nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR

San Miguel, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña nombre reservado, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, para deducir recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Peñaflor, representada por su Alcalde don Nibaldo Meza Garfia, ambos domiciliados en domicilio reservado, de la misma comuna, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la dictación del Decreto Alcaldicio Nº 4853 de 30 de noviembre de 2021, mediante el cual se dispuso la no renovación de su contrata para el año 2022.

Señala que fue contratada por la recurrida en calidad de suplente grado 10, escalafón técnico el 23 de noviembre de 2018. Luego, el 18 de enero de 2019 se le nombró en calidad de contrata, asimilado a planta profesional, grado 9, para cumplir funciones como tasadora de bienes raíces en la Dirección de Administración y Finanzas, nombramiento vigente desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre del mismo año. Posteriormente, el 22 de enero de 2020 se renovó su nombramiento en calidad a “contrata”, nombramiento vigente desde el 1 de enero de 2020 hasta el 30 de abril del mismo año. Finalmente, el 16 de junio de 2020 su contrata fue renovada hasta el 31 de diciembre de 2021.

Sostiene que ingresó mediante concurso público a cubrir el cargo de Tasador para la Oficina de Convenio Municipal del Servicio de Impuestos Internos. Da cuenta de las funciones que debía cumplir y sus responsabilidades, mencionando que en la actualidad nadie en el municipio recurrido cuenta con las autorizaciones del servicio para ejecutar la labor de tasador, por lo que con su salida la Oficina de Convenio Municipal, se encuentra cerrada.

Agrega que fue calificada en Lista 1, que los contribuyentes siempre le agradecen la calidad de su trabajo, jamás se ha ausentado a su trabajo sin motivo justificado; y, que en agosto del año recién pasado comenzó a cursar el diplomado de “Planificación del Desarrollo social y Territorial”, enfocado en la gestión municipal, el que ya aprobó.

Refiere que el 11/11/2020, presentó su candidatura para postular a un cargo directivo en la Asociación de Funcionarios Nº 1, lo que considera fue un factor relevante en la decisión de no renovar su contrata. Detalla los hitos de su postulación, destacando que el día 3 de diciembre de 2020 apareció un rayado en el muro que contenía ofensas en su contra y que no le fueron entregadas las grabaciones de la cámara de seguridad para constatar quién lo había realizado. Sostiene que, según fuentes extraoficiales, habría sido la secretaria del Alcalde.

Manifiesta que el 4 de diciembre pasado fue informada verbalmente del término de su contrata por la Sra. nombre reservado, quien le indicó que solo trabajaría hasta el 31 de diciembre de 2020. Sostiene que recién el 22 de diciembre tomó conocimiento del Decreto Alcaldicio Nº 2549 de 30 de noviembre de 2020 mediante el cual se dispuso la no renovación de su contrata para el año 2021, el que carece de motivación, aludiendo formalmente a una reestructuración.

Indica que presentó recurso de protección Rol 10839-2020 ante esta ilustrísima Corte, el que fue acogido y confirmado por la Excelentísima Corte Suprema, ordenando su reincorporación y el pago de remuneraciones durante el tiempo de separación. Así, se reincorporó a sus funciones el 11 de junio de 2021.

Señala que a partir del 14 de junio se presentaron irregularidades en su registro de asistencia, percatándose de que habían eliminado del registro diario algunos ingresos, salidas y que incluso en algunos días aparecía como inasistente. Pidió el libro físico de registro de asistencia, el que le fue negado. Señala que aquello fue el comienzo de malos tratos, acosos laborales y problemas con la autoridad, por lo que ahora tiene diagnosticada una enfermedad laboral.

Agrega que al día siguiente sufrió un accidente en el trayecto al trabajo, quedado con fractura de hueso del tarso, lo que la tuvo 2 meses sin poder caminar y 4 meses con reposo laboral. Menciona que el día 02/11/2021 regresó a su puesto de trabajo, reincorporándose a sus funciones de Tasadora. Explica que ese mismo día tomó conocimiento que el 20 de julio de 2021 mediante oficio 767/38, el Alcalde solicitó el término unilateral del convenio con el Servicio de Impuestos Internos por diversos motivos, razón por la cual, además, no podía acceder a su perfil en el sitio de SII y, por ende, no podía tramitar las solicitudes.

Manifiesta que durante el periodo que pudo asistir a su lugar de trabajo, se realizó de manera irregular la elección de directiva de la asociación de funcionarios N 1, proceso que estaba inconcluso desde su desvinculación. Sostiene ello fue el detonante de la no renovación de su contrata entonces y que presentó una reclamación ante el primer tribunal electoral, que aún está en trámite.

Arguye que se dio la instrucción de que nadie le hablara y que a su almuerzo de celebración de cumpleaños no asistió ninguna jefatura y a los pocos que si asistieron se les llamó la atención.

En ese contexto, reseña que se le diagnosticó neurosis por maltrato laboral y se le extendió licencia médica desde el 15 de diciembre (sic) de 2021 por 30 días. La ACH extendió orden de reposo hasta el día 7 de diciembre de 2021, a la espera de resolución del comité médico.

Refiere que el 03/12/2021 recibió en su correo institucional el Decreto Alcaldicio Nº 4853 de 30 de noviembre de 2021, que contenía la decisión de no renovar su contrata para el año 2022, del que tomó conocimiento el 09/12/2021. Sostiene que dicha resolución es vaga, imprecisa y no está debidamente fundamentada.

Detalla que durante el ejercicio de sus funciones ha sido calificada en Lista 1, sin anotaciones de demerito ni afecta a un sumario administrativo. Añade que las renovaciones de contrato son de más de 2 años consecutivos, por lo que se encuentra protegida por el principio de confianza legítima. Explica que el término del convenio de colaboración entre el Municipio y el SII, además de aducir a un tema presupuestario general, no constituye una fundamentación suficiente.

Invoca el principio de confianza legítima y asevera la arbitrariedad e injusticia de la decisión de no renovación, advirtiendo que el carácter transitorio del empleo a contrata no puede entenderse como sinónimo de inestable o precario; y, que el municipio ha vulnerado el deber de fundamentación que pesa sobre aquel, de conformidad lo dispone el artículo 11 de la Ley 19.880.

Advierte que la recurrida vulnera el derecho de igualdad ante la ley, al poner término a su vínculo contractual por motivos discriminatorios y en un proceso ilegítimo, incurriendo en desigualdad de trato en relación con otros funcionarios cuya contrata ha sido prorrogada. Señala que además, se vulnera la libertad de trabajo y el derecho a la propiedad, en relación a la estabilidad en el empleo.

Pide se acoja el recurso, declarando ilegal y/o arbitrario el Decreto Alcaldicio Nº 4853 de 30 de noviembre de 2021, disponiéndose la renovación de su contrata para el año 2022, la reincorporación a sus funciones y el pago de sus remuneraciones y cotizaciones previsionales desde el momento en que se produce la separación hasta su efectiva reincorporación, declarando, además, que la renovación de su contrata es de carácter indefinida, con costas.

Segundo: Que informa al tenor del recurso el abogado don Víctor Jesam Torres, por la recurrida, Ilustre Municipalidad de Peñaflor, solicitando su rechazo. Primero alega la excepción de cosa juzgada, toda vez que la recurrente se refiere, desde la página 3 hasta la 19 de su libelo, a asuntos que ya fueron objeto del recurso de protección Rol 10839-2020, el que fue acogido y confirmando por la Excma. Corte Suprema, fallos que se encuentran ejecutoriados. En subsidio, opone la excepción de prescripción respecto de lo señalado entre las páginas 3 y 19 del recurso, toda vez que se refieren a hechos acaecidos durante el año 2020. En subsidio de ambas, solicita se tenga por no presentado el recurso desde la página 3 a la 19.

En cuanto al fondo, manifiesta que en su calidad de director de Asesoría Jurídica del municipio, redactó el decreto de reincorporación de la señora nombre reservado y, asimismo, quien, personalmente, se encargó de que ella fuese reubicada. Agrega que la supuesta “enfermedad laboral”, a la que se refiere la recurrente, no es tal ya que fue calificada por la Chilena de Seguridad, como enfermedad común. Niega irregularidades en el registro de asistencia de la recurrente y señala que lamenta el accidente de trayecto sufrido por ella, reconociendo que efectivamente estuvo 130 días con licencia médica. Sostiene que no es efectivo que el decreto impugnado señale que alguien más desempeñara las labores de la recurrente y afirma que éste se encuentra debidamente fundado.

Advierte que la causa que motivó la contratación de la recurrente corresponde al cumplimiento de funciones no esenciales del municipio y es, entonces, una función discrecional; que el municipio superó el estándar de motivación al informar de forma precisa a su contraparte, el Servicio de Impuestos Internos, los fundamentos del término del convenio. Así, en su cláusula novena, el convenio con el Servicio de Impuestos Internos solo exigía para ponerle término al convenio, la comunicación de la intención de poner término con 30 días de anticipación, pero tal como consta en el oficio número 787, de 20/07/ 2021, allí se expresan las razones precisas que motivaron la decisión.

Asimismo, advierte que en el Decreto Nº 4853 de 2021 se expresó idéntica motivación y la causa precisa de la no renovación de la contrata, expresando razones presupuestarias y que el término del convenio suprimió la causa que motivó la contratación de la recurrente. Invoca los principios de eficiencia, eficacia y de la propiedad administrativa y las finalidades del municipio, enfatizando que no constituyen una “bolsa de empleo”.

Concluye que no existe acto arbitrario o ilegal por parte del municipio que vulnere los derechos de la recurrente y que el recurso de protección no es la vía idónea para discutir el asunto, toda vez que no existe derecho indubitado alguno.

Tercero: Que de conformidad a lo que consagra el artículo 20 de la Constitución Política de la República, la acción cautelar de protección constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes consagrados en la Carta Fundamental, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Cuarto: Que corresponde determinar la ilegalidad o arbitrariedad del Decreto Alcaldicio N°4853 de 30/11/2021 dictado por don Nibaldo Meza Garfia alcalde de la municipalidad de Peñaflor que dispuso la no renovación del vínculo a contrata de la funcionaria recurrente de protección.

I. En cuanto a las alegaciones formales Quinto: Que corresponde traer a colación el hecho de que la interposición y posterior tramitación de la presente acción constitucional, es desformalizada. De ello se sigue que alusiones de contexto a otro recurso de protección, transcribiendo partes de éste, en caso alguno procede entender que exista cosa juzgada, prescripción o disponer que se tenga por no presentado el recurso en dicha parte, razón por lo que, por este capítulo, el recurso no puede prosperar.

II. En cuanto al fondo Sexto: Que conviene tener presente que no se discute la siguiente base fáctica:

a) La recurrente doña nombre reservado se desempeñó desde el 05/11/2018 y hasta el 31/12/2018 en la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Peñaflor para cumplir funciones como suplente;

b) Enseguida, fue nombrada en calidad de contrata para cumplir funciones como tasadora de bienes raíces en esa misma Dirección, desde el 01/01/2019 y el 31/06/2019; y desde el 01/07/2019 hasta el 31/12/2019, en virtud de sendos decretos alcaldicios;

c) Luego, en esos mismos términos, desde 01/01/2020 al 30/04/2020 y desde el 01/05/2020 hasta el 31/12/2020;

d) Finalmente, bajo la misma modalidad, se desempeñó desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021 en calidad de contrata grado 9° Escalafón Profesional, cumpliendo funciones en actualización de catastro del Servicio de Impuestos Internos de Peñaflor, atención de público y la entrega de avalúo fiscal detallado dependiendo de la Dirección de Obras Municipales; y, e) Asimismo, corresponde consignar que en virtud de la sentencia de la Excma. Corte Suprema de 07/05/2021, confirmó aquella otra dictada por esta Corte de 19/04/2021 que acogió el recurso de protección de la misma recurrente, dejando sin efecto el Decreto Alcaldicio N°2549 de 30/11/2020 que había dispuso, en dicha oportunidad, la no renovación de su contrata para el año 2021, ordenando la reincorporación a sus funciones, en síntesis, por no encontrarse debidamente fundado.

Séptimo: Que establecido lo anterior, teniendo presente que el acto impugnado por esta vía, según se adelantó es aquél contenido en el Decreto Alcaldicio N° 4853 de 30/11/2021 que dispuso la no renovación de la contrata de la recurrente para el año 2022, corresponde analizar la existencia de una motivación en dicha decisión, desde que no se desconocen las facultades de la autoridad recurrida.

Octavo: Que, en efecto, de conformidad a lo previsto en los artículos 11 y 41 de la Ley 19.880, es requisito de todo acto administrativo, la fundamentación del mismo, de manera de que sus razonamientos permitan llegar de forma lógica a la decisión allí contenida. En el presente caso, básicamente. se consigna en el impugnado acto administrativo que para implementar el Convenio Municipal suscrito el 01/06/2018 con el Servicio de Impuestos Internos, se contrataron los servicios de la recurrente, el cual tenía como objeto la actualización y mantención del catastro de bienes raíces de Peñaflor; que el 20/07/2021 se comunicó al Servicio de Impuestos Internos el término del referido Acuerdo de Colaboración, de conformidad a lo pactado en su cláusula 9ª por la disminución de ingresos que afecta el presupuesto edilicio, por lo que los servicios prestados por la recurrente dejaron de ser necesarios.

Noveno: Que de lo que se viene razonando, resulta que en la dictación del Decreto impugnado, no se incurrió en ilegalidad ni arbitrariedad alguna desde que se ello se verificó en virtud de las atribuciones que tiene el alcalde según lo que contempla el artículo 63 letra c) de la Ley Orgánica de Municipalidades y se encuentra debidamente motivado, por lo que la presente acción no puede prosperar.

Y, de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto acordado sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto por nombre reservado.

Redacción de la ministra Sra. Catepillán.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 6121-2021 Protección.

Pronunciada por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel integrada con los Ministros Sra. M. Carolina Catepillán Lobos, Sr. Luis Sepúlveda Coronado y Sra. Celia Catalán Romero.

Se deja constancia que no firma el Ministro Sr. Luis Sepúlveda Coronado no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo, por encontrarse ausente.