nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

San Miguel, nueve de septiembre de dos mil veinticinco.

Al folio 25: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, técnico en enfermería, domiciliada en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, representada legalmente por nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, con motivo del rechazo de las licencias médicas que indica, vulnerando los derechos consagrados en el artículo 19 numerales 1 y 24 de la Constitución Política de la República.

Refiere que desde el 1 de junio de 2023 trabaja como técnico en enfermería prestando servicios al señor nombre reservado, quien se encuentra en estado de postración. Añade que su empleadora era la madre del señor nombre reservado, quien falleció el 17 de enero de 2024, razón por la que cambió de empleador en su contrato. Continúa señalando que el 10 de febrero de 2024 comenzó su descanso de pre y post natal, pero que, a pesar de haber cumplido con todos los requisitos legales y administrativos para acceder al subsidio maternal, este fue rechazado por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) bajo el argumento de "huella laboral efectiva". Este rechazo se realizó sin considerar adecuadamente la documentación presentada, como liquidaciones de sueldo, contrato de trabajo, cotizaciones y certificado de renta, los cuales fueron entregados reiteradamente.

Sostiene que tras presentar un reclamo formal ante la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), se ordenó una fiscalización en su lugar de trabajo, realizada el 22 de agosto de 2024, pero que aún no se emite el informe. Agrega se reincorporo a sus funciones laborales el 27 de agosto de 2024, tras finalizar su permiso maternal.

Sostiene que la falta de pago del subsidio maternal generó graves dificultades económicas durante los primeros cinco meses de vida de su hijo, afectando directamente su calidad de vida y vulnerando derechos esenciales de protección a la maternidad y acceso a la seguridad social.

Pide se acoja el recurso y se deje sin efecto la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UJU-91545-2024, adoptando las medidas que sean necesarias, y en definitiva, disponer la dictación de los actos administrativos correspondientes a fin de aprobar y ordenar el pago, por quién corresponda, de los subsidios derivado de las licencias médicas pre y post natal N° 98858866 y 99931925 (por 42 y 84 días respectivamente, desde el 10 de febrero de 2024 al 1 de junio de 2024) extendidas a su favor, con costas.

Segundo: Que informa al tenor del recurso Roberto Barraza Saavedra, Abogado, en representación de la recurrida la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando su rechazo.

Primeramente, alega la improcedencia del recurso, toda vez que éste realmente dice relación con un derecho perteneciente al Sistema de Seguridad Social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En cuanto al fondo, indica que la actora recurrió ante dicha Superintendencia, mediante presentación de 30 de abril de 2024, reclamando por el no pago del subsidio maternal, derivado de las Licencias Médicas Pre y Postnatal Nos 98858866 y 99931925, por 42 y 84 días respectivamente, desde el 10 de febrero de 2024 al 01 de junio de 2024. Agrega que las dos licencias antes mencionadas fueron autorizadas por la COMPIN Región Metropolitana sin derecho a pago de subsidio, consignándose que la "Empleadora debe acreditar ingresos. Sin solvencia económica". Las dos licencias médicas reclamadas fueron tramitadas para la empleadora nombre reservado, quien habría fallecido el 17 de enero de 2024.

Refiere que la recurrente acompañó a su reclamo, en lo que interesa, certificado de pago de cotizaciones previsionales, poder simple, contrato de trabajo "indefinido general" suscrito el 1 de junio de 2023 (para funciones de técnico de enfermería, por un sueldo de $1.100.000 mensuales + $96.000 por concepto de locomoción + $127.000 de colación), liquidaciones de sueldo, certificado de renta del contador de la empleadora y Formulario N° 29 del Servicio de Impuestos Internos.

Destaca que en el "Certificado de Renta", otorgado por el contador de la empleadora, se consigna que la empleadora de la recurrente era rentista de inmuebles, en circunstancias que la interesada fue contratada como técnico de enfermería y en el contrato de trabajo se establece como obligación de la trabajadora "atender a los clientes que concurran al establecimiento". Luego señala que, pese a que los antecedentes ya fueron ponderados por COMPIN, se estimó necesario una fiscalización para acreditar vinculo y huella laboral efectiva con la empleadora, ya que existen incongruencias entre los antecedentes aportados. Así, se instruyó a COMPIN Región Metropolitana realizar una fiscalización a fin de constatar vinculo y huella laboral real y efectiva entre la recurrente y la empleadora nombre reservado, dejando constancia de sus conclusiones en la Cartola Médica de FONASA y -en base a ellas dictaminar lo que proceda respecto de las Licencias Médicas Pre y Postnatal Nos 98858866 y 99931925, dictamen y fundamentos contenidos en Resolución Exenta N° R-01-UJU-91545-2024, de 11 de junio de 2024.

Indica que el solo otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso, careciendo entonces la recurrente de un derecho indubitado.

Concluye que no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, que se limitó a resolver la situación de la actora, dentro del ámbito de sus competencias. Asimismo, ha existido, en la especie, vulneración o amenaza al derecho a la vida e integridad física y psíquica, ni menos se ha infringido o vulnerado el principio de no discriminación de la recurrente, como tampoco ningún otro derecho garantizado por la Carta Fundamental.

Tercero: Que cumpliendo lo ordenado por esta Corte, la COMPIN informa que a la recurrente se le autorizaron las licencias médicas, pero sin derecho a subsidio, porque no se logró acreditar solvencia económica, ni ingresos suficientes del empleador.

Sostiene que concurrió al lugar de trabajo indicado en el contrato de trabajo acompañado entre recurrente y la su empleadora nombre reservado Blum a realizar una fiscalización, lugar donde se encuentra un Centro de Larga Estadía. Agrega que, en a la documentación presentada (contratos, liquidaciones y control de asistencia en periodo en que estaba con licencia médica), no fue posible acreditar huellas laborales al momento de la visita, ya que empleador falleció el 17/01/2024, y los documentos no corresponden a la relación y horarios laborales, por lo que se mantiene la decisión de no otorgar derecho a pago de subsidio.

Expone que el vínculo entre empleador y trabajador, necesario en toda relación laboral, debe comprobarse mediante la constatación de huellas materiales y concretas que den cuenta del desarrollo efectivo de las labores, no bastando para estos efectos la sola exhibición de documentos formales, tales como contrato de trabajo, certificado otorgado por la propia empleadora, registros de asistencia, liquidaciones de remuneración o comprobantes de pago de cotizaciones previsionales.

Concluye que las actuaciones realizadas por la COMPIN, al decidir si aprobar o rechazar una licencia médica se enmarcan en los parámetros objetivos que se han dispuesto por la Ley y la normativa vigente.

Cuarto: Que el recurso de protección consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley – o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, uno o más de los derechos fundamentales protegidos por el referido artículo 20 de la Carta Política.

Quinto: Que, debe desestimarse la alegación de improcedencia toda vez que resulta inconcuso que en la especie se ha planteado la vulneración de las garantías constitucionales previstas en el N°1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, asunto respecto del que sí es procedente el presente arbitrio, por lo que la excepción planteada será rechazada.

Sexto: Que consta del mérito de los antecedentes que se interpone la presente acción constitucional en contra de la resolución de la Superintendencia de Seguridad Social de fecha 11 de junio de 2024 que no accede a ordenar el pago de las licencias médicas reclamadas y en su lugar, por las razones que indica, ordena que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez realice una inspección en el lugar de trabajo de la recurrente por no advertir la existencia de una huella laboral efectiva en esta caso.

Séptimo: Que no se encuentra discutido la presente acción fue interpuesta el 30 de diciembre de 2024, esto es, habiendo ya transcurrido los treinta días señalados en el Auto Acordado de la tramitación del presente recurso de protección. Cabe hacer presente que al disponer la práctica de esta diligencia la administración esta implícitamente negando lugar al pago de la licencia y que la diligencia de inspección que se dispuso se realizó el 21 de agosto de 2024, la que corroboró su improcedencia y también se encuentra fuera del plazo de treinta días al que se ha hecho referencia precedentemente.

Dado lo resuelto, se omite pronunciamiento respecto de la existencia del acto que se estima vulneratorio de los derechos materia de la acción y también acerca de si este tenía o no la aptitud para conculcarlos.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el ya referido Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, se rechaza, por extemporáneo, el recurso de protección interpuesto.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Nº 5950-2024 Protección