nombre reservado con TESORERIA PROVINCIAL DEL MAIPO

En Santiago, a veinte de noviembre de dos mil dieciocho.

Vistos:

Comparece don David Brito Hevia, abogado, en favor de don nombre reservado, ingeniero en construcción, quien interpone recurso de protección en contra de la Tesorería Provincial del Maipo, con domicilio en domicilio reservado, representada legalmente por don nombre reservado, Tesorero Provincial, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el descuento unilateral o compensación de impuestos supuestamente adeudados con un crédito que tiene respecto del Fisco de Chile.

La Tesorería Provincial del Maipo evacuó el informe solicitado.

Se trajeron los autos en relación.

Y teniendo presente:

Primero: Que el recurrente expresa que por Resolución Exenta N° 1.481, de 4 de septiembre de 2018, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Tesorería Provincial del Maipo debía pagar al actor la suma de $99.748.951, debidamente reajustada y con los intereses del período comprendido entre diciembre de 2017 y el mes anterior al de su pago efectivo; crédito que proviene de la causa Rit C-168-2018, caratulada “nombre reservado con Sociedad Constructora Jalco y Fisco de Chile”, del Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo (Unidad de Cobranza Laboral y Previsional), en la que se ejecuta el cumplimiento de la causa Rit O-437-2015 del mismo juzgado, en que el Fisco de Chile resultó condenado solidariamente al pago de las sumas liquidadas, por concepto de indemnizaciones laborales y ley Bustos, junto con la demandada principal. Añade que el día 12 de septiembre del año en curso, previa captación de la cuenta por parte de la Tesorería Provincial del Maipo, se efectuó el pago del crédito en la cuenta corriente del recurrente; sin embargo, la recurrida descontó la cantidad total de $50.603.374, que correspondería a deudas vencidas en los años 1995, 1996 y 1997. Indica que el número de formulario de lo adeudado por el recurrente corresponde al N° 21, de acuerdo a la siguiente información: 1) N° folio: 3533631, fecha vencimiento: 12/04/1996, monto compensado: $1.866.936, fecha liquidación: 14/09/2018, monto liquidado: $1.866.936; 2) N° folio: 3533634, fecha vencimiento: 4/11/1996, monto compensado: $15.141.557, fecha liquidación: 14/09/2018, monto liquidado: $15.141.557; 3) N° folio: 3533630, fecha vencimiento: 12/03/1997, monto compensado: $6.380.661, fecha liquidación: 14/09/2018, monto liquidado: $6.380.661; 4) N° folio: 3533632, fecha vencimiento: 30/04/1996, monto compensado: $16.847.466, fecha liquidación: 14/09/2018, Monto liquidado: RUT reservado; 5) N° folio: 3533629, fecha vencimiento: 12/08/1995, monto compensado: $10.343.687, fecha liquidación: 14/09/2018, monto liquidado: RUT reservado; 6) N° folio: 3533627, fecha vencimiento: 00/00/0000, monto compensado: $23.067, fecha liquidación: 14/09/2018, monto liquidado: $23.067. Respecto de este último, asevera que desconoce su procedencia.

Afirma que se ha efectuado un descuento por deudas de impuestos vencidos en los años 1995, 1996 y 1997, habiendo transcurrido a la fecha del descuento y/o compensación más de 20 años, la recurrida pretende que opere la “compensación” regulada en los artículos 1655 y siguientes del Código Civil, desconociendo que el artículo 1656 N° 3 dispone que para que opere las deudas sean actualmente exigibles; y una deuda por concepto de impuestos adeudados desde el 12 de abril de 1996, 4 de noviembre de 1996, 12 de marzo de 1997, 30 de abril de 1996 y 12 de agosto de 1995, difícilmente puede ser actualmente exigible, considerando, además, que desconoce si existe algún proceso judicial que haya autorizado el embargo o que permita considerar como interrumpido el plazo de prescripción, que conforme a la legislación tributaria puede extenderse hasta 6 años. Agrega que de haber conocido la existencia de estos procesos podría haber deducido la excepción de prescripción extintiva, o bien alegado el “decaimiento del acto administrativo”, por medio del cual se exigía el cumplimiento compulsivo de deudas vencidas hace más de 21 años atrás.

Indica que no es un hecho discutido la existencia de la deuda; sino la forma legal de solicitar el cumplimiento de cualquier obligación que se estima incumplida, que debe hacerse a través de las acciones jurisdiccionales correspondientes, ya sea por la vía ordinaria o ejecutiva; fundamento que ha sido reconocido por la Excma. Corte Suprema en sentencia de 12 de abril de 2017, en recurso rol 95.046-2016.

Aduce que, en la especie, la conducta de la Tesorería recurrida afecta el patrimonio del recurrente y perturba su derecho de propiedad sobre el crédito que tenía derecho a percibir por resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; es arbitraria, pues carece de razonabilidad suficiente descontar o compensar deudas transcurridos más de 20 años, sin que exista una autorización judicial que lo permita; y se torna ilegal, porque no existe norma positiva que permita compensar o descontar sin la existencia de un proceso previo, legalmente tramitado, que permita al actor deducir excepciones en defensa de sus derechos; en consecuencia, el acto mencionado vulnera su derecho de propiedad, garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental.

Pide que se acoja el recurso y se resuelva que: 1) se deja sin efecto el descuento unilateral o compensación, ordenando la restitución de las sumas al actor; 2) en subsidio, se ordenen las medidas que fueren pertinentes para restablecer el ejercicio y goce de los derechos constitucionales del recurrente; 3) se disponga que, en lo sucesivo, la recurrida se abstenga de realizar descuentos o compensaciones al actor, por las deudas vencidas el 12 de abril de 1996, 4 de noviembre de 1996, 12 de marzo de 1997, 30 de abril de 1996 y 12 de agosto de 1995; y 4) se condene en costas a la recurrida.

Acompaña Comprobante de Compensación emitido por la recurrida, que certifica que el 12 de septiembre de 2018 se han compensado las deudas pendientes de pago que se indican con el excedente de la declaración correspondiente al año 2018, formulario 72-1, folio número 137515; y Resolución Exenta N° 1.481, de 4 de septiembre de 2018, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Segundo: Que, evacuando el informe requerido, don Julio Covarrubias Vásquez, abogado, en representación de la Tesorería Provincial del Maipo, solicita el rechazo del recurso de protección, con costas.

Afirma la ausencia de un acto ilegal o arbitrario por parte de la recurrida, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto Ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, y artículo 1 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, del Ministerio de Hacienda, que contiene el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, corresponde a esta institución efectuar el pago de las obligaciones del Fisco, dentro de las cuales se incluyen aquellas derivadas de las sentencias judiciales ejecutoriadas dictadas por los tribunales de justicia en contra del Fisco, que lo condenan al pago de una prestación de carácter pecuniario. Indica que conforme al artículo 752 del Código de Procedimiento Civil y la letra p) del artículo 2 del Decreto Ley N° 3.346, de 1980, Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, éste debe dictar el acto administrativo para el cumplimiento de las sentencias ejecutoriadas.

Agrega que mediante la Resolución Exenta N° 1.481, de 4 de septiembre de 2018, del Ministerio de Justicia, se ordenó que la Tesorería pagara al recurrente la suma de $99.748.951, cantidad que debidamente reajustada ascendió a la suma de $105.025.645, por concepto de prestaciones laborales, todas correspondientes a la causa caratulada “nombre reservado con Sociedad Constructora Jalco”, Rit N° C-168-2018, del Juzgado del Trabajo de San Bernardo; sin embargo, dicho pago no se verificó en su totalidad por cuanto a esa data operó una compensación entre deudas recíprocas del recurrente y del Fisco. Indica que al momento de verificarse el pago, la Tesorería, en uso de sus facultades legales, compensó la deuda tributaria del recurrente de que dan cuenta los formularios 21, folios [cuenta reservada], 3533634, 3533630, 3533632, 3533629 y 3533627, con el crédito a su favor de que daba cuenta la resolución dictada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, lo que consta en certificado de compensación que se acompaña, compensación que en total ascendió a la suma de $50.603.374, entregándosele al recurrente la cantidad de $54.422.271.

Asevera que la facultad que asiste a Tesorería para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco está contemplada en el artículo 6 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, que contiene el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, norma que debe concordarse con los demás elementos que, según el Código Civil, son de la esencia de la compensación como modo de extinguir las obligaciones. Añade que de acuerdo al artículo 1656 la compensación opera por el sólo ministerio de la ley y aún sin conocimiento de los deudores, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 1) que dos personas sean deudoras una de otra; 2) que ambas deudas sean de dinero; 3) que ambas deudas sean líquidas y 4) que ambas sean actualmente exigibles. Aduce que en este caso concurría el primero de los requisitos para que operara la compensación; en relación a los requisitos 2° y 3° no existe controversia toda vez que se trata de deudas en dinero cuya liquidez emana de su propia naturaleza; en cuanto al 4° requisito referido a la exigibilidad de ambas deudas, estima que se cumpliría por cuanto a la data en que operó este modo de extinguir, la deuda era plenamente exigible, los giros en cuestión estaban en Tesorería en “condiciones de ser pagados”, modalidad de la exigibilidad requerida por el artículo 6 del Decreto con Fuerza de Ley mencionado y, por ende, en relación a estas deudas recíprocas operó por el solo ministerio de la ley la compensación.

Señala que no es efectivo que Tesorería no haya demandado las deudas, lo que consta en expediente administrativo Rol N° 1002-1997, de la comuna de Ñuñoa, cuyas piezas pertinentes se acompañan, en el que el recurrente fue notificado y requerido de pago por la deuda tributaria, juicio en el que no opuso excepciones y, por tanto, la deuda al momento de su compensación era totalmente exigible. Expresa que existe una reiterada jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia que ha sostenido que no existe ilegalidad o arbitrariedad en la facultad conferida a Tesorería para compensar deudas de contribuyentes con créditos que éstos tengan contra el Fisco, como el fallo dictado por la Corte Suprema en causa Rol 35.185-2016.

Finalmente, concluye que la Tesorería se limitó a actuar dentro de sus competencias legales; resultando que al momento de verificarse la compensación se estaba ante una acción ejecutiva vigente, promovida en un proceso de carácter judicial, sin que el ejecutado hubiere incoado en la oportunidad prevista por la ley la excepción de prescripción o la alegación correspondiente al abandono del procedimiento, ambas instituciones vinculadas a la inactividad del demandante y cuyo objetivo es cuestionar la vigencia de la pretensión, por lo que no resulta procedente pretender en forma oblicua la declaración de prescripción de la acción de cobro de los impuestos en una sede distinta.

Acompaña certificados de compensación de la deuda tributaria del recurrente de que dan cuenta los formularios 21, folios [cuenta reservada], 3533634, 3533630, 3533632, 3533629 y 3533627; copias de piezas del expediente administrativo Rol N° 1002-1997, de la comuna de Ñuñoa; y copia de la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema en causa Rol N° 35.185-2016.

Tercero: Que cabe recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que para dilucidar si concurren, en este caso, los presupuestos mencionados, cabe consignar que son hechos acreditados los siguientes:

a).- Mediante Resolución Exenta N° 1.481, de 4 de septiembre de 2018, del Ministerio de Justicia, se ordenó a la Tesorería Provincial del Maipo pagar al recurrente la suma de $99.748.951, que debidamente reajustada ascendió a la suma de $105.025.645, por concepto de prestaciones laborales correspondientes a la causa caratulada “nombre reservado con Sociedad Constructora Jalco”, Rit N° C-168-2018, del Juzgado del Trabajo de San Bernardo;

b).- Al momento de verificarse el pago, la Tesorería recurrida compensó la deuda tributaria del recurrente de que dan cuenta los formularios 21, folios [cuenta reservada], 3533634, 3533630, 3533632, 3533629 y 3533627, con el crédito a su favor que emana de la resolución dictada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; compensación que en total ascendió a la suma de $50.603.374, entregándose al recurrente la cantidad de $54.422.271;

c) La existencia de la deuda tributaria, que consta en los formularios 21, folios 3533631, 3533634, 3533630, 3533632 y 3533629, con fechas de vencimiento 12 de abril de 1996, 4 de noviembre de 1996, 12 de marzo de 1997, 30 de abril de 1996 y 12 de agosto de 1995, respectivamente;

d) La Tesorería demandó al recurrente por deuda tributaria, en el expediente administrativo Rol N° 1002-1997, de la comuna de Ñuñoa, quien fue notificado y requerido de pago;

e) El contribuyente no opuso excepciones, ni ha solicitado el abandono del procedimiento.

Sexto: Que la recurrida sostiene que la facultad que le asiste para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco está contemplada en el artículo 6 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, que contiene el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, norma que debe concordarse con los demás elementos que establece el Código Civil, los que se reunirían en la especie.

Por su parte, el recurrente no discute la existencia de la deuda, sino la forma de solicitar el cumplimiento de la obligación que se estima incumplida, indicando que debe hacerse a través de las acciones jurisdiccionales correspondientes, ya sea por la vía ordinaria o ejecutiva.

De esta manera, fluye que la controversia que se pide resolver a través de la presente vía cautelar, dice relación con la legalidad de la compensación efectuada por la Tesorería Provincial del Maipo respecto de parte del dinero que por sentencia ejecutoriada se dispuso pagar al actor, en cuanto se ha debatido acerca de la exigibilidad de las obligaciones que el recurrente mantiene con el Fisco de Chile.

Séptimo: Que el artículo 2 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, previene que “El Servicio de Tesorerías tendrá las siguientes funciones: 1.- Recaudar los tributos y demás entradas fiscales, y las de otros servicios públicos […]; 2.- Efectuar la cobranza coactiva sea judicial, extrajudicial o administrativa de: a.- Los impuestos fiscales en mora, con sus intereses y sanciones;…”.

La misma ley orgánica del Servicio en su artículo 6, le confiere la facultad de compensar administrativamente, estableciendo que “Se autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor”.

Octavo: Que, al efecto, se debe tener en consideración las normas pertinentes del Código Civil. El artículo 1655 prescribe que “Cuando dos personas son deudoras una de otra, se opera entre ellas una compensación que extingue ambas deudas…”. La compensación equivale al pago, por lo que produce el efecto propio del cumplimiento de la obligación, extinguiéndola con todos sus accesorios.

Conforme lo dispone el artículo 1656, “La compensación se opera por el solo ministerio de la ley y aun sin conocimiento de los deudores; y ambas deudas se extinguen recíprocamente hasta la concurrencia de sus valores,…”, y para que esta institución opere las dos partes deben ser recíprocamente deudoras, las deudas deben ser de igual naturaleza, líquidas y actualmente exigibles y, la compensación no debe estar prohibida en el caso concreto.

En la especie, como se señaló, la discusión se ha centrado en la exigibilidad de la deuda tributaria, que implica que la deuda se puede exigir de inmediato, sin que haya un plazo que suspenda su exigibilidad o una condición de la que dependa su nacimiento.

Noveno: Que en su informe, el órgano recurrido se limita a explicar que hizo uso de la facultad de compensar administrativamente porque concurrirían los requisitos legales, atribuyendo a la deuda tributaria la calidad de exigible, afirmación que resulta carente de todo fundamento legal por cuanto es requisito de la esencia de este modo de extinguir las obligaciones haber constatado al tiempo de aplicarse, las obligaciones líquidas y actualmente exigibles, que en los términos del artículo 1655 del Código Civil, podían compensarse.

En efecto, el artículo 6 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1994, de Hacienda, que reconoce a la Tesorería General de la República la facultad de compensar obligaciones tributarias, debe proceder sin vulnerar las reglas del Código Civil, de forma que si los formularios 21, por deuda de impuestos, vencieron los años 1995, 1996 y 1997, no serían actualmente exigibles y, por tanto, no podría operar la compensación, resultando evidente la afectación a la garantía contenida en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, al verse afectado el patrimonio del recurrente en la suma de $50.603.374 que debió pagársele junto a la restante cantidad que componía su crédito por concepto de prestaciones laborales correspondientes a la causa caratulada “nombre reservado con Sociedad Constructora Jalco”, Rit N° C-168-2018, del Juzgado del Trabajo de San Bernardo; actuación del órgano recurrido que, además, de carecer de razón, resulta ilegal al vulnerarse la facultad de la recurrida establecida en el artículo 6 del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, de compensar administrativa en la medida que concurran las exigencias de la normativa pertinente del Código Civil.

Décimo: Que de acuerdo a lo razonado precedentemente, el actuar de la Tesorería resulta ser ilegal, en tanto ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1994, de Hacienda, en la forma ya descrita, afectando con ello la garantía del derecho de propiedad. Además, la decisión de compensar carece de fundamento, lo que la torna arbitraria.

Undécimo: Que, por consiguiente, concurren en este caso los presupuestos de la acción constitucional reseñados en el motivo cuarto de esta sentencia, de manera que el recurso de protección intentado debe ser acogido.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, la acción de protección deducida por don David Brito Hevia, en favor de don nombre reservado, en contra de la Tesorería Provincial del Maipo, representada legalmente por don nombre reservado, Tesorero Provincial y, en consecuencia, se deja sin efecto el descuento unilateral o compensación por la suma de $50.603.374 efectuada por la recurrida respecto de la cantidad dispuesta pagar al recurrente mediante Resolución Exenta N° 1.481, de 4 de septiembre de 2018, del Ministerio de Justicia, y se ordena a la recurrida pagar al actor la referida suma.

Acordada con el voto en contra de la ministra señora González, quien estuvo por rechazar el recurso de protección, por los siguientes fundamentos:

1°.- Que, valorados los antecedentes aportados por las partes de acuerdo con las normas de la sana crítica, resulta que el acto respecto del que se reclama no es arbitrario, ni ilegal, toda vez que teniendo la parte recurrente la calidad de deudor de impuestos y, a su vez, el derecho a un crédito contra el Fisco de Chile, era procedente que operara la compensación administrativa de dichas deudas.

2°.- Que, en efecto, de las circunstancias fácticas y jurídicas señaladas en los motivos quinto, séptimo y octavo, que anteceden, se desprende que en el ejercicio de la compensación administrativa realizada por la recurrida, se cumplían los requisitos previstos en los artículos 1656 y 1657 del Código Civil, desde que las dos partes son deudoras entre sí; las deudas son en dinero, cuya liquidez emana de su propia naturaleza y, finalmente, ambas deudas son actualmente exigibles, porque no existe resolución que haya declarado el abandono del procedimiento, ni sentencia jurisdiccional que haya declarado la prescripción de la acreencia del Fisco de Chile.

3°.- Que, en ese contexto, se desprende que la Tesorería ejerció una potestad legal dentro de sus presupuestos fácticos, prevista en el artículo 6 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, que le permite, en tanto la deuda tributaria no haya sido declarada prescrita por sentencia judicial ejecutoriada, compensar adinistrativamente las acreencias adeudadas al Fisco de Chile.

4°.- Que, en ese contexto, a juicio de esta disidente, se desprende que el actuar de la Tesorería Provincial del Maipo está amparado en la facultad de compensar administrativamente que la ley le otorga, por lo que no existe acto que pueda estimarse arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace alguna garantía constitucional del recurrente.

Comuníquese por la vía más rápida.

Se deja constancia que no firma la Ministra sra. Elgarrista, no obstante de haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo del fallo, por encontrarse con permiso de conformidad a lo dispuesto en el artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Regístrese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción de la ministra señora Ma. Catalina González Torres.

N° 6.231-2018 PROTECCIÓN.