nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Certifico que se anunció, escuchó relación y alegó en esta Cuarta Sala, por el recurso la abogada doña Nadia Andrea Reyes González. San Miguel, 10 de abril de 2023. Damaris Madrid, relatora.

San Miguel, diez de abril de dos mil veintitrés.

Al folio 9: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparecen Nadia Andrea Reyes González y Humberto Andrés Hermosilla Trujillo, abogados, en favor de nombre reservado, venezolano, comunicador social, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, Región Metropolitana, quien deduce acción de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por privar y/o perturbar, en forma ilegal y arbitraria, los derechos del recurrente, garantizados en el artículo 19 números 2 y 3 de la Constitución Política de la República, es decir, Igualdad ante la Ley y el Debido Proceso.

Explican que el recurrente, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 10 numeral 3º de la Constitución Política de la República y a lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº5142 que versa sobre las disposiciones para la nacionalización de extranjeros, presentó solicitud de nacionalización el 7 de febrero de 2022, código de trámite N°29831941, adjuntando toda la documentación requerida.

Indican que, luego el 5 de mayo de 2022, se le informó que su solicitud pasó al proceso de análisis. En el mismo orden de ideas y dando continuidad a su solicitud el recurrente fue contactado por la Policía de Investigaciones vía correo, para citarlo presencialmente a las dependencias de la PDI para el 26 de mayo de 2022, la cual se realizó sin inconveniente alguno.

Agregan que desde esta última gestión, el recurrente no tuvo más noticias del avance de su solicitud de Carta de Nacionalización, y que, hasta la fecha el Servicio Nacional de Migraciones no ha dictado un acto administrativo conclusivo a su respecto.

Señalan que lo anterior significa una demora injustificada, excesiva y desproporcionada, que mantiene en un estado de incertidumbre e intranquilidad a su representado.

Aseveran que el recurrente se encuentra desde el 2016 establecido en el país, contando con permanencia definitiva desde el 12 de octubre de 2017, que ha formado una familia, tiene un hijo, nombre reservado, nacido en Chile. Añaden que, en conclusión, su representado se ha desarrollado como persona y profesional en Chile, contando actualmente con un trabajo en la empresa A3D Chile S.A., en donde se desempeña como jefe de tienda.

Refieren finalmente que la demora injustificada, desproporcional y excesiva por parte del recurrido, en dar respuesta a la solicitud del recurrente, vulnera su legítimo derecho de obtener el pronunciamiento final de su solicitud de nacionalización, siendo que cumple con todos los requisitos establecidos en el Decreto Supremo N°5142 que otorga el derecho a los extranjeros de obtener la nacionalidad chilena.

Pide que se ordene al recurrido resolver la solicitud de Carta de Nacionalización del recurrente y que se le otorgue sin más demora, la nacionalización solicitada, o las medidas que esta Corte considere pertinentes.

Segundo: Que, informan al tenor del recurso, por el Servicio recurrido, los abogados don Antonio Beltrán Henríquez y doña Rocío Rodríguez Zamora, quienes solicitan su rechazo y alegan la improcedencia de una eventual condena en costas.

Explican que el recurrente ingresó por primera vez al país el 15 de enero de 2016, por el paso fronterizo Aeropuerto nombre reservado, en calidad de turista. Luego, el 15 de junio de 2017, solicitó permanencia definitiva la cual fue otorgada mediante Resolución Exenta N°298558 de 12 de octubre de 2017. Posteriormente, el 7 de febrero de 2022, remitió solicitud de carta de nacionalización, bajo el número ID N°29831941.

Agregan que, consta en sus registros, que a través de Informe Policial folio N°35607261 de 26 de mayo de 2022, se realizó la entrevista ante Policía de Investigaciones de Chile. Consignando dicho informe que el recurrente no cuenta con antecedentes policiales ni encargos judiciales pendientes.

Que, actualmente la solicitud ID N°29831941 se encuentra en etapa de “Análisis”, desde el 26 de mayo de 2022.

Sostienen que, el recurrente cuenta con un permiso de permanencia definitiva actualmente vigente, por lo que mantiene situación migratoria regular en el país, así, la situación de pendencia de la solicitud de carta de nacionalización no conlleva perjuicio alguno a su estatus migratorio, como tampoco al ejercicio de alguna de sus garantías fundamentales.

Refieren que, en cuanto a la concesión de la carta de nacionalización, en primer lugar, debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 10 numeral 3° de la Constitución Política de la República. En segundo lugar, en cuanto a la autoridad y sus atribuciones legales para dictar resolución sobre una solicitud de nacionalización, corresponde por delegación al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1°, Título IV, N°4, de la Ley 16.436 de 1966.

Señalan que, uno de los trámites esenciales del procedimiento de concesión de la carta de nacionalización es la elaboración de un informe por parte de la Policía de Investigaciones, el cual debe contener la información indicada en el artículo 5 del Decreto 5142.

Finalmente, solicitan el rechazo de la presente acción en todas sus partes por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de la recurrida que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Cuarto: Que, por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, para una acertada resolución de la acción deducida, cabe precisar que el recurrente tilda de ilegal y arbitraria la omisión de pronunciamiento por parte del Servicio Nacional de Migraciones, en relación con su solicitud de carta de nacionalización. Por esa razón, pide que se ordene a la recurrida pronunciarse al respecto a fin de restablecer el imperio del derecho.

Sexto: Que, aun cuando inicialmente no se logra vislumbrar ilegalidad en el obrar de la recurrida, toda vez que ha actuado dentro del ámbito de sus competencias y atribuciones, se constata que ha retardado, sin razón justificada, más de un año su pronunciamiento respecto de la solicitud de carta de nacionalización presentada, superando con creces el plazo fijado a la Administración en el artículo 27 de la Ley 19.880.

Séptimo: Que, en la forma señalada, el recurrido con su actuar ha vulnerado las garantías fundamentales del recurrente, especialmente el derecho de igualdad ante la ley, en relación con el plazo estatuido para la generalidad de los administrados que acuden a la autoridad migratoria para iniciar el trámite de nacionalización en comento, generándose una diferencia carente de motivación.

Así, al dilatar la resolución en comento, se configura una omisión ilegal por parte del Servicio Nacional de Migraciones, por cuanto no ha dado cumplimiento al principio de celeridad consagrado en el artículo 7° de la Ley N°19.880, así como los principios de economía procesal, conclusivo y de inexcusabilidad, establecidos en los artículos 8°, 9° y 14° del mismo cuerpo legal, todos los que rigen el pronunciamiento de este tipo de actuaciones administrativas desde que la solicitud presentada por el recurrente se encuentra actualmente pendiente de pronunciamiento definitivo, vulnerando el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones, solo en cuanto se dispone que la autoridad recurrida deberá resolver la solicitud materia de estos autos en el plazo de sesenta días corridos, una vez que esta sentencia quede ejecutoriada.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° 624-2023 Protección.