nombre reservado CONTRA nombre reservado

En Santiago, a veintitrés de agosto de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Que en estos autos Rol N°5898-2019 comparece don Oscar Hormazabal Barahona, abogado, domiciliado en domicilio reservado, e interpone acción de protección en representación de don nombre reservado, empresario, quien a su vez representa convencionalmente a don nombre reservado, en contra de don nombre reservado.

Explica que recurre en contra del acto ilegal y arbitrario consistente en cerrar totalmente el ingreso a la servidumbre de tránsito que permite el libre acceso a la parcela 36 de propiedad del señor nombre reservado, lo anterior en su calidad de propietario de la parcela o Lote N°35.

Expone que el veintidós de marzo de dos mil diecinueve, don nombre reservado celebró ante el Notario Público de San Miguel, don nombre reservado, un contrato de compraventa con doña nombre reservado, mediante el cual, por el precio de $ 10.000.000, adquirió para sí el inmueble que a continuación se detalla: LOTE N° 36 del plano de subdivisión de la Parcela 5-B, del proyecto de parcelación Rangue, de la comuna de Paine. El mencionado inmueble, de conformidad al plano archivado al final del Registro de Propiedad correspondiente al año 1996, bajo el número 45, tiene una superficie aproximada de 5022 metros cuadrados y cuyos deslindes son los siguientes: AL NORTE: en 72 metros aproximadamente con lote N°35 del mismo plano de subdivisión; AL SUR: en 74 metros aproximadamente en línea irregular con Lote N°37 de mismo plano de subdivisión; AL ORIENTE: en sesenta y seis metros coma cincuenta centímetros aproximadamente con Lote N°39 del mismo plano de subdivisión; y AL PONIENTE: en setenta y tres metros aproximadamente con Reserva Odena. El título de dominio en favor de don nombre reservado se encontraría inscrito en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Buín a fojas 1139 vuelta N°1426, correspondiente al año dos mil diecinueve, Rol de avalúo del Servicio de Impuestos Internos: 1812-49.

Agrega que el inmueble singularizado en el numeral anterior en su respectivo Registro de Hipotecas y gravámenes que se acompaña, tiene debidamente inscrita una servidumbre a fojas 79 N°52 del año mil novecientos noventa y seis, del Registro ya mencionado, la que fue inscrita con el veintiséis de enero de mil novecientos noventa y seis. En dicha inscripción, precisa, se encuentran inscritas varias servidumbres entre ellas en su letra D) una servidumbre de Transito que señala textualmente o siguiente “Todos los lotes o parcelas de esta parcelación “Huertos de Rangue” quedarán gravados recíprocamente con servidumbre de tránsito perpetua y gratuita, de manera que se beneficien entre sí todos los predios de la parcelación para tener acceso tanto al camino púbico como a los distintos caminos de la parcelación y con ese objeto habrá una franja de terreno con tal destino que específicamente se encuentra señalada como tal en los planos de subdivisión ya referidos…”.

Conforme a lo ya señalado, indica que en los hechos, el recurrido en estos autos, mediante un acto ilegal y arbitrario, ha cerrado con reja de alambre en forma definitiva el ingreso a la franja destinada a servidumbre de tránsito con lo cual literalmente no habría acceso alguno ya sea peatonal o en vehículo al inmueble de propiedad de don nombre reservado.

Es más, agrega, la empresa de construcción de casas prefabricadas que se contrató para que construyera una casa de esas características en el inmueble, no pudo ingresar en atención a que el recurrido de forma arbitraria e ilegalmente no les permitió el paso, teniendo que devolverse dicho camión con la casa desarmada sin que pudieran terminar su trabajo que ya se encuentra contratado y pagado. Lo anterior con el perjuicio que ello conlleva.

En opinión de quien acciona, esto constituye un acto arbitrario e ilegal que atenta contra la garantía constitucional consagrada en el número 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental; en efecto, se ha privado o perturbado el derecho de propiedad de don nombre reservado sobres el inmueble descrito en los párrafos anteriores, sin que se pueda usar gozar y disponer del inmueble como el derecho de propiedad permite legítimamente.

Concluye su recurso solicitándole a esta Corte que disponga las medidas pertinentes para restablecer el imperio del derecho, ordenando a la parte recurrida a permitir el acceso libre a través de la servidumbre descrita y así poder usar gozar y disponer del inmueble como en derecho corresponde.

Acompaña a su presentación los siguientes antecedentes:

1) Certificación autorizada con firma electrónica de escritura de compraventa emitida por el Conservador de Bienes Raíces de Buín, a través de la cual don nombre reservado, adquirió el inmueble materia de estos autos.

2) Copia autorizada con firma electrónica de Certificado de dominio vigente del inmueble materia de autos a nombre de don nombre reservado, emitido por el Conservador de Bienes Raíces de Buín.

3) Copia autorizada con firma electrónica de Certificado de Hipotecas y Gravámenes emitido por el Conservador de Bienes Raíces de Buín, donde consta la inscripción de las servidumbres, entre ellas la de tránsito de la que goza el inmueble materia de autos.

4) Copia de levantamiento topográfico donde consta que la parcela 35 materia del presente Recurso, tiene claramente delimitada su servidumbre de tránsito debidamente inscrita y que la separa de la parcela 35, de propiedad del recurrido quien la ha cerrado ilegal y arbitrariamente.

Al informar el recurrido, don nombre reservado, indica que, en puridad, la Parcela 35, a que se refiere el recurrente, en realidad no existe, como La Parcela 36, porque ambas parcelas -y otras más- están emplazadas dentro del terreno de la Hijuela Norte de la Reserva Cora Nº 2 del Proyecto de Parcelación Rangue, perteneciente a su padre don nombre reservado, fallecido el 11 de octubre de 2018, Hijuela que deslinda con el Condominio Los Huertos de Rangue, pero que no forma parte de tal condominio.

Alega, como primera cuestión, que él no vive domicilio reservado, inexistente, razón por la cual la notificación efectuada en autos no cumple con los requisitos del artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, por lo que opone la excepción de nulidad de la misma, por no estar legalmente emplazado.

Opone, asimismo, la excepción de falta de legitimación pasiva por cuanto el recurso se dirige en mi contra, en mi supuesta calidad de único propietario de la parcela o lote 35, que habría obstruido el ingreso a la servidumbre de tránsito que permite el acceso a la parcela 36 del recurrente, cuestión que sería incorrecto, no solo porque la parcela 35 no existe, por cuanto forma parte de La Hijuela Norte de la Reserva Cora Nº 2 del Proyecto de Parcelación Rangue, donde estaba emplazada la Parcela 35, que pertenecía a su padre don nombre reservado, fallecido el 11 de octubre de 2018, sino que también porque ese inmueble ahora pertenece a su sucesión integrada por su madre y sus hermanos, y que él carece de mandato para representarlos. En consecuencia, opone esta excepción por cuanto el recurso –en su opinión- debió entablarse también en contra del resto de la sucesión, actualmente propietaria del predio que supuestamente estaría obstaculizando la servidumbre de tránsito.

Respecto de la acción de protección indica que el Lote Nº 36 del Plano de Subdivisión de la Parcela 5-B del proyecto de Parcelación Rangue de la comuna de Paine, que el recurrente don nombre reservado sostiene haber adquirido el 22 de Marzo de 2019 de doña nombre reservado, está totalmente emplazado en terrenos de la Hijuela Norte de la Reserva Cora Nº 2 del Proyecto de Parcelación Rangue, perteneciente a su padre don nombre reservado, inscrito a fojas 1006 Nº1269 de 1995 en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Buin.

Por la razón expuesta, agrega, no existe El Lote o Parcela 36 y por ende tampoco la servidumbre de tránsito constituida a su favor para su acceso.

Expone que Hace más de 20 años, su padre y su hermano don nombre reservado, en esa época dueños en común de la Hijuela Norte de la Reserva Cora Nº 2 del Proyecto de Parcelación Rangue, interpusieron demanda de demarcación y cerramiento en contra de la Sociedad Desarrollo Laguna S.A., dueña del predio vecino Parcela 5 b del Proyecto de Parcelación Rangue en el Juzgado de Letras de Buin, ROL Nº 27695, por haber instalado una cerca divisoria en forma unilateral y en un lugar que no corresponde según el plano de parcelación.

Agrega que la sociedad demandada realizó un loteo y varias de la parcelas resultantes, a raíz de no haberse respetado los deslindes legales, quedaron emplazadas total o en parte en terrenos de los demandantes, como consta en la sentencia definitiva ejecutoriada de fecha 5 de .julio de 2000, que acogió la demanda y condenó a la demandada a construir la cerca divisoria que separa los predios sub Litis, previa demarcación de los mismos en la forma establecida en el considerando 6º que deberá conformarse especialmente al plano topográfico agregado a fs.37.

El Considerando Quinto del fallo citado señala que del informe pericial queda en evidencia que geográficamente el Lote Nº 5 B de la demandada se ha superpuesto en parte de su deslinde sur y poniente sobre la propiedad de los demandantes, todo lo cual produce una ocupación por parte de la Parcela N°5 B en perjuicio de la Reserva Odena Nº2 de aproximadamente 61.000 metros.

Agrega el Considerando Quinto que en el mismo informe pericial se establece que la Parcela 5B se encuentra loteada y que los lotes del sector poniente 34, 35, 36, 37 y 38 se encuentran totalmente emplazados en terrenos de los demandantes. El Lote 36, al estar emplazado en terrenos de la Hijuela Norte de la Reserva Cora Nº 2 del Proyecto de Parcelación Rangue, terreno de mi padre y ahora de su sucesión, no existe jurídicamente por estar en terreno ajeno, por lo que tampoco tiene derecho a servidumbre de tránsito a través de la parcela 35, también inexistente por estar también emplazada en nuestra propiedad.

Expone que ratifica lo expuesto la sentencia definitiva ejecutoriada de 4 de julio de 2014 recaída en los autos de demarcación y cerramiento, entablada por los mismos actores, ante el Primer Juzgado de Buin, Rol C- 27978-1998, en contra de los dueños de las Parcelas o Lotes provenientes de la subdivisión de la Parcela 5B del Proyecto de Parcelación Rangue de la Comuna de Paine.

Esta sentencia acogió la demanda y ordenó a los demandados construir la cerca divisoria que separe el terreno de la Hijuela Norte de la Reserva Cora Nº 2 del Proyecto de Parcelación Rangue de los predios sublitis, previa demarcación de los mismos en la forma establecida en los considerandos 16 y 17 del mismo fallo, la que deberá conformarse especialmente al plano topográfico de fojas 740.

Indica que el fallo se cumplió y se procedió al cierre en la forma ordenada en él, quedando dentro de esa propiedad, entre otros, los ex lotes 34, 35. 36 y 37.

En virtud de ambos fallos se restableció el imperio del derecho de propiedad sobre la totalidad de nuestro predio.

En virtud de lo expuesto, indica, no se ha vulnerado ninguna garantía constitucional que justifique el recurso de protección.

Acompaña al informe los siguientes documentos:

1. Sentencia ejecutoriada de 5 de julio de 2000, dictada por el Juez Titular de Buin don nombre reservado, en autos de demarcación y cerramiento Rol 27.695, caratulados nombre reservado Y OTRO con SOCIEDAD DE DESARROLLO LAGUNA S.A.;

2. Sentencia ejecutoriada de 4 de julio de 2014, del Primer Juzgado de Buin, Rol C- 27978-1998, en autos de demarcación y cerramiento caratulados nombre reservado y otro con Johann Harlk y otros.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1. RESPECTO DE LA EXCEPCIÓN DE NULIDAD POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO.

PRIMERO: Que el recurrido, en su informe, opone la excepción de nulidad por falta de emplazamiento, alegando que él no vive domicilio reservado, inexistente, razón por la cual la notificación efectuada en autos no cumple con los requisitos del artículo 44 del Código de Procedimiento Civil.

SEGUNDO: Que tal excepción deberá necesariamente ser rechazada en consideración a la naturaleza de la acción cautelar que tiene el recurso de protección y que, por lo mismo, justifica una regulación adjetiva que se caracteriza por su naturaleza desformalizada y acorde a la finalidad de la misma, como por lo demás se aprecia en el artículo 3° del Auto Acordado que regula la materia y permite que se ordene informar –o sea que se notifique- por “la vía que [la Corte] estime más rápida y efectiva”.

2. RESPECTO DE EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMIDAD PASIVA.

TERCERO: Que respecto de la excepción opuesta por la recurrida, y que funda en que se debió entablar la acción en contra del resto de la sucesión actualmente propietaria del predio que supuestamente estaría obstaculizando la servidumbre de tránsito, aquella también debe ser rechazada, porque el acto que funda la acción, a saber, la vía de hecho de instalación de una cerca que impide el paso a la parcela fue atribuido identificando especialmente a la persona de don nombre reservado, en términos que sería él, y no la sucesión, la que habría realizado tal conducta.

Tal supuesto fáctico imputado, la acción de instalar una cerca, puede perfectamente representarse –o mejor dicho, se representa mejor- respecto de una persona natural y no respecto de una sucesión, a pesar de su condición de actual propietaria del inmueble.

Por lo ya señalado, tal excepción debe ser necesariamente rechazada.

CUARTO: Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio;

QUINTO: Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto;

SEXTO: Que para elucidar el problema de que trata esta protección conviene reflexionar en cuanto a si la actuación denunciada es ilegal o arbitraria. A estos efectos es recomendable precisar el significado de las expresiones “ilegal” y “arbitrario” contenidos en el artículo 20 de la Carta Fundamental, para evaluar si el acto recurrido puede ser calificado de tal.

En cuanto a lo ilegal del acto, se debe tener presente que éste lo es si se ha dictado o ejecutado en contravención a las normas que integran el ordenamiento jurídico chileno, esto es, no autorizado por el mismo (si se trata de una acción) o exigido por el mismo (si se trata de una omisión).

La evaluación de legalidad, por tanto, exige contrastar la decisión o el contenido del acto cuestionado con el sistema de normas que integra el Derecho nacional, sean del nivel constitucional, legal o infralegal.

En cuanto a la arbitrariedad, cabe entender que un acto es arbitrario en la medida que es contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado sólo por la voluntad o el capricho.

De acuerdo con la doctrina, un acto es arbitrario cuando es injusto, irracional, desproporcionado, caprichoso, o movido por el favoritismo o la odiosidad (nombre reservado, Derecho constitucional chileno, tomo II, Ed. Universidad Católica de Chile, 2004, p. 633), y ausencia de fundamento racional o una manifestación del simple capricho del agente (Verdugo, Pfeffer y Nogueira, Derecho constitucional, tomo I, Ed. Jurídica de Chile, 2002, p. 339);

SÉPTIMO: Que, en caso de marras, quien acciona de protección funda su libelo en que el recurrido habría cerrado con una reja de alambre, en forma definitiva, el ingreso a la franja destinada a servidumbre de tránsito, sin embargo, cabe destacarlo, no acompaña ningún antecedente, salvo lo indicado en el recurso, que acredite tal aserto.

OCTAVO: Que la recurrida, por su parte, argumenta que la propiedad que alega como suya el recurrido no existe, conforme quedó acreditado en los procesos judiciales citados en la parte expositiva de la presente sentencia, y no reconoce tampoco la colocación de la reja en cuestión, salvo en lo que respecta al cumplimiento de la sentencia definitiva ejecutoriada de cuatro de julio de dos mil catorce, del primer Juzgado de Buin, en autos Rol C- 27978-1998, que acogió la demanda y ordenó a los demandados construir la cerca divisoria para separar el terreno de la Hijuela Norte de la Reserva Cora Nº 2 del Proyecto de Parcelación Rangue de los predios sublitis.

NOVENO: Que lo expresado permite concluir que la materia planteada no es susceptible de ser solucionada por la presente vía, esto es, la acción cautelar de derechos constitucionales, particularmente porque no se ha acreditado –siquiera mínimamente- la existencia del hecho que se reclama y, como consecuencia, porque el recurrente no es titular de un derecho indiscutido o indubitado. En efecto, el recurso de protección de garantías constitucionales tiene por objeto proteger el legítimo ejercicio de derechos que estén indubitados, y no de aquellos que se encuentran en discusión o que constituyan una mera expectativa. En suma, no se trata de un juicio declarativo de derechos, como parece entenderlo el recurrente de estos autos.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la Republica y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don Oscar Hormazabal Barahona, el día diecisiete de julio de dos mil diecinueve.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Ignacio Castillo Val.

N° 5898-2019 – PROT.

Pronunciada por la Cuarta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel integrada por las ministros Sra. María Carolina Catepillan Lobos, Sra. Sylvia Pizarro Barahona y Abogado Integrante Sr. Ignacio Castillo Val.