nombre reservado con CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN

San Miguel, a veintiuno de septiembre dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña nombre reservado, chilena, casada domiciliada en domicilio reservado, e interpone acción constitucional de protección en contra de la Corporación de Desarrollo Social de Buin, persona jurídica de derecho privado, administradora de los establecimientos educacionales y de salud municipalizados de la comuna de Buin, representada legalmente por su Secretaria General nombre reservado, ambas domiciliadas en domicilio reservado de la comuna de Buin por haber vulnerado su garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°s 1, 2 y 24 de la Carta Fundamental, por los hechos que expone al no pagarle parte, y en ocasiones, el total de sus remuneraciones, correspondientes a diversos meses de los años 2019 a 2021 inclusive, realizándole descuentos que en su concepto no se ajustan a derecho y resultan arbitrarios e ilegales, con costas.

Señala que desde el mes de abril de 2008 mantiene una relación laboral en virtud de un contrato de trabajo de carácter indefinido con la Corporación de Desarrollo Social de Buin, desempeñándose como asistente de educación de servicios auxiliares en el establecimiento educacional Los Rozales del Bajo, dependiente de dicha Corporación, encontrándose afiliada a FONASA.

Refiere que desde el mes de abril de 2019 y hasta el 26 de abril de 2021 hizo uso de licencia médica debido a una artrosis severa de rodilla izquierda, lo que abarca un periodo ininterrumpido de dos años de licencias médicas durante los cuales, de conformidad a lo dispuesto a normas del Código del Trabajo que le son aplicables, Ley 19.464, artículo 4 inciso 1° y Ley 18.883, particularmente su artículo 110 que señala: ”Se entiende por licencia médica el derecho que tiene el funcionario de ausentarse de sus funciones o reducir su jornada de trabajo durante un determinado lapso, con el fin de atender el restablecimiento de su salud, en cumplimiento de una prescripción profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, según corresponda, autorizada por el competente Servicio de Salud o Institución Previsional, en su caso, durante su vigencia el funcionario continuará gozando del total de sus remuneraciones”. No obstante ello y durante los dos años de licencia ininterrumpida, de conformidad a las normas que cita, se le pagó en forma íntegra sus remuneraciones mensuales, hasta septiembre de 2020, mes a partir del cual la Corporación de Desarrollo Social de Buin comenzó a practicar descuentos por concepto de licencias médicas, así en los meses de septiembre y octubre, se le descontó la suma de $ 231.546 - en cada mes-; en los meses de enero y febrero de 2021, se le descontó por concepto de reintegro de licencias médicas, la suma de $269.882 - cada mes- lo que sumado a los otros descuentos practicados, cotizaciones de salud, impuesto 2° categoría, cuota sindical y descuentos voluntarios, excedía el 50% de sus remuneraciones, pero no la dejaban sin el pago de remuneración. Posteriormente, en el mes de marzo de 2021 pagada el día 30 de dicho mes, el total de sus haberes ascendió a $ 954.675 y por los conceptos arriba mencionados, se le habría descontado un total de $ 64.004 y adicionalmente por concepto de reintegro de licencias médicas, se le descontó la suma de $ 890.671, lo que en definitiva la dejaba sin sueldo, siendo el total de descuentos la suma de $954.675, por lo que el líquido a pagar fue de $0, según se advierte de liquidación de sueldo que acompaña.

Agrega que ante ello se comunicó con una funcionaria de la unidad de recursos humanos, quien le informó que en el mes de abril también se repetiría dicha situación, sin liquidación líquida a pagar, y que debería ir personalmente a Coopeuch y Seguros Chilena Consolidada, a pagar dichas cuotas.

A continuación hace presentes los fundamentos de derecho de su acción, en particular el artículo 110 de la Ley 18.883 y Ley 19.464 ya transcrito. Agrega que si bien el artículo 63 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Compin, aprobado por el Decreto Supremo N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud impone al empleador el deber de adoptar las medidas conducentes al inmediato reintegro por parte del trabajador, de las remuneraciones o subsidios por incapacidad laboral, ello sólo tiene lugar cuando tales subsidios han sido indebidamente percibidos por el trabajador. Precisa el término “indebidamente percibidos” el que en su concepto alude a la situación prevista en el Reglamento antes referido. Reitera la continuidad de las licencias presentadas y concluye que “una licencia médica es continuación de otra otorgada con anterioridad, cuando ha sido extendida sin solución de continuidad de la anterior y por el mismo diagnóstico. De esta forma sostiene que - por ello- el plazo para reclamar de la decisión de la COMPIN de la modificación o rechazo de las licencias médicas, se cuenta desde la última renovación, lo que aconteció el 25 de abril de 2021, venciendo por ello el plazo para recurrir a la Superintendencia de Seguridad Social en el mes de octubre de 2021.

Cita en apoyo de su pretensión el Ord N° 5760 de 15 de noviembre de 2015 de la Dirección del Trabajo, que en lo pertinente al presente recurso concluye que: “….. el reembolso en las condiciones que señala, sólo podrá exigirse una vez que se encuentre firme la resolución de rechazo o reducción de la licencia médica, vale decir, una vez agotadas las instancias ante la Superintendencia de Seguridad Social”. De ello colige entonces que un subsidio por incapacidad laboral habrá sido indebidamente percibido por un trabajador, sólo cuando se hayan agotado las instancias de reclamo en contra del rechazo o modificación de una licencia Médica ante la Superintendencia de Seguridad Social, y esta entidad haya confirmado la decisión del COMPIN, o cuando haya transcurrido el plazo para reclamar sin haberlo hecho, y no encontrándose en dichas hipótesis no puede entenderse que haya percibido de manera indebida el referido subsidio por incapacidad laboral. Por ello es que -encontrándose dentro del plazo – no se ajusta a derecho que la Corporación haya efectuado descuentos de sus remuneraciones mensuales por concepto de reintegro de licencias médicas, constituyéndose dicha conducta en ilegal.

Precisa el carácter alimenticio de la remuneración, particularmente el artículo 58 del Código del Trabajo que fijó el monto máximo a descontar de las remuneraciones del trabajador en un 45%. Cita en apoyo de su postura doctrina y Jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema Añade que la ilegalidad y arbitrariedad del actuar de la recurrida deviene de los actos realizados por ésta dado que aún no expira el plazo que la Ley le franquea para reclamar ante la Superintendencia de Seguridad Social en contra de las resoluciones de la COMPIN que rechazaron o modificaron sus licencias médicas y - a la vez es arbitrario - ya que se le han efectuado descuentos de sus remuneraciones sin tope alguno, llegando al extremo de no pagar remuneración alguna en el mes de marzo 2021, existiendo la amenaza que ocurra lo mismo en el mes de abril, lo que se aparta de la racionalidad al desatender el carácter alimenticio de la remuneración, vulnerándose con ello los derechos y garantías constitucionales consagrados en los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, explayándose en cómo se habrían producido éstas lo que ya se expuso en apartados anteriores.

Solicita en mérito de lo expuesto se ordene a la Corporación de Desarrollo Social de Buin, por una parte, cesar en los descuentos practicados a sus remuneraciones por concepto de licencias médicas, mientras no se encuentre afinado el procedimiento de reclamo ante la Superintendencia de Seguridad Social, en contra de las resoluciones de la COMPIN que rechazaron o modificaron sus licencias médicas; y por otra, que se le restituya las sumas descontadas por concepto de licencias médicas en las remuneraciones del mes de marzo de 2021, debidamente reajustadas y todo otro monto que hubiere descontado o descuente por la misma causa durante la tramitación del presente recurso. En subsidio, solicita se ordene a la citada Corporación realizar los descuentos por las licencias médicas rechazadas, conjuntamente con aquellos descuentos convencionales o facultativos que faculta la ley hasta un tope de 45% de la remuneración mensual y así sucesivamente hasta el entero pago de lo adeudado y restituirle, además, las sumas descontadas en exceso de la remuneración del mes de marzo 2021.

Segundo: Que, informando la recurrida – primer informe - Corporación de Desarrollo Social de Buin, refiere los descuentos realizados a la actora nombre reservado por concepto de licencias médicas, los que se realizaron entre los meses de septiembre de 2020 a abril de 2021, con indicación del número de licencia, valor y monto descontado, cuyo desglose es el siguiente:

- en el mes de agosto de 2020, se le descontó cuatro licencias médicas rechazadas N° 333621639, 334796467, 367205414 y 38379305, las que suman un total de $ 3.040.037, de los cuales sólo se descontaron $ 278.881.

- en el mes de septiembre de 2020 se le descontó el 50% de la licencia médica rechazada N° 40317686, es decir $ 231.546.

- en el mes de octubre se descontó el 50% de la licencia médica rechazada N° 40317686, es decir $231.546.

- en los meses de noviembre y diciembre de 2020 no se realizó descuento a la recurrente.

- en el mes de enero de 2021 se descontó la licencia médica rechazada N° 4410367 de un monto a descontar de $ 741.968, sólo se descontó $ 269.882.

- en el mes de febrero de 2021 se descontó de la licencia médica rechazada N° 4595008 de un monto de $ 741.968, se descontó sólo $ 269.882.

- en el mes de marzo de 2021 se descontó de la licencia médica rechazada N° 46922205 por un monto de $ 839.779 y la licencia médica rechazada N°4595008 por un monto de $50.892.

- en el mes de abril de 2021 se descontó la licencia médica rechazada N° 47743503 de un monto a descontar de $ 779.521, solo se descontó $ 755.514.

Expone finalmente en este primer informe, que los montos por las aludidas licencias, sus valores ascienden a $ 6.885.246, realizándose descuentos por un monto de $ 2.927.922.

Luego, en un segundo informe solicitado por esta Corte, realiza un detallado listado de todas las licencias presentadas por la recurrente. N° de licencia, fecha de inicio, término, tipo de licencia, situación administrativa, las que van desde el 12 de mayo de 2016, siendo la última de fecha 25 de mayo de 2021, no todas continuas, observándose en el recuadro “estado de pago” 27 autorizadas y pagadas a la fecha; 4 no apeladas y descontadas, correspondientes a los meses de octubre, noviembre, diciembre 2020 y 2021 y enero de 2021; dos apeladas desde el 23 de febrero de 2021 al 23 de abril de 2021; y dos en trámite desde el 19 de mayo al 28 de mayo de 2021, encontrándose las dos apeladas y las dos en trámite igualmente pagadas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, según lo ha sostenido reiteradamente nuestra Corte Suprema, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Es decir, se trata de una acción de urgencia, cautelar, que tiene como objetivo la tutela de derechos fundamentales y garantías constitucionales frente a ciertas acciones u omisiones que los lesionen, o afecten, mediante la adopción de medidas para obtener el pronto restablecimiento del derecho. Si bien el artículo 20 de la Constitución Política señala que el recurso de protección es sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes, el mismo artículo previamente establece este recurso para los casos de vulneración de los derechos que señala, con la finalidad de que las Cortes adopten de inmediato las medidas que estimen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. Es decir, la norma constitucional establece un recurso que permite a las Cortes de Apelaciones adoptar una solución rápida, urgente, para casos tan graves como la vulneración de derechos constitucionales, lo que desde luego importa que no puede esperarse entonces la tramitación de un proceso ante el derecho común para restablecer el imperio del derecho. Por ello la significación de la expresión “sin perjuicio de otros derechos”, importa que la interposición del recurso no obsta a la interposición de acciones en los procedimientos que la ley establece, siempre y cuando exista una situación urgente que amerite el pronto restablecimiento del derecho. Es justamente por ello que la sentencia que se dicte en el recurso de protección solo produce cosa juzgada formal, y no material.

Cuarto: Que como queda en evidencia de los antecedentes aportados en informes de la recurrida, así como en estos estrados, no es posible advertir que a lo recurrente se le hayan vulnerado sus derechos por un actuar ilegal o arbitrario de la recurrida, ya que como se analizó, desde el año 2016 hasta el 25 de octubre de 2020 todas las licencias aparecen pagadas a esta, y las que fueron apeladas, igualmente le fueron pagadas. Las que si le fueron descontadas, 4, no fueron apeladas y las que se encuentran en trámite o apeladas, se encuentran pagadas. En lo concerniente a las licencias N°504368467 y 48907881 que cubren el mes de marzo de 2021, figuran, a la fecha pagadas, por lo que a este respecto el presente recurso ha perdido oportunidad.

Quinto: De esta forma y no habiendo la debida precisión en el recurso intentado, teniendo presente además que de los informes aportados, se aprecia en primer término, que no todas las licencias tienen el carácter de continuas, lo que eventualmente podría afectar el cómputo de los plazos para su reclamo, que no obstante aquello, las descontadas lo fueron con apego a la legalidad –autorizadas o apeladas, no apeladas o en trámite - habiendo recurrido a la vía administrativa- órgano competente COMPIN y Superintendencia de Seguridad Social, los que han emitido o emitirán los pronunciamientos pertinentes, encontrándose finalmente pagadas las dos últimas apeladas o en trámite según se dijo de manera que no se advierte ilegalidad o arbitrariedad en la recurrida. Así entonces, el recurso de protección ha perdido oportunidad a la luz de los antecedentes tenidos a la vista, de manera que la acción tutelar interpuesta no puede prosperar.

Y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Corporación de desarrollo Social de Buin.

Regístrese y archívese en su oportunidad Rol N° 618-2021-PROT.

Redactada por la Fiscal Judicial nombre reservado.

Pronunciada por la Tercera Sala integrada por los Ministros señora María Soledad Espina Otero, señor Marcelo Ovalle Bazán (S) y la Fiscal Judicial señora nombre reservado. No firma el Sr. nombre reservado, no obstante que concurrió a la vista y posterior acuerdo de la causa, por haber terminado su periodo de suplencia.