nombre reservado con HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO-EJERCITO DE CHILE

San Miguel, veintiuno de enero de dos mil veintidós.

Vistos y considerando Primero: Que comparece nombre reservado en representación de nombre reservado, con domicilio para estos efectos, en domicilio reservado en contra del Hospital Militar de Santiago, representado legalmente por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por la afectación ilegal y arbitraria de las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°2 y N°3 inciso 5 de la Constitución Política de la República producida en virtud de la imposición de una medida disciplinaria de amonestación escrita, mediante resolución RES HMS DG (R) N° 1585/38356/17014 de 5 de octubre de 2021, dictada por el Director del Hospital Militar de Santiago.

Expone que la recurrente es enfermera universitaria con especialización en geriatría y que trabaja para la recurrida desde 2007 en calidad de empleada civil, lugar en el que se desempeña hasta la actualidad.

Explica que el 2 de junio del año 2021 se instruyó investigación sumaria en su contra imputándole haber realizado trabajos particulares en horario de servicio. Refiere que fue citada en calidad de denunciada a prestar declaración, sin que le fuera permitido conocer los antecedentes de la denuncia, sus fundamentos ni el nombre del denunciante, debiendo declarar respecto de hechos que no le fueron debidamente informados. Indica que el 20 de junio de 2021 se le notificó el dictamen fiscal, en el que se propuso como medida disciplinaria amonestarla por escrito, ya que, si bien no faltó gravemente al principio de probidad en el desempeño de sus funciones, su actuar no fue el adecuado al limitarse a avisar a su jefatura que asistiría a una audiencia, lo que no es compatible con su cometido, incumpliendo obligaciones establecidas en su contrato de trabajo y en el reglamento de Orden, Higiene y Seguridad.

Señala que formuló los descargos correspondientes, los que fueron rechazados por el Director del Hospital Militar mediante resolución Nº1585/14397 de 12 de agosto del año 2021, manteniéndose la medida disciplinaria. Finalmente, el 5 de octubre del mismo año, el Director del Hospital recurrido dictó la resolución que establece responsabilidad administrativa por los hechos investigados, confirmando la aplicación de la amonestación escrita, dando por acreditado indubitablemente la asistencia de la recurrente a una audiencia de juicio el día 28 de enero de 2021, vía zoom, en calidad de perito, incumpliendo con ello gravemente las obligaciones que le impone el contrato de trabajo y el reglamento de Orden e Higiene y Seguridad del Hospital. Añade que esta última resolución le fue notificada el 3 de noviembre pasado.

Alega que fue finalmente sancionada por un hecho distinto al investigado, y que el fiscal se extralimitó en sus atribuciones al establecer responsabilidad administrativa por un hecho que no ordenó investigar y sin señalar la tipificación del acto reprochado. Sobre el fondo de la resolución recurrida, señala que la audiencia de juicio aludida se suspendió, por lo que resulta imposible que se acreditara la concurrencia de la recurrente a la misma. Añade que los actos impugnados adolecen de un vicio esencial e insubsanable, ya que no señalan cuáles serían los caracteres de la conducta reprochada ni el contenido y alcance de la infracción cometida al amparo de una norma administrativa expresa, cierta y previa, impidiendo el legítimo ejercicio del derecho a defensa de la sancionada, infringiendo con ello el principio de tipicidad. Así, hace presente que la tipificación de la conducta sólo aparece consignada en la resolución dictada el 05 de octubre de 2021, a propósito de la reconsideración administrativa que dedujo.

Afirma, en consecuencia, que se han vulnerado las garantías constitucionales de la señora nombre reservado, en particular la igualdad ante la ley, toda vez que, debiendo investigarse tanto los hechos que prueben la denuncia realizada como también aquellos que la desvirtúen, el investigador no valoró la prueba aportada por la recurrente que da cuenta de la suspensión de la audiencia materia de la investigación. Además, se le privó de su derecho a conocer, ser debidamente notificada del procedimiento seguido en su contra, de tener la certeza jurídica de ser investigada por hechos precisos al inicio del procedimiento, congruentes con aquellos respecto de los que se formulen cargos y que sirvan, en definitiva, de fundamento de la sanción aplicada y de efectuar alegaciones, descargos y ejercitar su legítimo derecho a defensa en un procedimiento administrativo que sea racional y justo.

En cuanto al numeral 3° inciso 5° del artículo 19 de la Carta Fundamental expresa que, conforme lo que se ha expuesto, quedan de manifiesto las infracciones cometidas al debido proceso administrativo durante la sustanciación de la investigación sumaria llevada a cabo por la recurrida, la que no se ha desarrollado en forma racional, justa y en el marco de un proceso legalmente tramitado.

Solicita se acoja la acción constitucional incoada, adoptándose de inmediato las providencias que esta Corte juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y, en definitiva, se declarare la invalidez de las resoluciones y actuaciones arbitraria e ilegalmente dictadas.

Segundo: Que, evacuando el informe solicitado, compareció nombre reservado, General de Brigada, Director General del Hospital Militar de Santiago, solicitando el rechazo del recurso impetrado. En primer lugar, alega la incompetencia de esta Corte para conocer de la presente acción, estimando competente a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, ello en atención a que el domicilio domicilio reservado, no habiendo acreditado en autos uno distinto. Por otro lado, el domicilio domicilio reservado. Reprocha, además, la falta de acreditación de representación de la recurrente, asumiendo el compareciente una representación convencional sin expresar ninguna razón para ello ni acreditar de manera alguna el mandato con el que actúa a nombre de la recurrente.

Respecto al fondo del asunto, afirma que no existe un acto vulneratorio de los derechos de la actora. Explica que los vicios que se invocan en el recurso, respecto del proceso disciplinario al cual fue sometida la recurrente, no refieren ni precisan de qué manera el proceso y la decisión terminal afectan las garantías constitucionales y de qué manera se traducen en un actuar arbitrario o ilegal. Enseguida, sostiene que en el petitorio se solicita declarar la invalidez de las resoluciones y actuaciones recurridas, lo que excede la naturaleza de esta acción cautelar, ya que se trata de un asunto de lato conocimiento, no siendo ésta la vía idónea para resolver el conflicto planteado por la actora.

Refiere la normativa aplicable a la tramitación del proceso disciplinario, enfatizando las obligaciones que impone a la actora el contrato de trabajo suscrito el año 2008, en particular del cumplimiento de los reglamentos, procedimientos, ordenes, circulares e instrucciones del Ejercito en cuanto a disciplina u otras materias. Respecto del proceso disciplinario en cuestión, explica que éste se instruyó el 2 de junio de 2021 con el objeto de investigar si la actora realizó trabajos particulares en horario de servicio y, en caso de acreditarse, determinar las responsabilidades administrativas correspondientes. Añade que, por dictamen fiscal de 12 de julio, aprobado por el Director General, se resolvió amonestar por escrito a la señora nombre reservado debido a que su actuar no fue el adecuado, ya que únicamente se limitó a avisar a su jefatura que asistiría a una audiencia, lo que no es compatible con sus funciones, incumpliendo obligaciones establecidas en su contrato de trabajo y en el reglamento interno de Orden, Higiene y Seguridad, pero no en la magnitud que exige el legislador para sancionarla gravemente por falta a la probidad. Indica que la sancionada formuló descargos en forma oportuna, los que fueron rechazados por resolución de 12 de agosto del 2021. Precisa que lo que se reprocha a la trabajadora es haber asistido a una audiencia en horario de servicio sin la debida autorización de su jefatura, al tratarse de una labor incompatible y ajena a las funciones para las que se le mantiene contratada. Enfatiza que no obstante contar la recurrente con contrato vigente en su calidad de enfermera universitaria, también fue nombrada como perito de las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel para el bienio 2020-2021 y es en esta última calidad donde se habría detectado la irregularidad que motivó la sanción.

En definitiva, dice que la funcionaria faltó a su deber de pedir autorización formal y oportuna a su jefatura para ausentarse en horario de servicio para asistir a una audiencia, limitándose a informar, ese mismo día en la mañana, que debía comparecer.

Finalmente, explica que la sancionada interpuso dentro de plazo recurso de reconsideración solicitando la absolución de los cargos y dejar sin efecto la medida disciplinaria adoptada. Se rechazó este arbitrio puesto que los motivos por los cuales se adoptó la decisión fueron debidamente fundados y porque en la tramitación del proceso se respetó íntegramente el Protocolo General sobre Trámite de Investigación Sumarial Laboral del Personal, el que fue citado en todas las resoluciones de la investigación y se encuentra publicado en la intranet del Hospital Militar de Santiago, para conocimiento de todos los funcionarios. Puntualiza que la recurrente tuvo oportunidad de declarar y presentar pruebas durante el transcurso de la investigación, tuvo conocimiento del cargo formulado e instancia de defensa previa a la decisión final, formulando los descargos correspondientes. Finalmente, ejerció el derecho que le asiste a impugnar la resolución adoptada a través del recurso de reconsideración que interpuso.

Respecto de las garantías constitucionales invocadas en el recurso, sostiene que no se indica de qué manera se ha vulnerado la garantía de igualdad ante la ley. Por otra parte, afirma que se ponderó adecuadamente la prueba aportada por la recurrente, siendo oportunamente notificada de las actuaciones y decisiones adoptadas. En cuanto a la supuesta infracción al debido proceso, sostiene haber respectado irrestrictamente todos los derechos de la sancionada, adoptándose una decisión fundada al amparo de un procedimiento legalmente tramitado, respetando la bilateralidad de la audiencia, publicidad y defensa de ésta.

Concluye señalando que no existe una acción u omisión ilegal o arbitraria que hubiese vulnerado los derechos constitucionales que se afirman conculcados, por lo que el actuar del Hospital Militar se ha ajustado a derecho y, en consecuencia, el recurso debe ser rechazado.

Tercero: Que la acción constitucional de protección de garantías constitucionales establecida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye, jurídicamente, una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deban tomar ante un acto u omisión, arbitrario o ilegal, que impida, perturbe o amenace ese ejercicio.

Cuarto: Que, para un adecuado entendimiento del asunto a resolver, ha de tenerse en consideración que la recurrente estima infringidas las garantías de los artículos 19 N°2 y N°3 inciso 5 de la Constitución Política de la República a causa de la imposición de que fue objeto de la medida disciplinaria de amonestación escrita, mediante resolución RES HMS DG (R) N° 1585/38356/17014 de 5 de octubre de 2021 dictada por el Director del Hospital Militar de Santiago; lo anterior, en razón de haber realizado actividades particulares en horario de trabajo.

En cuanto a la competencia de esta Corte para conocer de la acción constitucional deducida:

Quinto: Que, la recurrida ha solicitado la declaración de incompetencia de esta Corte para conocer de la acción cautelar incoada, alegando que el domicilio domicilio reservado, y el de la recurrida, domicilio reservado, razón por la cual, el asunto controvertido debe ser de conocimiento de la I. Corte de Apelaciones de Santiago.

Sexto: Que, respecto del particular, cabe tener en consideración que el artículo 1° del auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales dispone que será competente para su conocimiento la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente.

Séptimo: Que, según se lee del libelo que dio origen a este procedimiento, comparece nombre reservado, en representación de nombre reservado, señalando ambos como domicilio, domicilio reservado. Por lo tanto, tratándose el presente recurso de protección de una acción desformalizada, destinado a salvaguardar de manera efectiva y oportuna las garantías constitucionales que se estiman vulneradas, basta para entrar en el conocimiento del mismo, el que la recurrente haya invocado como domicilio, para estos efectos, uno que corresponde al perímetro territorial de esta Corte, desde que resultaría ilógico suponer que la sanción reclamada por aquélla sólo surtirá efecto en el domicilio de la recurrida, atendido el carácter personal de la sanción mencionada. En razón de lo anterior, la solicitud de declaración de incompetencia alegada por el Hospital Militar de Santiago será desestimada.

En cuanto a la falta de acreditación de representación de la recurrente:

Octavo: Que la alegación de la recurrida en orden a no haberse acreditado la personería de la recurrente, al haber asumido don nombre reservado una representación convencional sin expresar ninguna razón para ello, ni acreditar de manera alguna el mandato con el que actúa a nombre de la recurrente, no tiene sustento alguno, ya que el artículo 2 del auto acordado respectivo expresa, de manera categórica, que el recurso se interpondrá por el afectado o por cualquiera otra persona en su nombre, capaz de parecer en juicio, aunque no tenga para ello mandato especial, por escrito en papel simple o por cualquier medio electrónico. En virtud de lo anterior, esta alegación también deberá ser rechazada.

En cuanto al fondo:

Noveno: Que, mediante escrito presentado por el recurrente el día de la vista de la causa, solicitó tener presente que doña nombre reservado fue desvinculada del Hospital Militar de Santiago el pasado 07 de diciembre de 2021 por aplicación del artículo 161 del Código del Trabajo, razón por la cual, ha de aplicarse, en el presente caso, lo dispuesto en el artículo 157 letra b) de la ley 18.834 que dispone que la responsabilidad administrativa del funcionario se extingue “por haber cesado en sus funciones, sin perjuicio de los dispuesto en el inciso final del artículo 147;” (renuncia).

Décimo: Que, sin perjuicio de lo señalado en el recurso en cuanto a que la recurrente tenía a la fecha de la imposición de la sanción administrativa impuesta el carácter de funcionaria civil del Hospital Militar de Santiago, lo cierto es que la referida sanción le fue aplicada en virtud del vínculo que la unía con dicho establecimiento público, de manera que al haber cesado en sus funciones, cualquier responsabilidad administraba derivada del mismo, deberá considerarse extinguida por mandato legal. De lo anterior se desprende, entonces, que la acción constitucional que se endereza a impugnar la sanción disciplinaria impuesta en su momento, ha perdido oportunidad, ya que no podrá producir efecto alguno.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que se rechaza la excepción de incompetencia opuesta por la recurrida.

II.- Que se rechaza la excepción de falta de personaría opuesta por la recurrida.

III.- Que se rechaza la acción constitucional de protección deducida en favor de nombre reservado.

Redactada por el Fiscal Judicial, Sr. nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°5794-2021-PROT.

Pronunciada por la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por los ministros señor Diego Simpertigue Limare y señora María Teresa Díaz Zamora, y el Fiscal Judicial señor nombre reservado.

Se deja constancia que no firma el ministro Diego Simpertigue Limare, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo del fallo, por haber cesado en sus funciones al haber sido nombrado ministro de la Excma. Corte Suprema.