Protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana por los descuentos que é

San Miguel, a uno de junio de dos mil veinte.

Vistos:

Comparece nombre reservado quien recurre de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana por los descuentos que ésta ha practicado en sus remuneraciones de los meses que indica, acto arbitrario e ilegal que considera vulnera las garantías consagradas en los numerales 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expresa que al recibir el pago de su remuneración de diciembre de 2019, constató que se produjo un descuento por “Préstamo CCAF La Araucana” correspondiente a la suma de $52.922, en circunstancias que no tiene crédito vigente con dicha entidad. Luego de averiguar, supo que CCAF La Araucana solicitó a su actual empleador, Servicios Logísticos SpA, descontar de su remuneración mensual la suma mencionada. De acuerdo con lo informado por el área de remuneraciones, los descuentos obedecerían a cuotas correspondientes a créditos antiguos, los que habrían sido suscritos el año 2006 con la Caja de Compensación La Araucana, no siendo descontados en su oportunidad y encontrándose actualmente prescritos.

Expone que no ha sido notificada del cobro de la supuesta deuda, ni tampoco fue advertida por la Caja de Compensación Los Andes con un tiempo previo prudente del descuento por cuenta de un tercero. Señala que la actuación de la recurrida es arbitraria e ilegal, y ha vulnerado el derecho de propiedad sobre su remuneración. Indica que el artículo 54 del Código del Trabajo garantiza la certidumbre del trabajador, y que el artículo 58 del mismo cuerpo legal enumera taxativamente cuales son los descuentos que se pueden realizar, disposición que no contempla los créditos de terceros ni menos los que no corresponden a la caja o entidad que los recauda.

Explica que aparentemente lo ocurrido es que se ha actuado bajo el amparo del “Proyecto Intercaja”, convenio entre cajas de compensación de carácter colusivo e ilegal. Esgrime que el actuar de la recurrida es doloso, ya que 67ytg7tiene pleno conocimiento que este proceder ha sido declarado ilegal por parte de la Corte Suprema.

Finalmente solicita que se acoja el presente recurso, ordenando a la recurrida devolver dentro de tercero día las sumas de dinero descontadas y abstenerse de solicitar a su actual empleador la retención y descuentos en su remuneración mensual, con costas.

Que comparece doña Yasna Vukic, abogada, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, quien informa al tenor del recurso.

Previa reseña de la naturaleza de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (CCAF) y su marco regulatorio, indica que el 15 de abril de 2013 las CCAF celebraron un contrato de mandato y prestación de servicios denominado “Proyecto InterCajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar”, que tiene por objeto que la Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información esencial y necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas, y permitirle acordar con la Caja a la cual se ha incorporado dicho deudor, la recaudación de las cuotas debidas por el crédito social moroso, efectuándose el descuento por otra caja de compensación. Expone que dicho convenio ha sido acordado conforme a lo dispuesto en el artículo N° 7 de la Ley N° 18.833, y que además es parte la Asociación Gremial de Cajas de Compensación de Asignación Familiar. Añade que los descuentos practicados en una liquidación de remuneraciones tienen asidero en el artículo 22 de la Ley N° 18,833 y en el artículo 22 de la Ley N° 17.322. A su vez, hace presente que las facultades que tienen las CCAF para ordenar a los empleadores los descuentos de las cuotas impagas se ajustan a lo dispuesto por el artículo 58 del Código del Trabajo.

Informa que el 12 de diciembre de 2006 la afiliada señora nombre reservado solicitó un crédito social por la suma de $2.540.256 incluido interés, reajuste y seguro, pactado en 48 cuotas mensuales, iguales y sucesivas cada una de $52.922. Al inicio de la relación contractual, la recurrente cumplió de manera irregular su obligación, en efecto, se recibieron remesas de su empleador Transtécnica S.A. durante los meses de febrero, marzo, abril de 2007 y posteriormente junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, descuentos que sirvieron para el pago de 10 cuotas, no recibiendo más pagos hasta septiembre de 2018, mes donde se recibe un descuento de $33.734, figurando, en consecuencia que la señora nombre reservado se encuentra en mora a partir de la cuota N° 11, hasta el mes de febrero de 2019, en que figuran en forma continua descuentos parciales durante unos meses y completos en otros, los que se han aplicado para el pago de 23 cuotas, existiendo a la fecha 25 cuotas pendientes.

Refiere que el 7 de febrero de 2019 la recurrente interpuso un reclamo en el SERNAC producto del descuento sufrido en su remuneración de dicho mes. Éste fue contestado por su representada el 12 de febrero del mismo año. Posteriormente, el 9 de marzo de 2019 la recurrente presentó otra acción ante la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), la que fue resuelta por resolución de 20 de mayo de 2019. En dicha oportunidad, el organismo fiscalizador dictaminó que la prescripción del crédito debe ser resuelta por un tribunal competente, y en caso de disponer con documentación que respalde el pago de las cuotas, este debe ser presentado ante la misma CCAF.

Esgrime que de la celebración de un contrato surgen obligaciones para las partes, las que pueden ser cobradas como en derecho corresponde mientras no se declare su prescripción por parte de los tribunales de justicia. Señala que en la solicitud de crédito de la recurrente consta su autorización para practicar el descuento de las cuotas a su actual y futuros empleadores. En consecuencia, la recurrente no puede indicar que no tiene crédito alguno vigente con su representada, por cuanto los descuentos fueron de su conocimiento al recibir las respectivas remuneraciones por parte de su actual empleador Servicios Logísticos S.A. desde febrero de 2019. Indica que además, es imposible que el descuento indicado por la recurrente en su remuneración del mes de diciembre de 2019 haya sido efectuado sin su consentimiento previo, atendido que los mismos se han practicado desde febrero de 2019 en adelante.

Indica que en el procedimiento seguido ante el SERNAC, su representada le otorgó a la actora la posibilidad de regularizar su deuda.

Esgrime que la CCAF no ha privado, perturbado o amenazados las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, por cuanto en la especie no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del deudor. En el caso de marras no se ha declarado la prescripción de la acción cambiaria ni de aquella que emana del muto. Sostiene que la prescripción esta tratada en el artículo 2492 del Código Civil, y ésta debe ser alegada y declarada judicialmente, no operando de pleno derecho como pretende hacerlo la recurrente. Cita jurisprudencia al efecto.

Explica que una vez detectado a quien mantiene una deuda vigente con su representada, ya sea en calidad de deudor principal o codeudor solidario, su deuda se incorpora en la nómica de cobranza respectiva, situación que en este caso se hizo efectiva en el año 2018, 2019 y 2020, con la particularidad de que el descuento se hizo por un tercero, CCAF Los Andes producto del sistema de Intercajas, procurando cumplir con el mandato legal impuesto a las mismas, a saber, proteger el fondo social, mediante la recuperación de un crédito por la vía establecida para ello, esto es, el descuento de lo debido a través de las remuneraciones del deudor. Finalmente solicita el rechazo de la acción incoada.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

1°) Que la acción de protección contenida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República debe ser ejercida ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales que provoquen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías a que dicha norma se refiere, para que en su caso, se adopten las providencias necesarias en el restablecimiento del imperio del derecho, asegurándose la debida protección del perjudicado. De lo que se sigue, que se trata de un procedimiento extraordinario, de emergencia, cuyo objetivo es remediar pronta y eficazmente los efectos lesivos de un actuar ostensiblemente contrario al ordenamiento jurídico o carente de fundamento o caprichoso, reparándose así el amago provocado a derechos o prerrogativas derivadas de situaciones ciertas y definidas y, por ello, con resguardo constitucional preferente. Todo ello sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante la autoridad o los Tribunales correspondientes.

2°) Que en la especie el acto que se estima ilegal y arbitrario es el descuento efectuado por la CC La Araucana a través de un tercero, esto es, la CC Los Andes, de cuotas de un préstamo otorgado en el año 2006 por la suma de $2.540.256 incluido interés, reajuste y seguro, pactado en 48 cuotas mensuales, iguales y sucesivas cada una de $52.922, las que a la fecha se encuentran prescritas y no se ha iniciado acción para el cobro de las mismas. Tales descuentos, conforme lo expone la recurrida, sirvieron para el pago parcial del crédito, existiendo a la fecha 25 cuotas pendientes.

3°) Que el artículo 22 de la Ley N°18.833 dispone que, “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”. A su turno el artículo 22 de la ley 17.322 sobre Cobro de Cotizaciones Previsionales, prescribe que: “Los empleadores, como asimismo sus representantes legales, mandatarios y trabajadores que, por cuenta de ellos descuenten de las remuneraciones de sus trabajadores cualquiera suma a título de cotizaciones, aportes o dividendos de las obligaciones de éstos a favor de las instituciones de seguridad social, estarán obligados a declarar y a enterar esos descuentos y sus propias imposiciones y aportes dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones”

4°) Que la recurrida reconociendo el descuento en los términos planteados en la acción constitucional, afirma que en el caso de autos, el cobro del crédito social fue requerido por la Caja de Compensación Los Andes, a su nombre, en virtud del convenio que se celebró entre varia Cajas de Compensación para la ubicación y cobro de las deudas morosas, no obstante, no acredita la existencia de tal convenio, los términos del mismo, ni que en el fuera parte La Caja de Compensación Loa Andes que habría actuado, en consecuencia como diputada para el pago.

5°) Que lo anterior resulta importante por cuanto se desconocen las formalidades con que se celebró dicho convenio y en consecuencia, si debió o no ser notificado previamente al deudor al tenor de lo dispuesto en el artículo 1580 del Código Civil, lo que torna su actuación en ilegal y arbitraria al hacer un uso extensivo de la potestad unilateral prevista en el artículo 22 de la ley 18.883 6°) Por otra parte, así lo ha sostenido la Excma. Corte Suprema en el ingreso de dicha Corte N° 18930-2018 en el que expuso: “Segundo: Que las Cajas de Compensación están obligadas, al menos, a dar noticias e información previas de sus determinaciones al afectado, tras el transcurso de un extenso tiempo, como el que sucede en la especie, entre la exigibilidad de la obligación y su cobro, y no actuar de improviso haciendo uso de una potestad unilateral consignada en la Ley N° 18.833, de 26 de septiembre de 1989, que Establece el Estatuto Legal para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (C.C.A.F.). Más todavía cuando, como en la especie, se ha perseguido judicialmente el pago de la obligación. Tercero: Que las Cajas de Compensación, como todo grupo intermedio prestador de un servicio público, están subordinadas a la Constitución Política de la República, a la ley y a las disposiciones dictadas conforme a ella. De allí surge el principio de igualdad ante la ley, que importa la interdicción de la arbitrariedad, de modo que el ejercicio de esa función pública debe reposar en un análisis motivado y racional, no simplemente potestativo e intempestivo.

Cuarto: Que de esta forma, en las circunstancias anotadas, se concluye que la recurrida revivió por este medio un beneficio que el artículo 22 de la Ley N°18.833 ley concede siempre que se trate de un cobro oportuno, dentro de un plazo razonable, el que de esta manera se ha forzado unilateralmente y como medio alternativo al cobro judicial que se mantiene vigente, originando una garantía de pago improcedente.”

7°) Que, de lo expuesto, surge que el actuar de la recurrida no aparece ajustado a la ley ni revestido de la necesaria razonabilidad y fundamento, por ende es arbitrario, vulnerando la legítima expectativa de la recurrente en orden a percibir sus remuneraciones de forma íntegra, infringiendo con ello la garantía constitucional del derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 Nº 24 de nuestra Carta Fundamental, razón por la cual el recurso de protección debe ser acogido.

Y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la Republica se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, debiendo la recurrida abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social otorgado a la recurrente por medio de descuento de sus remuneraciones y reembolsar dentro del término de décimo día hábil, los montos indebidamente descontados, sin perjuicio que la Caja de Compensación prosiga su cobro por la vía judicial que corresponda.

Regístrese y comuníquese en su oportunidad.

Redacción: Ministro Dora Mondaca Rosales Rol 61-2020-Protección Pronunciada por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las Ministras señoras María Teresa Letelier Ramírez, María Alejandra Pizarro Soto y Dora Mondaca Rosales.