Protección contra Ilustre Municipalidad de San José de Maipo

Fojas 103/ciento tres San Miguel, veintidós de octubre de dos mil quince.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que a fojas 39 comparece doña Ana Valdivia Moncada, abogada, en representación de doña nombre reservado y de don nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de San José de Maipo, representada legalmente por su alcalde don Luis Hernán Pezoa Álvarez.

Expone que sus mandantes son arrendatarios de una porción predial del inmueble denominado “Camping Municipal” desde el 29 de octubre de 2012, desarrollando allí su actividad económica relativa a camping, y la recurrida está ejecutando trabajos en horarios que interrumpen su actividad, además de afectar la vida privada de estos, considerando que la señora nombre reservado vive en el mismo predio.

Agrega que los perjuicios se manifiestan por el ingreso de camiones que obstaculizan la entrada de los visitantes al camping, como, asimismo, al no existir persona alguna que se responsabilice por los destrozos o pérdidas que sucedan en el camping, señalando que ya se han verificado robos, daños en vehículos de los visitantes producto de las máquinas que realizan los trabajos, atropellos a personas, etc. Asimismo, indica que la recurrida instaló en forma arbitraria un container y baños químicos al lado de las mesas que el público utiliza y que los trabajos se inician muy temprano y se extienden hasta altas horas de la noche.

Indica que sus representados no se oponen a que las construcciones se realicen, siempre que se lleven a efecto en horarios que no interrumpan ni perjudique su actividad, más si existe una segunda entrada al camping, por la que perfectamente podrían ingresar los camiones e instalar el container y baño químico sin afectar a los recurrentes.

En relación con el contrato de arrendamiento, manifiesta que éste se suscribió por escritura pública con fecha 29 de octubre de 2012, entre sus mandantes como arrendatarios y don nombre reservado en calidad de arrendador y dueño del predio, sin embargo, informalmente, mediante un correo electrónico, se informó a sus representados que el señor nombre reservado ya no es el dueño del inmueble y que la Municipalidad es la actual propietaria, y que en el contrato vigente, que es el celebrado con el antiguo propietario del inmueble, se autoriza expresamente a ejecutar las obras, pero ello no obsta que ellas se lleven a efecto en horarios que no dificulten la actividad económica de sus representados.

Manifiesta que con el actuar de la recurrida se han vulnerado sus garantías constitucionales contenidas en el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República, relativa al derecho a desarrollar cualquier actividad económica; en el numeral 24 del citado artículo, derecho de propiedad, y en el numeral 16 de la misma disposición, referido al derecho de la libertad de trabajo.

Finalmente, solicita se restablezca el imperio del derecho y, al efecto, se le fije hora a la recurrida para la realización de los trabajos, así como lo que esta Corte determine de acuerdo al mérito de autos, para asegurar los derechos y garantías de los recurrentes.

Segundo: Que, a fojas 85, informa don Mauricio Estrada Hormazábal, abogado, en representación de la recurrida, quien solicita sea rechazado el presente recurso de protección en todas sus partes.

En primer término, explica en detalle la situación contractual de las partes, indicando que es efectivo que el contrato de arriendo a que hace alusión la recurrente fue suscrito con fecha 29 de octubre de 2012, entre don nombre reservado, como arrendador, y doña nombre reservado, como arrendataria, y don nombre reservado, como coarrendatario y codeudor solidario, siendo a la época dueño del inmueble el señor nombre reservado, indicándose que el canon de arriendo ascendería a la suma de $15.000.000 anuales, pagadera en tres cuotas, dos de las cuales debían pagarse los últimos días hábiles de los meses de enero y abril de cada año, estipulándose como plazo de duración del contrato, el de cinco años renovables si ninguno de los contratantes manifestare su voluntad de ponerle término anticipadamente. Sin embrago, indica que con fecha 14 de enero de 2014, mediante escritura pública, la Ilustre Municipalidad de San José de Maipo celebró un contrato de compraventa con el señor nombre reservado, por el cual la primera adquirió el inmueble singularizado, efectuándose la inscripción conservatoria el 4 de abril de 2014.

Añade que en virtud de que el contrato de arrendamiento entre los recurrentes y el señor nombre reservado fue celebrado por escritura pública, a la luz de lo que dispone el artículo 1962 del Código Civil, la Municipalidad se encontraba obligada a respetarlo y esperar la expiración del plazo convenido para su término, salvo que la arrendataria incurra en contravenciones al contrato de arrendamiento, y justamente ello ocurrió en el caso de autos, ya que revisados los ingresos de la Municipalidad hasta el 31 de diciembre de 2014, no se registró ningún pago efectuado por los recurrentes con imputación a las rentas pendientes del año 2015, motivo por el cual se resolvió poner término al contrato de arrendamiento, por no pago de rentas. Es por ello, expresa, que se inició un juicio en el Primer Juzgado Civil de Puente Alto, actualmente en tramitación, caratulado “Ilustre Municipalidad de San José de Maipo con nombre reservado”, Rol N° C-6415-2015.

Respecto a las faenas que se ejecutan en el inmueble en que se encuentra emplazado en una parte el “camping municipal”, indica que corresponden a la construcción de infraestructura de agua potable y alcantarillado para el pueblo de San José de Maipo. Señala que el Gobierno Regional tiene la calidad de mandante de la obra y la Municipalidad será la Unidad Técnica y en la licitación pública pertinente se adjudicó la referida obra a la empresa Ingeniería y Construcción Puerto Principal S.A., empresa que comenzó sus faenas en septiembre del año en curso, haciendo presente que quienes se desempeñan en las faenas no son funcionarios municipales, sino que se vinculan con la contratista, limitándose la Municipalidad a requerir a la empresa contratista que cumpla con la legislación laboral y previsional; por lo cual no es la Municipalidad quien fija o impone los horarios para la ejecución de las faenas, careciendo entonces de legitimación pasiva.

En subsidio de lo anterior, solicita se declare la improcedencia de la acción de protección, toda vez que por aplicación de la regla de especialidad, debió interponerse un reclamo de ilegalidad municipal, acción especialísima que tiene por objeto precisamente la legalidad dentro de los municipios.

En subsidio de lo recientemente señalado, manifiesta que no existe acto arbitrario o ilegal de parte de la Municipalidad que afecte los derechos y garantías de los recurrentes, por cuanto estos hacen consistir el acto arbitrario en “no respetar el contrato de arriendo, en el sentido de establecer un horario de entrada y término” del trabajo que se realiza, y sobre ello ya se expuso latamente en cuanto a que las obras fueron licitadas, por lo que el horario de las faenas se fijan por la contratista. Por lo demás, agrega, que la recurrente no ha cumplido su obligación de pagar los derechos de su patente municipal, por lo que de acuerdo al Decreto Ley N° 3063 Ley de Rentas Municipales, no podría funcionar.

Tercero: Que, en estrado, intervino sólo la abogada de la recurrente, doña Ana Valdivia Moncada, quien señaló a esta Corte que hace aproximadamente dos semanas su parte llegó a un acuerdo con la empresa Ingeniería y Construcción Puerto Principal S.A., que está desarrollando las faenas que motivaron la presente acción constitucional, conviniendo horarios de trabajos y entrada de camiones, a satisfacción de los actores, por lo que los hechos en que fundan su reclamo no subsisten en la actualidad.

Cuarto: Que, de lo señalado en el basamento anterior, se deduce que el presente recurso de protección ha perdido oportunidad, motivo suficiente para desestimarlo.

Quinto: Que sin perjuicio de lo indicado precedentemente, es del caso precisar que el autor de los actos que motivaron la presente acción constitucional –y que fueron subsanados en virtud del acuerdo antes descrito- es la empresa contratista Ingeniería y Construcción Puerto Principal S.A. y no la Ilustre Municipalidad de San José de Maipo, por lo que esta última carece de legitimidad pasiva en el caso sub lite, argumento adicional para rechazar el recurso en análisis.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales de 24 de junio de 1992, SE RECHAZA la acción constitucional planteada a fojas 39 por doña Ana Valdivia Moncada, en representación de doña nombre reservado y don nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de San José de Maipo.

Redacción del Abogado Integrante señor Adelio Misseroni Raddatz.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° 610-2015 Prot.

Pronunciada por la Sexta Sala de esta Corte integrada por las Ministras señora Inés Martínez Henríquez y señora María Stella Elgarrista Álvarez, y por el Abogado Integrante señor Adelio Misseroni Raddatz.

San Miguel, veintidós de octubre de dos mil quince, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.