Protección contra ICAFAL Inmobiliaria S

49/cuarenta y nueve San Miguel, veintidós de octubre de dos mil quince.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que a fojas 8 doña nombre reservado deduce acción de protección de garantías fundamentales en contra de ICAFAL Inmobiliaria S.A y la Ilustre Municipalidad de San Miguel y solicita que se acoja el recurso de protección deducido; que se declare que la Municipalidad debe abstenerse de seguir adelante con el proceso u ordenar el traslado del quiosco; que se decrete que la recurrida ICAFAL Inmobiliaria S.A. debe abstenerse de amenazarla por medios ilegales con el desalojo del quisco y de perturbar por cualquier medio el libre ejercicio de su actividad comercial, con costas.

Indica que es comerciante y que hace más de 30 años explota comercialmente un quiosco, el que se encuentra ubicado en calle Ramón Subercaseaux, frente al Nº 1256 F, Sector El Llano, esto es, frente al edificio donde funcionaba la ex Viña Concha y Toro, haciendo presente que dicho local comercial se encuentra amparado por una patente comercial del 2º semestre del año 2015, de la Ilustre Municipalidad de San Miguel.

Refiere que este quiosco fue instalado aproximadamente en el año 1970 por su tía, doña nombre reservado, y que si bien inicialmente funcionaba en el antejardín del Servicio de Impuestos Internos, posteriormente fue trasladado a su ubicación actual, esto es, en la vía pública, entre el Servicio de Impuestos Internos y la ex Viña Concha y Toro, traslado que se hizo con el consentimiento de ambas instituciones.

Agrega que el quiosco ha estado en su patrimonio por cerca de 30 años, y que es la actividad que le otorga los ingresos económicos que requiere para sustentar a su familia.

Señala que el día 20 de agosto de 2015 fue citada por el Departamento de Inspecciones de la Municipalidad de San Miguel, a fin de que concurriera a dependencias de la Alcaldía, mencionando que al apersonarse en dicha institución, lo que ocurrió con fecha 21 de agosto, se le informó: que ICAFAL Inmobiliaria S.A. había adquirido el terreno que pertenecía a la ex Viña Concha y Toro y que ésta necesitaba que se despejara la parte trasera del terreno, motivo por el cual había solicitado el traslado del local de su propiedad. Añade que ICAFAL había argumentado que el terreno en que se encuentra emplazado el quisco no es vía pública sino que es de su propiedad y que como consecuencia de ello debía trasladar su local a otro lugar.

Manifiesta que lo expuesto no es efectivo, por cuanto el local se encuentra ubicado en la vía pública, siendo un terreno usado por todos los habitantes, y afirmando que el funcionario municipal que le dio la información la orientó en cuanto a que debía deducir un recurso de amparo y/o protección, haciendole presente que la Municipalidad no podía interferir aceptando o negando el traslado por cuanto el quisco se encuentra emplazado en la vía pública y no en un terreno privado.

Indica que de conformidad al artículo 5º letra c) de la Ley 18.695 las Municipalidades son las llamadas a administrar los bienes nacionales de uso público, resultando inaceptable que la Municipalidad, a petición de un privado, le obligue a trasladar su quiosco, beneficiando a una gran empresa en perjuicio de una modesta comerciante.

Refiere que el motivo por el cual su negocio se ha mantenido en funcionamiento dice relación con su ubicación, ya que atiende a funcionarios y público que concurre el Servicio de Impuestos Internos, y que de ser trasladado éste no sobreviviría, perdiendo sus ingresos, los que la facultan para mantener económicamente a su familia.

Añade que la inmobiliaria no la ha notificado formalmente en relación a la necesidad de traslado del quisco, sin perjuicio que un empleado de la misma le comunicó que debía sacar o trasladar su local a fin de despejarles la entrada al inmueble, lo que sería injusto, arbitrario y efectuado “fuera de los procedimientos que establece la ley”, ya que para un particular prive a otro de la ocupación de un terreno se deben iniciar acciones judiciales.

Menciona que atendida la ubicación de su local no molesta a nadie, que tiene una autorización escrita del Servicio de Impuestos Internos y que nunca ha tenido problemas con la Viña Concha y Toro.

Afirma que la notificación verbal efectuada por la inmobiliaria y aquella realizada por la Municipalidad son actos arbitrarios e ilegales y vulneradores de garantías constitucionales, específicamente de los derechos consagrados en los numerales 1º, 2º, 3º, 16 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

En definitiva pide que se acoja el recurso de protección deducido; que se declare que la Municipalidad debe abstenerse de seguir adelante con el proceso u ordenar el traslado del quiosco; que se decrete que la recurrida ICAFAL Inmobiliaria S.A. debe abstenerse de amenazarla por medios ilegales con el desalojo del quisco y de perturbar por cualquier medio el libre ejercicio de su actividad comercial, con costas.

Acompaña como fundamento del recurso los documentos rolantes a fojas 1 a 7.

SEGUNDO: Que a fojas 21 don nombre reservado, Alcalde de la Ilustre Municipalidad de San Miguel, informa al tenor del recurso de protección deducido solicitando que se rechace el mismo, con costas.

Previa referencia al recurso interpuesto indica que de conformidad a los antecedentes que obran en la Municipalidad, cuando se autorizó la existencia del quiosco éste se emplazaba en domicilio reservado, esto frente al edificio que ocupa el Servicio de Impuestos Internos, y en un bien nacional de uso público.

Refiere que posteriormente se cambió la ubicación del local, quedando frente al Nº 1265, haciendo presente que el quiosco quedó dentro de la propiedad particular perteneciente a la ex Viña Concha y Toro, situación que estaba en conocimiento de la antigua dueña, ya que así constaba en la autorización de la Viña.

Agrega que la recurrente es sobrina de la propietaria original y que ha ocupado el quisco sin interrupciones ni embarazos de ninguna naturaleza desde que su tía le hizo la transferencia.

Añade que con fecha 27 de julio de 2015 el Administrador de Contrato de la empresa ICAFAL Ingeniería y Construcción S.A. se comunicó con la Dirección de Obras Municipales informando que el quiosco de la recurrente se encuentra emplazado dentro del predio de propiedad de Inmobiliaria Puangue y atendido que la constructora daría inicio a trabajos en dicho inmueble, solicitó se diera aviso a la recurrente en relación a que debía trasladar su quiosco a otro lugar.

Señala que el Director de Obras Municipales analizó la solicitud y remitió la misma al Departamento de Inspecciones, quien comunicó a la recurrente la solicitud de ICAFAL y dada la especial situación de ésta se le ofreció el traslado del local a una nueva ubicación a acordar.

Menciona que el Director de Obras Municipales, al analizar la solicitud, tuvo presente el Plano Regulador vigente, en el que se establecen los deslindes prediales y de los bienes nacionales de uso público, como también los planos de fusión y los certificados de dominio vigente, pudiendo constatar que el quiosco de la recurrente efectivamente se encuentra en el interior de una propiedad particular cuyo dueño no autoriza la permanencia del mismo.

Manifiesta que uno de los requisitos establecidos por el legislador para el ejercicio de toda actividad lucrativa es que se desarrolle en un lugar determinado, requisito que no cumple la recurrente puesto que ya no cuenta con la anuencia del dueño del predio en el que se ubica el quiosco, y que a fin de que no pierda su patente comercial se debe tramitar el traslado prontamente.

Menciona que el actuar de la Municipalidad se ajustó a derecho por cuanto se limitó a notificar a la recurrente sobre la situación hecha presente por la empresa ICAFAL, proponiéndole un traslado voluntario a otro lugar a acordar.

En definitiva solicita el rechazo de la acción cautelar, con costas.

Acompaña como fundamento de sus alegaciones los documentos guardados en custodia bajo el número 139-2015.

TERCERO: Que a fojas 47 rola informe de don nombre reservado, representante de ICAFAL Inmobiliaria S.A.

Previa referencia al recurso deducido, indica que en la especie no concurren los requisitos de procedencia de la acción deducida, por cuanto no existen acciones u omisiones ilegales, arbitrarias y vulneradoras de garantías constitucionales.

Refiere que el quiosco al cual hace referencia la recurrida y que se encuentra ubicado en domicilio reservado, está emplazado en el interior de un predio privado de propiedad de Inmobiliaria Puangue, haciendo presente que ésta, con fecha 28 de diciembre del año 2012 adquirió de la Viña Concha y Toro una serie de terrenos, los que se encuentran debidamente inscritos a su nombre en el Registro de Propiedad del Conservador, y que fueron fusionados con fecha 30 de enero de 2014, según consta en Resolución Nº 05/2014 de la Municipalidad, la que se encuentra subinscrita al margen de las inscripciones de dominio.

Añade que ICAFAL Inmobiliaria S.A. en representación de Inmobiliaria Puangue Limitada y como miembro del Holding ICAFAL informó a la Municipalidad de San Miguel, que el quiosco de la recurrente se encuentra dentro de la propiedad de Inmobiliaria Puangue, y que resultaba necesario el traslado del mismo atendido que se iniciarían trabajos.

Señala que en este escenario se solicitó a la Municipalidad que se efectuaran, dentro de las facultades que establece la ley, las gestiones tendientes a notificar a la recurrente de la situación en que se encontraba el local y a trasladar el quiosco, mencionando que al momento de efectuar dicha solicitud se acompañaron todos los antecedentes necesarios para acreditar que el local efectivamente se encuentra en el interior del un terreno privado, lo que fue corroborado por el Municipio.

Manifiesta que en este escenario las actuaciones de las recurridas no son ilegales ni arbitrarias ni importan una vulneración a garantías constitucionales, motivo por el cual no concurren los presupuestos de procedencia de la acción intentada.

En cuanto a las garantías constitucionales presuntamente vulneradas afirma que el actuar de las recurridas no ha afectado de manera derechos constitucionales, haciendo presente: que no ha existido diferenciación arbitraria alguna por ninguna entidad recurrida; que se ha actuado mediante el curso regular de solicitud de modificación de la ubicación del local comercial que se encuentra en terrenos privados; que la única perturbación, amenaza o privación de la garantía constitucional de igualdad a la ley que podría configurarse en autos, es aquella que se produciría de acogerse la acción ya que en ese escenario se le impondría a la recurrida una carga que no le corresponde asumir, esto es, una limitación al uso, goce y disposición de su propiedad; que la presunta vulneración de la libertad de trabajo no se ha verificado y no se producirá de concretarse el traslado del quiosco, tratándose únicamente de un temor infundado de la recurrente; y que el único derecho de propiedad que tiene la recurrente es sobre su patente comercial, el que no se ve afectado, sin que tenga derecho de propiedad alguno sobre el terreno usado por el quiosco.

En definitiva solicita el rechazo de la acción deducida, con costas.

Acompaña como fundamento de sus alegaciones los documentos guardados en custodia bajo el número 156-2015.

CUARTO: Que para dilucidar el asunto sometido a la decisión de esta Corte, es preciso señalar, que la acción de protección contenida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, debe ser ejercida ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales que provoquen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías con resguardo constitucional, para que en su caso, se adopten las providencias necesarias en el restablecimiento del imperio del derecho, asegurándose la debida protección del perjudicado. De lo que se sigue, que se trata de un procedimiento extraordinario, de emergencia, cuyo objetivo es remediar pronta y eficazmente los efectos lesivos de un actuar ostensiblemente contrario al ordenamiento jurídico o carente de fundamento o caprichoso, reparándose así el amago provocado a derechos o prerrogativas derivadas de situaciones ciertas y definidas y, por ello, con resguardo constitucional preferente. Todo ello sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante la autoridad o los Tribunales correspondientes.

QUINTO: Que al efecto, de la lectura del libelo recursivo y de los antecedentes acompañados, lo central es la discusión tutelar respecto de los derechos y garantías constitucionales del artículo 19 Nº2 y no se ve como se podría vulnerar esta garantía de igualdad ante la ley, si como se dijo en estrados, la Municipalidad está actuando como un agente componedor, entre los derechos de propiedad de la Inmobiliaria y los derechos a ejercer una actividad económica por parte de la recurrente. No es un problema de accesos, ya que el plano acompañado e inscrito en el Conservador de Bienes Raíces, indicaría en otro lugar donde debe estar emplazado el Kiosco de la Sra. nombre reservado, es decir, no sería en la propiedad misma de la Inmobiliaria, sino que en un bien nacional de uso público, cuestión que de acuerdo al documento acompañado como a la fotografías obsevadas, estarían dentro de la propiedad de la recurrida. Por ello no hay una actividad abitraria e ilegal de Municipalidad de San Miguel al tratar de llegar a un acuerdo entre las partes. Ello, y de acuerdo a lo informado por parte de la Municipalidad, como de lo expuesto en estrados, lo que ha hecho la entidad pública es una especie de mediadora, para producir un acercamiento entre las partes, para los efectos de evitar un perjuicio por la posibilidad de cambio de lugar, ya que el dueño del lugar donde está emplazado el Kiosco, sería de propiedad de la recurrida Inmobiliaria. Por eso esta actividad no acarrea una actividad en perjuicio de la recurrente, sino, justamente, la idea es evitar un perjuicio mayor para su actividad económica.

Por otra parte la recurrente basa su recurso en el numeral 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en lo relativo a “la libertad de trabajo y el derecho a su libre elección y libre constratación y a lo establecido en el inciso 4º que señala “que ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo que se oponga a la moral, a la seguridad o a la salubridad pública, o que o exija el interés nacional y una ley lo declare así”. En este sentido, la actividad de los recurridos, no se ha estructurado para conculcar la libertad de trabajo, que tiene otro sentido de interpretación constitucional, pero entendiendo la petición es que teniendo patente para trabajar como comerciante y cumpliendo con todos los requisitos, le señalan que donde está emplazada no podría seguir ejerciendo esta actividad, pero si en otro lugar, que se está conversando y para ello es la citación a la Municipalidad de San Miguel, y no para despojarla de sus derechos. Es por ello, que esta hipótesis planteada por la recurrente, no puede ser acogida.

En cuanto a la vulneración al derecho de propiedad del 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, esto no se condice con lo informado y por lo alegado en estrados, dado que como se ha señalado con anterioridad en este mismo considerando, el hecho de tener patente municipal, habilita a ejercer una actividad económica, y en este caso, siempre que esté emplazado en un bien nacional de uso público, lo que en la especie está en discusión, ya que lo que señala la Inmobiliaria, que donde está emplazado dicho Kiosco, es de ellos, por lo que para poder desalojarla, será como en derecho corresponde, actividad que no se ha esbozado por parte de la recurente que ya se haya efectuado. Por ello, este acápite del recurso tampoco podrá prosperar.

Por último, la supuesta vulneración del 19 Nº1 y 19 de nuestra Constitución, y que dice relación con la integridad física y síquica de la recurrente por esta actividad de los recurridos, no ha sido probada de manera alguna, y solo se basa en dichos de la misma recurrente. Respecto de la garantía del artículo 19 N° 3, sólo se señala que habría sido conculcada, pero no se dice como ni de que forma se habría realizado esta acción u omisión por parte de los recurridos, por lo que por falta manifiesta de fundamentos, de rechazará.

Que las razones ya señaladas, no importa tampoco vulneración a cada una de las garantías anunciadas respecto ICAFAL dado a que no existe acción u omisión por parte de esta persona jurídica o de persona que dependa de ésta, por lo que el recurso dirigido en contra de ella, no puede prosperar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección deducido a fojas 08 por doña nombre reservado, por sí, en contra del Proyecto Inmobiliario “Altos Del Llano” y la Ilustre Municipalidad de San Miguel.

Regístrese, archívese en su oportunidad y devuélvanse sus custodias.

Redacción del Abogado nombre reservado señor Carlos Espinoza Vidal.

N° 592-2015 – PROT.

Pronunciada por las Ministras de la Cuarta Sala Sra. nombre reservado, Sra. nombre reservado Sr. Carlos Espinoza Vidal.

Se deja constancia que no firma el Abogado nombre reservado Sr. Carlos Espinoza Vidal no obstante haber concurrido a la vista de la causa y fallo, por encontrarse ausente.

San Miguel, veintidós de octubre de dos mil quince, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.