SOCIEDAD DE INVERSIONES E INMOBILIARIA VISTA VISTA LTDA. CON INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO CORDILLERA

En Santiago, siete de marzo de dos mil dieciocho.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don nombre reservado, comerciante, en representación de Sociedad Inversiones e Inmobiliaria Vista Vista Limitada, ambos domiciliados en domicilio reservado, e interpone acción constitucional de protección en contra la Inspección Provincial del Trabajo Cordillera, representada por su Inspector Provincial, don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, esquina Santa Elena, comuna de Puente Alto, solicitando que se deje sin efecto el Ordinario N° 600 de 15 de septiembre de 2017 de la recurrida, así como los demás actos y resoluciones que derivaren de dicho acto, ordenándose a la recurrida conocer y resolver acerca de la reconsideración multa administrativa presentada por su parte, con costas, por constituir el señalado ordinario un acto ilegal y arbitrario que afecta su garantía constitucional establecida en el número 2° del artículo 19 de la Constitución Política.

Señala que su representada fue multada por la recurrida mediante resolución N° 1782/2017/39-1-2, de 21 de junio de 2017, notificada mediante carta certificada depositada en la oficina de correos el 6 de julio de 2017, recibida en su domicilio el 13 de julio de ese año.

Reseña que, en contra de dicha resolución, dedujo recurso de reconsideración de conformidad al artículo 511 del Código del Trabajo, fundado en la ilegalidad de dicha actuación, error de hecho y de derecho, la que fue ingresada y recepcionada el día 11 de agosto del año recién pasado en la oficina referida.

Sostiene que, para su sorpresa, mediante el Ordinario N° 600 de 15 de septiembre de 2017, dicho recurso se declaró inadmisible, por estimarse que fue presentado fuera de plazo, estimando que el término de treinta días a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos y no de días hábiles en los términos del artículo 25 de la ley 19.880, suspendiéndose los días sábados y festivos.

Indica que, en la especie, corresponde la contabilización del plazo como días hábiles administrativos, puesto que el citado artículo 25 de la ley 19.980 prima por sobre las normas generales del Código Civil y que, establecido aquello, su recurso fue presentado dentro de plazo. Argumenta que, aún más, si se considera que la carta de notificación fue recibida en su domicilio el día 13 de julio, su presentación de 11 de agosto fue realizada aún dentro del plazo de treinta días corridos, según contabiliza la propia recurrida.

Afirma, luego de citar jurisprudencia en apoyo de sus argumentos, que el acto impugnado es ilegal y arbitrario y que constituye una infracción al principio de legalidad de la actuación de los órganos del Estado y a su derecho a la igualdad, garantizado en el número 2° del artículo 19 de la Constitución Política.

Segundo: Que informando la recurrida, solicita el rechazo de la acción recurrida, señalando, en primer lugar, que la acción ejercida es improcedente atendida la naturaleza del acto impugnado, puesto que la ley contempla como recurso natural contra dicha resolución la reclamación judicial, según se dispone en el artículo 512 del Código del Trabajo, de manera que se ha utilizado esta acción como un mero sustituto procesal de las acciones judiciales ordinarias establecidas precisamente para cautelar las garantías que el actor estima vulneradas.

En subsidio de las alegaciones precedentes, argumenta que el acto impugnado no puede ser tildado de ilegal, puesto que ha sido dictado en atención a las facultades conferidas en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, habiendo cumplido el servicio con el mandato legal; y, por otra parte, el acto no es arbitrario, ya que fue razonado, argumentado y fundado de conformidad a Derecho.

En subsidio de lo anterior, se refiere a los hechos fundantes de la acción deducida, precisando que el término de treinta días establecido en el inciso primero del artículo 512 del Código del Trabajo, que según la doctrina del servicio es de días corridos, venció el 9 de agosto de 2017, es decir, dos días antes de la fecha de presentación de la solicitud de reconsideración administrativa de la multa impuesta al actor, por lo que el recurso fue planteado en forma extemporánea.

Concluye que, por lo expuesto, no es posible sostener que la Dirección del Trabajo haya provocado alguna privación, perturbación o amenaza a las garantías constitucionales del actor, puesto que no ha establecido una diferencia arbitraria o ilegal en la protección de sus derechos.

Tercero: Que, según aparece de los documentos agregados por las partes, en especial el seguimiento de correo certificado agregado a fojas 30, la carta que notifica la resolución que impuso la multa a la recurrente fue ingresada a la oficina de Correos de Chile el día 3 de julio de 2017, y debe entenderse notificada seis días hábiles después, esto es, el 10 de julio de 2017, conforme a la regla establecida en el artículo 508 del Código del Trabajo.

Como ya lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema, en Rol Ingreso 3537-12 de 22 de junio de 2012 que sostiene, en lo pertinente en su considerando tercero, que:” El plazo de treinta días a que se refiere el artículo 512 del Código Laboral para presentar la solicitud de reconsideración ante el Director del Trabajo no es de días corridos, como lo entiende la recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos. En efecto, se trata de un recurso presentado en la etapa administrativa, de manera que por no existir norma expresa que establezca lo contrario en el Código del Trabajo, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que señala que éstos son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos, toda vez que al existir un plazo “especial”, como es el contenido en la Ley N° 19.880 respecto a los procedimientos administrativos, éste prima por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil”.

Que, conforme a tal criterio ya asentado, en forma supletoria -por ausencia normativa en el Código del Trabajo- corresponde dar aplicación a lo preceptuado en el artículo 25 de la Ley N° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, y considerarse la regla de plazos contenida en la Ley N° 19.880 como un plazo especial respecto de los procedimientos administrativos, que prima sobre la normas de carácter general del artículo 50 del Código Civil.

Cuarto: Que constituye un hecho no controvertido, y consta además de los documentos agregados, que el recurso de reconsideración fue presentado el día 11 de agosto de 2017, esto es, conforme con lo antes razonado, dentro del plazo de treinta días hábiles contados desde la notificación que se debe entender legalmente practicada de conformidad a lo relacionado en el considerando tercero de este fallo.

Quinto: Que, en consecuencia, la actuación de la recurrida constituye un acto ilegal, pues a través de ella se negó a tramitar un recurso de reconsideración administrativa presentado dentro de plazo legal, resultando afectada la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República por cuanto, al negar la recurrida el término en toda su extensión, ha dado un trato discriminatorio contrario a nuestro sistema normativo.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas el recurso de protección deducido en lo principal de la presentación de fojas 1, dejándose sin efecto la Resolución Ordinario N° 600 de 15 de septiembre de 2017, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por el recurrente respecto de las Resolución de Multa N° 1782/2017/39-1-2, de 21 de junio de 2017.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo de la Fiscal Judicial señora nombre reservado.

Pronunciado por los ministros señor Roberto Contreras Olivares, señora Dora Mondaca Rosales y Fiscal Judicial señora nombre reservado.

No firma por encontrarse ausente la ministro señora Dora Mondaca Rosales.

Rol N° 5965-2017 PROT.-