nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.

Alegó, previo anuncio y relación pública, por el recurso la abogada doña Danitza Araya Casanova. La vista de la causa inició a las 9.40 horas y terminó a las 9.50 horas. San Miguel, diecinueve de enero de dos mil veintidós. nombre reservadoödinger, relator.

San Miguel, diecinueve de enero de dos mil veintidós.

A todo lo pedido en folios 3341 y 3342: Téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que el 15 de noviembre de 2021 comparece doña nombre reservado, dependiente, domiciliada en domicilio reservado, y recurre de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, representada por don nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado, por el descuento efectuado el 29 de octubre de 2021 por $100.542.- en su remuneración a causa del crédito social contraído de aquélla el 10 de mayo de 2012 por $2.043.046.-, pagaderos en 48 cuotas sucesivas a contar del 30 de junio de 2012, cuyo pago incumplió desde el 28 de febrero de 2014, debido a su difícil situación económica. Asevera que intentó repactar la deuda sin éxito, pues la recurrida la constreñía a pagar elevados importes por intereses, gastos y costas. Hace presente, además, que fue demandado en juicio ejecutivo incoado el 3 de noviembre de 2014 ante el 2º Juzgado Civil de Santiago en RIT C-24.180-2014, cuyo procedimiento fue declarado abandonado el 12 de enero de 2021. Lo anterior, para alegar la desidia concurrente en su acreedora respecto a la solución de la deuda. Califica, en consecuencia, el actuar denunciado como ilegal, arbitrario y lesivo de la garantía tutelada en el artículo 19 N°24 de la Constitución al afectarse su integridad patrimonial.

Pide, en definitiva, cesar todo tipo de retención o descuento a efectuar respecto de sus remuneraciones, la restitución de los montos ya percibidos y la condena en costas de la recurrida.

Segundo: Que informa el abogado don Matías Amigo García y pide el rechazo del recurso. En primer lugar, refiere las características del crédito social código RUT reservado, contraído por $2.043.046.- el 10 de mayo de 2012, pagadero en 48 cuotas mensuales desde el 30 de junio siguiente, de las que se pagaron las primeras 20. Agrega que el 26 de mayo de 2015 se reprogramó la deuda por la suma de $1.984.096.- a solucionar en 30 meses desde el 30 de junio siguiente, pagándose las dos primeras cuotas que el 17 de mayo de 2018 se efectuó una segunda reprogramación por $1.687.642.- pagadero en 36 cuotas mensuales desde el 30 de junio de 2018. Precisa que las cuotas de junio a septiembre de 2018, mediante el sistema integrado denominado “cobranza intercaja”, se solucionaron desde el 10 de julio al 10 de octubre del mismo año y, las de octubre de 2018 a noviembre de 2019 desde el 10 de agosto de 2020 al 10 de noviembre de 2021. Propugna, en consecuencia, que se trata de un crédito vigente y exigible, cuyas acciones de cobro no prescribieron. En segundo lugar, niega la concurrencia de la acción ilegal, arbitraria y lesiva atribuida a su respecto y sostiene que se ajustó a los artículos 1, 19 Nº7 y 22 de la Ley N°18.833; 1546, 1576, 1580 a 1586 del Código Civil y el Decreto con Fuerza de Ley N°150 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, como entidad de previsión y bienestar social sin fines de lucro, que puede otorgar créditos a sus afiliados, que se sujetan al citado artículo 22 de la Ley 18.833, en cuanto obliga al empleador a descontar de las remuneraciones de sus trabajadores, la cuota del préstamo correspondiente. Finalmente, considera que se trata de una deuda vigente y no prescrita.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, sea en grado de privación, perturbación o amenaza, determinadas garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas de resguardo conducentes a lograr que cese el acto u omisión arbitrario o ilegal, que impida, amague o moleste el ejercicio de tales garantías.

Por consiguiente, constituyen presupuestos indispensables de la acción cautelar de protección la existencia de la acción u omisión reprochada, la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión, que provoque un atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Cuarto: Que, mediante la presente acción constitucional, se pretende que se haga cesar el agravio denunciado, consistente en el descuento de la remuneración de quien recurre, de cuotas correspondientes a un crédito pactado con la recurrida, solicitando además el reintegro de todas las sumas que hayan sido ya descontadas, con costas.

Quinto: Que, en la especie, el crédito contraído por la actora fue objeto de tres reprogramaciones destinadas a solucionar la deuda incurrida por su falta de íntegro, completo y oportuno pago, encontrándose vigente incluso hasta el mes de noviembre del año recién pasado. Lo anterior, evidencia la vigencia de una obligación no prescrita, especialmente, al tenerse en consideración que si bien la recurrida incoó una substanciación declarada abandonada, ello no equivale jurídicamente a la declaratoria de prescripción extintiva de una obligación.

Sexto: Que, además, para efectos de establecer si se configura o no una acción ilegal o arbitraria, debe considerarse lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley 18.833, que prescribe: “…Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales…”. También, que conforme al artículo 21 de la misma ley, aquéllas pueden establecer un régimen de prestaciones de crédito social, en la medida que, les corresponde su administración respecto de los trabajadores afiliados, al tenor del artículo 19 N°3 del mismo cuerpo legal.

En tanto cuanto su pago y cobro se sujetan al estatuto de normas de las cotizaciones previsionales, deben enterarse oportunamente dentro de los 10 primeros días de cada mes por los respectivos empleadores; de lo contrario, se presumirá de derecho que se han efectuado los descuentos por el solo hecho de haberse pagado total o parcialmente las remuneraciones correspondientes a los trabajadores, por lo dispuesto en el artículo 3 inciso segundo primera parte de la Ley 17.322.

Séptimo: Que, así las cosas, no es posible considerar que en la especie la conducta recurrida configure una conducta de autotutela, desde que ha hecho ejercicio de una facultad legal que autoriza la deducción de cuotas de créditos sociales de las liquidaciones de remuneración, por lo que su actuación se apega a las reglas y prerrogativas que el precepto antes citado le otorga, respecto una obligación vigente, desde que la declaración de abandono de procedimiento que la recurrente invoca, no importa la extinción de las acciones pertinentes.

En consecuencia, no se verifica el actuar ilegal o arbitrario y lesivo denunciado, lo que redunda en la falta de la configuración del presupuesto de procedencia de esta acción constitucional, por lo que no puede prosperar.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional deducida por doña nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°5789-2021 Protección.

Pronunciado por Tercera Sala integrada por los ministros señora Ana Cienfuegos Barros, señor Patricio Martínez Benavides y fiscal judicial señora nombre reservado.