interpone la presente acción cautelar, la recurrida empresa LIMCHILE, está ocupando ilegalmente los estacionamientos e instalaciones concesionadas de su representada, bajo el argumento que el Complejo Asistencial habría dado término al contrato suscrito con esta parte recurrente, y celebrado un nuevo contrato con la recurrida empresa LIMCHILE, lo que esta vulnerado gravemente el derecho de propiedad de su representada.

Luego de efectuar ciertas precisiones doctrinarias acerca del recurso de protección para afirmar que esta es la vía para discutir sobre lo que viene propuesto, asevera que en virtud del contrato de cesión de derechos de explotación y mantención de estacionamientos, los derechos que emanan de dicho contrato resultan ser indubitados en su ejercicio, pero han sido amagados por el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, lo cual requiere de la protección de esta Corte.

Así, hace referencia a cada uno de los puntos en que fundamenta el Complejo Asistencial al dictar el acto administrativo recurrido, al sostener: “17.- Que, en síntesis, se encuentra acreditado que la empresa adjudicada "Sociedad de inversiones e lnmobiliaria Oro Verde Limitada", Rut. RUT reservado, ha incurrido en los siguientes incumplimientos contractuales:

En primer lugar, indica como incumplimiento: (a) Modificación de facto y unilateral del periodo de Gratuidad pactado reduciéndolo desde los 60 minutos estipulados en el contrato a tan sólo 15 minutos.”

Al respecto, indica que de conformidad a la Cláusula Quinta del contrato en cuestión, se establece que: “Quinto: El monto involucrado en la recaudación referida al cobro de tarifas en la cláusula tercera, está expresada en la siguiente tabla: Las partes convienen que quedarán fuera de estos cobros, los vehículos pertenecientes a los funcionarios del Complejo, que se identifiquen como tal con la credencial respectiva, y a corto plazo, por tarjetas magnéticas o logos adhesivos proporcionadas por La Empresa. Los funcionarios que no acrediten su condición mediante certificación no recibirán el beneficio de gratuidad en el cobro por el uso de los estacionamientos. Respecto de visitas oficiales, vehículos estatales, de consultorios u otros de la red de salud, vehículos de emergencia, policiales, de gendarmería, de organizaciones asistenciales, proveedores (carga y descarga) y vehículos de pacientes crónicos debidamente autorizados por “El Complejo” procederá la gratuidad inicial establecida, hasta los 60 primeros minutos.”

En la cláusula “Décimo Segundo: En caso de incumplimiento en las condiciones pactadas, podrá disponerse la aplicación de las sanciones y multas, y se estará a lo señalado en las bases de licitación, que señalan lo siguiente: - Por inversión. Se aplicará una multa por no cumplimiento de los plazos definidos en el plan de inversión, correspondiente a un porcentaje del 0.5% de la inversión total, por cada día de atraso en la entrega de las partidas estipuladas en la carta Gantt que entrego el oferente con su oferta.

- Por dotación. Se aplicará una multa por no cumplimiento de la dotación de personal ofertada, correspondiente a 2 UTM por cada funcionario ausente.

- Por interrupción o mal funcionamiento de los sistemas electrónicos propuestos por la Empresa. En este caso se aplicará una multa de 2 UTM por cada evento ocurrido.

- Por no cumplimiento de leyes laborales y tributarias. Se aplicará una multa de 10 UTM, en caso de que la Empresa no cumpla con las leyes laborales y tributarias.

- Por falta de mantención en la infraestructura a su cargo. Se aplicará una multa de 2 UTM, contados a partir del día siguiente de cumplido el plazo acordado entre las partes, para su reparación.

Aplicación de Multas.

Se aplicará multa de 2 UTM en cualquiera de los siguientes casos:

- Ausencias de personal. En caso de que no exista reemplazo de la ausencia, se cobrará multa.

- Interrupción de sistemas electrónicos implementados.

- Si hay falla en algún sistema de iluminación o señalética, el jefe de servicios Generales podrá pedir la reparación a la empresa, y se le dará un plazo de 24 horas.

- Automatización: tickets y lectora de tarjetas, más de 24 horas sin funcionamiento se aplicará multa.

- Barrera de alto tráfico, más de dos días sin funcionar se aplicará multa.

- Falla en cámaras de seguridad, deberá hacer el recambio o reparación dentro de las 24 horas, de lo contrario se aplicará multa.

- Si no se hace la mantención semestral: ya sea en cuanto a letreros, señalética, demarcaciones, cierres perimetrales, etc., si hay incumplimiento también se podrá pasar multa.

Si durante la prestación del servicio se lleva 3 multas en un periodo de un año por la misma situación este será causal de una multa de 10 UTM; y si es reiterativo durante los próximos 6 meses, será causal de Término de Contrato.

El monto de las multas será cancelado por el adjudicatario directamente en Tesorería del Complejo. Se informará al adjudicatario indicando por correo electrónico la infracción cometida, los hechos y el monto de la multa. Si el adjudicatario no avisa o soluciona una falta de producto dentro de 48 horas, el complejo puede hacer uso de la garantía de fiel cumplimiento del contrato o dar término del contrato.

El adjudicatario tendrá 5 días hábiles para realizar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinente. Vencido el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictará la respectiva resolución aplicando la multa.”

En seguida explica, que respecto del supuesto incumplimiento de lo pactado, en cuanto a una modificación de facto y unilateral del periodo de gratuidad, reduciéndolo desde los 60 minutos estipulados en el contrato a tan sólo 15 minutos, que conforme a la Auditoria N°25/2018 de fecha 04 de octubre del año 2018, referido a la “Revisión Convenio Estacionamientos CARS”, se acordó que regiría la nueva ley que regula los cobros de estacionamientos N° 20.967 del 17 de noviembre de 2016 que modificó la Ley 19.496 sobre los Derechos de los Consumidores y su representada, se ajustó totalmente a la nueva normativa sobre cobro de estacionamientos, lo que quedó expresamente establecido en el Informe de Auditoria N°25/2018, de fecha 4 de octubre del año 2018, siendo falso que haya existido un incumplimiento en este aspecto, además de haberse revisado el año 2018, sin objeción alguna por parte de la Unidad de Auditoria Interna del Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río (CASR).

Reitera que su representada jamás ha recibido ninguna multa al respecto, que permita fundamentar el supuesto incumplimiento y solo realizó la imputación en la resolución en comento, que no ha permitido formular sus descargos conforme lo estipula expresamente el contrato, omitiendo lo establecido en la Auditoría.

En segundo lugar, indica también como incumplimiento que “b) Incumplimiento reiterado de la obligación esencial de vigilancia a través de guardias que cuenten con el curso OS-10.”

Igualmente, de conformidad a la Auditoria N°25/2018 de 4 de octubre del año 2018, referido a la “Revisión Convenio Estacionamientos CARS”, en el acápite de Análisis Bases Técnicas, se determina que la no implementación de los guardias con cursos OS-10 no es exigible conforme al contrato, toda vez que su representada no tenía el control de ingreso ni salida, ya que no había podido automatizar los Pórticos de entrada por prohibición expresa del hospital, de manera que solo correspondía la función de cuidadores y acomodadores de autos. Señala que jamás su representada ha recibido una multa que permita fundamentar dicha imputación por el Complejo Asistencial y con ello derivar como conclusión un incumplimiento reiterado del contrato.

En tercer lugar, indica que “c) Incumplimiento de medidas administrativas dispuestas por la Dirección del Hospital y realización de actos y conductas más allá de los derechos contractuales y en contravención de las facultades conferidas por el ordenamiento jurídico a las autoridades de este Hospital.”

Referente a esta imputación, agregar que en la resolución recurrida se especifica en el punto 10, lo siguiente: “10.- Que, la empresa asume atribuciones que el contrato no le confiere y, en consecuencia, ha actuado al margen del mismo y en contra de las facultades de dirección, organización, administración y control de todas las dependencias del Establecimiento que la ley otorga al Director del Hospital por medio de sus funcionarios dependientes. Lo indicado se ha podido constatar en las siguientes conductas de hecho:

a) Incumplimiento permanente de la orden, dada con fecha 17 de abril de 2017, por el entonces Director del Hospital don nombre reservado, según la cual reiteró a la empresa la orden de retiro de la barrera de acceso a la Unidad de Urgencia Adulto y apertura del acceso vehicular por calle Concha y Toro sur de manera permanente junto con la eliminación de la barrera divisoria de calzadas en el sector.”

b) Cierre unilateral permanente desde el mes de abril de 2020 de la salida vehicular hacia la calle troncal San Francisco, sin siquiera consultar al Hospital.”

c) Con fecha 02 de abril de 2020, se cierra del portón de ingreso vehicular desde la calle Troncal san Francisco, sin autorización del Hospital, situación que obligó a solicitar el auxilio de Carabineros de Chile para lograr abrir el acceso.”

Explica que de conformidad a la cláusula Séptima del Contrato celebrado entre las partes para la explotación y mantención de los estacionamientos concesionados, se establece que mi representada “En la ejecución del servicio contratado, “La Empresa” deberá cumplir estrictamente con lo estipulado en el presente contrato, debiendo hacerse cargo de todos los accesos del complejo, mediante barreras manuales y/o automatizadas y de las áreas de concesionadas.” Así, considera que las conductas de hechos imputadas carecen de fundamento, por cuanto, la administración de los accesos, cierres y aperturas de éstos, mediante las barreras respectivas, corresponde conforme a la cesión de los derechos de explotación y mantención de los estacionamientos, única y exclusivamente a su representada, la Sociedad de Inversiones e Inmobiliaria Oro Verde Limitada, por lo cual, todos los actos de cierre o aperturas de accesos se han realizado dentro de las facultades que el contrato suscrito le ha otorgado a su representada.

Respecto a las mencionadas conductas de hecho imputadas, correspondiente a la orden de retiro de la barrera de acceso a la Unidad de Urgencia Adulto, esto fue imposible de realizar, toda vez que en ese sector, no solo se estacionan las personas que van a urgencias, sino que lo hacen personas que van a la estación del Metro ubicada a un costado del Hospital por la calle Concha y Toro (Av. Vicuña Mackenna), o al Compín, o se instalan vendedores ambulantes, entre otros, y que la única manera de regular su paso, es mediante la utilización de una barrera, que bajo ningún motivo bloqueaba el ingreso de las emergencias, ya que el control de la gratuita se realiza en las barreras de salida y no en las de ingreso.

Respecto a la orden de apertura del acceso vehicular por calle Concha y Toro Sur, de manera permanente junto con la eliminación de la barrera divisoria de calzadas en el sector, aquello es imposible y absurdo de efectuar por su representada, toda vez que dicho acceso para efectos Legales no existe, siendo la propia Municipalidad de Puente Alto quien ha informado que no cuenta con recepción final, lo que consta en la Auditoria N°25/2018 de fecha 04 de octubre del año 2018, referido a la “Revisión Convenio Estacionamientos CARS”.

Por su parte, respecto de la imputación del “cierre unilateral permanente desde el mes de abril de 2020 de la salida vehicular hacia la calle troncal San Francisco”, ésta corresponde a una facultad exclusiva de administración de los accesos del Complejo Asistencial de conformidad a la Cláusula Séptima del contrato según se indicó más atrás y que además se está conociendo en el recurso de Protección P-443-2020 ante esta Iltma Corte.

Asimismo, la conducta imputada al cierre del portón de ingreso vehicular desde la calle Troncal San Francisco, se adoptó como resguardo ante la contingencia sanitaria, lo que fue debidamente informado mediante correo electrónico a todas las autoridades del Complejo Asistencial y jamás hubo intervención de Carabineros de Chile, quienes además no cuentan con atribuciones para ello.

Indica que estas imputaciones, carecen de documentos y antecedentes que permitan acreditar cada una de los falaces incumplimientos que alega el Complejo Asistencial, toda vez que la Resolución recurrida no menciona ni se sostiene en ninguna carpeta investigativa o proceso administrativo, por no haber existido procedimiento administrativo que fiscalizara y determinara el término anticipado e inmediato del contrato, confirmando aquel actuar que la decisión ha sido ilegal contraria al debido proceso y adoptada de manera arbitraria.

Refiere que desde el punto de vista del derecho público, para la terminación anticipada y unilateral de una concesión no basta con invocar la causal legal que se estime pertinente, ni la norma legal o contractual de la cual emane la obligación hipotéticamente incumplida. Se debe señalar la gravedad y los antecedentes que la sustentan luego de un debido proceso incoado en contra del administrado, pues de otra forma, el órgano administrativo atendería sólo formalmente al deber de propender al bien común, atropellándose sustancialmente los derechos y garantías de mi representada, vale decir, la administración podrá terminar unilateralmente un contrato siempre y cuando tal decisión -que no es sino una interpretación de lo pactado-, tenga un fundamento que vaya más allá de la mera estimación del propio órgano administrativo y se funde, por tanto, en la “realidad” de las cosas: esto es, en razones siempre “graves” para tal terminación anticipada, las que deberán ser acreditadas en forma fehaciente, previamente oído al concesionario.

En cuarto lugar, indica la resolución recurrida el “d) Incumplimiento del deber de informar previsto en el artículo 183-C del Código del Trabajo y existencia de cotizaciones impagas a los trabajadores que operan en la faena.”

Referente a esta imputación, agrega que en la resolución recurrida se especifica al respecto que: “12.- Que, la empresa adjudicada ha negado sistemáticamente la entrega de la información que se le solicitado relativa al monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores que se desempeñan en cumplimento de las obligaciones contractuales, impidiendo al Hospital el ejercicio del derecho de información previsto en el artículo 183-C del Código del Trabajo conforme al cual la empresa principal, cuando así lo solicite, tendrá derecho o ser informado por los contratistas sobre el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que o éstos correspondan respecto a sus trabajadores, como asimismo de igual tipo de obligaciones que tengan los subcontratistas con sus trabajadores. El mismo derecho tendrán los contratistas respecto de su subcontratista”.

Acusa que esa imputación es falsa, pues su representada jamás ha recibido un correo electrónico, carta u oficio, en el cual el Complejo Asistencial haya solicitado dicha información, y la resolución recurrida no indica ni acompaña antecedente alguno que demuestre aquello.

En este mismo aspecto, agrega la resolución recurrida que “13.- Que, por cierto, la empresa no presenta los certificados de cotizaciones correspondientes a los formularios F30 y F30-1 que le son requeridos sino planillas de pago y en la revisión de éstas se han constatado cotizaciones no pagadas de sus trabajadores.”

Lo anterior, respecto a los formularios F30 y F30-1, no es una obligación exigible a su representada, basta la entrega de planillas de imposiciones de la nómina de trabajadores que laboran en los estacionamientos de la concesión, de conformidad a lo estipulado en el contrato suscrito con el Complejo Asistencial.

En este punto, reitera que la resolución recurrida no acompaña antecedente que respalda esta imputación, ni tampoco se le aplicado por parte del Complejo Asistencial una multa por los supuestos incumplimientos que se le imputan.

En quinto lugar, indica la resolución recurrida “e) Presenta condición de inhábil en el Registro de Proveedores por no cumplir con los requisitos de inscripción de en el registro del portal mercadopublico.cl.”

Al respecto señala que el artículo 66 del Reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, establece lo siguiente: “Artículo 66.- Requisitos para contratar: Podrán contratar con las Entidades, los Proveedores, que acrediten su situación financiera y técnica conforme lo dispuesto en la Ley de Compras y el presente Reglamento. Los Oferentes inscritos acreditarán su situación financiera y técnica a través de su inscripción en el Registro de Proveedores, sin perjuicio de otras exigencias que establezcan en cada caso las Entidades. Los Oferentes no inscritos lo harán con los documentos justificatorios que indiquen las bases respectivas. Las Entidades podrán exigir a los Adjudicatarios su inscripción en el Registro de Proveedores para poder suscribir los contratos definitivos.

Las entidades no podrán solicitar a los adjudicatarios la entrega de documentación que se encuentre en el Registro al momento de la revisión correspondiente.” Sostiene que la inscripción en el Registro de Proveedores es un requisito para contratar, en relación a lo que las bases de la licitación establecieran, por lo que no se entiende que esta inscripción en el Registro deba necesariamente mantenerse durante toda la etapa de ejecución contractual, ya que en atención al propio texto legal y reglamentario, éste debe interpretarse restrictivamente al ser una norma de orden público, de manera que el Registro de su representada como proveedora del Estado solo fue requerido al momento de la contratación y no como requisito que debía mantenerse durante la vigencia del contrato.

Ni la ley ni el Reglamento establecen como una causal de término anticipado que el proveedor no esté inscrito en el Registro de Proveedores, cuya finalidad, por cierto, es acreditar la situación financiera y técnica para poder contratar. Incluso si un proveedor incurre en una causal de inhabilidad del Registro tampoco por ello se le puede poner término anticipado al contrato. El vínculo jurídico ya se perfeccionó y las obligaciones deben cumplirse. Salvo, eso sí, que en el contrato se haya establecido expresamente que ésta sería una causal de término anticipado, pero debe estar previamente estipulado, lo que no ocurre en autos.

En sexto lugar, indica como incumplimiento “f) Ausencia de patente municipal para explotar la actividad comercial de estacionamientos en Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río.”

Consta de la Auditoria N°25/2018 de fecha 04 de octubre del año 2018, referida a la “Revisión Convenio Estacionamientos CARS”, en el acápite De Los Permisos Municipales, se determina que:

“Con fecha 11 de septiembre del presente año se sostuvo reunión de trabajo con el Sr. nombre reservado, Jefe del Departamento del Tránsito de la I. Municipalidad de Puente Alto, a objeto de recabar información respecto a la normativa vigente, referida a la explicación de estacionamientos en el C.A.S.R.

Los principales hallazgos surgidos de esta reunión fueron los siguientes:

- Tanto la Dirección del Servicio de Salud, como el Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río no han efectuado “Estudio de Impacto sobre Sistema de Tránsito Urbano” (EISTU), requisito básico para que la Municipalidad emita los permisos correspondientes. Esto se ve corroborado en correo electrónico emitido por la Sra. nombre reservado, Directora de la Dirección de Obras Municipales, fechado el 11/08/2019, en el cual expresa textualmente: “El terreno donde se emplaza el Sótero del Río proviene de una subdivisión afectan, donde no se encuentran perfeccionadas sus urbanizaciones (con los anchos de perfiles exigidos por PRC y canalizaciones del canal Troncal San Francisco, por parte de la DGA MOP entre otras materias). Toda construcción existente debe tener permiso de Edificación y Recepción Final para su funcionamiento, lo que no se da cumplimiento en las instalaciones de salud al interior del Sótero del Río”. Este hallazgo es de alta criticidad.

- Del mismo modo, el Sr. nombre reservado manifestó que, de acuerdo a antecedentes verbales que él conocía, dado que es materia directa del Departamento del Rentas Municipales, la empresa Oro Verde Ltda., que actualmente explota los estacionamientos del CASR no cuenta con la patente municipal correspondiente, la que, por lo demás no es posible otorgar, ya que los terrenos donde se emplazan los estacionamientos no cuentan con los permisos municipales correspondientes. Este hallazgo es de alta criticidad.

Señala que desde octubre del año 2018 el Director del Hospital, don nombre reservado, recibió para “su conocimiento“ el resultado de la Auditoria N°25/2018, que en uno de sus puntos señala expresamente que la sociedad Oro Verde Ltda., no puede obtener Patente Comercial porque el Hospital Sótero del Río, lugar donde se ejerce la actividad Comercial no tiene recepción final.

Así, durante más de dieciocho meses, el Director del Hospital, jamás inició ninguna acción tendiente a regularizar la recepción de las edificaciones del hospital para que su representada pudiera cumplir y obtener la patente comercial, sin siquiera que se haya cursado a la fecha multa o amonestación alguna, y estando a seis mes es de expirar el contrato imputa este tipo de incumplimiento sin que tenga fundamento alguno.

Expone que conforme a las diversas imputaciones, que han sido desvirtuadas previamente, la resolución recurrida, resuelve:

“1.- Dese término anticipado e inmediato al contrato de cesión de derechos de explotación y mantención de estacionamientos celebrado, el día 02 de febrero de 2020, con la “Sociedad de lnversiones e lnmobiliaria Oro Verde Limitada", Rut. RUT reservado, representada por don nombre reservado. ambos domiciliados en domicilio reservado.

2.- RESTITÚYANSE los espacios de terreno entregados en virtud del contrato, dentro del plazo de treinta días corridos, contados desde la notificación de la presente resolución.

3.- EJECÚTESE la boleta de garantía de fiel cumplimiento de contrato extendida por la empresa por la suma de S RUT reservado.

4.- NOTIFIQUE, la Oficina de Partes del Hospital, a la "Sociedad de lnversiones e lnmobiliaria Oro Verde Limitada", Rut, 76.067.793-0, la presente resolución personalmente o por carta certificada al domicilio de domicilio reservado, y también a la dirección de domicilio reservado, en conformidad con Io dispuesto en el artículo 46 de la ley N° 19.880, acreditando el acto mediante acta del ministro de fe si la notificación es personal o por medio del comprobante de ingreso la carta certificada en la oficina de Correos de Chile, que deberá conservar y custodiar.”

Expone que se han vulnerado la garantía constitucional de no ser juzgado por comisiones especiales, especialmente por omitir el derecho de la recurrente a tener un justo y racional procedimiento (un debido proceso) y al derecho de propiedad en la dictación del acto administrativo recurrido.

Se refiere a los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República de Chile.

Asimismo, cita el artículo 38, inciso 2°, de la Carta Fundamental, que consagra la responsabilidad del Estado en un sentido amplio y la Ley Orgánica N°18.575 de Bases Generales de La Administración del Estado, señalando que el acto impugnado ha emanado de una institución que no se ha ajustado a la Constitución ni a las leyes, existe responsabilidad del Estado por actuar fuera de la órbita de su competencia.

Las normas de las Ley General de Bases de la Administración permiten concluir en forma precisa e indubitada que el Estado es responsable frente a los actos u omisiones que no se ajusten a la legalidad vigente.

También denuncia infracción de las normas contempladas en la Ley N°19.880 y N°19.886, señalando que el acto administrativo recurrido transgrede las garantías constitucionales del principio de igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho de propiedad que ejerce libremente su representada, al infringir normas legales de la Ley N°19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado y las normas de la Ley N°19.886 sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

Precisa que la potestad de poner término anticipado al contrato por parte de la Administración tiene una consagración legislativa en el artículo 13 de la Ley N°19.886, y en el artículo 77 del Reglamento de la Ley N°19.886, ambas normativas, contemplan expresamente para la administración la facultad de poner término unilateral y anticipado al contrato por las causas que la ley indica, sin embargo, es una facultad de carácter completamente excepcional y, por cierto, en ningún caso se considera ilimitada.

Señala que la declaración de terminación anticipada del contrato priva al particular de sus derechos emanados de aquél como concesionario (artículo 19 N° 24 de la Constitución Política). Y en tercer lugar, porque la Administración sólo puede hacer aquello a lo que la autorice expresamente la ley, y por tanto la interpretación de sus normas es restrictiva, según el principio de juridicidad (artículo 7 de la Constitución Política).

Sostiene que la Resolución Exenta N°000388 recurrida, indica lo siguiente al resolver: “16.- Que, el artículo 13 de la ley N° 19.886 dispone que “los contratos administrativos regulados por esto ley podrán modificase o terminarse anticipadamente por las siguientes causas, entre otros, b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante; d) Por exigirlo el interés público o lo seguridad nacional y e) Los demás que se establezcan en las respectivas bases de la licitación o en el contrato”.

17.- Que, en síntesis, se encuentra acreditado que la empresa adjudicada "Sociedad de lnversiones e lnmobiliaria Oro Verde Limitada", Rut. RUT reservado, ha incurrido en los siguientes incumplimientos contractuales:

a) Modificación de facto y unilateral del periodo de Gratuidad pactado reduciéndolo desde los 60 minutos estipulados en el contrato a tan sólo 15 minutos.

b) Incumplimiento reiterado de la obligación esencial de vigilancia a través de guardias que cuenten con el curso OS-1o.

c) Incumplimiento de medidas administrativas dispuestas por la Dirección del Hospital y realización de actos y conductas más allá de los derechos contractuales y en contravención de las facultades conferidas por el ordenamiento jurídico a las autoridades de este Hospital.

d) lncumplimiento del deber de ¡informar previsto en el artículo 183-C del Código del Trabajo y existencia de cotizaciones impagas a los trabajadores que operan en la faena.

e) Presenta condición de inhábil en el Registro de Proveedores por no cumplir con los requisitos de inscripción de en el registro del portal mercadopublico.cl.

f) Ausencia de patente municipal para explotar la actividad comercial de estacionamientos en Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río.

18.- Que, los hechos expuestos en el considerado precedente no sólo configuran un incumplimiento grave de las obligaciones previstas en el contrato, sino que además todas ellas constituyen suficientes razones de interés público que exigen disponer el término anticipado del contrato.”

Estima que la resolución recurrida solo indica las causales para el término anticipado del contrato aquellas contempladas en las letras b), d) y e) del artículo 13 de la Ley 19.886. Sin embargo, solo fundamenta en el punto 17 lo referente a los supuestos incumplimientos graves de las obligaciones contraídas por su representada, los que se han revisado detalladamente en el acápite anterior y se han desvirtuado cada una de las imputaciones, esencialmente, bajo los fundamentos que constan en la Auditoria N°25/2018 y en razón de no existir antecedentes sobre multas aplicadas, como dispone el contrato de cesión de derechos de explotación y mantención de los estacionamientos del Complejo Asistencial.

Insiste en que para que opere la terminación unilateral del contrato por imputación de “incumplimiento”, la causal invocada debe estar referida a un incumplimiento grave de las obligaciones del contrato por parte del concesionario, debiendo satisfacer la administración pública la prueba de la existencia de tal incumplimiento, previo emplazamiento del concesionario a fin de que ejerza sus derechos a refutar las imputaciones y a aportar la prueba respectiva, lo que en la especie no ha ocurrido.

Postula que la Resolución Exenta N°000388 recurrida, que invoca los supuestos incumplimientos imputados a su representada para dar término anticipado al contrato, carece absolutamente del principio de contradictoriedad, jamás existió el conocimiento, instrucción o información relativa a eventuales incumplimiento por parte de su representada, ni se dio el correspondiente traslado a fin de ejercer una debida defensa o subsanarlos, ya que no han existido ni se ha ejercido previamente por el Complejo Asistencial la aplicación de multas que hayan denotado algún incumplimiento por parte de la concesionaria.

Debe expresarse el motivo o fundamentos de hecho y derecho que se tuvieron en consideración para tomar la decisión, pero la resolución recurrida solo ha esgrimido el incumplimiento graves obligaciones del contrato, pero ésta carece de sustento y motivación, ya en la cláusula Décimo Segunda del mencionado contrato, se establece el procedimiento en el caso de incumplimiento de las condiciones pactadas, el cual no se ha efectuado, toda vez, que a su representada jamás se le han aplicado las sanciones y multas que dispone dicha cláusula.

Afirma que para sustentar el supuesto incumplimiento grave de las obligaciones que aplica la resolución recurrida, para dar término anticipado del contrato, se debió previamente notificar por escrito por lo menos tres eventos de incumplimiento de las condiciones pactadas por parte del coordinador del complejo a su representada, lo que no ha ocurrido ni se ha indicado en la fundamentación de la resolución recurrida.

Manifiesta que en el acto administrativo recurrido se imputan varios incumplimientos, pero en ninguno de los casos se justifica la decisión en base a lo descrito en las cláusulas décimo segundo y décimo tercera del Contrato, ni se acredita las notificaciones previas (de las sanciones y multas por incumplimientos) que se exigen claramente en el mismo, violentándose con ello las garantías del artículo 19 N°2, 3 y 24 de la Carta Fundamental, al dictarse una resolución ilegal y arbitraria.

De esta forma, frente a los hechos denunciados mediante este libelo, en cuanto existe un concesionario con un contrato adjudicado desde febrero del año 2105 hasta febrero del año 2021 y respecto del cual se le ha puesto término en forma ilegal y arbitraria, no puede concluirse que exista sensatez en la Resolución recurrida desde el momento en que no se ha oído a la concesionaria al imputar supuestos incumplimientos del contrato de concesión, lo que vulnera la garantía de igualdad ante la ley al haberse convertido en una comisión especial el director del hospital, quien no ha respetado las normas del debido proceso, y ha socavado las garantías de la libertad económica y el derecho de propiedad de la concesionaria, mediante una decisión arbitraria.

Advierte que a la fecha en que interpone la presente acción constitucional, bajo el argumento que el Complejo Asistencial habría dado término al contrato suscrito con esta parte recurrente, y celebrado un nuevo contrato con dicha empresa, lo que está vulnerado gravemente el derecho de propiedad de su representada sobre los derechos que emanan de su contrato de explotación y mantención de los estacionamientos, vigente hasta el mes de febrero del año 2021.

Asegura que los guardias de seguridad de LIMCHILE, han ocupado ilegalmente las instalaciones de su representada, amedrentando a sus trabajadores e impidiéndoles el desempeño de sus funciones.

Es del caso, que conforme a la propia Resolución Exenta N°00388 recurrida, se estableció que “2.- RESTITÚYANSE los espacios de terreno entregados en virtud del contrato, dentro del plazo de treinta días corridos, contados desde la notificación de la presente resolución.”, plazo que a la fecha aún no se encuentra vencido. Así mismo, las vías de hechos ejercidas contra la propiedad de su representada, se sustenta en una resolución que es ilegal y arbitraria conforme se ha expuesto los acápites anteriores, cuyas acciones de impugnación se encuentran vigentes, siendo ilegal la ocupación que LIMCHILE ha efectuado de los estacionamientos e instalaciones de esta concesionaria.

Como ya ha esbozado a través del desarrollo de este recurso, reitera que los recurridos infringen la garantía de igualdad ante la ley, el debido proceso, la libertad a realizar actividades económicas y el derecho de propiedad, garantías constitucionales que permiten que los particulares que contratan con órganos del Estado puedan protegerse ante los eventuales actos ilegales y/o arbitrarios que pueda ejercer en su posición dominante la entidad administrativa, puesto que la aplicación de la ley debe ser respeta sin distinción por ambas partes.

Termina solicitando tener por interpuesto el presente recurso de protección en contra del Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, representada por su Director nombre reservado, y en contra de la empresa Limchile Sociedad Anónima, representada legalmente por nombre reservado, se restablezca en definitiva el imperio del derecho, declarando:

1.- Que se acoge el presente recurso de protección en razón a haberse privado y/o perturbado a la recurrente de protección, por la dictación del acto arbitrario e ilegal ya referido en el cuerpo de esta presentación, el legítimo ejercicio de todas o una o más de las garantías constitucionales indicadas en el artículo 19 N°2, N°3 y N°24 de nuestra Carta Fundamental;

2.- Que en virtud de establecerse la vulneración de las garantías constitucionales de la recurrente, se deja sin efecto la Resolución Exenta N°000388 de fecha 29 de mayo del 2020 dictada por el Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, por la cual da término anticipado e inmediato al Contrato de cesión de derechos de explotación y mantención de estacionamientos celebrado el día 02 de febrero de 2015 con su representada, y/o tomando todas aquellas medidas que la Corte estime pertinentes para restablecer el imperio del derecho; y 3.- Que se ordena igualmente a las recurridas, en especial a la empresa LIMCHILE, a restituir los estacionamientos y espacios concesionados de la recurrente, absteniéndose en lo sucesivo de la ocupación de vías de hecho para interferir en la ejecución del contrato de explotación de estacionamientos de la recurrente, y/o tomando todas aquellas medidas que estime pertinentes para restablecer el imperio del derecho; y 4.- Que se condena en costas a las recurridas, por carecer de fundamento plausible los actos ejecutados por los recurridos.

Informando al tenor del recurso, comparece don Patricio Lynch Becerra, abogado, en representación del Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, establecimiento de autogestión en red y órgano funcionalmente desconcentrado del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, R.U.T. N° RUT reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, quien solicita el rechazo del mismo, con costas.

Sostiene que del análisis de las alegaciones de la recurrente y de las que se expondrán por su parte, la cuestión controvertida corresponde a una materia de lato conocimiento ajena a la naturaleza cautelar que tiene el recurso de protección.

La recurrente reconoce que la Administración activa tiene la potestad y la facultad para poner término anticipado al contrato que tiene con aquella, incluso cita las fuentes legales y sólo por vía interpretativa alega, en sede de protección, en contra de los fundamentos múltiples de la decisión de término como si tratase de un juicio ordinario.

Asevera que dado que la recurrente, por una parte, no logra desacreditar los hechos imputados como incumplimientos en la resolución de término contractual que impugna, y por otra, los reconoce y sólo se limita a dar equívocas o confusas interpretaciones de un contrato en relación con tales hechos, aparece claro que no existen derechos constitucionales afectados por la determinación del hospital adoptada conforme a las estipulaciones de un contrato administrativo que ameriten adoptar la cautela constitucional conforme a la naturaleza de la acción interpuesta.

Señala que la resolución N° 388 de 29 de mayo de 2020, fue notificada por carta certificada tanto al domicilio indicado en el contrato como al domicilio que el recurrente señala en su escrito de domicilio reservado, mediante el ingreso de las cartas en la oficina de Correos de Chile el día 29 de mayo de 2020.

Niega que la empresa recurrida, LIMCHILE, ocupe espacios destinados a la concesionaria de estacionamientos, toda vez que las fotografías exhibidas por la recurrente, corresponden a una vía de acceso vehicular hacia la Unidad de Anatomía Patológica del Hospital y no a una zona de espacio concesionado a la empresa recurrente.

Asevera que es falso que su representada haya celebrado un nuevo contrato con la empresa LimChile, porque dio término al contrato con la demandante; la afirmación constituye una mera especulación alejada de la realidad.

Relata que la caseta fotografiada no se encuentra actualmente en el lugar indicado, pero su retiro se realizó por causas ajenas a la interposición del presente recurso y en ningún caso por encontrarse en un espacio de concesión de la empresa Sociedad de Inversiones e Inmobiliaria Oro Verde Limitada.

Expone que la demandante ejecuta una actividad comercial sin patente comercial; que en el Primer Juzgado de Policía Local de Puente Alto se encuentra radicado el proceso infraccional rol 569.662-8/2018 y que en sentencia dictada por el Segundo Juzgado de Policía Local de Puente Alto, en causa rol 226.390, de 21 de marzo de 2018, el representante de la empresa recurrente fue condenado por ejercer actividad comercial sin patente.

Respecto de la modificación unilateral y de facto del periodo de gratuidad pactado que la empresa reconoce ha reducido de 60 a 15 minutos, no es efectivo que tal reducción del periodo de gratuidad se haya acordado con su representada y tampoco es efectivo que el Informe de Auditoria N° 25/2018 citado de fe de ese acuerdo, por el contrario, el referido informe sólo indica en opinión de sus auditores que "la gratuidad no debería estar supeditada a un tiempo determinado, puesto que no es posible calcular cuánto demorará la atención de pacientes crónicos, así como también las visitas oficiales pueden tomar más de 60 minutos".

No existe acto administrativo que autorice una modificación contractual ni tampoco adendum alguno al contrato suscrito por las partes, por lo que el primer fundamento de la resolución impugnada acreditado se encuentra reconocido por la recurrente.

En cuanto al incumplimiento permanente de la obligación esencial de vigilancia a través de guardias que cuenten con el curso OS-10, no es efectivo que el referido Informe de Auditoria no señale que esta obligación no sea exigible, por cuanto el informe concluye en forma explícita que ese requerimiento no ha sido implementado y la circunstancia de que se observe que "de acuerdo a lo señalado por el representante", conforme al contrato la obligación no fue exigida en el contrato no significa que no sea obligatoria, pues la obligación incumplida fue impuesta en las bases de licitación.

Asegura no ser efectivo que el concesionario de estacionamientos administre todos los accesos del hospital y tenga el control material absoluto de los mismos por disponerlo así el contrato, por cuanto el Hospital siempre ha tenido el control de todos los accesos peatonales y sólo se le ha cedido al recurrente un derecho de explotación sobre determinadas áreas concesionadas sin que pueda pretender que el contrato le ha traspasado potestades públicas de administración radicadas en forma exclusiva en el Director del Establecimiento.

Dice que sobre este punto, la recurrente ha realizado un reconocimiento expreso de incumplimiento contractual al ratificar que aún no cumple con la orden de retiro de la barrera de acceso a la Unidad de Urgencia Adulto y apertura del acceso vehicular por calle Concha y Toro Sur de manera permanente junto con la eliminación de la barrera divisoria de calzadas en el sector; al ratificar que cerró unilateralmente en el mes de abril de 2020 la salida vehicular hacia la calle Troncal San Francisco, sin siquiera consultar al Hospital y que con fecha 02 de abril de 2020 cerró el portón de ingreso vehicular desde la calle Troncal San Francisco, sin autorización del Hospital.

Lo mismo puede señalarse respecto de la negativa a abrir el acceso vehicular por calle Concha y Toro, sin considerar que tal acceso existía antes de la licitación y, por lo demás, el supuesto problema legalidad no es asunto del recurrente sino del Hospital y la Municipalidad.

Tampoco es efectivo que en el recurso de protección rol 4423-2020 radicado en esta Corte se esté discutiendo la apertura de la salida a la calle Troncal San Francisco, ya que en esa acción la parte recurrente, una agrupación de taxistas que compartía el uso de un espacio para estacionar con la empresa Oro Verde, ha solicitado protección porque esta empresa los expulsó por vías de hecho o por la fuerza de ese espacio, sin que tenga relación con el cierre del acceso a la calle que realizó la empresa.

Por último, la empresa también reconoce que cerró en el mes de abril de 2020 la salida vehicular hacia la calle Troncal San Francisco y que con fecha 02 de abril de 2020 cerró el portón de ingreso vehicular desde la calle Troncal San Francisco, aduciendo que en este último caso fue "debidamente informado" el hospital, olvidando que debe ser autorizado por tratarse de una entrada al hospital y no uno de sus espacios de concesión y, además, la forma de avisar es inadecuada, abusiva y arbitraria, ya que envió un correo en la madrugada del mismo día en que ejecutó la acción de facto sin siquiera esperar respuesta.

Las alegaciones jurídicas expuestas por la demandante para justificar su conducta de facto corresponden a un asunto de lato conocimiento.

Refiere que la recurrente reconoce que no cumple con el deber de información previsto en el artículo 183 C del Código del Trabajo señalando que no es una obligación exigible o en reiteradas ocasiones ha sostenido que la empresa no tiene una "faena" en el Hospital.

Además, no es efectivo, como señala la actora, que el hospital no le haya requerido información a la empresa, por cuanto en correos electrónicos de fecha 14 de marzo de 2017 y 10 de enero de 2019 consta que el Hospital ejerce los derechos de información y la empresa no entrega los formularios que acreditan el pago de las cotizaciones.

Asimismo, el día 25 de mayo de 2020 se solicitó por escrito a la empresa Oro Verde la entrega de los formularios F-30 y F-30-1 y hasta la presente fecha se ha negado a entregarlos.

En cuanto a los argumentos de derecho, señala que la cláusula Quinta del contrato de cesión de derechos de explotación y mantención de estacionamientos celebrado con la recurrente, el día 02 de febrero de 2015, establece respecto del cobro de tarifas un periodo de gratuidad de 60 primeros minutos, razón por la cual la dictación de la nueva ley N°20.967, posterior al contrato, de ningún modo justifica ni autoriza la violación del derecho de propiedad que existe sobre los derechos contractuales según la clásica trilogía conceptual de los artículos 576, 578 y 584 del Código Civil; menos aún transgredir la intangibilidad del contrato según lo señalado en el artículo 1545 de ese Código e incluso pasar sobre lo señalado en el artículo 22 de la Ley "sobre el efecto retroactivo de las leyes", en virtud del cual "en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración".

No existe acuerdo formal alguno que autorice la aplicación de la ley N°20.967 al contrato vigente entre las partes.

De otra parte, la recurrente no cumplió con la obligación esencial de vigilancia a través de guardias que cuenten con el curso OS-10. Esta obligación fue impuesta por las Especificaciones técnicas de las bases de licitación en el apartado 2.2 sobre "Requerimientos de Operación al inicio y permanente".

Postula que el incumplimiento de medidas administrativas dispuestas por el hospital y conductas de hecho al margen del contrato, que ahora la recurrente reconoce por escrito, no resulta justificado por la mera cita de la cláusula séptima del contrato, según la cual la empresa debe "hacerse cargo de todos los accesos del Complejo", toda vez que la cesión de derechos de explotación de estacionamientos y el natural control de acceso a los mismos no significa que el Director del Hospital haya cedido, renunciado o delegado en la concesionaria "las funciones de dirección, organización y administración del correspondiente Establecimiento y, en especial, la atribución de inspeccionar y controlar todas las dependencias del Establecimiento", prevista en la letra a) del artículo 36 del D.F.L. No 1 de 2005 del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley 2.763 de 1979, y de las leyes 18.933 y 18.469.

En ninguna parte del contrato o de las bases de licitación se ha dispuesto o autorizado al concesionario para crear nuevos accesos vehiculares ni cerrar o suprimir los accesos existentes ni menos aún para administrar el Hospital, pues esas determinaciones son de competencia exclusiva del Director del Hospital y del Subdirector Administrativo que se adoptan teniendo en consideración los principios de servicialidad ( sic) del Estado, de regularidad y continuidad del servicio de salud y los fines de la administración pública de la salud.

Tampoco existe argumento legal alguno que justifique a la empresa no cumplir con las normas del artículo 183 C del Código del Trabajo y la ley exige acreditar que se pagaron las cotizaciones, por cuanto se pueden declarar y no pagar.

A mayor abundamiento, la pandemia que afecta al país no es obstáculo para pagar cotizaciones ni para obtener los referidos certificados, todos los cuales pueden obtenerse en sitios electrónicos o de internet.

En cuanto al requisito de encontrarse inhábil en el Registro de Proveedores, cabe señalar que tal antecedente fundamenta la decisión de terminación anticipada impugnada, por cuanto para tal determinación se han invocado entre otros fundamentos razones de "interés público".

Indica que el artículo 93 del Reglamento de la ley N° 19.886 dispone en relación con la inhabilidad sobreviniente que "si a un Proveedor inscrito le sobreviene alguna causal de inhabilidad con posterioridad a la inscripción, ésta será dejada sin efecto".

Niega haber actuado como "comisión especial" al emitir una resolución en uso de sus facultades, pues estando autorizada la autoridad para adoptar la determinación de terminar anticipadamente un contrato no existe un derecho de carácter indubitado que merezca la cautela por la vía del recurso de protección.

La cláusula décimo tercera del contrato de concesión suscrito entre la recurrente y su representada dispone que "el Complejo podrá poner término unilateralmente y en forma anticipada al contrato, sin que medie juicio entre las partes".

En consecuencia, carece de seriedad y de fundamento jurídico afirmar que el Hospital actúa como una "comisión especial” cuando en ejercicio de una facultad otorgada por la ley, el reglamento y el contrato da término a un contrato.

Asegura que cumplió con el procedimiento para poner término anticipado al contrato, determinación que obedece al ejercicio de una facultad prevista en el contrato y que se puede ejercer "sin que medie juicio entre las partes" y, por otra, se han invocado en la decisión razones de "interés público" acreditadas que exigieron adoptar la medida.

Sobre el último punto, es la propia recurrente quien reconoce la legalidad del ejercicio de la referida facultad afirmándola y citado todas las normas legales y reglamentarias que la establecen y si eso no es suficiente ha reconocido en términos formales y explícitos haber incurrido en los hechos constitutivos de las infracciones contractuales que se constataron en la resolución que impugna.

De este modo, su representada dictó una resolución fundada en antecedentes de hecho acreditados, conocidos con anticipación por la recurrente y ahora todos reconocidos formalmente por ésta, cumpliendo así cabalmente con la exigencia de probar el incumplimiento de la contraparte.

Precisa que los recursos administrativos de reposición y jerárquico son siempre procedentes en contra de la resolución de término anticipado del contrato, aunque el contrato no lo exprese, pero la empresa demandante no ejerció tales recursos dentro de plazo.

La cláusula décimo tercera del contrato dispone: "En los siguientes casos, el Complejo podrá poner término unilateralmente y en forma anticipada al contrato, sin que medie juicio entre las partes." La letra b) contempla dos causales de término: "Si, existe por parte de la Empresa, incumplimiento reiterado en la prestación del servicio contratado, o no cumpliera con las condiciones contractuales".

Así, una primera causal se refiere al "incumplimiento reiterado en la prestación del servicio" contratado y la otra al "incumplimiento de las condiciones contractuales" sin exigir reiteración del incumplimiento.

Del claro tenor del contrato aparece de manifiesto que la exigencia de notificar hasta tres eventos por escrito por parte del coordinador del Complejo sólo ha sido exigida en el contrato respecto de la hipótesis de incumplimiento reiterado, mas no respecto del incumplimiento de las condiciones contractuales.

En consecuencia, a su juicio corresponde rechazar el argumento de la demandante de no haber existido contradictoriedad, tanto porque el contrato no exige notificar eventos de incumplimiento en la causal de terminación señalada como porque los hechos que sirven de fundamento a la resolución fueron reconocidos por aquella en el escrito del recurso y como ella misma señala "corresponde a la Administración activa evaluar en cada situación si el incumplimiento en que ha incurrido la contraparte en un contrato que haya suscrito".

La dictación de una resolución fundada en argumentos de hecho acreditados y reconocidos por la recurrente, en ejercicio de una facultad contractual reconocida en el ordenamiento jurídico y en el contrato, no constituye un acto o conducta arbitraria, sin razón o caprichosa.

Se ha constatado y acreditado el incumplimiento contractual grave de la recurrente en hechos concretos como la modificación de facto y unilateral del periodo de gratuidad estipulado; el incumplimiento reiterado de la obligación de vigilancia con guardias que cuenten con el curso OS-10 y de medidas administrativas dispuestas por la Dirección del Hospital; la realización de actos que atentan en contra de derechos contractuales y contravienen de las facultades conferidas por el ordenamiento jurídico a las autoridades de este Hospital; incumplimiento del deber de informar previsto en el artículo 183-C del Código del Trabajo; existencia de cotizaciones impagas a los trabajadores que operan en la faena y ausencia de patente municipal para explotar la actividad comercial de estacionamientos en Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río y hasta una condena judicial por tal infracción.

Por último, señala que las razones de interés público acreditadas en la resolución impugnada descartan una conducta arbitraria o ilegal, pues la entidad o gravedad del incumplimiento es tal que afecta la recaudación fiscal, el patrimonio de la población usuaria del Establecimiento, compromete la fiscalización de los derechos laborales de los trabajadores y las facultades de administración del Director del Hospital.

Afirma que ninguna de las garantías y derechos constitucionales que menciona la recurrente han sido afectados por su representada, por lo que solicita el rechazo del presente recurso.

También informa, don Juan Pablo Jara Rojas, abogado, en representación de la recurrida Limchile S.A., quien solicita el rechazo de la presente acción constitucional en virtud de los antecedentes que a continuación se exponen.

Sostiene que la recurrida, Limchile S.A. ha mantenido una relación contractual con el Complejo Hospitalario Dr. Sotero del Rio, que data desde el mes de junio de 2019 hasta la fecha, de acuerdo con la hipótesis contemplada en el artículo 7 letra c de la ley 19.886, esto es mediante trato o contratación directa, encomendándosele las labores de seguridad del recinto hospitalario, prescribiéndose al respecto que “En virtud del presente Contrato el Complejo contrata a la Empresa para que esta implemente el servicio de guardias de seguridad. Su función general es mantener la vigilancia en el sector asignado por el Complejo, dando cumplimiento a la normativa operativa, legal y administrativa pertinente, según los términos de referencia correspondientes y lo expuesto a continuación en el presente contrato. El servicio de vigilancia debe efectuarse tanto en los patios externos del Complejo y en las siguientes dependencias del SSMSO: Dirección del SSMSO, estacionamientos del SSMSO, Unidad de Bienestar, Centro infantil, Club Escolar, Unidad de gestión de Proyectos, PRAIS, Espacio Ciudadano, bajo la completa administración del Departamento de Operaciones o quien el Complejo Asistencial determine para esta labor”.

Indica que el ejercicio de los servicios de seguridad, se encuentra sustentado legalmente en los tratos directos suscritos por su representada y el Complejo Hospitalario Dr. Sotero del Rio, instrumentos de los cuales emanan derechos y obligaciones, entre las cuales se encuentra la facultad de ejercer las labores de seguridad en las instalaciones indicadas contractualmente, encontrándose en consecuencia legitimados para ejercer las actividades de seguridad, encontrando su sustento en el derecho de dominio, sobre el derecho a ejercer las labores descritas.

Explica que el ejercicio de las actividades de su representada, se encuentran amparados y justificados por un vínculo contractual existente, y que ha coexistido paralelamente con el contrato existente entre el Complejo Dr. Sotero del Rio y la parte recurrente, no siendo óbice sostener lo planteado por la parte recurrente, respecto a que el ejercicio de los actos de seguridad, responde a una situación de facto, sin sustento legal que lo justifique. En el caso sub lite, tiene una particular relevancia tratar el derecho ajeno, toda vez que la recurrente, alega que ha existido un entorpecimiento o privación de ejercer su derecho de propiedad, sin embargo, la recurrente se dedica a la explotación de los estacionamientos del Complejo Hospitalario Dr. Sotero del Rio y su representada tiene el derecho de propiedad para ejercer y explotar los servicios de seguridad del mismo recinto, es en razón de ello, que resulta imposible que exista una turbación o impedimento en el ejercicio de la recurrente por parte de mi representada, si sus derechos de dominio, respecto al ejercicio de cada uno de ellos son totalmente independientes y exclusivos, es decir, no existe una superposición de derechos, por lo que, en base a un ejercicio lógico, no puede existir privación o limitación del derecho, por presupuestos facticos de las actividades, al estar en esferas completamente distintas, pese a compartir un mismo espacio físico.

Refiere que el derecho de explotar los servicios de seguridad, no se encuentran sustentado en un mero capricho, sino que, se encuentra justificado y legitimado a través de un trato directo suscrito entre su representada y el Complejo Hospitalario Dr. Sotero del Rio, por lo que el requisito de la arbitrariedad prescrito para la interposición del recurso de protección, no se cumple al caso en particular.

Tampoco ha existido contravención a las normas jurídicas, toda vez que, los derechos de propiedad de la recurrente y su representada tienen diversos orígenes, es decir, se desprenden de dos contratos totalmente diferentes y más importante aún, las finalidades perseguidos por los servicios son absolutamente distinto, que no se superponen el uno al otro, pese a ejercerse en un mismo espacio físico, y de forma relativa, puesto que, las actividades si bien se ejercen en el complejo asistencial Dr. Sotero del Rio, las actividades son efectuadas en distintas instalaciones.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal , que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

SEGUNDO: Que la sociedad recurrente estima que han sido amagadas las garantías constitucionales descritas en los numerales 2°, 3° inciso quinto, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política, esto es, la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, el derecho a desarrollar una actividad económica y el derecho de propiedad.

TERCERO: Que, el acto que la recurrente estima arbitrario e ilegal es, por una parte, la resolución exenta N° 388 de 29 de mayo pasado pronunciada por el Director del Hospital recurrido que terminó anticipadamente el contrato de concesión de estacionamientos, al imputarle una serie de incumplimientos; y de otra, la ocupación de instalaciones de la recurrente que efectuaría la recurrida, LIMCHILE, desde el día 19 de junio a la fecha.

CUARTO: Que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque algunas de las situaciones o consecuencias que se han indicado, afectando a una o más de las garantías constitucionales preexistentes, protegidas por la norma antes citada QUINTO: Que del mérito de los antecedentes, documentos aparejados por el recurrente y los recurridos, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, es posible tener por asentado, lo que sigue:

a) La recurrente participó en un proceso de licitación pública, para el convenio con el Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, sobre los derechos de explotación y mantención de estacionamiento, el que le fue adjudicado mediante Resolución Exenta N° 3908, suscribiéndose un contrato de cesión de derechos de explotación y mantención de estacionamientos, el 2 de febrero de 2015;

b) Mediante Resolución Exenta N° 388 de 29 de mayo último, se puso término anticipado al contrato antes singularizado;

c) La recurrida LIMCHILE, mantiene una relación contractual con el Complejo Hospitalario Dr. Sotero del Rio, que data desde el mes de junio de 2019, encomendándosele labores de seguridad del recinto hospitalario.

SEXTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben decretar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

De este modo, la acción en estudio constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos.

SEPTIMO: Que, sin embargo, de lo expuesto por las partes y de los antecedentes acompañados por las mismas, resulta claro que las circunstancias de hecho invocadas por la recurrida, Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, para poner término anticipado al contrato se encuentran controvertidas por la recurrente, lo mismo que el contenido, alcance e interpretación de los derechos emanados del contrato; de manera que un conflicto como este, excede los márgenes de la presente acción cautelar y deben ser resuelto en un procedimiento de lato conocimiento.

Tampoco se advierte que de LIMCHILE, haya ocupado de facto, instalaciones de la recurrente.

OCTAVO: Que las reflexiones que preceden conducen al rechazo de la presente acción cautelar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido don nombre reservado, empresario, en representación, de la Sociedad de Inversiones e Inmobiliaria Oro Verde Limitada en contra del Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río y de la sociedad LIMCHILE.

Redacción de la ministra señora Claudia Lazen M. Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 6264-2020. Protección Pronunciada por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de San nombre reservado, integrada por las Ministras señora Sylvia Isabel Pizarro Barahona, señora Claudia Lazen Manzur y señora Carmen Gloria Escanilla Pérez.