Protección contra CANAL 11 CHILEVISIÓN

Foja: 24 Veinticuatro San Miguel, a veinte de marzo del año dos mil catorce.

Vistos:

A fojas 1 comparece don nombre reservado, pensionado, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra de CANAL 11 CHILEVISIÓN, domiciliada en la comuna de Providencia, fundado en que con fecha 22 de diciembre de 2013 fueron periodistas de dicho canal a fotografiar su domicilio y posteriormente informaron a todo el país que era un estafador sin haber un juicio primero, lo que le trajo varios problemas psicológicos, amenazas de muerte y de que destruirían su domicilio, reportaje que se hizo sin consultarle, solicitando se termine el hostigamiento hacia su persona.

Pide, en definitiva, que se acoja el presente recurso de protección, ordenando todas las providencias necesarias para restablecer el imperio del Derecho y asegurar la debida protección a su derecho a la privacidad.

A fojas 7 evacúa informe don nombre reservado, en representación de la recurrida Red de Televisión Chilevisión S.A., solicitando su total rechazo fundado en que el recurso interpuesto es extemporáneo, ya que ingresó con fecha 6 de enero de 2014 y la nota periodística que es objeto del recurso fue emitida al aire con fecha 20 de diciembre de 2013, por lo que con posterioridad a ello ha cesado toda conducta que pudiera eventualmente discutirse en sede de protección, careciendo el recurso de objetivo, al no tener esta Corte la posibilidad de adoptar medida alguna en relación a los hechos que lo han motivado, por lo que la acción ha perdido oportunidad y eficacia, atentando a su especial naturaleza cautelar, destinada a solucionar con rapidez situaciones esencialmente fácticas y a remediar con premura el derecho quebrantado, nada de lo cual, actualmente, ocurre en la especie, pues ya ha cesado toda posibilidad de que Chilevisión pudiera inhibirse de exhibir la nota en cuestión, ya que ésta se emitió con fecha 20 de diciembre de 2013.

Respecto del fondo del asunto indica que la grabación del reportaje da cuenta que no se vulnera derecho constitucional alguno del recurrente, ya que como se puede constatar de las imágenes, la nota dice relación con la denuncia efectuada por un grupo de personas pertenecientes a un comité de viviendas, quienes imputan al recurrente una estafa, ya que éste les habría solicitado dinero para postular a un subsidio habitacional, en su supuesta calidad de asesor del SERVIU.

Agrega que luego de haber recibido esta solicitud, Chilevisión, en forma seria y responsable decide investigar el caso, intentando infructuosamente obtener el punto de vista de la otra parte, el recurrente, concurriendo al su domicilio sin que nadie abriera la puerta, también se intentó contactarlo telefónicamente a su celular, pero tampoco contestó, todo lo cual consta en el disco acompañado a su informe. En ningún momento los periodistas hacen suyas las denuncias de las supuestas víctimas, en todo momento se utilizan expresiones condicionales para referirse a las imputaciones efectuadas, siendo la noticia tratada con todo el rigor periodístico necesario, recibiendo la denuncia, investigando los antecedentes, intentando obtener la versión del denunciado y acudiendo a las autoridades pertinentes a fin de obtener de fuentes oficiales la información del caso, en este caso el Director del SERVIU.

Expone que, en este contexto, los hechos y personas que fueron registradas en imágenes y exhibidas en la nota de Chilevisión, estuvieron en todo momento delimitados en función del interés público comprometido, cuestión que es de mayor importancia para determinar el ámbito de ejercicio de la actividad periodística informativa en la línea editorial que pretende el informativo en la especie.

Señala que jamás existió ánimo de amenazar o perturbar el derecho a la vida privada del recurrente, el objetivo fue dar a conocer a la opinión pública un hecho que en su esencia presentaba un interés público relevante, como es la eventual comisión de un delito de estafa, obteniéndose toda la información a través de un trabajo periodístico serio que en todo momento buscó la versión de las partes involucradas, en conclusión en el ejercicio de la actividad periodística no vulneró ningún derecho del recurrente, puesto que se limitó a informar hechos que fueron dados a conocer por la fuente directa y que en ningún caso para su obtención medió en forma alguna una amenaza, perturbación o transgresión a la vida privada de los involucrados ni a ninguna otra garantía constitucional.

A fojas 22 se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en cuanto a la extemporaneidad alegada, sobre la base de que la acción perdió oportunidad y eficacia, tal criterio no la constituye, desde que se trata de una cuestión que el tribunal deberá analizar cuando pondere el fondo de la pretensión. Además, resulta que el actor justifica el recurso sobre la base de hechos que habrían ocurrido el 20 de diciembre de 2013, ingresando su libelo el 6 de enero de 2014. Consecuencialmente, no se produce la tardanza señalada.

SEGUNDO: Que, enseguida, ha de tenerse en consideración que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio;

TERCERO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto. En otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se tiene, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quién incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza. Enseguida, que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, amagando una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de un asunto como el que ha sido motivo de la acción cautelar.

CUARTO: Que, previo al análisis de la acción constitucional deducida en estos antecedentes, es dable tener presente que del mérito de lo expuesto por el recurrente en su libelo, lo informado por el recurrido a fojas 7 y lo alegado por éste en estrados, se advierte que el acto en cuya existencia se funda el recurso de protección ha cesado en su ejecución, toda vez que el reportaje cuestionado fue emitido en la edición del noticiero de fecha 20 de diciembre de 2013, no ha sido nuevamente emitido, ni se vislumbra que se vuelva a emitir a futuro.

QUINTO: Que en tales condiciones y al haberse puesto fin o agotado al acto impugnado por esta vía, no existe uno de carácter eventualmente arbitrario o ilegal que atente contra la garantía constitucional invocada por el recurrente, en términos que posibilite el resguardo por esta Corte de Apelaciones por medio de la acción cautelar intentada -presupuesto básico que configura el núcleo sustancial de todo recurso de protección-, por lo que deberá rechazarse la acción deducida en estos antecedentes.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento el acto reprochado es impugnable por las vías administrativas específicas procedentes o, en su caso, ordinarias, donde puede discutirse o probarse el amago denunciado y restablecerse y/o sancionarse al infractor que lo produjo.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección interpuesto a fojas 1 por don nombre reservado, sin costas.

Sin perjuicio, remítase copia de estos antecedentes al Ministerio Público, Sr Fiscal Regional, en torno a las amenazas que denuncia el recurrente en su escrito pretensor, para los fines correspondientes. Ofíciese, adjuntándolos.

Regístrese y, en su oportunidad, archívense.

Redactó el Ministro Sr. Roberto Contreras Olivares.

Rol Corte N° 6-2014 PROT.

Pronunciada por los Ministros señor Roberto Contreras Olivares, señora María Stella Elgarrista Alvarez y señora María Carolina Catepillán Lobos.

En San Miguel, a veinte de marzo de dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.