nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

San Miguel, veintitrés de julio de dos mil veinticinco.

A los escritos de folios 20, 21 y 22: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interpone acción de protección constitucional en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por haber rechazado, el 12 de febrero de 2025, la solicitud de retiro de fondos previsionales deducida por su representado al amparo de la Ley N°18.156, que regula el régimen previsional de técnicos extranjeros.

Expone que la solicitud fue presentada el 27 de enero de 2025 por medio del portal web de la AFP, sin recibir respuesta formal. Indica que, tras realizar una consulta mediante servicio de mensajería, se le informó que la petición había sido rechazada por encontrarse vencido el certificado de afiliación al sistema previsional de su país de origen, emitido por el Consulado de Venezuela y legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Alega que esta exigencia no está contemplada en la normativa aplicable, y que, además, es de público conocimiento la imposibilidad de obtener documentación actualizada ante la inexistencia de relaciones diplomáticas formales entre Chile y Venezuela. Acompaña documentación destinada a acreditar que cumple con los requisitos legales para acceder al retiro de fondos, incluyendo contrato de trabajo, certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) con código de verificación electrónico y constancia de validación por medios oficiales.

Indica que otras AFP han aceptado documentos similares, y que el rechazo de Provida desconoce la validez de instrumentos auténticos y verificables electrónicamente, incurriendo con ello en una conducta ilegal y arbitraria que infringe las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad.

Reclama que la decisión de la recurrida se basa en una interpretación excesivamente formalista de la normativa, desconociendo el principio pro persona, el sentido y finalidad de la ley y la jurisprudencia reiterada de los tribunales superiores, incluida la Corte Suprema, en cuanto a la suficiencia de los documentos acompañados.

Sostiene que el acto impugnado incorpora requisitos no establecidos en la ley, sin motivación adecuada, sin verificación de los antecedentes y sin dictación de resolución escrita, lo que vulnera el debido proceso administrativo.

Solicita acoger el recurso de protección y ordenar a la AFP Provida emitir un nuevo pronunciamiento conforme a derecho, reconociendo la validez de la documentación acompañada y disponiendo la devolución de los fondos previsionales dentro de un plazo razonable.

Segundo: Que Daniel Santoni, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., evacúa el informe, solicitando su rechazo en todas sus partes con expresa condenación en costas, por cuanto la acción no constituye la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio y porque su representada ha actuado conforme a derecho.

Sostiene que la acción de protección no resulta procedente, en tanto no se configura en la especie un derecho indubitado ni la concurrencia de acto ilegal o arbitrario que justifique la intervención cautelar del tribunal, siendo improcedente intentar discutir, en sede de protección, materias reguladas por el Decreto Ley N°3.500 y la Ley N°18.156. Explica que el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales del recurrente, presentada en calidad de técnico extranjero, fue fundado en que el certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encontraba vencido, conforme a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones.

Indica que dicha documentación no acreditó adecuadamente la afiliación al sistema previsional extranjero con anterioridad al inicio del vínculo laboral en Chile, ni el cumplimiento de los requisitos copulativos exigidos por la ley. Funda su informe en el artículo 1° de la Ley N°18.156, que establece los requisitos para que un técnico extranjero pueda ser eximido de cotizar y solicitar la devolución de fondos previsionales, y en el artículo 7° del mismo cuerpo legal, que condiciona la procedencia del retiro a la acreditación fehaciente de la afiliación extranjera previa, sustentada en documentos debidamente legalizados. Reitera que el actuar de la administradora se ajustó a lo dispuesto en la normativa vigente y a los criterios del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Acompaña el Oficio Ordinario N°5621 de 1 de abril de 2025, emitido por la Superintendencia de Pensiones, que ratifica la legalidad del rechazo de solicitudes similares, y alega que la recurrente no ha recurrido al órgano regulador para impugnar lo resuelto, omitiendo una vía administrativa habilitada para revisar este tipo de materias.

Tercero: Que, al tenor de lo solicitado, la Superintendencia de Pensiones, mediante Oficio Ordinario N°10063 de 2 de junio de 2025, evacúa el informe e indica que la recurrente presentó solicitud de devolución de fondos previsionales bajo el régimen de la Ley N°18.156, la cual fue rechazada por la AFP recurrida debido a que el certificado de afiliación previsional presentado, emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), se encontraba vencido al momento de su presentación. Dicha constancia consignaba expresamente una vigencia de 120 días, plazo que había expirado al momento de su acompañamiento, situación que fue informada a la interesada mediante comunicación electrónica.

Sostiene que la Ley N°18.156 es una norma de excepción y, por tanto, de interpretación restrictiva, aplicable exclusivamente a trabajadores extranjeros que acrediten en forma copulativa su afiliación a un régimen previsional fuera de Chile y su voluntad expresa de mantener dicha afiliación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° del citado cuerpo legal.

Señala que la certificación acompañada no acreditó adecuadamente la cobertura previsional en los términos exigidos por la normativa, al no emanar de la autoridad previsional extranjera competente ni contar con vigencia suficiente, conforme a los estándares establecidos en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Reafirma que se han aplicado en el presente caso los mismos criterios contenidos en pronunciamientos anteriores, en los cuales se ha desestimado documentación vencida o no emanada de la autoridad competente.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley o arbitrario- producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia del recurso referido por la recurrida, esta será desestimada desde que el recurrente reclama como conculcados los derechos constitucionales de igualdad ante la ley y de propiedad, los cuales se encuentran comprendidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, haciendo procedente la revisión de los antecedentes por parte de este tribunal.

Sexto: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de esta ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Séptimo: Que, en relación con la afirmación del recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto. En particular, mediante el Oficio Ord. N°13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Octavo: Que, en este caso, la cuestión en debate es si el recurrente ha acreditado efectivamente su afiliación al régimen previsional de su país de origen. Para ello, acompañó una “Constancia de Afiliación al IVSS”, de 5 de octubre de 2023, en la cual consta expresamente que su vigencia es de 120 días desde su emisión.

Noveno: Que conforme lo expresado, la falta de vigencia de la documentación aportada emana de su propio tenor, sin que la situación del país de origen del recurrente pueda eximir a la administradora de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable para la devolución de fondos previsionales.

Décimo: Que, conforme lo que se viene razonando, no se advierte en la actuación de la recurrida la existencia de un acto ilegal o arbitrario, puesto que la negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente, específicamente en cuanto a la presentación de documentos vigentes, y cuyo cumplimiento no ha sido acreditado por el recurrente.

Por otra parte, los actos cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por la parte recurrente consisten en decisiones adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones en cumplimiento de instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, en el marco de sus facultades legales de fiscalización y regulación del sistema previsional. Tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias.

En consecuencia, el proceder de la AFP recurrida se encuentra debidamente respaldado en normas administrativas obligatorias, lo que excluye la posibilidad de calificar su actuación como ilegal o arbitraria. Por el contrario, el cumplimiento de tales directrices constituye un ejercicio legítimo de su función, sin que se advierta afectación alguna de derechos fundamentales que pueda ser amparada por esta vía.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A., sin perjuicio de poder solicitar nuevamente la petición con la documentación vigente.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°603-2025 Protección.