nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

Certifico que alegó por el recurso el abogado Felipe Hazbún y contra el mismo el abogado Chistian Ruiz. San Miguel, 11 de octubre de 2022. nombre reservado. Ministro de Fe.

San Miguel, once de octubre de dos mil veintidós.

Al escrito folio 22 y 24: A todos, téngase presente.

Al folio 23: A lo principal, téngase presente; Al otrosí, a sus antecedentes.

Vistos:

Comparece don nombre reservado, funcionario municipal, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de San Bernardo, representada por su Alcalde don Christopher Antonio White Bahamondes, domiciliados en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la dictación del decreto alcaldicio Nº2224 de 30 de noviembre de 2021 mediante el cual se dispuso la no renovación de su contrata para el 2022.

Expone que ingresó a la municipalidad recurrida en marzo de 2010 para realizar su práctica profesional en el departamento de prensa, cumpliendo funciones de fotógrafo de prensa y alcaldía con posterioridad y por un lapso de 2 años. Añade que desde el 2014 y hasta el 2019 se desempeñó como encargado del área de producción, con calidad de contrata desde 2017. Refiere que iniciada la pandemia estuvo a cargo del proceso de mecanizado y armado de 9.000 cajas de mercadería, siendo responsable de 20 funcionarios. Finalmente, indica que el 2020 fue derivado al departamento de cultura y turismo donde cumplió funciones de difusión artística y cultural, apoyo administrativo y gestión cultural.

Explica que en diciembre de 2021 fue notificado de la no renovación de su contrata para el año 2022, formulando una presentación ante Contraloría General de la República que fue rechazada por extemporánea, siendo notificado del término de la vía administrativa el 23 de marzo de 2022.

Alega que durante todo el tiempo que prestó servicios a la municipalidad recurrida siempre se mantuvo en lista 1 y no fue sometido a sumarios ni anotaciones de demérito, sosteniendo que el acto recurrido es una resolución vaga, imprecisa y no tiene una adecuada fundamentación de los motivos y razones de su no renovación incumpliendo el estándar de la confianza legítima que lo protege al contar con renovaciones de contrato por 4 años consecutivos.

Sostiene que el acto contra el cual recurre se fundamentó en que “…el funcionario no cuenta con la especialización/profesión ideal para desarrollarse en sus funciones como gestor cultural, lo que incide en los resultados esperados para el desempeño de sus funciones y la gestión del Departamento de Cultura y Turismo de la Dirección de Desarrollo Comunitario; esto sustentado además en que el funcionario posee calificación baja en su estamento según el escalafón vigente, en comparación a otros funcionarios”, la que califica de precaria, débil e imprecisa lo que genera un vicio de ilegalidad y arbitrariedad en la decisión.

Concluye que ningún reproche puede realizarse a su labor como funcionario, la que siempre ejerció de manera eficiente y esmerada.

Precisa que por decreto alcaldicio Nº2224 de 30 de noviembre de 2021 se decidió no renovar su contrata para el año 2022, argumentando la transitoriedad de sus servicios que ya no eran necesarios, sin que -como ya se indicara- contuviese mayor fundamentación, por lo que la califica carente de motivación.

Se refiere a la confianza legítima como la seguridad de que la práctica efectuada por el servicio público será reiterada en el tiempo y que por ello, se repetirá en el futuro, la que se erige en un límite al accionar de los servicios y su imperio de actuación. Afirma que ésta opera cuando un funcionario tiene una contrata por más de 2 años de manera ininterrumpida en una repartición en particular. Indica que la decisión de no renovar una contrata debe ser debidamente fundamentada, en alguna de las siguientes circunstancias: deficiente evaluación del funcionario, responsabilidad administrativa del funcionario, modificación de las funciones del órgano o su reestructuración que hagan innecesarios los servicios de éste, supresión o modificación de planes, programas o una alteración de su prioridad, que determinen que las labores del funcionario ya no sean necesarias, nuevas condiciones presupuestarias y reducción en la dotación. Concluye que cuando la autoridad decide desvincular a un funcionario a contrata que ha permanecido en dicha calidad por varios años en forma continua e ininterrumpida, los únicos mecanismos legales por los que puede actuar son la instrucción de un sumario administrativo y una calificación anual deficiente.

Califica el acto recurrido de ilegal por contravenir el principio de confianza legítima, además de arbitrario por atropellar derechos laborales bajo el supuesto de motivaciones que no explican cuál fue el criterio concreto y específico que llevó a que se decidiera a cesar en las funciones de ese funcionario y no de otro.

Aclara que la transitoriedad del empleo a contrata no equivale a precariedad ni se encuentran expuestas al arbitrio de la autoridad de turno.

Estima vulnerados sus derechos constitucionales, en concreto la garantía de igualdad ante la ley prevista en el artículo 19 Nº2 de la Constitución Política de la República, al ser víctima de una discriminación arbitraria, brindándosele un trato al margen del ordenamiento jurídico, lesionando la confianza legítima que lo amparaba. Refiere también la vulneración a la libertad de trabajo, según lo dispuesto por el numeral 16 del referido precepto constitucional, que otorga protección constitucional al derecho de no discriminación en materia laboral. Finalmente, estima conculcado el derecho a la propiedad previsto en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental ya que se infringe su derecho a la estabilidad del empleo y protección del trabajo respecto de los cuales tiene un derecho de propiedad.

Pide se acoja el recurso declarando ilegal y/o arbitrario el decreto alcaldicio Nº2224 de 30 de noviembre de 2021 disponiendo la renovación de su contrata y que la recurrida proceda al pago de sus remuneraciones y cotizaciones previsionales desde el momento en que se produzca la separación hasta la efectiva reincorporación, reintegro que debe realizarse en las mismas condiciones en las que se desempeñaba al momento de ser desvinculado, declarándose expresamente que la renovación de su contrata es de carácter indefinida, con expresa condena en costas.

Informa al tenor del recurso el abogado Jorge Álvarez Vásquez, en representación de la recurrida, solicitando su rechazo con costas.

En primer término opone excepción de caducidad o extemporaneidad indicando que se recurre en contra del decreto alcaldicio de 30 de noviembre de 2021. Añade que la circunstancia de recurrir ante la Contraloría General de la República no genera una “suspensión” en relación al plazo de interposición del presente arbitrio, y que el actor tenía plazo de 30 días para deducirlo contados desde que tomó conocimiento del acto, plazo que expiró con creces a la época de su interposición, esto es, el 22 de abril del año en curso.

En cuanto al fondo de la acción, sostiene que el actor se encontraba contratado bajo la modalidad a contrata, la que se caracteriza por ser esencialmente temporal y que concluía el 31 de diciembre de 2021.

Afirma que los hechos descritos por el actor son parciales e imprecisos y contienen una confusión determinante respecto del estatuto jurídico que regía al funcionario, que parecerían referirse más a una relación laboral del Código del Trabajo y que pretendería declarar que le asiste un estatuto jurídico laboral que no existe en la legislación chilena, esto es, que se declare que es titular de un empleo a contrata de carácter indefinido. Indica que el actor más que acreditar la ilegalidad del decreto o la vulneración de las garantías constitucionales que señala, no está de acuerdo con la fundamentación que se contiene en el decreto para la no renovación de su empleo a contrata. Refiere que el acto en cuestión señala taxativamente el motivo por el cual no se renueva el vínculo y que la acción constitucional de protección no es la vía para calificar el mérito de dicho fundamento.

Se refiere a la normativa que rige la contratación en el ámbito municipal, precisando las características del empleo a contrata, enfatizando que es una relación laboral de carácter estatutario especial, esencialmente transitoria ya que los servicios se prestan año a año, siendo la ley la que prescribe que dichos empleos cesan por el solo ministerio de la ley, pudiendo representar hasta un 40% de la dotación de personal de un municipio.

En cuanto al acto recurrido, explica que la nueva administración municipal a partir de junio de 2021 ordenó una auditoría administrativa, de procesos y financiera, emitiendo en virtud de ello informes sobre el estado de las distintas unidades los respectivos departamentos o direcciones municipales. A partir de ello, se evidenciaron una serie de situaciones que incidían en el desarrollo de la misión de la Municipalidad y la necesidad de ajustar los departamentos y funciones de las contrataciones de personal a los recursos municipales y a lo estipulado en la ley en cuanto al porcentaje de contratas máximo. Como consecuencia de estas acciones, se determinó no renovar la contrata del actor para el año 2022, fundado en las prerrogativas legales que determinan el carácter temporal del vínculo. Sostiene que el decreto alcaldicio está fundado y fue oportunamente notificado al recurrente, enfatizando que el vínculo se extinguió por el transcurso del tiempo, lo que no implica que el acto en cuestión pusiera fin a éste.

En relación al principio de la legitima confianza, sostiene que no es posible estimar que el hecho de contar con dos renovaciones de contrata bastaría para que un funcionario obtenga permanencia definitiva en su cargo, creándose una especie de planta municipal paralela y que impediría al alcalde desvincular o poner término a una contrata, desconociendo las facultades que la propia Ley Orgánica Municipal ha entregado a los alcaldes. Estima que, con la referida doctrina, el órgano contralor, se excede en sus atribuciones, toda vez que pretende privar al alcalde de las prerrogativas que le ha encomendado la ley.

Finalmente, afirma que no se han vulnerado los derechos constitucionales del actor, en relación a la igualdad a la ley señala que el acto recurrido se dictó ajustándose a las potestades legales del alcalde, sin que se funde en circunstancias que discriminen al actor, tratándose de una decisión técnica que se funda en los principios que ordenan la actuación del órgano y sus directivos en cuanto a la eficiencia y legalidad del presupuesto. Sobre el derecho de propiedad, rechaza la imputación que se formula, sosteniendo que no puede existir un derecho de propiedad sobre un empleo que se caracteriza por ser esencialmente temporal. Finalmente, sobre la libertad de trabajo refiere que los hechos relatados en la acción no dicen relación con dicha garantía constitucional.

Concluye que el presente recurso de protección no puede prosperar al no existir los hechos calificados como ilegales y no constituir el decreto alcaldicio de 30 de noviembre de 2021 una omisión arbitraria o ilegal que constituya la privación, perturbación o amenaza de alguno de los derechos constitucionales del actor.

Que también informó la Contraloría General de la República señalando que el actor dedujo, el 17 de diciembre de 2021 una reclamación en contra de la decisión de la Municipalidad de San Bernardo de no renovar su contrata para el año 2022, alegando que se encontraría amparado por el principio de la confianza legítima.

Explica que el inciso 1º del artículo 156 de la Ley Nº18.883, dispone, en lo que interesa, que los funcionarios tendrán derecho a reclamar ante la Contraloría General de la República cuando se hubieren producido vicios de legalidad que afectaren los derechos que les confiere dicha preceptiva, para lo cual tienen un plazo de 10 días hábiles, contado desde que tuvieron conocimiento de la situación, resolución o actuación que dio lugar al vicio que se reclama. Que en el caso en cuestión, el plazo debe contarse desde que le ha sido notificado al funcionario el acto que explícita las razones de la no renovación o prórroga de su contrata lo que ocurrió el 30 de noviembre de 2021, como consta del acta de notificación que se acompañó y que incorpora la firma del notificado.

Concluye señalando que, dado que el recurrente presentó su reclamo el 17 de diciembre de 2021, excediendo el referido término de 10 días hábiles que indica la ley, éste se desestimó por extemporáneo.

Se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección tiene por objeto el restablecimiento del imperio del derecho de quien se vea privado, perturbado o amenazado en el ejercicio legítimo de alguna de las garantías contempladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, a consecuencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien lo ejecuta o deja de ejecutar.

Segundo: Que en la especie, el acto que se califica como ilegal y arbitrario es el Decreto Alcaldicio N°2224, de 30 de noviembre de 2021, que dispuso la no renovación del nombramiento a contrata de don nombre reservado.

Tercero: Que como primera cuestión, se debe analizar si la presente acción fue interpuesta dentro de plazo en conformidad al numeral primero del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales y, al respecto, los antecedentes que constan en el proceso permiten advertir que el actor presentó su recurso el 22 de abril del año en curso, constando que tomó conocimiento del acto recurrido el 30 de noviembre de 2021, excediendo el plazo fatal de 30 días corridos establecido en el artículo 1º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de modo, que el presente arbitrio resulta extemporáneo.

Cuarto: Que para así estimarlo, se ha tenido en consideración que, como lo ha venido reiterando nuestro Máximo Tribunal, el plazo de interposición del recurso de protección establecido en el numeral 1° del ya aludido Auto Acordado, es un plazo objetivo, el que no puede quedar entregado a la interpretación que de los efectos del acto u omisión arbitraria o ilegal haga el afectado, ya que de esta manera se estaría entregando a éste la determinación arbitraria de su cómputo, permitiéndole su permanente renovación (Excma. Corte Suprema, Rol 198-2019), máxime si la reclamación interpuesta ante la Contraloría General de la República y que sustentaría el cómputo del plazo que formula el actor, fue declarada extemporánea.

De este modo, se debe proceder al rechazo del recurso interpuesto por ser claramente extemporáneo.

Quinto: Que a mayor abundamiento, en lo que concierne a la legalidad del acto, cabe tener presente que el artículo 5° letra f) de la ley N°18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, define el empleo a contrata como “… aquel de carácter transitorio que se contempla en la dotación de una municipalidad.” El artículo 2° inciso tercero de dicha ley dispone que tales empleos “…durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan cesarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido dispuesta la prórroga con treinta días de anticipación, a lo menos.”

De ello se desprende que, en principio, el término de las funciones desempeñadas en virtud de tales nombramientos se encuentra previsto en los propios decretos alcaldicios que los disponen, en la especie, el N°7 de 14 de enero de 2021, que dispuso la contratación de don nombre reservado para cumplir funciones en la Dirección de Desarrollo Comunitario, hasta el 31 de diciembre de 2021 y mientras sean necesarios sus servicios; dicha resolución fue dictada en uso de las atribuciones que competen al alcalde, según dispone el artículo 53 letra c) de la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, que la recurrente no ha cuestionado.

Sin embargo, la decisión de no renovar una contrata, al igual que la prórroga de la misma, en tanto decisión formal que emite un órgano de la Administración del Estado en la cual se contiene una declaración de voluntad realizada en el ejercicio de una potestad pública, ha de materializarse en un acto administrativo, en conformidad a lo previsto en el artículo 3° de la ley N°19.880, el cual deberá emitirse con la anticipación señalada. Igual forma y anticipación deberá adoptar la decisión de no renovar una contrata. Ahora bien, el artículo 11 de la misma ley estatuye en el inciso segundo que “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos…”.

De lo anterior se sigue que los actos en que se materialice la decisión de no renovar una contrata deberán contener el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustentan.

Lo anterior constituye un resguardo frente a la facultad discrecional que compete a la Administración en tales casos, cautelando de ese modo la arbitrariedad a que pudiere dar origen tal discrecionalidad. En igual sentido, precave la posibilidad de impugnar tales actos por los medios que la propia normativa establece, tanto al transparentar sus fundamentos como al proporcionar el marco temporal para hacerlo.

Sexto: Que por otra parte, el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales regula la dotación de las municipalidades en términos que equilibren, tanto desde el punto de vista administrativo como presupuestario, los cargos de planta con aquellos a contrata.

Así, el artículo 2° inciso cuarto de la ley N°18.883, dispone que “[l]os cargos a contrata, en su conjunto, no podrán representar un gasto superior al cuarenta por ciento del gasto de remuneraciones de la planta municipal. Sin embargo, en las municipalidades con planta de menos de veinte cargos, podrán contratarse hasta ocho personas.”.

A su vez, el inciso séptimo del mismo artículo estatuye que “El gasto anual en personal no podrá exceder, respecto de cada municipalidad, del 42% (cuarenta y dos por ciento) de los ingresos propios percibidos en el año anterior.”, refiriendo a continuación que se entenderá por gasto en personal el que representen las remuneraciones del personal de planta y a contrata, entre otros; además, determina los rubros que han de considerarse como “ingresos propios”.

Séptimo: Que, en la especie, la decisión de no renovar la contrata de don nombre reservado se materializó mediante la dictación del impugnado decreto alcaldicio N°2224, emitido el 30 de noviembre de 2021, esto es, con la anticipación requerida y en la forma prevista por la ley.

En cuanto a sus fundamentos legales, se hace especial referencia a la transitoriedad de los empleos a contrata establecida en las normas antes transcritas.

Como fundamentos de hecho se menciona que el funcionario no cuenta con la especialización/profesión ideal para desarrollarse en sus funciones como gestor cultural, lo que incide en los resultados esperados para el desempeño de sus funciones y la gestión del Departamento de Cultura y Turismo de la Dirección de Desarrollo Comunitario, sustentado, además, en que el funcionario posee calificación baja en su estamento según el escalafón vigente, en comparación con otros funcionarios.

En lo específico al recurrente, se acompaña su hoja de calificaciones que comprende el periodo contemplado entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de agosto de 2020, en el que es posible apreciar que el actor tiene una nota 6 en asistencia y puntualidad y un 4 en cumplimiento de normas e instrucciones, registrando nota 7 en los demás ítems.

En suma, el decreto contiene los adecuados fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la decisión de no renovar la contrata de don nombre reservado en la Municipalidad de San Bernardo Octavo: Que en lo que concierne a la alegación de haber amparado al recurrente la confianza legítima en la renovación de su contrata, no corresponde acogerla, atendiendo a los precisos y específicos fundamentos que contiene el decreto impugnado.

Noveno: Que, en consecuencia, el decreto alcaldicio impugnado se ajustó a derecho, al haber sido dictado con las debidas formalidades por autoridad facultada al efecto, en uso de sus atribuciones y en un caso previsto por la ley; además, la decisión que en él se plasma atiende a criterios razonables, debidamente expuestos y fundados, de manera que no siendo ilegal ni arbitrario el acto reclamado, el presente recurso no puede prosperar, sin que resulte necesario referirse a cada una de las garantías constitucionales cuyo legítimo ejercicio se dice afectado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la Municipalidad de San Bernardo.

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N° 5944-2022 Protección.