Protección contra Escuela El Roto Chileno G-799

Foja: 82 En Santiago, cinco de Abril de dos mil diecisiete.

Vistos:

A fojas 5 comparece don José Tomás Humud Respaldiza, abogado del Departamento de Práctica y Asistencia Legal de la Pontificia Universidad Católica de Chile, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, en representación del menor de iniciales A.M.N., estudiante de 11 años, y de su madre, nombre reservado, pensionada, ambos domiciliados en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Escuela El Roto Chileno G-799, y de su representante legal, la directora señora nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el acto y omisión que considera ilegales y arbitrarios, consistentes en avalar las conductas de alumnos que agredieron al niño en cuyo favor se recurre y no hacer cesar los actos de violencia, con lo cual estiman transgredidas las garantías constitucionales consagradas en los números 1, 4 y 11 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

El recurrente transcribe los hechos que originan la acción constitucional de un documento redactado por la hermana mayor del niño A.M.N., quien expresó que el día 3 de octubre de 2016 pasadas las 13:00 horas, al volver del recreo del almuerzo y dirigirse a su sala de clases en la Escuela El Roto Chileno G-799, a su hermano de 11 años, que cursa 5° básico, un grupo de siete alumnos, de 7° y 8° básico, lo rodearon y dejaron al centro de un círculo formado por ellos, para comenzar entre todos a rozarlo con sus genitales y a realizar tocaciones en sus zonas íntimas. Agregó que los adolescentes impidieron que su hermano huyera y que alentaron a uno de ellos para que le pegara “un combo en el hocico”. Detalló que al llegar a su casa, A.M.N. se encontraba en shock, llorando y sin hablar y que manifestó estar muy asustado de volver al colegio por las posibles agresiones que podía sufrir.

Expuso que el mismo día, una vez que la familia tomó conocimiento de los hechos, su madre intentó hablar con la directora del establecimiento, pero ésta no la atendió y que en horas de la tarde interpusieron la correspondiente denuncia ante Carabineros, quienes se dirigieron al colegio para entrevistar a la señora nombre reservado, pero no pudieron hacerlo porque se encontraba cerrado.

Añadió que al día siguiente, junto a sus padres fueron al colegio a hablar con la directora, quien calificó lo ocurrido como un juego normal y común de los alumnos, pero les señaló que les impondría la sanción de suspensión por 3 días, luego de explicarles que era la máxima que podía aplicar.

Relató que aquel día, cerca de las 16:00 horas, la abuela de uno de los sancionados llegó a su casa gritando, amenazando y amedrentando a su madre y hermano para que sacaran a aquel del colegio, no denunciaran lo ocurrido y dejaran que su nieto estudiara tranquilo, advirtiéndoles que en caso contrario, habrían consecuencias. Expresó que ese episodio los dejó muy afectados como familia.

Indicó que luego de ello, A.M.N. no volvió a clases, ya que el colegio no le daba garantía de seguridad y añadió que los hostigamientos, acosos y episodios de bullying no habían cesado y que por el contrario también se habían dirigido hacia otras de sus hermanas, hecho que había acontecido en enero recién pasado. Agregó que otros apoderados y vecinos del sector continuaron con amenazas de demandas por injurias y hechos tales como insultos y empujones en el camino.

Finalizó expresando que su hermano estaba asustado, retraído, sin ganas de volver al colegio o de salir de la casa y que en la noche despertaba gritando e hizo presente que no existe otra escuela en los alrededores A continuación, quien recurre sostiene que la directora de la Escuela priva, perturba y amenaza las garantías constitucionales de A.M.N. a través de actos y de omisiones; a través de actos, pues avala constantemente las conductas de los alumnos y de sus familias, detallando que en más de alguna oportunidad, nombre reservado les expuso a la familia que la solución consistía en que algún compañero golpeara a los agresores y que en otras ocasiones les manifestó que la raíz de los problemas estaba en el niño agredido.

En cuanto a la omisión, refiere que la Directora no ha hecho cesar los actos de violencia, considerando que por la naturaleza de su cargo, tiene la obligación de ponerles fin e incluso de denunciarlos.

Luego de referirse a las garantías invocadas, esto es, El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y de su familia y la libertad de enseñanza y el derecho de los padres de escoger el establecimiento para sus hijos, manifiesta que se ha infringido lo dispuesto en el DFL 2 del Ministerio de Educación, en materias relativas al deber de los establecimientos educacionales y de los profesores de tomar medidas encasos de violencia escolar.

Pide que se adopten medidas para reestablecer el imperio del Derecho, tendientes a lograr la vuelta a clases regulares de A.M.N. y que la familia nombre reservado pueda retornar a la tranquilidad de su vida familiar y de comunidad, sin sentir la hostilidad constante de sus vecinos. Para ello, propone se disponga la realización de una conciliación guiada por un profesional externo al establecimiento educativo, que involucre tanto a los profesionales del colegio, a la familia nombre reservado, a los niños que cometieron la agresión, a los padres de éstos, y a los apoderados del curso de A.M.N. con el objeto se trasparente lo ocurrido y se busque, dentro de lo posible, un retorno a la civilidad en el trato entre todos los involucrados.

Finalmente hace presente que el estado psicológico del niño aún se encuentra afectado y solicita, en definitiva, se acoja la presente acción cautelar y se decrete la medida antes sugerida o las demás providencias que se consideren convenientes.

A fojas 20 informa al tenor del recurso don nombre reservado, y doña nombre reservado, ambos en representación de la Corporación Municipal de Educación de Talagante, y en sus calidades de Secretario General y Directora de la Escuela El Roto Chileno de Talagante.

En primer término, exponen que la escuela recurrida carece de personalidad jurídica y que depende de la Corporación Municipal de Educación y Atención de Menores de Talagante, institución que tiene bajo su administración 17 establecimientos educacionales.

En cuanto al fondo del recurso deducido, expresan que el día de los hechos, la Directora no tomó conocimiento de los mismos, toda vez que el menor de iniciales A.M.N no dio cuenta de ellos, y señalan que la madre de aquel efectivamente acudió a hablar con ella, pero no pudo atenderla porque estaba entrevistando apoderados. Detallan que al día siguiente se recibió en el establecimiento a los padres del menor y a su hermana de octavo año básico, quienes relataron a la señora nombre reservado toda la situación vivenciada por su hijo.

Relatan que en el transcurso de la reunión, la Directora llamó a la Inspectora de Patio y la Encargada de Convivencia Escolar, quienes desconocían la situación, pero pese a ello, y ante la seriedad de los hechos, fiel a lo establecido en el Reglamento interno y los protocolos establecidos, inmediatamente se tomaron las acciones tendientes al esclarecimiento de los hechos y a la protección y apoyo al menor y a su hermana, detallando las siguientes: 1.- entrevista con los estudiantes aludidos de 8o Año Básico, quienes admitieron haber participado en la situación, negando alguna connotación sexual; 2.-entrevista con los apoderados de todos los niños involucrados, en presencia de la psicóloga del equipo de convivencia, a quienes se informó de lo sucedido; 3.-se llamó telefónicamente a la encargada comunal de convivencia de la Corporación Municipal, Sra. nombre reservado, con la finalidad de poner en marcha redes de apoyo y de generar estrategias para buscar una solución en conjunto; 4.-el día 5 de Octubre la Directora y la psicóloga se entrevistaron con estudiantes de 8o y 5o Básico, quienes declararon acerca de hechos y reconocieron su gravedad, negando la connotación sexual; 5.-con la misma fecha se realizó un Consejo Extraordinario de Profesores, para poner en antecedentes a los docentes e informar sobre las medidas a aplicar, las que consistieron en la suspensión y condicionalidad para los estudiantes involucrados y la promoción de reflexión; 6.-el día 6 de octubre se efectuó una sesión de Consejo Escolar; 7.-el mismo día el equipo de Convivencia Escolar del establecimiento, derivó a los estudiantes de 8oaño involucrados a la OPD de la comuna de Talagante, con la finalidad de realizar evaluación psicológica y brindar apoyo psicoterapéutico individual; 8.-el día 7 de octubre la señora nombre reservado se reunió nuevamente con el padre del menor A.M.N. y la psicóloga de la escuela y se le dieron a conocer las medidas disciplinarias y de intervención psicosocial adoptadas. Además se ofrecieron todas las facilidades y apoyo para que sus hijos se reinsertaran a las labores escolares, poniendo a su disposición profesionales psicólogos y aquellos que pudieran otorgar apoyo pedagógico; 9.-se cerró anticipadamente el año escolar del niño A.M.N., por recomendación de la psicóloga de Calera de Tango que lo estaba tratando; 10.-se realizaron reuniones con los padres de los estudiantes de 8oaño, para darles a conocer las sanciones adoptadas; 11.-se realizó un plan de acompañamiento con el 8° año básico, centrado principalmente en el autocuidado, respeto y regulación de las emociones, a cargo del profesor jefe, la psicóloga, y la encargada de convivencia; y 12.-se proporcionaron los antecedentes a la Superintendencia de Educación, evacuando los informes pertinentes.

En cuanto a los episodios descritos por las víctimas, ocurridos fuera del establecimiento educacional, manifiestan que la escuela no se puede hacer cargo.

Concluyen que la Dirección de la Escuela El Roto Chileno y la Corporación Municipal de Educación adoptaron todas las medidas dirigidas a la protección de todos los estudiantes involucrados, de la comunidad educativa y de la víctima, pero a su vez se orientó a los niños que tuvieron conductas inadecuadas. Niegan que la directora minimizara el problema, tuviera una actitud de indiferencia o incurriera en algún incumplimiento de normas reglamentarias y descartan cualquiera vulneración a las garantías fundantes de la presente acción cautelar.

Finalmente, y en lo relativo a la medida propuesta por la recurrente, indican que ya se habían adoptado aquellas tendientes a lograr el retorno regular a clases del menor y a brindarles apoyo pedagógico a él y a su hermana.

Solicitan, así, se rechace el Recurso de protección, por carecer de todo fundamento, y se declare expresamente que no hubo acto arbitrario ni ilegal vulnerador de las garantías contempladas en el artículo 19 N° 1, N° 4 y N° 11 de la Constitución Política de la República.

El día veintiuno de marzo del año en curso, tuvo lugar la vista del recurso y por resolución de esa fecha, se ordenó como medida para mejor resolver, que la Superintendencia de Educación informare si tomó conocimiento de los hechos denunciados y las medidas adoptadas, en su caso.

A fojas 71 la referida institución informa lo solicitado, y señala que luego de tomar conocimiento de los hechos, se llevó a efecto una visita de fiscalización con resultado satisfactorio, circunstancia que fue debidamente comunicada al padre del niño en cuyo favor se recurre. Concluye que se dio por cerrado el caso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección, contemplado en nuestra Constitución Política, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional y, cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo cuando estos derechos se sientan amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, y la Corte de Apelaciones correspondiente debe adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado.

SEGUNDO: Que, el hecho estimado como arbitrario en que se asila la presente acción constitucional, se hace consistir en los actos y omisiones que considera ilegales y arbitrarios, consistentes en avalar por parte de la recurrida las conductas de alumnos que agredieron al niño en cuyo favor se recurre y no hacer cesar los actos de violencia, con lo cual se vulneraron las garantías constitucionales consagradas en los números 1, 4 y 11 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que, a juicio de esta Corte, corresponde determinar si la recurrida incurrió en la vulneración que se le imputa o si por el contrario no cometió el acto vulneratorio ni incurrió en la omisión que se le atribuye.

CUARTO: Que, para acreditar sus dichos, la recurrente acompañó al recurso a fojas 1 copia de parte denuncia ante Carabineros de la comisaría de Talagante, realizada el 3 de octubre de 2016 y acta de la declaración voluntaria de la madre del menor dando cuenta de los hechos, la que rola a fojas 2.

QUINTO: Que a su turno, la recurrida acompañó a su informe, los siguientes documentos:

a) Copias de los protocolos de actuación frente a casos de violencia escolar o bullying o abuso escolar de la Escuela El Roto Chileno de Talagante.

b) Copia del libro de registro en el que se detallan las siguientes entrevistas;

· 4 de octubre con los padres del niño agredido. Firmó la directora y el padre del menor;

· 7 de octubre con el papá del niño y su hermana Paula, en presencia de la psicóloga. Firma el padre, la directora y la psicóloga;

· 4 de octubre a los alumnos involucrados. Se indica la sanción y forman los alumnos entrevistados;

· Entrevistas a 6 apoderados, padres de los niños involucrados;

· 5 de octubre entrevista a testigos;

· 5 de octubre registro de citación a concejo de profesores;

· 6 de octubre citación a concejo escolar;

c) Ficha de derivación a 6 niños agresores a la OPD de Talagante;

d) Reporte de dicha institución respecto de la situación psicológica de los hermanos nombre reservado. Solicitan el cierre anticipado de ambos niños;

e) Certificado de alumno regular de AMN para Sexto año básico 2017, emitido el 9 de marzo pasado;

f) Libro de clases de ese curso, en el que consta la asistencia del niño a clases;

g) Copia del libro de registro en el que consta entrevista con el padre de menor el 7 de octubre de 2016;

h) Copia de los libros de 7° y 8° 2016, en el que se consigna el trabajo de las unidades de orientación y habilidades para la vida en fechas posteriores al 3 de octubre, en el plan de intervención adoptado;

SEXTO: Que analizada toda la prueba acompañada de conformidad a las normas de la sana crítica y teniendo presente los informes de la Superintendencia de Educación, es posible concluir que la recurrida, Directora del Establecimiento Educacional El Roto Chileno, tomó todas las medidas de resguardo que debía tomar de conformidad a los protocolos establecidos con anterioridad en el establecimiento educacional, a fin de mitigar las consecuencias de la actuación vulneratoria de los estudiantes con relación al menor agredido, respetando a cabalidad los protocolos de actuación frente a casos de violencia escolar, bullying o abuso escolar de la Escuela El Roto Chileno de Talagante.

SEPTIMO: Que de acuerdo a lo señalado precedentemente, esta Corte estima que la recurrida hizo todo lo que estaba a su alcance, para velar y restablecer la armonía en las relaciones entre los alumnos, apoderados y autoridades escolares, adoptando todas las medidas que al efecto estimó oportunas y que estuvieron a su alcance.

OCTAVO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quién incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que ha sido motivo de la acción cautelar;

NOVENO: Que en tales condiciones, estos sentenciadores no vislumbran la existencia, de parte de la recurrida, de un acto arbitrario o ilegal que atente contra algunas de las garantías constitucionales protegidas por la presente acción -presupuesto básico que configura el núcleo sustancial de todo recurso de protección-, por lo que deberá rechazarse en definitiva la presente acción cautelar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto a fojas 5 por el abogado don José Tomás Humud Respaldiza, sin costas.

Regístrese y en su oportunidad, archívense.

Redacción de la Ministro señora María Teresa Letelier Ramírez.

Rol Corte N°594-2017 PROT