PEDRO ZULETA SILVA INVERSIONES E.I.R.L., con FISCO TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE

San Miguel, veinticuatro de enero de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña Angélica González Pinochet, abogada, en representación de nombre reservado, como persona natural, y de la empresa “Pedro Zuleta Silva Inversiones E.I.R.L.”, ambos con domicilio en domicilio reservado; recurriendo de protección en contra de la Tesorería General de la República con motivo de haber practicado un embargo en su cuenta corriente del Banco BCI , lo que a su juicio vulnera los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, su derecho a la vida e integridad física y psíquica y el derecho propiedad.

Relata, a modo de contexto, que en atención a la pandemia de COVID 19 el 30 de abril de 2021 el Ministerio de Hacienda informó sobre la postergación de la Operación Renta a fin de facilitar el cumplimiento tributario y “darles un respiro” ante la paralización de la actividad económica, prorrogándose el plazo de la declaración y pago anual de impuesto a la renta del año tributario 2021, hasta el 31 de mayo de 2021. Por su parte el S.I.I. anunció medidas, tales como ampliación de plazo para cumplir con el pago de los impuestos a la renta, disponiendo de dos meses adicionales para dichos efectos.

En lo legislativo, mediante la ley 21.353, promulgada con fecha 11 de junio y publicada el 17 de junio de 2021, se estableció en su artículo 4° una flexibilidad para los convenios de pago de impuestos adeudados que se celebraran hasta el 31 de diciembre y que se encontraran vencidos al 30 de junio del mismo año, pudiendo estos pagarse con facilidades y en cuotas hasta por 4 años conforme lo establecido en el artículo 192 del Código Tributario, además de condonaciones de multas e intereses. Agrega que lo anterior le fue informado formalmente a su representado por correo de 24 de noviembre de 2021.

Afirma que, no obstante lo ya señalado y encontrándose dentro del plazo establecido por la ley indicada para efectuar un convenio de pago, el 29 de noviembre pasado se encontró con la dificultad de poder girar dineros de la cuenta corriente del Banco BCI informándole al día siguiente su ejecutivo que se había embargado la suma de $17.909.631.- con cargo a la cuenta corriente de su empresa en cumplimiento a la resolución dictada por Tesorería General de la República, en expediente N°10169-2021, San Ramón, acto que lo dejó sin fondos para afrontar sus obligaciones y seguir funcionando, en la imposibilidad de poder realizar un convenio, toda vez que en un convenio realizado por su parte en el año 2019, pues previamente, en otra situación en que celebró un convenio la tesorería le exigió un pie, y en esta ocasión según el correo enviado también se le exigiría, pero al haber embargado la totalidad de los dineros de la EIRL., se le dejó sin dineros para dichos efectos y para poder optar al señalado convenio.

Afirma que concurrió a oficinas de la recurrida a consultar los motivos de dicho embargo e informarse de las condiciones para realizar un convenio, sin embargo obtuvo la respuesta de una funcionaria, que señaló ser abogada, la cual le exigió un flujo de caja para evaluar su capacidad de pago y le manifestó que aunque hiciera un convenio no le alzarían el embargo, ya que con esos dineros la Tesorería se pagaría por lo menos de 20 cuotas. Más tarde recibió un correo de la recurrida, haciendo referencia a una sustitución del embargo, no solicitada por su parte, señalándole que podría sustituir parcialmente el gravamen, por vehículos, los cuales además debía llevar a su cargo para ser tasados.

Expresa que, conforme lo anterior, la Tesorería Regional Metropolitana Sur, ha incurrido en actos, que no solo han vulnerado los derechos fundamentales de Pedro Zuleta Silva Inversiones E.I.R.L, sino que también su derecho de propiedad, establecido en el numeral 24, del artículo 19 de la Constitución Política, y se ha amenazado gravemente la integridad psíquica de su representante legal, nombre reservado, toda vez que es él quien deberá comunicar a sus trabajadores, que ad portas de la Navidad verán frustrados nuevamente un fin de año en paz y tranquilidad, porque han sido embargados la totalidad de los dineros de la E.I.R.L., entre ellos los destinados a sueldos y salarios, existiendo la posibilidad cierta y real de ser demandada por incumplimiento grave al contrato de trabajo, al no poder pagar, teniéndose asimismo el riesgo de que se le efectúen las respectivas retenciones por concepto de AFP., Isapre y AFC, de sus trabajadores.

Argumenta que el embargo de los dineros de su cuenta corriente es un acto arbitrario e ilegal, toda vez que se realiza en un periodo de grave excepción, siendo contrario a la Ley 21.353 que estableció que el Servicio de Tesorerías deberá otorgar facilidades de hasta cuatro años, para el pago en cuotas periódicas de los impuestos adeudados, dejando sin efecto o suspendiendo, cualquier resolución de apremio, que pueda emanar del servicio, a consecuencia de la morosidad de impuestos, vencidos hasta el 30 de junio de 2021; además de arbitrario por ser la única deuda tributaria de su parte.

Solicita acoger su recurso y adoptar de inmediato las providencias que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados, ordenando a la Tesorería General de la República, por intermedio de la Tesorería Regional Metropolitana Santiago Sur, dejar sin efecto el embargo de dineros de la cuenta corriente del contribuyente Pedro Zuleta Silva Inversiones E.I.R.L, debiendo retornar en forma inmediata estos dineros que ascienden a la suma de $17.909.631.- a la cuenta corriente del contribuyente en el caso que dichos dineros hayan sido derivados a una cuenta de la Tesorería, por la vía más rápida.

Segundo: Que el abogado Pablo Guzmán Navarro, informa al tenor del recurso, en representación de la recurrida Tesorería General de la República, solicitando el rechazo de la acción.

Plantea que la Tesorería Regional Santiago Sur, dentro de las facultades legales, señaladas en el Título V del Código Tributario, el 4 de agosto del 2021 inició el cobro de las obligaciones tributarias de dinero en contra del contribuyente Pedro Zuleta Silva Inversiones E.I.R.L., según consta en el expediente administrativo N° 10169-2021 San Ramón, que da cuenta que tal obligación proviene del impuesto fiscal adeudado por el recurrente, como se desprende de la Nómina de Deudores Morosos, título ejecutivo y auto cabeza de proceso, conforme con lo dispuesto en el artículo 169 del Código Tributario. Añade que la demanda fue notificada por cédula entregada a una persona adulta en su domicilio tributario el 13 de agosto de 2021, no constando que el contribuyente recurrente haya presentado excepciones, realizado pagos o abonos a la deuda, ni que haya activado convenio o alegado alguna falta de emplazamiento u otra causal de nulidad.

Relata que en atención a la cuantiosa deuda morosa del contribuyente ($51.666.363, al 1 de diciembre), con fecha 29 y 30 de noviembre de 2021, se efectuaron embargos en la cuenta corriente del Banco Scotiabank N°[cuenta reservada], por la suma de $453.087; y de la cuenta corriente del Banco de Crédito e Inversiones N° [cuenta reservada], por la suma de $17.909.631. Luego de ello, el recurrido, concurrió a sus dependencias para obtener los alzamientos respectivos y entrevistándose con la abogada del Servicio de Tesorerías, ésta le indicó que existiendo una deuda de ese monto no procede alzar el embargo de activos líquidos que garantizan directamente el pago de parte de la deuda y el debido resguardo del interés fiscal.

Con fecha 01 de diciembre del 2021, el representante legal del contribuyente, realizó una presentación por escrito, en la que solicitaba la disminución del embargo de la cuenta corriente, ofreciendo el pago del pie de convenio de pago, que se verificaría con el saldo del porcentaje de embargo subsistente, acompañando los antecedentes que indica y que acreditaban los pagos a los que estaba obligado, los que buscaban abonar la solicitud de disminución de dineros embargados. Finalmente, y previo informe patrimonial, donde se da cuenta de la existencia de una serie de activos del recurrente, y con el objeto de no afectar la liquidez del mismo, se acuerda que se sustituirá el embargo de la cuenta corriente por embargo a los vehículos PPU PLGS57 y KXYK35, los cuales asegurarían debidamente el interés fiscal frente al monto de deuda, obligándose a llevarlos el 6 de diciembre a dependencias de Tesorería para su tasación, como consta en los documentos que adjunta.

En atención a lo convenido el 2 de diciembre del año 2021, se dictó la resolución de alzamiento de los embargos efectuados, solicitándose al Banco BCI la remisión de $1.500.000 que serían usados como pie del convenio, ordenándose además, sustituir el embargo por el de los vehículos PPU PLGS57 y KXYK35, los cuales garantizan adecuadamente el pago de la deuda y el debido resguardo del interés fiscal. Afirma que el recurrente no concurrió a la Tesorería Regional Santiago Sur a cumplir con el compromiso convenido en torno a la sustitución de embargo, no obstante que ya se habían dictado los alzamientos señalados.

Recalca que lo anterior no se condice con el relato del recurso, ya que a su fecha de presentación, el 3 de diciembre, ya había concurrido el recurrente al Servicio de Tesorerías, se había llegado a un acuerdo con la abogada respectiva, se había realizado una presentación de disminución del embargo el 1° de diciembre de 2021 y ofrecido un convenio a activar con el saldo del embargo de la cuenta corriente subsistente y finalmente, las resoluciones de alzamiento de la cuenta corriente cuyo embargo es la razón de este recurso, habían sido resueltas favorablemente al contribuyente el dos de diciembre de 2021. A mayor abundamiento, el 7 de diciembre, por medio de la resolución número 141501 del Sistema de Convenios, el recurrente activó por internet el convenio de pago, suspendiendo con ello las acciones de cobro.

Por lo anterior, el acto recurrido, esto es, el embargo de la cuenta corriente, por la suma de $17.909.631, fue resuelto el 2 de diciembre del 2021, al tenor de lo solicitado y convenido por el contribuyente, por el canal de atención respectivo, mediante presentación efectuada dentro del expediente administrativo de cobro, en conformidad a las normas del procedimiento ejecutivo de cobro de obligaciones tributarias del artículo 168 y siguientes del Código Tributario, solicitudes que fueron resueltas por el Juez Sustanciador, en atención a las normas aplicables del juicio ejecutivo de cobro y al mérito de lo solicitado, dentro del procedimiento respectivo, no siendo el recurso de protección la vía idónea para plantear un reclamo sobre una actuación y resoluciones judiciales verificadas dentro del procedimiento judicial de cobro, donde el contribuyente no tiene un derecho indubitado, donde además se recurre sobre un hecho que ha sido sometido por medio de solicitudes paralelas del propio recurrente, a resolver por la Juez Sustanciadora competente y por esta Corte.

Concluye que el Servicio de Tesorerías, ejerciendo sus facultades legales, ha llevado a cabo la pertinente acción de cobro y el juez sustanciador pertinente ha dictado los apremios que son coherentes con el monto de la deuda. A este respecto señala que la Ley N° 21353, citada por el recurrente en ninguna parte establece que se suspenden las acciones de cobro o los apremios, o que la Tesorería deba inhibirse mientras esté vigente el beneficio de facilidades de pago, solo dispone que debe otorgarse aquella vía de convenio, por lo tanto, naturalmente éstos son efectivos previa activación del contribuyente, pagando el pie pertinente.

Conforme a todo lo anterior, y sin perjuicio de no ser la vía adecuada, expresa que su parte no ha cometido actos u ocurrido en omisiones, con carácter de arbitrarios o contrarios a la ley, que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre garantizado y amparado en el texto constitucional, toda vez que se ha limitado a cumplir con sus funciones y ha ajustado su conducta de manera estricta a lo que dispone la ley, como lo es, proceder al cobro judicial de una deuda tributaria, lo que fue notificado legalmente; no se opusieron excepciones, alegaciones o defensas y después de un plazo razonable se dispusieron medidas de apremio que son coherentes con el monto de la deuda. Más aún, habiendo deducido el propio accionante solicitudes para regular las externalidades negativas de los apremios, su parte dispuso y acogió adecuada y favorablemente, conforme a derecho, las solicitudes planteadas, dejando el acto recurrido sin efecto y con ello, sin oportunidad de resolución al presente recurso.

En consecuencia, reitera su solicitud de rechazo, con expresa condena en costas.

Tercero: Que atendido lo referido y para dilucidar el asunto sometido a la decisión de esta Corte, es preciso recordar que la acción de protección contenida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, debe ser ejercida ante actos u omisiones arbitrarios y/o ilegales que provoquen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías con resguardo constitucional, para que en su caso, se adopten las providencias necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, asegurándose la debida protección del perjudicado. De lo que se sigue, que se trata de un procedimiento extraordinario, de emergencia, cuyo objetivo es remediar pronta y eficazmente los efectos lesivos de un actuar ostensiblemente contrario al ordenamiento jurídico, carente de fundamento o caprichoso, reparándose así el amago provocado a derechos o prerrogativas derivadas de situaciones ciertas y definidas y, por ello, con resguardo constitucional preferente. Todo ello, sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante la autoridad o los Tribunales correspondientes.

Cuarto: Que es necesario determinar si ha existido de parte de la recurrida un acto ilegal o arbitrario que amenace, perturbe o prive al reclamante de protección del legítimo ejercicio de alguno de los derechos o garantías establecidos en la Constitución Política de la República.

Quinto: Que de los antecedentes conocidos por esta Corte, consta que la parte recurrente reclama del embargo a su cuenta corriente por la suma de $17.909.631, diligencia que tuvo por objeto garantizar la deuda que aquella mantenía con el Fisco, cuyo cobro correspondía a la Tesorería General de la República, por un monto de $51.666.363, al 1° de diciembre de 2019 , razón por la que ésta procedió a efectuar dicho embargo .

Sexto: Que, sin desconocer la referida deuda, el recurrente objeta que el ente fiscal no haya aplicado las disposiciones de la ley 21.353, promulgada con fecha 11 de junio y publicada el 17 de junio de 2021, dictada en atención a la existencia de la pandemia de COVID, a lo que se agrega que el 19 el 30 de abril de 2021, el Ministerio de Hacienda informó sobre la postergación de la Operación Renta a fin de facilitar el cumplimiento tributario y “darles un respiro” ante la paralización de la actividad económica, prorrogándose el plazo de la declaración y pago anual de impuesto a la renta del año tributario 2021, hasta el 31 de mayo de 2021. Por su parte el S.I.I. anunció medidas, tales como ampliación de plazo para cumplir con el pago de los impuestos a la renta, disponiendo de dos meses adicionales para dichos efectos. Estableciendo la mencionad ley, en su artículo 4°, una flexibilidad para los convenios de pago de impuestos adeudados que se celebraran hasta el 31 de diciembre y que se encontraran vencidos al 30 de junio del mismo año, pudiendo estos pagarse con facilidades y en cuotas hasta por 4 años conforme lo establecido en el artículo 192 del Código Tributario, además de contemplar condonaciones de multas e intereses, sin embargo y no obstante a ello se procedió al embargo del que reclama, dejándolo sin la posibilidad de celebrar algún convenio de pago al no contar, a causa de dicha traba, con dineros para pagar el pie que la institución pública exige.

Séptimo: Que informando la recurrida, indica que no habría existido la vulneración que se expresa, toda vez que la mencionada Ley N° 21353, citada por el recurrente, no establece que procederá la suspensión de las acciones de cobro o los apremios, o que la Tesorería deba inhibirse mientras esté vigente el beneficio de facilidades de pago, solo dispone que debe otorgarse alguna vía de convenio, lo que a solicitud del recurrente se activó, manteniéndose en poder de la entidad fiscal la suma de un millón y medio de pesos como pie, al celebrar el convenio, una vez que la sustitución de embargo que se pretendió efectuar no se llevó a efecto.

A mayor abundamiento, hace presente que el asunto ya habría sido solucionado, al acordarse una sustitución del embargo por la de dos camiones que especifica y que la deudora debía llevar para su tasación al servicio, lo que nunca ocurrió, no obstante lo cual, el dos de diciembre de 2021 se alzó el embargo y el día 7 del mismo mes, se autorizó un convenio de pago, quedando la suma de un millón y medio de pesos como pago del pie. Finalmente afirma que no es esta la vía idónea para el reclamo interpuesto.

Octavo: Que habiéndose alzado el embargo de cuya traba reclamaba la parte recurrente, al haberse celebrado un convenio de pago según consta de los documentos acompañados, especialmente de la resolución N°141501 de 4 de enero de 2022, el recurso de protección perdió oportunidad, puesto que se accedió por la recurrida a las pretensiones de éste, sin que al examinarse los antecedentes por esta Corte, existiera alguna acción ilegal o arbitrario que subsanar, por lo cual el mismo no podrá prosperar.

En mérito de lo expuesto y, vistos, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido por nombre reservado y Pedro Zuleta Silva Inversiones E.I.R.L en contra de la Tesorería General de la República por falta de oportunidad.

Regístrese, notifíquese, y en su oportunidad archívese.

Redacción de la ministra (S) Nelly Villegas Becerra Nº 5940-2021-Protección.

Pronunciada por la Primera Sala Zoom de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel integrada con los Ministros Sr. Roberto Contreras Olivares, Sra. Alejandra Pizarro Soto y Ministra (S) Nelly Villegas Becerra. No firma el ministro señor Contreras, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo por encontrarse ausente.

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