nombre reservado CONTRA HOSPITAL DE TALAGANTE

Foja: 62 Sesenta y Dos San Miguel, diecinueve de mayo de dos mil catorce.

VISTOS:

Que nombre reservado, enfermera universitaria, ha deducido acción de protección a fs. 10, contra el Hospital de Talagante, representado por nombre reservado, por estimar que se ha incurrido en un acto arbitrario e ilegal en la dictación de la Resolución Nº 0074 que determina la renovación de contratos para el año 2014, ya que informa que la prórroga de su contrata sólo sería por dos meses, hasta el 28 de febrero de 2014.

Señala que ingresó al hospital de Talagante el año 2001, como técnico ayudante de obstetricia, pasando a ocupar en el año 2003 un cargo en la recepción de maternidad, entrando el año 2006 a estudiar enfermería en la Universidad. Renunció voluntariamente a la institución de salud el año 2007, permaneciendo ligada a ella durante los años 2008 y 2009 mediante el expediente de reemplazos de verano; posteriormente, el año 2010, realizó su internado universitario el mismo nosocomio, siendo calificada con nota máxima, asignándosele cargos para continuar en la dotación de la repartición durante los años siguientes, a contrata, siendo además capacitada en forma permanente por el hospital.

Agrega que la relación entre el funcionario y la Administración tiene carácter estatutario de derecho público, según ha sido reconocido por la Contraloría General de la República, lo que significaría que el vínculo entre el funcionario y el Estado está regulado en forma total y completa con anterioridad a la dictación del acto unilateral de incorporación a la Administración, mediante el nombramiento, no siendo un contrato. Para la recurrente, la contrata participaría de estas características, con las mismas finalidades que los cargos de planta, siendo un cargo público a través del cual se realiza la función administrativa, aplicándoseles las mismas normas del Estatuto Administrativo.

Por otra parte, la recurrente estima que los funcionarios a contrata gozan de estabilidad laboral, de lo que resulta que no puede ponerse término a la relación de trabajo sino en la forma establecida en el Estatuto Administrativo, inclusive considerando que según la ley, los empleos de esta naturaleza expiran el 31 de diciembre de cada año. Para ello, cita los artículos 121 y 146 del Estatuto Administrativo, el artículo 11 de la Ley de Bases del Procedimiento Administrativo y el artículo 65 Nº 2 de la Constitución Política de la República. Sostiene que ello ha sido aceptado por el Ministerio de Hacienda, que en su Circular Nº 31 de 2013 explica que la no renovación de contratas debe entenderse en forma restrictiva y limitada a casos debidamente fundados y acreditables, sobre la base de criterios objetivos que impidan discriminaciones arbitrarias.

En el fondo de la cuestión que plantea, la recurrente explica que la decisión de renovar la contrata por sólo dos meses constituye una acción arbitraria, ya que la fórmula «mientras sean necesarios sus servicios» no permite el ejercicio de una potestad pública sin señalar cómo se justifica la necesidad del servicio público de prescindir de la contrata. Señala que la arbitrariedad se percibe a través de una simple lectura de la resolución Nº 0074, que carecería de fundamento racional evidente, sin señalar nada respecto de alguna posible causal de mérito para justificar la decisión del ente administrativo, lo que redundaría en este calificativo. Agrega consideraciones relativas a la fundamentación de las decisiones administrativas, tanto desde un punto de vista teórico como legal, citando los artículos 8º de la Constitución Política de la República y 11 y 41 de la Ley de Bases del Procedimiento Administrativo, añadiendo que no existe ninguna excepción a la obligación de motivar las decisiones administrativas. En cuanto a la privación, amenaza o perturbación de un derecho constitucionalmente protegido, expresa que el acto recurrido perturba el derecho a la igualdad ante la ley, ya que la discrimina arbitrariamente, dejándola fuera del servicio público sin la presencia de un canon razonable que justifique su desvinculación, como asimismo del derecho de propiedad sobre los intereses anexos a su empleo, particularmente la estabilidad en el mismo.

Por todo lo anterior, solicita decretar las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, declarando que el recurrido ha actuado de manera ilegal y arbitraria, ordenándole al hospital que deje sin efecto el acto administrativo que funda la acción deducida, con costas.

A fs. 53, rola escrito de nombre reservado, director del Hospital de Talagante, quien en lo principal deduce excepción de incompetencia contra el recurso planteado, ya que existiría una norma especial para la invalidación de un procedimiento administrativo, entregándose esta facultad a la Contraloría General de la República, ya que no se habrían vulnerado derechos constitucionales de la recurrente.

Informando derechamente el recurso, señala que en la dictación de la Resolución Nº 0074 no se ha cometido ilegalidad o arbitrariedad alguna, ya que el servicio público que dirige posee la facultad de decidir en torno a la renovación de las contratas, cuestión que sería respaldada por sucesivos dictámenes de la Contraloría General de la República. Agrega que además existirían memorándum de la enfermera supervisora del Hospital de Talagante en que se contendrían los fundamentos de la decisión.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción de protección constituye un medio excepcional y cautelar que permite el restablecimiento del imperio del derecho frente a una acción u omisión, arbitraria o ilegal, que afecte causalmente un derecho garantizado por la Constitución a través de este mecanismo, de modo tal que para que se acoja, es necesario que se demuestren en forma a lo menos somera los fundamentos de cada uno de estos elementos.

SEGUNDO: Que en forma previa al examen de estos requisitos, debe atenderse la excepción formulada por la parte recurrida, en torno a la incompetencia absoluta de esta Corte para conocer del recurso de protección deducido en autos, debiendo anotarse desde ya que el Código Orgánico de Tribunales, en su artículo 63 Nº 2 letra b) ordena que esta clase de acciones sean conocidas por la Corte de Apelaciones, debiendo entenderse que es competente aquella en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, de acuerdo al numeral primero del auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección, de 1992. De lo anterior se colige que todos los elementos necesarios para la determinación de la competencia absoluta y relativa en este caso concreto recaen sobre este tribunal, no siendo admisible la excepción planteada, ya que por materia, es la Corte de Apelaciones respectiva la que debe conocer de la acción de protección de garantías constitucionales.

En cuanto a que el recurso de protección no sería un medio idóneo para reclamar de la decisión administrativa, no sólo es incorrecto desde el punto de vista del fundamento del recurso de protección, ya que lo limita en forma innecesaria, sino además lo es en la medida en que olvida que según su propia ley orgánica, la Contraloría General de la República no puede intervenir en asuntos litigiosos, de modo tal que mal podría tener competencia para conocer de la cuestión planteada a través de la acción. Finalmente, la declaración de que no existirían derechos constitucionales conculcados a través de la decisión administrativa impugnada se refiere a una cuestión del fondo del recurso, por lo que tampoco es procedente acoger la excepción a este respecto.

TERCERO: Que entrando derechamente al fondo de la cuestión debatida, del libelo pretensor y el informe respectivo se deduce claramente que no hay discusión acerca de la acción que daría origen al recurso, en la medida en que en ambos se especifica que la Resolución Nº 0074 del Hospital de Talagante existe, y en ella se procedió a la renovación de la contrata de la actora por un plazo de dos meses, hasta el día 28 de febrero de 2014. Sólo existen discrepancias tanto en torno a la legalidad o razonabilidad de la decisión adoptada, señalándose por la recurrente que existe una total carencia de fundamentos en la decisión adoptada, mientras que la recurrida expresa haber actuado en conformidad a la ley, como también en el aspecto de si se vulneraron los derechos constitucionalmente garantizados de la actora.

CUARTO: Que en lo que respecta al primer punto debatido, debe recordarse que es un mandato constitucional, expresado en el artículo 7º, que las autoridades públicas deben ejercer sus funciones en conformidad a la ley; a su vez, como se aprecia de la lectura de los artículos 11, 16 y 41 de la Ley Nº 19.880, de Bases del Procedimiento Administrativo, los actos que emanaren de la Administración Pública deben ser fundados, lo que en realidad es el corolario mismo de un Estado de Derecho fundado en un funcionariado imparcial.

Ello no sufre ninguna variación en lo que respecta a la desvinculación de un funcionario a contrata; antes bien, incluso considerando la transitoriedad de los empleos a contrata, según expresa el artículo 3º letra c) del texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo, es carga de la repartición pública respectiva el fundamentar adecuadamente su decisión en torno a la renovación de la contrata, lo que incluye el plazo por el cual se resuelve mantenerla, sin que sea posible argumentar que se trata de una potestad omnímoda o simplemente discrecional de la Administración, incluso cuando contengan la frase «mientras sean necesarios sus servicios», debiendo argumentarse en este caso por qué han dejado de tener esa naturaleza;

QUINTO: Que como se aprecia de la lectura de la resolución Nº 0074, del Hospital de Talagante, no se aprecia ninguna razón, motivo o circunstancia que permita elucidar la decisión de la Administración en torno a la renovación de la contrata por un plazo de 2 meses a contar del primero de enero de este año, por lo que efectivamente, se ha incurrido en una arbitrariedad en su dictación, vulnerando los artículos 11 y 41 de la tantas veces mencionada Ley de Bases del Procedimiento Administrativo. Lo anterior resalta a propósito del informe que evacua la misma parte recurrida, ya que en ninguna parte del acto impugnado se expresan los reparos que formulare una funcionaria supervisora contra la recurrente, no siendo parte del acto administrativo respectivo y por ende, no sirviéndole en modo alguno a su debida fundamentación.

SEXTO: Que de este modo, se ha perturbado el derecho de la recurrente a la igualdad ante la ley, ya que la falta de motivación del acto impugnado equivale a una discriminación arbitraria a través de una renovación de la contrata por un plazo menor al de los años anteriores, no observándose una fundamentación que permita comprender la diferencia entre los términos bajo los cuales se procedió a efectuar el acto respectivo, de modo tal que deberá acogerse el recurso.

Y visto lo dispuesto en el auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de garantías constitucionales, se resuelve:

Que SE ACOGE el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de nombre reservado como representante del Hospital de Talagante, sólo en cuanto se dispone como forma de restablecer el imperio del derecho, la invalidación de la Resolución Nº 0074 de ese servicio público, con costas.

Acordada, la condenación en costas, contra el voto de la Ministra señora Pizarro, quien estuvo por eximir al recurrido de las mismas.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

Redactó el abogado integrante Diego Munita Luco.

Rol 61-2014 PROT Pronunciada por la Primera Sala de la I. Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las Ministros señora María Teresa Letelier Ramírez y señora Sylvia Pizarro Barahona y el Abogado Integrante señor Diego Munita Luco.

En San Miguel, a diecinueve de mayo de dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.