Protección contra Municipalidad de San Bernardo

San Miguel, treinta de julio de dos mil veinte.

Vistos:

Primero: Que recurre de protección el abogado don Diego Castro Valencia en representación de Sociedad nombre reservado y Cía. Ltda., representada legalmente por don nombre reservado, en contra de la Municipalidad de San Bernardo, representada legalmente por su alcaldesa doña Nora Cuevas Contreras, por el acto que considera ilegal y abusivo, consistente en el cobro de boletas de garantías ofrecidas para el cumplimiento fiel de los contratos en los sectores centro oriente y sur poniente de la comuna de San Bernardo, por la suma de $52.043.825, correspondiente a la Licitación 2342-58-LR15 de fecha 01 de octubre de 2015 para el "servicio de mantención y reposición de áreas de verdes de la comuna de San Bernardo".

Afirma que dicha acción constituye una privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales de la recurrente, señalados en los numerales 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política, esto es, el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, y el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.

Expone que según consta del Oficio Ordinario N° 465, de 19 de mayo de 2020, que rechaza un recurso de reposición interpuesto por Sociedad nombre reservado y Cía. Ltda., ante la municipalidad recurrida, se pretende sostener el cobro de una garantía contractual basada en un hipotético e incierto incumplimiento de obligaciones laborales que se encuentran finiquitadas ante ministro de fe y que son motivo de un juicio laboral actualmente vigente.

Explica que la Sociedad recurrente, es una empresa contratada por la Municipalidad de San Bernardo, mediante Licitación 2342-58-LR15 de 1 de octubre de 2015, para el "servicio de mantención y reposición de áreas de verdes de la comuna de San Bernardo" sector sur-poniente y sector centro-oriente. Agrega que durante la vigencia del contrato de prestación de servicios jamás existió una controversia y/o diferencia en la ejecución de los trabajos; cumpliendo oportunamente todas y cada de una de sus obligaciones comerciales y laborales hasta el término de la licitación y la prestación de los servicios.

Señala que los contratos de prestación de servicios en ambos subsectores de la comuna terminaron el día 31 de diciembre de 2019, acompañando la empresa el respaldo íntegro de cumplimiento de todas sus obligaciones. Es así como se finiquitaron la totalidad de los trabajadores cumpliendo para dicho efecto las formalidades que establece la ley.

Indica que ante lo anterior, la Ilustre Municipalidad de San Bernardo realizó la totalidad de los pagos pendientes en el contrato centro oriente, siendo la última factura de pago la N°263, emitida el 3 de enero 2020. En relación al contrato sur poniente, la Municipalidad retuvo el pago de la factura N° 264 por la suma de $41.260.444, fecha de emisión 3 de enero de 2020.

Afirma que la retención antes indicada se produjo a partir de la notificación de la demanda laboral T-374-2020, seguida ante el Segundo Juzgado Laboral de Santiago, al municipio el 12 de marzo del presente año y en su libelo pretensor se reclama la nulidad de los finiquitos firmados de 35 trabajadores de la empresa nombre reservado y Cía. Limitada y se demandó las indemnizaciones por años de servicio y la vulneración de derechos fundamentales en una cifra más alta que las correspondientes a once remuneraciones.

Añade que no bastando con la retención de la última factura N°264 por la suma de $41.260.444, el municipio por intermedio de su director jurídico decidió cobrar las boletas de garantías ofrecidas para el cumplimiento fiel de los contratos en los sectores centro oriente y sur poniente por la suma de $52.043.825.

Expresa que el argumento citado por la Dirección Jurídica de la Municipalidad apunta al N° 26.1 letra b) de las bases administrativas en relación a las obligaciones previstas en la letra L del punto 19 del mismo documento, en lo relativo al pago íntegro de las remuneraciones, concepto, dentro del cual, se incluye la gratificación legal, conforme lo señala la normativa laboral. Asimismo, sostiene el Director Jurídico que existiría una vulneración y un respaldo argumentativo de la decisión en el artículo 1546 del Código Civil, el cual alude a la buena fe en los contratos entre particulares.

Asevera que la recurrida sostiene que la existencia del juicio laboral justificaría el cobro de la boleta de garantía y, a su juicio, este argumento es inapropiado e improcedente, ya que las boletas de garantías se pueden hacer efectivas en la medida que exista un incumplimiento real y en este caso sólo existe una pretensión futura e incierta de un tercero, la cual aún no se encuentra resuelta y está en sus primeras fases del procedimiento (audiencia preparatoria 22 de abril de 2020), por lo que no puede estimarse desde ya la existencia de una infracción a las bases administrativas.

Agrega que el literal L del punto 19 de las bases administrativas, cuya infracción habría posibilitado el cobro de la boleta de garantía sería que el contratista no dio integro cumplimiento al pago de remuneraciones o imposiciones previsionales del personal, arguyendo que dicha aseveración es falsa y no se condice con la pretensión judicial de los trabajadores, toda vez que en la demanda laboral existente en ninguna petición se hace referencia a remuneraciones impagas o a cotizaciones previsionales incumplidas, por lo que en dicho caso no existiría una deuda de esa naturaleza. Las indemnizaciones solicitadas o pretendidas por el demandante no guardan relación alguna con el literal citado por la Municipalidad para efectos de justificar el cobro de la boleta.

Hace presente, además, que desde el punto de vista administrativo la empresa cumplió con todos los listados de documentos en los respectivos estados de pago y cada uno de ellos se encuentra supeditado a la acreditación del cumplimiento de las obligaciones laborales de los trabajadores. En este orden de ideas a la Municipalidad se acompañaron todos los finiquitos de los trabajadores al término de la licitación (diciembre 2019); los finiquitos presentados fueron ratificados ante ministro de fe y tienen el poder liberatorio de poner término al vínculo laboral y a todas las prestaciones asociadas.

Indica que las bases administrativas y el contrato de prestación de servicios en ningún caso se pone en el escenario de una demanda laboral posterior a los finiquitos, es decir, la imputación de un vicio del consentimiento en dichos documentos de término, no son una circunstancia reglamentada en las bases que posibilite el cobro de la boleta de garantía.

Añade, asimismo, que el juicio laboral es de sólo 35 trabajadores, de los cuales 28 de ellos se desempeñaron en el sector centro oriente, y dicho contrato se encuentra terminado y pagado en su totalidad. No así el contrato relativo al sector sur poniente, el cual se encontraba en proceso de pago cuando fue notificada la demanda laboral al Municipio, siendo en relación a este contrato, que se produjo la retención de la última factura n°264 por la suma de $41.260.444. Y siendo sólo 8 trabajadores demandantes del sector sur poniente le parece desproporcionado e ilegal el cobro de una boleta de garantía de un contrato que ya se encuentra terminado y pagado y respecto al cual no se puede hacer un cobro desmedido de $52.043.825, siendo los contratos del contratista mirados como una unidad cuando en la especie se refieren a sectores diferentes, por lo que las garantías no pueden considerase en un conjunto.

Manifiesta que la Municipalidad recurrida por medio de un Oficio Ordinario de la Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato, suscrito por su Director don nombre reservado, informó sin fundamentos que se haría efectiva las referidas garantías y con posterioridad la Alcadesa ratifica el decisión de cobro el día 19 de mayo pasado, mediante Oficio Ordinario N°465 que se pronuncia sobre recurso de reposición interpuesto por la Sociedad recurrente.

Concluye que la actuación de la recurrida es ilegal, por cuanto infringe la ley del contrato y de las bases administrativas que rigió el vínculo jurídico entre ese municipio y su representada, según el procedimiento establecido en el contrato y lo dispuesto en las bases administrativas de licitación numeral 26.1 b), donde se establece que la Municipalidad sólo podía hacer efectiva la garantía, cuando se acredite un incumplimiento de contrato, cuyo no es el caso.

Refiere, también, que el municipio no ha iniciado ningún procedimiento administrativo o judicial para determinar el incumplimiento que amerite sanciones como la retención del último estado de pago y la decisión de hacer efectiva la garantía. Su actuar sólo obedece a temores infundados, sin respaldo jurídico, derivados de la demanda de 35 trabajadores que firmaron finiquitos con Sociedad nombre reservado y Cía. Limitada y que actualmente pretenden anular dichos instrumentos.

Asienta, igualmente, que la actuación de la Municipalidad recurrida es arbitraria, ya que carece de razón o lógica jurídica, pues la excusa invocada en orden a existir la demanda ya referida, para hacer efectiva la garantía, es insuficiente, débil, y no la legitima para actuar de esa forma, más aun si ya ha perjudicado a su parte reteniéndole el último estado de pago por la misma razón.

Señala en relación a las garantías vulneradas que la actuación de la Municipalidad de San Bernardo, infringe la garantía constitucional del artículo 19 N° 3, esto es, el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho. La recurrente, Sociedad nombre reservado y Cía. Limitada, está siendo juzgada y sancionada, breve y sumariamente, por la Municipalidad recurrida, sin tener este órgano del Estado facultad para ello, puesto que el contrato que regía a las partes no contempla las causales que se están invocando para hacer efectiva la boleta de garantía por los motivos que ella esgrime; a mayor abundamiento el contrato está terminado y la garantía está vencida.

Refiere que se infringe además la garantía constitucional del derecho de propiedad contemplada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, puesto que al hacer efectivo el cobro de una garantía, ya vencida, en forma ilegal y arbitraria, perjudica el patrimonio del recurrente.

Pide en definitiva se acoja el presente recurso, se adopten de inmediato las providencias que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes y se ordene a la recurrida hacer devolución de la garantía al recurrente, con costas.

Segundo: Que informa al tenor del recurso la abogada doña Inés Santelices Pérez, por la Municipalidad de San Bernardo, señalando que el recurrente participó en la licitación pública convocada por el Municipio para el servicio de mantención y reposición de áreas verdes, se adjudicó en dicho procedimiento los sectores referidos, con todas las condiciones previstas en la licitación, entre las cuales se consideró la constitución de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de cada uno de los contratos, respecto de esos sectores, que se celebraron en forma separada porque se trataba de áreas físicas distintas con exigencias diferentes.

Expone que los contratos se celebraron en la modalidad de suma alzada por metro cuadrado mantenido, por el plazo de cuatro años, entre el 1° de enero de 2016 y el 31 de diciembre del año 2019 y entre las exigencias, se consideró la garantía de fiel cumplimiento del contrato, por un valor equivalente al 50% de una mensualidad de mantención, que debía renovarse anualmente, y tratándose del último año, la garantía debía exceder en noventa días, a lo menos, a la fecha de la expiración del plazo del contrato. Aclara que esta garantía consistente en boletas, en este caso, de ese carácter, tuvieron por objeto caucionar el fiel cumplimiento de las obligaciones del contrato considerando con este propósito aquellas que resultaran de todo aquello que formó parte del contrato, o sea, las que emanaron de las bases de la licitación, especificaciones técnicas, consultas y respuestas y/o aclaraciones, y demás documentos que se incluyeron en el procedimiento respectivo, todo sin distinción de ninguna especie.

Refiere con base en este contrato y estando aún vigente las garantías, la Municipalidad y la sociedad accionante, fueron demandadas en forma solidaria para responder por obligaciones derivadas de su relación laboral incumplidas por la sociedad recurrente y todo tratándose de trabajadores que lo habían hecho como dependientes de esta última en el servicio de mantención y reposición de áreas verdes, que le fuera adjudicado. Agrega que en esta situación, se persiguió la responsabilidad de la Municipalidad, en función del régimen de subcontratación, establecido en la Ley 20.123 y en los artículos 183 y siguientes del Código del Trabajo.

Indica que esta demanda, que fue notificada a la Municipalidad en el mes de marzo del año en curso, persiguiendo su responsabilidad solidaria, fue deducida por infracciones a los derechos de los trabajadores del recurrente en la ejecución de los contratos de mantención de áreas verdes. Con ocasión de estas circunstancias y frente al entredicho generado para sus intereses, porque la demanda apunta a comprometer su propio patrimonio y estando aún vigente las garantías de fiel cumplimiento, tomadas a la vista de manera irrevocable y en su favor, procedió a solicitar y hacerlas efectivas a su emisor, informando en los términos recordados al recurrente, a través, del Director del Medio Ambiente, Aseo y Ornato en el oficio ordinario indicando lo que ocurrió, insiste, en marzo del año en curso.

Explica que a raíz de tal comunicación e información al recurrente, este interpuso el 07 de abril del año 2020 recurso de reposición de acuerdo con la Ley 19.880, artículo 59, o sea, en forma administrativa para que no se hicieran efectivas las garantías, en el cual pidió precisamente, y en los mismos términos en los que ahora lo hace en esta acción cautelar, que se devolvieran las garantías, es decir, que no se hicieran efectivas. La Municipalidad a través de su Alcaldesa en el Ordinario 415, de 19 de mayo pasado, rechazó por improcedente la reposición, quedando de este modo, a juicio de la recurrida, plenamente vigente y eficaz la cuestión impugnada, o sea, que era improcedente la devolución de las garantías por una parte y por otra, que esta pudo ejecutarse.

Afirma, en consecuencia, que como se acredita con el documento que contiene la reposición que la Sociedad nombre reservado y Compañía Ltda., a través de su representante, tomó pleno conocimiento de la decisión de la Municipalidad, de hacer efectiva la garantía, con fecha 1° de abril del año en curso, cuestión que es relevante para los efectos de establecer la oportunidad en que se dedujo la acción cautelar, y para demostrar que esta es sin duda extemporánea toda vez que con dicha fecha se impuso de la decisión que ahora cuestiona a través del ejercicio de la acción cautelar toda vez que el plazo debe contarse desde que el recurrente toma conocimiento de los hechos o circunstancias que lo motivan, y no desde el oficio de la Alcaldesa de mayo del año en curso, ya que ambas actuaciones Municipales apuntan a lo mismo y se refieren a la misma materia y contenido.

Respalda la extemporaneidad, aseverando que no resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 54 inciso segundo de la Ley Nº 19.880, sobre procedimientos administrativos, que al efecto señala que “planteada la reclamación se interrumpirá el plazo para ejercer la acción jurisdiccional”, por cuanto el recurso de protección no es una acción jurisdiccional.

Concluye que se equivoca el reclamante de protección, al recurrir en contra de la resolución de su representada que se pronuncia sobre el recurso de reposición - que no suspende el plazo para interponer el arbitrio de protección- y que se interpuso respecto del Oficio que comunicó el cobro de las garantías asociadas al cumplimiento de las obligaciones del contrato de concesión, ya que debió hacerlo contra este último, y cuyo plazo está largamente excedido, conforme lo señala el Autoacordado respectivo.

Indica, como segunda alegación que el recurso de protección no es la vía idónea, para ventilar y discutir el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato toda vez que el arbitrio constitucional se apoya en la existencia de un derecho indubitado de quien lo interpone para amparar su legítimo ejercicio y requerir el restablecimiento del imperio del derecho, lo que no ocurre en la especie. Cita jurisprudencia al efecto.

Por último y sin perjuicio de todo lo anterior, señala que la resolución impugnada por esta vía no constituye un acto ilegal ni arbitrario, de parte del Municipio, sino por el contrario, se ajusta al ordenamiento vigente y en especial, a los términos del contrato, por cuanto la sociedad recurrente infringió sus obligaciones derivadas de la licitación, cuestión que permitió y ameritó que el Municipio procediera en este caso, como lo hizo.

Observa que el régimen legal que regula la relación del recurrente con la Municipalidad, no solo debe encuadrarse en los términos del contrato mismo, sino muy particularmente en toda aquella regulación que forma parte de la licitación del servicio de mantención y reposición de áreas verdes que licitó la Municipalidad, en cumplimiento de sus atribuciones y facultades legales como las propias bases de la licitación consignan.

Agrega que constituyen el marco regulatorio, que deben respetar tanto la entidad licitante como los oferentes, y en definitiva, el adjudicado, porque de este modo se respeta por una parte el principio de estricto apego a las bases y por otra, el principio de igual tratamiento de los participantes, que deben gobernar cualquier procedimiento de esta naturaleza y dentro de este orden de cosas las bases en el número 17, relativo a las garantías letra B, se refiere a garantía de fiel cumplimiento del contrato. Aclara que esta garantía por sus características, especialmente ser a la vista e irrevocable en favor de la Municipalidad y con fecha de vencimiento, responde por el cumplimiento fiel y oportuno de cualquier obligación derivada de la relación entre la entidad licitante y el oferente adjudicado, advirtiendo además, que excede del plazo del contrato precisamente para proteger el interés del Municipio en este caso, frente a cualquier infracción del contratista, que se produzca y sea conocida especialmente una vez extinguido el plazo del contrato.

Indica, también, las Bases en el número 19, precisa las obligaciones del adjudicado, y entre ellas, obviamente, en la letra H, dispone "cumplir a cabalidad el contrato de conformidad con las bases, especificaciones técnicas y demás antecedentes de la licitación". A su vez la letra L, señala, de un lado, que las remuneraciones que pague el contratista a su personal, no pueden ser inferiores a las remuneraciones mínimas; que él es el responsable de remuneraciones e imposiciones; que el personal del contratista no tiene vínculo alguno con el Municipio y que este en caso de no cumplir en forma oportuna con el pago de las remuneraciones, no solo tiene derecho a retener el pago, sino a hacer efectivas las garantías de fiel cumplimiento sobre la base que le señale un plazo para ponerse al día en el pago de estas prestaciones laborales, lo que obviamente sucede, en lo que a este plazo se refiere, que el contrato permanece vigente, y lo más importante en este acápite es lo señalado en la letra S, ''dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 20.123 sobre régimen de subcontratación''.

En este sentido, la demanda laboral referida de los trabajadores del contratista adjudicado en este caso, el recurrente, seguida ante el Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago, y que se refiere a una tutela con ocasión de infracción de los derechos fundamentales de los trabajadores, en este caso, al firmar el finiquito y a las indemnizaciones, más recargos que de ello resulten, por la nulidad de ese finiquito y por tanto, del despido y también por el no pago de remuneraciones como es la gratificación legal, por el tiempo trabajado, se persigue no solo a la sociedad recurrente, sino en forma solidaria, la responsabilidad de la Municipalidad.

Agrega que el recurrente no cumplió con las disposiciones de la Ley 20.123, en orden a evitar que se comprometiera la responsabilidad del licitante en este caso y aun a través de esta acción judicial.

Advierte que las circunstancias que la garantía de fiel cumplimiento se extendiera más allá del plazo del contrato, tuvo por objeto que con ella se pudiera responder por obligaciones que se conocieran o hubieran sido exigibles con posterioridad al plazo del contrato, como ocurrió en la especie, con las infracciones a la Ley 20.123 sobre régimen de subcontratación, y donde la empresa principal debía responder por las infracciones a la ley laboral y a los derechos de los trabajadores en que habría incurrido el contratista, en este caso, el recurrente. A mayor abundamiento, las bases también impusieron como obligación del contratista adjudicado, el respeto y cumplimiento de las disposiciones de la Ley 20.123, cuestión que tiene el alcance antes recordado, en cuanto en su caso también procede a hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento, como lo precisan las bases.

Concluye que expirado el plazo del contrato y estando vigente la garantía de fiel cumplimiento, la Municipalidad recurrida fue notificada de una demanda de los trabajadores del contratista que laboraron en la concesión, todo en función de las normas de la ley de subcontratación. Esta demanda notificada en la época señalada, originó que la Municipalidad en resguardo de su patrimonio y por tanto, del interés general de que se ocupe en los fines que establece la ley, resolvió solicitar al emisor de las boletas se hicieran efectivas, habida consideración una vez más que esta se constituyó también para garantizar esta obligación del contratista, quien al no respetar la ley laboral e infringir los derechos de los trabajadores, comprometió la responsabilidad de la Municipalidad con ocasión de la aplicación del régimen de subcontratación, obligación de aquellas que el contrato impone al contratista en el número 19 de las bases, y, en consecuencia, la caución de fiel cumplimiento debe servir en ese carácter para responder por la infracción a propósito de la aplicación de la Ley 20.123 y de los artículos 183 y siguientes del Código del Trabajo.

Reitera que la Municipalidad con ocasión de la o las decisiones impugnadas por el recurrente ha obrado con estricto apego a las bases y por tanto, dentro del ordenamiento respectivo, de modo que su quehacer al respecto no es ni ilegal ni arbitrario y por esas circunstancias tampoco amenaza, perturba o contraviene el legítimo ejercicio de las garantías que se persiguen tutelar.

Pide en definitiva rechazar en todas sus partes el recurso de protección interpuesto, con costas.

Tercero: Que, la acción constitucional de protección es un arbitrio cautelar de determinados derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Cuarto: Que la recurrida argumenta la extemporaneidad del recurso, aspecto que debe ser abordado previo al análisis de la materia de fondo, planteada mediante la presente acción cautelar, como quiera que el ejercicio de ésta, además de la formulación de una pretensión jurídica, supone el cumplimiento de determinadas formalidades procesales, entre las cuales se encuentra el plazo dentro del cual el recurso debe ejercerse.

Quinto: Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, esta acción ha de interponerse ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionaren privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días, corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión, o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticia o conocimiento cierto de los mismos.

Sexto: Que el presente arbitrio, fue interpuesto con fecha 16 de junio de 2020, a fin de que se ordene a la Municipalidad de San Bernardo, según refiere el recurrente, la devolución de la garantía, consistente en el cobro de boletas de garantías ofrecidas para el cumplimiento fiel de contratos celebrados con el municipio, por la suma de $52.043.825, correspondiente a la Licitación 2342-58-LR15 de fecha 01 de octubre de 2015 destinada al servicio de mantención y reposición de áreas de verdes de la misma comuna, cuyo acto administrativo de término se desprende del Oficio Ordinario Nº 465, de fecha 19 de mayo de 2020, que se pronuncia sobre una reposición interpuesta por el recurrente, respecto de otra de orden informativo, Oficio Ordinario Nº 247, de fecha 31 de marzo de 2020, cuyos fundamentos resolutivos de rechazo de la primera, dicen estricta relación con la celebración de dos contratos a que se ha hecho mención, en el marco de una licitación pública relativa a la mantención y reposición de áreas verdes, respecto de los cuales se constituyeron las respectivas garantías de fiel cumplimiento que exigieron las bases de la licitación, punto que se refuerza en el numeral cuarto de la resolución del municipio, al referirse en particular a las bases y a las garantías, por lo que dable es afirmar que el recurso de reposición interpuesto por el recurrente ante el municipio, con fecha 19 de mayo de 2020, es el que sirve de fundamento al recurso, y mediante el cual toma conocimiento el recurrente del acto que denuncia ilegal y arbitrario, que pretende hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento constituida por el prestador del servicio con ocasión del no pago de las remuneraciones a los trabajadores, según se lee del párrafo segundo, número cuarto de la resolución administrativa aludida, y no la comunicación de fecha 31 de marzo del mismo año, dirigida por el Director de Medio Ambiente, Aseo y Ornato de la Municipalidad al recurrente, en que se le informa se harán efectivas las garantías que se vienen comentando, lo que se desprende del mismo acto administrativo ya referido, en su numeral octavo, cuando justificando la resolución recurrida, el municipio afirma que la falta de fundamento de la misma obedece a su naturaleza meramente informativa, por lo que mal entonces, puede considerarse esta última como el acto denunciado por el recurrente, a partir del cual debe contabilizarse el plazo para la interposición del recurso, si la propia recurrida reconoce su carácter informativo.

Séptimo: Que la alegación de la recurrida, en cuanto a la extemporaneidad, fundada en lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 54 de la Ley Nº 19.880, ha de ser rechazada en virtud de lo dispuesto en la misma norma, pero en su inciso primero, por cuanto si bien el inciso segundo señala que promovida que sea una reclamación se interrumpe el plazo para ejercer la acción jurisdiccional, argumento que la recurrida utiliza para sostener que la dicha acción no puede extenderse ni entenderse aplicable al recurso de protección por tratarse de una naturaleza diversa, luego, de la revisión del inciso primero aludido, resulta que dispone que frente a la reclamación ante la Administración no podrá el reclamante deducir la misma ante los Tribunales de Justicia, lo que permite concluir con suficiente y evidente fundamento, que la acción jurisdiccional a que hace referencia el inciso segundo se encuentra incluida en la denominación genérica que la norma hace a los tribunales en su inciso primero, sin que pueda entenderse entonces excluida la acción cautelar intentada del marco normativo de la regla en comento, pudiendo en consecuencia, interrumpirse el plazo para ejercer el recurso de protección, una vez planteada la reclamación.

Octavo: Que de lo expuesto precedentemente, puede concluirse que el recurso interpuesto con fecha 16 de junio de 2020, no es extemporáneo, contabilizado el mismo desde el acto administrativo final de fecha 19 de mayo del mismo año, que presume ilegal y arbitrario el recurrente, por lo que la extemporaneidad no se produce porque se recurre del acto de término, y de allí debe contabilizarse el plazo, razón por la cual dicho capítulo será desestimado.

Noveno: Que con relación al fondo del asunto, resulta que si la ejecución de las garantías a que se ha hecho referencia, encuentra su regulación en las bases regulatorias del contrato celebrado entre el recurrente y el municipio, en virtud de una licitación pública en que se adjudica los servicios de mantención y reposición al recurrente, el cobro y/o la ejecución de las garantías no es posible cautelar por esta vía, sino que se trata de una materia que debe ser resuelta en un juicio de lato conocimiento ante el tribunal que corresponda, en un procedimiento contradictorio, en que se velará por las garantías del debido proceso, en el marco de las normas contenidas en el contrato de prestación de servicios celebrado entre las partes, por lo que la discusión y resolución de los hechos y el derecho, debe necesariamente ser revisada en esa sede, excediendo los márgenes de la acción cautelar de que se trata, procediendo por tanto el rechazo del recurso intentado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y normas del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido por el abogado don Diego Castro Valencia, en representación de Sociedad nombre reservado y Cía. Ltda., representada legalmente por don nombre reservado, en contra de la Municipalidad de San Bernardo, representada legalmente por su alcaldesa doña Nora Cuevas Contreras, sin costas.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

Redacción del Ministro (I) Carlos Hidalgo Herrera.

N° 5887-2020 – Protección.

Pronunciada por la Sexta Sala Zoom de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel integrada por los ministros Sr. Roberto Contreras Olivares, Sra. Carolina Vásquez Acevedo y Sr. Carlos Hidalgo Herrera.