CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD DE PIRQUE con INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO CORDILLERA

123/ciento veintitrés Certifico: Que se anotó y alegó contra el recurso el abogado don Felipe Palma. En Santiago, 27 de noviembre de 2018. Claudio Rojas Yáñez, relator.

En Santiago, veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que don Lorenzo Feres Montecinos, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de la Corporación Municipal de Educación y Salud de Pirque, ha deducido recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo Cordillera, representada por su Jefe Provincial don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por haber dictado la resolución N° 161 de 20 de agosto de 2018 notificada legalmente mediante carta certificada el 3 de septiembre de 2018, en cuanto estima la Inspección Provincial excedió las facultades que le reconoce el artículo 505 del Código del Trabajo, atribuyéndose aquellas que son propias de los tribunales de justicia, en los términos del artículo 420 letras a) y b) del cuerpo legal citado.

Expresa que el 10 de mayo de 2018 (notificado el 4 de junio último) mediante Acta de Notificación de Multa N° 6141/18/22 un fiscalizador de la Inspección del Trabajo Cordillera le cursó una multa por: “No dar cumplimiento al instrumento convenio colectivo vigente a la fecha referente a las obligaciones contenidas en la cláusula №16 entrega de implementos”, respecto de determinados trabajadores. Indica que el fiscalizador fundó su resolución, además, en el incumplimiento del artículo 326 inciso 2° en relación con el inciso 5° del artículo 506 del Código del Trabajo e impuso una multa por 30,00 UTM equivalente a la fecha de la infracción a $1.421.880.- En ese contexto, el 29 de junio pasado, presentó una Reconsideración Administrativa fundada en la existencia de un error de hecho en la aplicación de la multa, solicitando que se deje sin efecto o en su defecto, se rebaje a un monto menor. Explica que el error de hecho fue por haber considerado un hecho como infracción no siéndolo ya que efectivamente se cumplió con la entrega de los implementos correspondientes al periodo 2017 y en cuanto a los implementos correspondientes al periodo 2018, el instrumento colectivo 2017-2020 al que se hace referencia, establece en su cláusula N° 16 "Implementos de trabajo", en específico el punto 16.1 que a partir del año 2018, la entrega de los implementos que se detallan se hará “previa revisión y aprobación del presupuesto”. Dicho presupuesto, el año 2018 resultó inferior al costo total de los implementos de trabajo que figuran en el contrato colectivo. Además, señala que argumentó en la reconsideración administrativa que durante el periodo de negociación y firma del Convenio Colectivo se estaba implementando el programa PIE en los establecimientos educacionales de la Corporación Municipal lo que tuvo como consecuencia un aumento considerable de contratación de Educadoras Diferenciales (ya sea docentes o profesionales asistentes de la educación psicólogos y fonoaudiólogos), lo que indudablemente implicó una circunstancia nueva para el año 2018, no siendo antojadiza la inclusión de la frase “previa revisión y aprobación del presupuesto" en la cláusula de entrega de implementos 2018, circunstancias que la Inspección Provincial no consideró al calificar la aplicación de la sanción de incumplimiento de estipulaciones de convenio colectivo.

Señala que el 3 de septiembre se entiende notificada la Resolución de Solicitud de Reconsideración de la multa antes descrita, en la cual la Inspección recurrida mantiene la multa resolviendo en lo que a este recurso interesa: “Sin embargo se plantea por parte de la recurrente que se interprete la cláusula en el sentido de que la falta de aprobación del presupuesto lo exoneraría de su obligación, lo que constituiría una interpretación de fondo que no le corresponde efectuar a este servicio." Asimismo, estima que existe una contradicción en el fundamento de la resolución pues por una parte dice no poder hacer interpretaciones de fondo de una cláusula contractual, pero a la vez interpreta a favor de una de las partes del convenio la misma cláusula al no considerar uno de los términos explícitos del convenio colectivo.

Por lo expuesto, concluye que la recurrida ha cometido un acto ilegal y arbitrario que perturba y amenaza el legítimo ejercicio de los derechos, reconocidos por la Constitución Política de la República en su artículo 19 N°s. 3 inciso 5° y 24.

En definitiva, solicita se deje sin efecto la resolución que confirma la multa de 30,00 UTM equivalente en pesos a la fecha en que se constató la infracción a $1.421.880 con expresa condena en costas.

Segundo: Que informa al tenor del recurso doña Maria Eliana Alegría Esteban, abogado, en representación de la Inspección Provincial del Trabajo Cordillera, solicitando su íntegro rechazo, con costas.

En primer lugar, alega la improcedencia del recurso en atención a la naturaleza del acto recurrido. Expresa que, si bien, el artículo 20 de la Constitución Política de la República dispone que el recurso de protección puede deducirse "sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes", ello no significa que esté destinado a reemplazar procedimientos precisos y también urgentes contemplados en la ley. En particular, la ley contempla como recurso natural en contra de dicha resolución, la reclamación judicial, según lo dispone el artículo 420 letra e) del Código del Trabajo, en relación con los artículos 511 y 512 del mismo cuerpo legal y, en esas condiciones, el recurso de protección se está utilizando como un mero sustituto procesal, de acciones judiciales ordinarias, establecidas en procedimientos específicos y reglados.

Luego, alega la improcedencia del recurso en atención a la falta de los requisitos constitucionales para su interposición. Señala que, en la especie, la resolución que resuelve la solicitud de reconsideración administrativa de la multa N° 6141.2018.22-1, manteniéndola en todas sus partes, no puede ser calificada de ilegal o arbitraria, toda vez que conforme al artículo 505 del Código del Trabajo, no puede ser nominada de ilegal, en tanto no se actuó de manera contraria a la ley -más aún, se cumplió con el imperativo legal establecido por el inciso final del artículo 2 del Código del ramo- y, además, fue razonado, argumentado y fundado conforme a derecho, tal como se aprecia claramente de su texto y redacción.

Por otra parte, señala que se ha recurrido en contra de una resolución dictada en virtud de las facultades expresamente conferidas por la ley al Servicio, conforme a los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo. Asimismo, postula que en caso alguno podría afirmarse que el fiscalizador con su actuación se ha constituido en una comisión especial, pues la recurrente para arribar a la conclusión de la falta de competencia de la Inspección del Trabajo parte de un supuesto equivocado (que la autoridad administrativa, en síntesis, habría resuelto una materia propia del ámbito de los Tribunales de Justicia) llegando a conclusiones que no resultan pertinentes aplicar al caso que nos ocupa.

También, hace hincapié en la ausencia de arbitrariedad en la actuación recurrida ya que el Inspector tuvo a la vista los antecedentes aportados por la empresa y los antecedentes propios de la fiscalización. Por último, reseña que no existe amenaza, privación o perturbación a las garantías constitucionales aludidas por la recurrente.

En subsidio, informa que el 23 de abril de 2018, se inició un procedimiento de fiscalización, solicitado por el Sindicato de Trabajadores Corporación de Educación y Salud de Pirque. A continuación, explica el procedimiento previo a la imposición de la multa señalando que el funcionario dependiente del Servicio constató una grave infracción a la legislación laboral, por lo que en ejercicio de sus funciones, cursó la resolución de multa N° 6141.2018.22-1, citando el tenor de la misma.

Destaca que el fiscalizador actuante, de acuerdo a su informe de fiscalización -el que goza de presunción legal de veracidad de conformidad a lo señalado en el artículo 23 del D.F.L. N° 2 de 1967, Ley Orgánica de este Servicio - constató, a través de una serie de indagaciones y observaciones las circunstancias que sustentan la multa impuesta.

Expresa que la controversia de autos ha de girar en torno a si se cumplieron o no alguno de los requisitos que establece el artículo 511 citado para rebajar o dejar sin efecto la multa -corrección de la infracción o manifiesto error de hecho por parte del fiscalizador- pero no el mérito de aquella. De lo anterior, expone que las alegaciones de la contraria, en su solicitud de reconsideración, no reunieron las condiciones necesarias para acreditar el cumplimiento de los supuestos esenciales para la condonación de la multa, conforme a lo prescrito en los N° 1 y 2 del artículo 511 del Código del Trabajo.

En cuanto al motivo de la multa, señala que la cláusula en cuestión establece una obligación de entrega de implementos de trabajado que resulta entendible de su simple lectura, la cual fue exigida por la Organización Sindical, mediante denuncia ente este Servicio, constatando su incumplimiento. Sin embargo, se plantea por parte de la recurrente que se interprete la cláusula en el sentido de que la falta de aprobación del presupuesto municipal lo exornaría de su obligación, lo que constituiría una interpretación de fondo que no le corresponde efectuar a este servicio.

Pide rechazar el presente recurso de protección en todas sus partes y peticiones contenidas en su petitorio por carecer de todo fundamento, con expresa condena en costas.

Tercero: Que la acción o recurso de protección es una medida cautelar de rango constitucional que tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando existe una privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de las garantías taxativamente señaladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, siempre y cuando exista un acto u omisión arbitrario o ilegal que vulnere dichas garantías.

Cuarto: Que de los antecedentes reunidos aparece que el recurrente pretende dejar sin efecto la aplicación de una multa impuesta por la Inspección Provincial del Trabajo Cordillera, para lo que existe una vía ordinaria de reclamación, de la cual no se hizo uso, sin que se divise que dicho organismo haya incurrido en algún acto ilegal o arbitrario, toda vez que su actuación se enmarcó en las facultades contempladas en los artículos 505 y siguientes del Código del Trabajo y D.F.L. N°2, de 1967.

Y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto por el abogado don Lorenzo Feres Montecinos con fecha 27 de septiembre del año en curso, en representación de la Corporación Municipal de Educación y Salud de Pirque, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo Cordillera.

Regístrese, comuníquese y archívense oportunamente los antecedentes.

Nº 6012-2018 – PROT.