Protección contra recurso el abogado Sergio Bello Pérez y que la vista de la causa se inició a las

Certifico que se anunció y alegó en contra del recurso el abogado Sergio Bello Pérez y que la vista de la causa se inició a las 9.39 horas y finalizó a las 10.01 horas. En San Miguel, a 18 de enero de 2022, Javiera Gainza Flores, relatora.

San Miguel, dieciocho de enero de dos mil veintidós.

Al escrito folio 3126: a todo, téngase presente.

Al escrito folio 3218: a sus antecedentes.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don nombre reservado, en representación de doña nombre reservado, enfermera universitaria, empleada civil de acuerdo a la Ley N° 18.476 del Hospital Militar de Santiago, de nacionalidad uruguaya, y deduce acción de protección de garantías constitucionales en contra de don nombre reservado, Teniente Coronel de Ejército y Fiscal Administrativo, y de don nombre reservado, Sargento Primero de Ejército y Secretario Administrativo, por los actos y omisiones consistentes en no permitir el acceso al expediente sumarial de la investigación iniciada en su contra, incumplir los plazos de substanciación de la misma, la omisión de dictar el acto terminal por parte de la administración y al mismo tiempo, habérsele impedido de ejercitar los derechos que la ley le asegura a un funcionario que enfrenta tal situación, con la agravante de haber transcurridos más 100 días hábiles desde el inicio de la Investigación, excediendo con creces los plazos dispuestos al efecto.

Expone que la recurrente ha desarrollado prácticamente toda su vida profesional en el Hospital Militar de Santiago desde el año 2009 y que desde el 2 de septiembre de 2021 fue objeto de una Investigación Sumaria Administrativa para determinar la veracidad de los hechos descritos en las denuncias formuladas por don nombre reservado por presuntos hechos constitutivos de acoso laboral. Detalla que se designó como Fiscal Administrativo en Comisión al recurrido Teniente Coronel nombre reservado y como Secretario Administrativo al recurrido Sargento Primero nombre reservado.

En primer lugar denuncia que si bien debía sustanciarse el proceso en un plazo de 20 días hábiles y sólo en caso debidamente justificado este podrá ser prorrogado por la autoridad que dispuso su iniciación, previa petición fundada del Fiscal, hasta en un máximo de 60 días hábiles, desde el inicio de la investigación - 2 de septiembre de 2021- hasta la fecha de interposición de la acción - 24 de noviembre de 2021- habían transcurrido aproximadamente 84 días.

Luego aduce que su representada no había sido notificada y agrega que la recurrente sólo tuvo noticias de la substanciación, cuando por medio de coacción fue retirada y apartada de su lugar de trabajo en la Sección de Revisión de Cuentas Clínicas, unidad donde se desempeñaba como Enfermera de Revisión de Cuentas. Detalla que sin ninguna explicación al respecto, fue reubicada en el servicio de Angiografía de la misma Instalación de Salud, donde no se le ha entregado un lugar físico para desarrollar sus actividades profesionales y tampoco se le han asignado tareas o funciones para cumplir. Expresa que sólo el pasado 28 de octubre de 2021 fue notificada de una citación para prestar declaración en dependencias de la Dirección Militar del Hospital Militar y que en el acto de su comparecencia fue tratada como “Inculpada” por la denuncia efectuada por el señor nombre reservado. Añade que la interrogación se extendió por más de 5 horas, lapso durante el cual no se le permitió conocer la denuncia efectuada en su contra, la resolución que dispone la Investigación sumaria Administrativa, como tampoco las declaraciones de testigos sobre las cuales debió declarar. Tampoco se le permitió acompañar prueba o consultar detalles respecto de lo que estaba siendo interrogada, realizando preguntas ambiguas, sugestivas e indirectas, además de usar en todo momento un tono acusatorio e intimidante. Enfatiza que durante el transcurso de la diligencia le fue negada la oportunidad de dirigirse al servicio higiénico, consumir agua o contactarse con su representante para consultar respecto de la legalidad de aquella situación.

Reseña que el 4 de noviembre de 2021, la recurrente remitió a los recurridos un documento para obtener una serie de documentos y pronunciamientos, sin recibir respuesta de nada de lo solicitado. Precisa que entre los asuntos consultados, se encontraba la petición de conocer el estado procesal de la causa.

Asevera que los recurridos han negado ilegal y arbitrariamente a la recurrente, su legítimo derecho a conocer los fundamentos del procedimiento, las diligencias realizadas e incorporadas a la carpeta, el estado procesal en que se encuentra y exigir de la administración, la dictación del acto terminal del procedimiento administrativo.

En cuanto a las garantías que estima vulneradas, en primer lugar, desarrolla aquella consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley. Indica que estando obligados los recurridos por el principio de probidad administrativa a cumplir los plazos que establecen los reglamentos y las leyes, han desatendido dicha obligación, incumpliendo además la obligación de dictar el acto administrativo terminal en un plazo máximo de 60 días hábiles, como sucede en otros procedimientos administrativos de la Institución. Añade que todo ciudadano tiene derecho a conocer el estado de tramitación de los asuntos en los que tenga la calidad de interesado, en particular, en el caso de la recurrente, cuando el motivo de la investigación es determinar por parte de la Administración, si los hechos por ella denunciados como constitutivos de acoso laboral y sexual son acreditados y en definitiva se establezca relación de causa con las actividades del servicio o con ocasión de este. Finalmente señala que los particulares en su relación con los Órganos de la Administración del Estado, tienen derecho a obtener copia de los documentos y diligencias que se encuentren incorporados en los procedimientos administrativos en los que posean la calidad de interesados, lo que no ha ocurrido con la recurrente.

En lo que respecta a la garantía del debido proceso, sostiene que quedan de manifiesto las infracciones cometidas al no haberse respetado sus derechos a que se le comunique oportunamente de su condición de inculpada y a que se le proporcione toda la información debida que no atente contra el secreto o reserva que se disponga para el mejor éxito de la investigación; a ser oída en sus declaraciones y alegaciones; a que se le dé conocimiento personal de los cargos que se le formulen y pueda acceder sin restricciones al proceso y sus antecedentes luego de la formulación de cargos; a que pueda ofrecer y producir pruebas; pueda ser representada por profesionales letrados; y a impugnar, mediante los recursos idóneos y ante órganos de jerarquía superior, el acto administrativo que le afecta.

Pide, entonces, se adopten de inmediato las providencias que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y, en definitiva, se ordene a los recurridos permitir a la recurrente el acceso al expediente sumarial individualizado, se dicte el acto terminal al respecto y se otorguen las copias debidamente autenticadas solicitadas por la recurrente en forma reiterada, tanto al Fiscal como al Secretario en Comisión.

Segundo: Que informan al tenor del recurso los recurridos. En primer lugar alegan que los antecedentes deben ser remitidos a la Corte de Apelaciones de Santiago, por cuanto, una acción de protección debe presentarse en, "...ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente”, no concurriendo ningún supuesto de aquellos exigidos por la norma, en razón a que el Sr. nombre reservado, actúa en representación convencional de doña nombre reservado, y su representación no es acreditada. Por su parte, el domicilio de la recurrente corresponde a calle Cerro Colorado №6130, depto. 172, comuna de Las Condes, mientras que, el domicilio domicilio reservado. Enfatiza que ningún documento acompañado por la actora permite advertir que los efectos del acto se hayan generado en la dirección de domicilio reservado; más aún, cuando se tiene presente que dicha dirección corresponde a un edificio "Comercial y Profesional", conforme a una simple revisión en la web de la aludida dirección. En cuanto a la representación convencional, señala que requiere indefectiblemente una fuente reconocida por la ley que la fundamente; pero es el propio recurrente quien refiere a estar actuando en calidad de representante convencional de otro, sin acreditar aquello.

Luego, aclara que la recurrente actualmente no mantiene relación laboral vigente con el Hospital Militar de Santiago, ya que con fecha 7 de diciembre 2021 se puso término al contrato de trabajo bajo la causal establecida en el artículo 161 del Código del Trabajo, es decir, "Necesidades de la Empresa".

Luego advierten que, sin perjuicio del carácter informal y cautelar del procedimiento de protección de garantías fundamentales, les ha sido dificultoso establecer el acto ilegal o arbitrario reclamado, desde que no se han mencionado hechos que puedan constituir una vulneración a las garantías constitucionales, por cuanto de los mismos antecedentes se advierte claramente que no se ha dictado un acto terminal que permita sostener la vulneración reclamada, razón por la cual el presente recurso deberá ser rechazado.

Reseñan que no es efectiva la falta de notificación, pues en el oficio en que fue citada la actora a declarar se le informó que se trata de una ISA por una denuncia de acoso laboral, y posteriormente al declarar se le comunicó sobre la ISA por presunto acoso laboral denunciado por nombre reservado. Adicional a lo anterior, se le mostró el acta de notificación de cambio de lugar de desempeño, incorporada en la investigación donde señala expresamente que sería removida temporalmente de sus funciones de manera inmediata mientras se sustancie la ISA. Al ser notificada, la recurrente se negó a firmar, escribiendo de puño y letra, "no tengo conocimiento de la denuncia efectuada en mi contra" con fecha y hora.

Respecto al plazo de tramitación, esgrimen que la demora no constituye por sí misma, un vicio que afecte la validez de un sumario, por cuanto no recae sobre un aspecto esencial del mismo, conforme a la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, en especial la contenida en dictamen №22516 de 2017.

Respondiendo a la denuncia del cambio del lugar de las funciones, explican que el protocolo refiere que los mandos receptores, de inmediato o cuando conozcan la denuncia, deberán disponer las medidas de protección para el adecuado resguardo de la víctima, entre las que se contempla la separación de la víctima del denunciado o denunciada, siempre teniendo en cuenta el favor de la primera, esto es, la víctima. Por lo que, era deber del Hospital Militar de Santiago adoptar las medidas pertinentes para la protección de la víctima, encontrándose dentro de sus deberes y atribuciones la adopción de medidas como el cambio de lugar de desempeño. Añaden que también tenía pleno conocimiento de las nuevas funciones que se le asignaron.

Niegan que no se le permitiera acompañar prueba, ir al baño, llamar a su abogado, ni siquiera tomar agua; y afirma que lo que habría sucedido realmente fue que ella llamó en varias ocasiones de su teléfono particular a su abogado, quien no le contestó; y posteriormente, durante la declaración, aquél la llamó de vuelta y hablo en privado fuera de la oficina, incluso se acordó un break desde las 13:30 a 14:45 para almorzar. Hacen presente que la declaración se extendió bastante tiempo debido a que fue ella misma quien quiso modificar en reiteradas ocasiones su declaración escrita, para posteriormente firmarla.

Finalmente y en lo que respecta a la solicitud de copia de expediente sumarial y conocimiento de estado procesal de la investigación, exponen que nunca se realizó un requerimiento a la Fiscalía en comisión de entregar copia de la carpeta investigativa o documentos de ella. Sin embargo expresan que la investigación se encuentra en una etapa reservada, de acuerdo a lo prevenido en el artículo 14 del D.N.L 910 "Reglamento de Investigaciones Sumarias Administrativas de las Fuerzas Armadas".

Alegan, por su parte, que la acción intentada es improcedente, no es la vía idónea para resolver de esta supuesta vulneración de derechos y concluyen que debe ser rechazada en su totalidad, ya que las alegaciones efectuadas por la recurrente no permiten dar por establecida la existencia de una acción u omisión ilegal o arbitraria que hubiere vulnerado algunos de los derechos fundamentales que se afirman conculcados, toda vez que no existe por parte de la Institución acto ilegítimo alguno que los menoscabe, limitándose sólo a ejercer sus atribuciones y deberes en el marco constitucional, legal y reglamentario vigente.

Tercero: Que acerca de la incompetencia alegada, siendo una acción de tutela y acorde a los términos en que fue planteada, no se advierte la incompetencia, desde que el compareciente, domiciliado en esta comuna, interpusiera la acción ante esta Corte, conforme lo faculta los artículos 1 y 2 del Auto acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional, cuyo propósito consiste en obtener de los Tribunales superiores de justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquélla norma contempla. Al conocer un recurso de protección, es deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece.

Quinto: Que la finalidad de la presente acción persigue cuestionar actuaciones del proceso sumarial iniciado en contra de la recurrente, destinado a investigar hechos acaecidos en el lugar del trabajo, y que podrían comprometer su responsabilidad en tanto trabajadora del Hospital Militar. Por ello con la desvinculación de la trabajadora, debido al despido por necesidades de la empresa, tal como consta del documento de 7 de diciembre del 2021 acompañado por los recurridos, desaparece la necesidad de que esta Corte de Apelaciones disponga medidas de urgencia tendientes a la cautela de las garantías constitucionales eventualmente afectadas; por lo que, el presente recurso de protección pierde su objeto y oportunidad.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 N° 2 y 3 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se declara que:

I. Se rechaza la alegación de incompetencia opuesta por los recurridos;

II. Se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, en contra de don nombre reservado, y de don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Nº 5882-2021 Protección.

Pronunciado por Tercera Sala integrada por la ministra señora Carmen G. Escanilla Pérez (s), fiscal judicial señora nombre reservado y el abogado integrante señor Francisco Ferrada Culaciati.