nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA

San Miguel, seis de marzo de dos mil veinticinco.

Al escrito folio 16 y 17: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Julio Cesar Gil Saladriga, abogado, interpone recurso de protección en favor de nombre reservado, ingeniera, domiciliada en domicilio reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de La Cisterna, representada por su alcalde Joel Olmos Espinoza, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la dictación del Decreto Alcaldicio Siaper Nº003332 de 29 de noviembre de 2024, notificada a su representada el 4 de diciembre último, por medio del cual no se renovó su vínculo estatutario, lo que vulnera lo dispuesto en los numerales 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando que se deje sin efecto dicha resolución y todo acto administrativo posterior que suponga la validez del acto recurrido, restituyendo a la recurrente al cargo que detenta como profesional designado a contrata grado 10, manteniéndola por todo el periodo 2025, pagando la totalidad de sus remuneraciones y cotizaciones devengadas a su favor mientras dure la separación de los servicios, desde la separación de los mismos hasta su reintegro al municipio, dictando las medidas que la Corte estime pertinentes, con costas.

Expone que la recurrente ingresó a prestar servicios al municipio el 1º de junio de 2010, sirviendo en una suplencia externa en la Dirección de Desarrollo Comunitario, en el grado 17 auxiliar. Luego, el 22 de diciembre de 2011, se decreta su contrata hasta el 31 de diciembre de ese año. Posteriormente, año a año se va renovando su contratación, destacando que el 17 de febrero de 2014 es trasladada desde la Dirección de Desarrollo Comunitario a la Oficina de Partes Municipales y posteriormente al Juzgado de Policía Local de La Cisterna a contar del 18 de marzo de ese año. Luego, ingresa a la plana municipal entre los años 2015 y 2016, renunciando a la misma para ejercer funciones a contrata, a fin de obtener mejoras salariales, todo esto durante el año 2017, ejerciendo un cargo administrativo asimilado al grado 13 hasta el año 2018, momento en el que se le designa como profesional en cargo asimilado a grado 11 hasta diciembre del año 2021. Posteriormente se pone término a la prórroga de la contratación anterior por aumento de grado, desempeñándose en un cargo profesional de grado 7º hasta noviembre del año 2022, instancia en la que no se le renueva en las mismas condiciones, sino que se la contrata en el grado 10 hasta el momento en que se dicta el acto administrativo impugnado.

Indica que, sin embargo, a través del acto recurrido se dispuso que no se prorrogó su contrata para el año 2025 principalmente porque durante el año 2024 la Municipalidad de La Cisterna habría sido objeto de modificaciones en su estructura orgánica, creándose la Dirección de Administración General, la Dirección de Finanzas Municipales y la Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas, lo que requirió prescindir de los servicios de la actora.

Sin embargo, estima que la decisión dictada es arbitraria y carente de legalidad toda vez que no se encuentra debidamente fundamentada, teniendo en especial consideración que su representada ha permanecido vinculada al municipio durante 15 años, de los cuales 5 años lo fue a contrata -2010 a 2014-, 2 años en cargos de planta -2015 a 2016- y 8 años como funcionaria a contrata -2017 hasta 2024- lo que generó respecto a su representad la confianza legítima de mantenerse vinculada a la administración, de modo que su relación estatutaria sólo podía terminar por un sumario administrativo derivado de una falta que motivara su destitución o por una calificación anula que así lo permitiera, lo que no ocurrió en la especie.

Destaca que del motivo fundamental que justifica la decisión, no existe corroboración de la medida adoptada al no acompañar el decreto que ordena la creación de las direcciones referidas, siendo además extemporáneo ya que se refiere a un instrumento emitido 6 meses antes de la no renovación de la contrata. Tampoco se justifica la razón por la cual sería necesario prescindir de sus funciones, ni menos se acompañan los antecedentes que justificarían aquello. Finalmente refiere que los demás fundamentos son genéricos, y se refieren solo a citas jurisprudenciales que no explican adecuadamente la necesidad de la medida adoptada en el caso de su representada.

A continuación, precisa que, de los antecedentes acompañados, a través de los cuales la recurrida reconoce que la actora mantuvo 6 años de designaciones a contrata, como también que la funcionaria adquirió la confianza legítima, queda claro que la recurrente se encuentra protegida por dicho principio.

Finalmente refiere que la decisión adoptada vulnera la garantía fundamental de la igualdad ante la ley, contenida en el artículo 19 Nº2 de la Constitución Política de la República, dado que se le ha dado un trato discriminatorio en relación con otros funcionarios a quienes, en situación equivalente, esto es, sin desvinculación derivada de un sumario administrativo fundado en una falta que la motive y sin una calificación anual que permita dicha medida, pueden continuar sirviendo su cargo a contrata. También se vulnera el numeral 16 de la norma descrita ya que no se salvaguarda a la recurrente de los poderes de su empleador al momento de adoptar la decisión de no renovar su contrata. Por último, se contraviene el numeral 24 del artículo descrito ya que se vulnera el derecho a propiedad de la contrata, poniendo fin al contrato sin expresión de causa.

Pide que se acoja el recurso en los términos descritos.

Segundo: Que informa al tenor del recurso la Ilustre Municipalidad de La Cisterna, solicitando el rechazo del mismo en atención a que el decreto dictado es legal ya que el mismo se fundamenta en las leyes Nº19.695, Nº19.880, Nº18.883 y Nº10.336, en el pronunciamiento de diversos órganos administrativos con potestad para pronunciarse y en las resoluciones de órganos jurisdiccionales, especialmente en fallos de la Excma. Corte Suprema.

Añade que, además, el mismo no es arbitrario, ya que se ampara en la necesidad de efectuar cambios en la organización intra orgánica de la municipalidad, ya que a través del Decreto Nº43.739 de 26 de junio de 2024, se crearon la Dirección de Administración General, la Dirección de Finanzas Municipales y la Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas, por lo que para cumplir los objetivos estratégicos de las nuevas direcciones municipales, se debió ajustar al personal municipal, llevándose a cabo diversos traslados (destinaciones) de personal, así como cambiando el criterio de renovación del personal, modificándolo del que se aplicó anteriormente, lo que requirió decidir de manera diversa la renovación o no renovación de la contrata de la recurrente al término del año 2024.

Precisa que, en virtud de lo anterior, no se produjo privación, perturbación o amenaza de los derechos de la recurrente como asimismo, no se afectó garantía fundamental alguna, ya que respecto al numeral 2º del artículo 19 de la Constitución Política de la República ya que no se ha favorecido a otras personas que se han encontrado en la situación fáctica de la actora, a fin de no decidir de la misma manera en que se decidió respecto de la recurrente. Respecto al numeral 16 del mismo artículo, la actora puede escoger el trabajo que estime conveniente, no afectándose dicho derecho con la decisión adoptada. Por último, en cuanto a la vulneración del numeral 24 de la misma disposición, no existe una propiedad sobre el empleo público ya que por esencia los empleos a contrata son temporales, pudiendo ser revisados en atención a la racionalidad del mismo, pudiendo ponérsele término siempre que exista una fundamentación al respecto, una relación de causalidad entre el hecho que fundamente el acto administrativo y su motivo y que apunte a un fin administrativo.

Finalmente, precisa que en la especie no existe un derecho indubitado que sea materia de la presente acción cautelar, ya que la controversia planteada resulta ser materia de un procedimiento regulado especialmente en el Código del Trabajo sin que conste que la actora haya ejercido dichas acciones en aquella sede, por lo que corresponde el rechazo del recurso.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, del mérito del informe de la entidad recurrida, es posible desprender que ésta arguye haber actuado legalmente, dada la necesaria reestructuración que ha debido realizar a fin de optimizar la gestión del municipio, razón por la cual debió prescindirse de los servicios de la recurrente, ejerciendo una facultad que expresamente le confiere la ley, teniendo en especial consideración la naturaleza temporal del empleo que ejerce.

Quinto: Que para discutir y rendir prueba acerca de la legitimidad que tiene la recurrida para poner término a la contratación de la recurrente, como evaluar la veracidad de los hechos expuestos en la resolución, y que constituyeron las bases para poner término a la contratación de ésta, se requiere de un procedimiento de lato conocimiento que excede con largueza los estrechos marcos del recurso que nos convoca, pues el presente es un arbitrio extraordinario de tramitación concentrada y naturaleza cautelar pensado para casos en que se patentice que se han realizado actos o incurrido en omisiones, con carácter de arbitrarios o contrarios a la ley, que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un derecho indubitado y no disputado por parte del supuesto afectado –lo que dista de suceder en este caso, dado que lo reclamado no aparece determinado como un derecho preexistente sino, al contrario, claramente se encuentra controvertido por la recurrida-, no siendo esta acción cautelar una instancia para constituir ni declarar derechos, sino para proteger aquellos que resulten como no discutidos, adoptando providencias cautelares urgentes para restablecer el imperio del derecho.

Sexto: Que, además, en relación a la condición jurídica de la recurrente, el artículo 2 de la ley N°18.883 sobre Estatuto Administrativo de los funcionarios Municipales establece que, sin perjuicio del reconocimiento de los cargos de planta, la dotación de las municipalidades podrá comprender cargos a contrata, los que tendrán el carácter de transitorios. La disposición antes citada añade que los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan cesarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido dispuesta la prórroga con treinta días de anticipación, a lo menos.

Séptimo: Que, en lo concerniente a las exigencias relacionadas con la fundamentación del acto administrativo de que se trata, del análisis del mismo no se advierte que se haya infringido el estándar de razonabilidad y fundamentación inherente a todo actos de la administración del Estado exigido por el artículo 8 de la Constitución Política de la República, en relación con los artículos 11 inciso 2° y 41 inciso 4 de la ley 19.880 sobre Bases del Procedimiento Administrativo, dado que se han dado explicaciones de hecho y de derecho, relativas a la reestructuración administrativa por parte de una nueva autoridad municipal, con miras a mejorar la eficiencia de la gestión, que sustentan la decisión de no renovar la contrata de la recurrente -esencialmente transitoria-, por lo que no deviene en arbitraria ni ilegal.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza el recurso interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de La Cisterna.

Acordada con el voto en contra de la ministra Alejandra Pizarro, quien estuvo por hacer lugar al postulado de protección en atención a las siguientes razones:

1ª) La decisión de no renovar la contrata que se encontraba concedida a la recurrente es susceptible de ser enmarcada en lo que prevé el artículo 3º de la Ley 18.834, cuyo tenor define la planta del personal de un servicio público como el conjunto de cargos permanentes asignados por la ley a cada institución, y que los empleos a contrata son aquellos de carácter transitorio que se consultan en la dotación de una institución. La misma ley en mención, en su artículo 10, prescribe que los empleos a contrata durarán, como máximo, solo hasta el 31 de diciembre de cada año y quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el solo ministerio de la ley.

Según lo antedicho, la autoridad cuenta con la facultad para poner término a las funciones del empleado a contrata antes de la fecha indicada, en la medida que no sean necesarios sus servicios.

En ese último pasaje anotado en el párrafo inmediatamente anterior radica el quid y parámetro legal para resolver el asunto materia de la acción cautelar ejercida en la especie;

2ª) Esa legalidad de la conducta de la autoridad respectiva para cesar o no renovar un cargo a contrata se verifica, según si en dicho proceder el superior jerárquico competente se apega y obedece la preceptiva que rige los actos de la Administración.

En ese sentido, la Ley 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, en cumplimiento de criterios constitucionales, contempla los principios destinados a asegurar un procedimiento racional y justo al decidir y al ejecutar las actuaciones de los órganos de la Administración del Estado, cuyo artículo 1° ordena que sus preceptos se aplicarán con carácter supletorio en aquellos casos donde la ley establezca procedimientos administrativos especiales.

En lo que ahora interesa, es importante reconocer que el ordenamiento referente a las atribuciones de nombramiento y terminación de cargos de empleos a contrata que corresponden al jefe superior del servicio contenido en el ya citado Estatuto Administrativo, no contempla reglas especiales acerca del procedimiento que debe emplearse para el ejercicio de tales facultades, por lo que en tal materia debe concluirse que lo pertinente es aplicar las disposiciones contempladas en la referida Ley 19.880;

3ª) Seguidamente, es del caso recordar que entre los principios previstos en esa ley sectorial, se cuentan los de transparencia y publicidad, expresamente normados en el artículo 16, en términos que dictan que el procedimiento administrativo debe realizarse con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento, contenido y fundamentos de las decisiones que se adopten en él. Antes, el artículo 11 inciso segundo, de dicho cuerpo legal, preceptúa que la decisión administrativa debe ser motivada o basada explícitamente, con los hechos y los fundamentos de derecho que afecten los derechos de las personas.

También, es del caso destacar que el inciso cuarto del artículo 41 del texto legal en estudio dispone: “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada”;

4ª) A la luz de lo expresado, se advierte con claridad que la expresión del motivo o fundamento por el cual se adopta una determinada decisión de la autoridad es un presupuesto esencial o principal, toda vez que esa explicitación concreta se relaciona con la presencia manifiesta de un mínimo de racionalidad en la determinación del jefe del servicio, atendido que su ausencia afecta los derechos del destinatario del acto y de los posibles interesados;

5ª) En la especie, según ha quedado explicado en lo expositivo del libelo de protección y del informe respectivo, resulta que la resolución municipal que se ha venido a cuestionar en esta causa, en realidad y de modo evidente, no pasa de aludir a una determinación de reestructurar la municipalidad con miras a optimizar sus funciones, derivando ello en tres nuevas direcciones que sirvieran a ese objetivo. Sin embargo –y es lo que debía constar de manera prístina en este caso-, la resolución impugnada faltó a las exigencias normativas que se han expuesto precedentemente, dado que contraviene el mandato del artículo 11 citado más arriba, al no contener y describir los fundamentos en los que razonablemente se apoyó para no renovar la contrata de la actora, tal y como había hecho por años.

Con eso, el acto alcaldicio que se reprocha a la Municipalidad de La Cisterna es contrario a los dictados de la igualdad ante la ley que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, toda vez que, sin una motivación precisa, concreta y particularmente atingente a la situación de la actora y del porqué sus servicios no serían necesarios, la decisión que la afecta se aparta de los requisitos legales que la rigen, al pasar por alto una de las condiciones, también prescritas por la Ley 19.880, que tiene el deber de observar.

De igual forma, se atenta contra el derecho de propiedad previsto en el número 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, atendido que el acto ilegal y arbitrario en cuestión privó a la recurrente del derecho a las remuneraciones por el presente año, conforme había ocurrido todos los años anteriores en los que se desempeñó a contrata por decisión de la Municipalidad de La Cisterna, vale decir, con el único intervalo en que la incorporó a la planta en un cargo de grado inferior por el que nuevamente la contrató a partir de 2022.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

N°5943-2024 Protección.