nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

San Miguel, veintisiete de marzo de dos mil veinticinco Vistos y teniendo presente:

Primero: Que nombre reservado, chileno, casado, empleado público, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Puente Alto, representada legalmente por su alcalde, don Matías Jair Toledo Herrera, ambos domiciliados en domicilio reservado, debido a la dictación del Decreto Alcaldicio N° 715 de 2024, que no renueva su contrata grado 6 de la E.M.R. PROF, atentando en contra de las garantías constitucionales de los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que ha prestado funciones ininterrumpidas en el municipio de Puente Alto en calidad de contrata, con una labor destacada, pero el 11 de diciembre de 2024 se le notificó el Decreto Alcaldicio N° 715 de 2024, de la Municipalidad de Puente Alto, en virtud del cual la administración indica que ya no necesitan de sus servicios como contrata profesional grado 6.

Sostiene que dicha decisión no fue suficientemente motivada, vulnerando los principios de buena administración, no discriminación, legalidad, objetividad y razonabilidad, por lo que deviene en arbitraria e ilegal.

Pide dejar sin efecto el acto impugnado, con expresa condenación en costas.

Segundo: Que informa al tenor del recurso el abogado René Borgna Verdugo en representación de la Municipalidad de Puente Alto, solicitando su rechazo, con costas.

Expone que a través del Memorándum N° 104, de 30 de abril de 2022, doña nombre reservado, Directora de Desarrollo Comunitario en ese entonces, requirió a la Administración Municipal considerar la contratación de nombre reservado para desempeñarse como apoyo profesional en los programas sociales, ello a contar del 1 de abril de 2022. En este contexto, a través de la dictación del Decreto Alcaldicio N° 204, de 1 de abril de 2022, se dispuso la contrata del actor, asimilado al grado 6° EMR Profesional, conforme se establece en la resolución, a contar de dicha fecha y hasta que sus servicios sean necesarios, no pudiendo exceder del 31 de diciembre de 2022.

A su turno, mediante decreto alcaldicio N° 756, de 24 de noviembre de 2022, se dispuso la prórroga de la contrata del señor nombre reservado, en el mismo grado ya señalado, a contar del 1 de enero de 2023, hasta que sus servicios sean necesarios, no pudiendo exceder del 31 de diciembre de 2023. Por último, a través del decreto alcaldicio N° 669, de 17 de noviembre de 2024, se dispuso nueva prórroga de la contrata del funcionario, también en el mismo grado, a contar del 1 de enero de 2024, hasta que sus servicios sean necesarios, no pudiendo exceder del 31 de diciembre de 2024.

Sostiene que el actor solo prestó servicios en calidad de contrata, por el lapso de dos años y ocho meses, es decir, desde el 1 de abril de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2024.

Señala que, efectivamente, a través del decreto alcaldicio N° 715, de 29 de noviembre de 2024, la autoridad alcaldicia de la época adoptó la decisión de no renovar la contrata, a contar del 1 de enero de 2025. De acuerdo con los considerandos de la resolución, la decisión se adoptó en razón de la restructuración de la gestión municipal respecto del plan de trabajo anual en materias de carácter social, comunitarias, administrativas, de seguridad o presupuestarias de dotación (racionalización de los recursos); de las aptitudes personales del funcionario las que ya no son requeridos por el servicio, toda vez que ha cumplido las labores por las cuales fue contratado, y, por último, en razón de la reiterada jurisprudencia emanada de la Contraloría General de la República, en virtud de la cual se pone termino al contrato en cualquier momento tratándose de contrataciones que estipule “mientras sean necesarios sus servicios”.

Enfatiza que tal como se señala en el mencionado Memorándum N° 104 de la DIDECO, los servicios del señor nombre reservado se requirieron como apoyo profesional en programas sociales que llevaba esa Unidad, como encargado del Departamento de Organizaciones Comunitarias. Agotado el servicio que debía prestar, el recurrente fue destinado a la Dirección de la DIDECO, a fin de trabajar coordinadamente con el Director de esa Unidad, ello según da cuenta el Decreto Alcaldicio N° 157, de 10 de mayo de 2024.

Por otra parte, y como consta del Decreto Alcaldicio N° 3449, de 6 de diciembre 2024, a partir de esa fecha el alcalde recurrido, Matías Jair Toledo Herrera, asumió la dirección edilicia de la comuna de Puente Alto, de conformidad con la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y demás cuerpos legales complementarios. Es así como, a través de instancias previas a dicho acontecimiento, se informó a la administración saliente del alcalde German Codina Powers el programa de trabajo que impondría y de sus intenciones programáticas, programas que comenzaría a implementar a partir del primer semestre del año 2025. De tal suerte, en concordancia con ello, la anterior administración evaluó el régimen de personal, particularmente de quienes se encuentran a contrata, honorarios y bajo el Código del Trabajo, con el objeto de establecer criterios de continuidad de la labor que desempeñaban, resolviendo la no renovación de quienes no se ajustan en sus labores y desempeños a los parámetros que sostendría durante su propia gestión.

Destaca que de acuerdo con el artículo 47 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en su actual redacción, se considera al director de la DIDECO como funcionario de exclusiva confianza del alcalde, por lo que, a su turno, la continuidad de su asesor directo, como lo era el recurrente, estaba sujeto también a evaluación en cuanto a su continuidad.

Añade que, sin perjuicio de lo ya indicado, el actor no asistió a ejercer sus funciones durante todo el mes de octubre de 2024, haciendo uso de permisos sin goce de remuneraciones, y durante el mes de noviembre de 2024 no asistió ni justificó los días hábiles del 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 y 22. Por último, desde el 25 de noviembre y por todo el mes de diciembre de 2024, tampoco registró asistencia, presentando licencias médicas por todo ese período.

Sostiene que en el ejercicio de la facultad que implica la decisión de no renovar el vínculo estatutario, la Administración no tiene el deber de invocar fundamentos para no perseverar en el vínculo para el período siguiente, prescindiendo de los servicios para los cuales la persona fue contratada, por, en definitiva, no ser necesarios sus servicios, dado que estos concluyen de pleno derecho el 31 de diciembre de cada año. Añade que es distinto cuando se pone término en forma anticipada a la contrata, o bien cuando asiste el principio de confianza legitima en favor del funcionario, circunstancias que no concurren en la especie. Respecto a esto último, explica que, en un criterio unificador de la jurisprudencia, la Corte Suprema ha sostenido en sus fallos que el principio de confianza legítima opera después de cinco años de servir en modalidad de contrata.

Concluye que la municipalidad recurrida no incurrió en ilegalidad ni arbitrariedad alguna, la desvinculación del recurrente se produce conforme a las instancias legales, a través de un decreto debidamente fundado en antecedentes de hecho y de derecho, y en ausencia del requisito esencial para la consideración del principio de legitima confianza.

Tercero: Que el recurso de protección, del artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción cautelar extraordinaria, prevista para resguardar urgentemente ciertos derechos y garantías esenciales, enumerados en el mismo precepto, que son afectados por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, que importen perturbación, privación o amenaza en su ejercicio legítimo.

Cuarto: Que, atendida la naturaleza y finalidad del recurso, para que se restablezca el imperio del derecho y se asegure la protección del afectado, es necesario que quien lo invoca, además de acreditar la existencia de un derecho o garantía de los enumerados taxativamente en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, que se encuentre debidamente determinado, es también esencial que los hechos arbitrarios o ilegales que se invocan se encuentren comprobados y que ellos hayan producido privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de esos derechos y garantías.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Quinto: Que la clave para elucidar de qué trata esta acción de protección está en precisar si la actuación denunciada es “ilegal” o “arbitraria”. A estos efectos es recomendable definir estas expresiones contenidas en el artículo 20 de la Carta Fundamental, para evaluar si el acto recurrido puede ser calificado de tal.

En cuanto a lo ilegal del acto, se debe tener presente que este lo es si se ha dictado o ejecutado en contravención a las normas que integran el ordenamiento jurídico chileno, esto es, no autorizado por el mismo (si se trata de una acción) o exigido por el mismo (si se trata de una omisión).

La evaluación de legalidad, por tanto, exige contrastar la decisión o el contenido del acto cuestionado con el sistema de normas que integra el derecho nacional, sean del nivel constitucional, legal o infralegal.

En cuanto a la arbitrariedad, cabe entender que un acto es arbitrario en la medida que es contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado sólo por la voluntad o el capricho.

De acuerdo con la doctrina, un acto es arbitrario cuando es injusto, irracional, desproporcionado, caprichoso, o movido por el favoritismo o la odiosidad (José Luis Cea Egaña, Derecho Constitucional chileno, tomo II, Editorial Universidad Católica de Chile, 2004, p. 633), y carente de fundamento racional o una manifestación del simple capricho del agente (Verdugo, Pfeffer y Nogueira, Derecho Constitucional, tomo I, Editorial Jurídica de Chile, 2002, p. 339).

Sexto: Que, de conformidad con lo señalado en los motivos que anteceden, resulta que el acto que por la presente acción cautelar se impugna es el Decreto Alcaldicio N° 715 de 2024, de la Municipalidad de Puente Alto, cuyo tenor es el siguiente:

“La Alcaldía decreto hoy lo que sigue:

N° 715 / Vistos: Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y lo dispuesto en el Art. 2°, inciso 2°, siguiente del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, Ley N° 20.922 de fecha 25 de mayo de 2016 y Dictámenes N° 85700 del 2016, N° 006400 de fecha 2 de marzo de 2018, N° 156769 de fecha 18 de noviembre de 2021 y N°E56113581 de fecha 06 de noviembre de 2024 de la Contraloría General de la República.

Considerando: 1.- Restructuración de la Gestión Municipal respecto del Plan de trabajo anual en materias de carácter social, comunitarias, administrativas, de seguridad y/o presupuestarias de dotación (racionalización de los recursos).

2.- Que las aptitudes personales del funcionario las cuales ya no son requeridas por el servicio, toda vez que ha cumplido las labores por las cuales fue contratado.

3.- Reiteradas jurisprudencias emanadas por Contraloría General de la República, en virtud de la cual se pone término al contrato en cualquier momento tratándose de contrataciones “Mientras sean necesarios sus Servicios”.

Decreto:

La no renovación del vínculo contractual, a contar del 1 de enero de 2025, conforme a lo expresado en los considerandos anteriormente señalados, al funcionario que se indica […]”, individualizando, acto seguido, al recurrente.

Séptimo: Que el fundamento que el actor aduce para impugnar el decreto alcaldicio previamente señalado es la ausencia de una “debida motivación en este tipo de decisiones formales”, conculcando la entidad edilicia, con su actuar, las garantías constitucionales contempladas en los 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Octavo: Que, como es sabido, todo órgano del Estado debe fundar y motivar sus actuaciones, según disponen los artículos 11, inciso segundo, 16 y 41, inciso cuarto, de la ley N° 19.880, por lo que una ausencia o insuficiente expresión de las motivaciones que sustentan la dictación de un determinado acto administrativo conduce a la ilegalidad del mismo, desde que vulnera lo dispuesto en los referidos artículos de la Ley N° 19.880, y al carecer de justificación, deviene en arbitrario, pues resultaría contrario a la justicia, la razón y las leyes.

Por consiguiente, para elucidar si, en el caso sub iudice, se ha producido el defecto que el actor atribuye al decreto alcaldicio cuestionado, resulta indispensable analizar los fundamentos invocados por la autoridad que lo dictó, si los hubiere.

Noveno: Que, en lo que concierne a la legalidad del acto, cabe tener presente que el artículo 5° letra f) de la Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, define el empleo a contrata como “aquel de carácter transitorio que se contempla en la dotación de una municipalidad”, y el artículo 2°, inciso tercero de dicha ley dispone que tales empleos “durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan cesarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido dispuesta la prórroga con treinta días de anticipación, a lo menos”.

De ello se desprende que, en principio, el término de las funciones desempeñadas en virtud de tales nombramientos se encuentra previsto en los propios decretos alcaldicios que los disponen, en la especie, el N° 669, de 17 de noviembre de 2024, que dispuso prorrogar a don nombre reservado “a contar de 1 de enero y hasta que sus servicios sean necesarios, no pudiendo exceder del 31 de diciembre del 2024, asimilado al grado [6° EMR] del Estamento de Profesionales, con registro en Contraloría General de la República”. La referida resolución fue dictada en uso de las atribuciones que competen al alcalde, según dispone el artículo 63 letra c) de la Ley N° 18.695.

Sin embargo, la decisión de no renovar una contrata, al igual que la prórroga de la misma, en tanto decisión formal que emite un órgano de la administración del Estado en la cual se contiene una declaración de voluntad realizada en el ejercicio de una potestad pública, ha de materializarse en un acto administrativo, en conformidad a lo previsto en el artículo 3° de la Ley N° 19.880, el cual deberá emitirse con la anticipación señalada. Igual forma y anticipación deberá adoptar la decisión de no renovar una contrata. Ahora bien, el artículo 11 de la misma ley estatuye que “[l]os hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”. De lo anterior se sigue que los actos en que se materialice la decisión de no renovar una contrata deberán contener el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustentan.

Lo anterior constituye un resguardo frente a la facultad discrecional que compete a la Administración en tales casos, cautelando de ese modo la arbitrariedad a que pudiere dar origen tal discrecionalidad. En igual sentido, precave la posibilidad de impugnar tales actos por los medios que la propia normativa establece, tanto al transparentar sus fundamentos como al proporcionar el marco temporal para hacerlo;

Décimo: Que, en la especie, la decisión de no renovar la contrata de don nombre reservado se materializó mediante la dictación del impugnado Decreto Alcaldicio N° 715, emitido el 29 de noviembre de 2024, esto es, con la anticipación requerida y en la forma prevista por la ley.

En cuanto a sus fundamentos legales, aparte de la transitoriedad de los empleos a contrata establecida en las normas antes transcritas, se hace especial referencia a la racionalización de los recursos, es decir, a la restructuración de la gestión municipal respecto del plan de trabajo anual en materias de carácter social, comunitarias, administrativas, de seguridad o presupuestarias de dotación; al hecho de haber cumplido las labores por las que fue contratado, y a las jurisprudencia administrativa que permite término al contrato en cualquier momento tratándose de contrataciones que contienen la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios”.

En suma, el decreto contiene los adecuados fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la decisión de no renovar la contrata del señor nombre reservado en la I. Municipalidad de Puente Alto.

Undécimo: Que, en definitiva, no se advierte que se haya infringido el estándar de razonabilidad y fundamentación inherente a todo acto de la administración del Estado exigido por el artículo 8 de la Constitución Política de la República, en relación con los artículos 11 inciso 2° y 41 inciso 4° de la ley 19.880 sobre Bases del Procedimiento Administrativo, dado que se han dado explicaciones de hecho y de derecho, relativas a la reestructuración administrativa por parte de una nueva autoridad municipal, con miras a mejorar la eficiencia de la gestión, que sustentan la decisión de no renovar la contrata de la recurrente -esencialmente transitoria-.

Duodécimo: Que, en consecuencia, habiendo actuado la Municipalidad recurrida dentro de la esfera de competencia que la ley le otorga, y habiendo fundado adecuadamente el acto administrativo cuestionado, no cabe sino desestimar la presente acción constitucional.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Puente Alto.

Se previene que la ministra Pizarro Soto concurre al rechazo de la acción constitucional que dio origen a estos autos teniendo únicamente presente la temporalidad anual de las contratas servidas por el actor y, en especial, que la comunicación consistente en que sus servicios ya no son necesarios por haber cumplido las labores para las que fue contratado, fue adoptada por la misma autoridad que lo contrató, razón que asigna expresa, y también implícitamente, la suficiente e indispensable motivación al acto materia del recurso.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°60-2025 Protección Pronunciada por la quinta sala de esta Corte, presidida por la ministra María Alejandra Pizarro Soto e integrada por la ministra Celia Catalán Romero y por el abogado Adelio Misseroni Raddatz.