Protección contra Ministra de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago

San Miguel, treinta de julio de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, abogado, juez titular del Segundo Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana, domiciliado en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Ministra de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la omisión de la notificación de la precalificación y la elaboración de un informe de calificación funcionaria desfavorable, vulnerando los derechos fundamentales consagrados en los numerales 1, 2 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando que se acoja el presente arbitrio, dejando sin efecto el procedimiento de calificación, ordenado el pago de todas las remuneraciones desde la separación de su empleo hasta el día de su reincorporación, con costas.

Expone que el año 2023 fue objeto de una denuncia anónima en la que se lo acusó de presuntos pagos de peritos con el fin de asegurar su nombramiento. Refiere que a pesar de la falta de pruebas al respecto, y luego de haberse comunicado con la recurrida, ésta decidió rebajar su nota de calificación profesional de un 6,7 a un 5,7, sin apelar de dicha decisión ya que se encontraba enfocado en la defensa de las acusaciones referidas. Producto de dicha acusación, fue suspendido de su cargo mientras se desarrolló el sumario respectivo, concluyendo el informe fiscal que no existían antecedentes que validaran las acusaciones. Sin embargo, el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó una nueva investigación, por la cual el fiscal llegó a conclusiones similares, sin perjuicio de cuestionar la designación de peritos respecto de cinco causas en el año 2021 las que respondieron por la situación de pandemia, imponiéndosele la sanción de 4 meses de suspensión, resolución de la cual no apeló.

Señala que durante el proceso de calificación del año 2024 y respecto a los hechos vulneratorios que denuncia, refiere que el pleno de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, al momento de proceder a su calificación, resolvió solo con lo expuesto por la señora Ministra recurrida, para quien, en un período acotado, cambiaron abruptamente todos sus atributos y calificaciones, en abierta contradicción con todas sus calificaciones anteriores, de las cuales había formado parte la propia Ministra Rutheford.

Precisa que a pesar de mantener una relación profesional con la recurrida como ministra visitadora de su tribunal desde el año 2016, en el proceso de calificación del periodo ya referido, no se le notificó del informe de precalificación confeccionado por la Ministra recurrida, ni se levantó un acta de visita -entregando copia de la misma al recurrente- que diera cuenta de las observaciones a formular, informe en el cual lo calificó con la nota de 2,75 para el periodo en cuestión, fundado en la existencia de una sanción disciplinaria por hechos graves, omitiendo el hecho de que la misma ya había sido cumplida y desconociendo que si bien un funcionario con una sanción no puede ser calificado en la lista sobresaliente, ello no constituye fundamento para ser ubicado en una lista deficiente; la existencia de atraso en la tramitación de causas, lo que no es efectivo ya que consideró los procesos iniciados hace tres años y no aquellos efectivamente en estado de fallo; la presunta falta de involucramiento en las sentencias, lo que es falso y se contradice con su trayectoria de más de 10 años de calificaciones, destacando su labor en la redacción de los mismos; la omisión del periodo evaluado, el cual culminó el 31 de octubre de 2024 y que solo estuvo en funciones durante cinco meses dada la sanción anteriormente aplicada; el hecho de que habían ocurrido situaciones complejas que habían llegado a la prensa, omitiendo que varios de los mismos sólo pudieron ser filtrados por la Ministra recurrida ya que dicha información estaba en su poder; la acusación de una supuesta relación sentimental que habría mantenido con una funcionaria del tribunal entre los años 2016 y 2018, hecho que no tiene relevancia alguna, y una denuncia de agresión en su contra, sin fundamento alguno; el error en una sentencia, lo cual fue aclarado y representa un hecho aislado considerando las más de 2000 sentencias resueltas y; la denuncia anónima realizada el año 2023, situación por la cual ya fue sancionado.

Indica que esta situación, que implicó falta de transparencia en la entrega de antecedentes, la omisión del informe de precalificación, divulgación indebida de información confidencial e intervención mediática indebida lo que derivó en un hostigamiento en conta de su persona, generando un clima adverso en su contra y adoptar la decisión con ideas falsas y preconcebidas, implicó la vulneración de sus derechos fundamentales, restringiendo la Ministra la libertad de deliberación del Pleno de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago.

Finalmente refiere que a través de estas acciones se vulneró el numeral 1º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, ya que se le denigró profesionalmente, provocándole una aflicción espiritual, psicológica y una desconfianza hacia los actos de la administración judicial, teniendo en especial consideración el hecho de verse enfrentado a perder el empleo luego de una carrera funcionaria impecable de más de 26 años. Además el numeral 2 del mismo artículo, ya que se vulneró la igualdad ante la ley, al no sustanciar el proceso de calificación a través de la notificación debida, al no haberle imputado una conducta deficiente ni haber formulado cargos de manera detallada, clara y precisa, señalándose las normas supuestamente infringidas. También se contravino el numeral 3º del mismo cuerpo legal, ya que la recurrida se erigió como una comisión especial, pues aparentó que tiene calidad de ente precalificador, imputando hechos que no se condicen con la realidad, dando cuenta de una presunta precalificación que no existió. Por último, vulnera el derecho a propiedad que tiene sobre su cargo de juez, desconociendo sus 11 años en tal calidad y más de 26 años de carrera funcionaria, ya que la calificación en carácter de deficiente implica su remoción, privándolo de su medio de subsistencia.

Pide que se acoja el presente recurso en los términos descritos.

Segundo: Que informó al tenor del arbitrio Arturo Fermandois Vöhringer, abogado, en representación de la recurrida, solicitando su rechazo.

Refiere, en primer término, que a los Tribunales Tributarios y Aduaneros -a los cuales pertenece el recurrente- no le es aplicable el sistema de precalificación que prevé el acta Nº142-2015 de la Corte Suprema, sino el sistema especial de calificación definido en la Ley Nº20.322, dado que los mismos no forman parte del Poder Judicial. En ese orden de ideas, estos tribunales tienen un sistema especial de calificación -según lo dispone el artículo 12 de la ley antes referida- que lo ejecutan las Cortes de Apelaciones y Suprema, no incluyendo en el mismo una etapa de precalificación. De este modo, si la recurrida hubiera practicado un informe de precalificación, habría actuado fuera de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7º inciso segundo, 19 Nº3, inciso quinto, y 63 Nº3 de la Carta Fundamental.

Añade, como segundo aspecto, que el recurrente confunde la función de ministra visitadora de su representada con una supuesta comisión de precalificación la cual -como ya se expuso- no existe. Desempeñando dicha función, efectuó una rigurosa visita al tribunal del actor, constituyéndose los días 16, 17, 22, 24 y 28 de octubre de 2024; constató el estado del mismo y levantó un acta completa de su visita, en la que estampó un total de siete instrucciones precisas y otras siete observaciones al funcionamiento del juez, funcionarios y tribunal y; puso en conocimiento de aquél el texto íntegro del Acta de Visita suscrita por ella todo mediante documento adjunto enviado por correo electrónico, despachado el 12 de diciembre de 2024, un mes antes de las calificaciones efectuadas por el Pleno de la Corte de Apelaciones, suscrito por nombre reservado, quien a la sazón oficiaba como secretario subrogante por la ausencia del secretario y del juez titular, correspondiéndole la incorporación de la visita. De este modo, su representada cumplió con los deberes legales exigidos por el artículo 553 del Código Orgánico de Tribunales, levantando el acta respectiva que fue comunicada debidamente y que fue recibida por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago el 26 de noviembre de 2024, aprobando dicho informe el 26 de diciembre de ese año, destacando que a través de esa resolución el Pleno de éste tribunal colegiado dispuso que se adoptaran las medidas necesarias para el mejor funcionamiento del Segundo Tribunal Tributario y Aduanero.

Precisa a continuación, que la intervención de la recurrida en la etapa de calificación lo fue como integrante del Pleno de la Corte de Santiago -no pudiendo excluirse de dicha obligación por causa legal-, sin haber con ello generado un nuevo informe ni exponer los antecedentes de la calificación del recurrente ya que dicha función radica en la secretaria de la Secretaría Especial de la Corte de Apelaciones. Además, es necesario destacar que la evaluación deficiente del actor fue compartida por otros 20 de los 26 ministros de dicha sesión, evaluando al actor con una nota inferior a 3,0, calificándose en base al informe de la Ministra visitadora -el cual fue legalmente notificado un mes antes de la calificación- y con otros antecedentes de la hoja de vida que fueron solicitados a la secretaría por el presidente, como sumarios, anotaciones, entre otros.

Destaca que la calificación realizada por el Pleno de la Corte de Santiago lo fue teniendo en consideración el retraso en la dictación de fallos, la sanción disciplinaria ejecutoriada de 4 meses de suspensión de su cargo por designaciones irregulares de peritos, las denuncias por conductas impropias y agresiones físicas, falta de involucramiento en la redacción de sentencias -labor entregada a los funcionarios- y, un sumario incoado por la modificación de un fallo ejecutoriado vía recurso de aclaración, en la que ordenaba al Servicio de Impuestos Internos, un año después, la devolución de una suma de dinero distinta y muy superior a la estipulada en la sentencia firme, antecedentes respecto de los cuales el actor fue debidamente emplazado, ejerciendo su derecho a defensa cuando así lo estimó necesario. Así, fue debidamente emplazado del sumario Rol de Pleno N°3440-2023 por la designación irregular de peritos, haciendo sus descargos; del sumario Pleno N°4236-2024 respecto al retraso en la dictación de fallos, evacuando traslado mediante oficios Ordinarios Nº1 y 2 de 2025, de 2 de enero de ese año; de la modificación de un fallo ejecutoriado, teniendo conocimiento de aquello ya que la misma fue dejada sin efecto por sentencia de 19 de diciembre de 2024 y; de las denuncias por conductas impropias, a través de procedimiento Rol Pleno N°32-2025, evacuando informe el actor el 8 de enero último a través de Oficio Ordinario Nº5.

Señala que del modo expuesto, no existe omisión ilegal alguna en el procedimiento seguido por la Ministra recurrida, no precisándose por el actor el precepto legal que ésta habría infringido.

Finalmente, refiere que no existe derecho fundamental alguno vulnerado por su representada ya que las acciones desempeñadas por la Ministra lo fueron de conformidad a derecho. Además, destaca que el recurso ha sido interpuesto en contra de la persona equivocada, ya que si lo cuestionado es el hecho de no haberle dado conocimiento previo y especial a los antecedentes que tuvo el Pleno al momento de calificarlo, para ser riguroso a ello, el libelo debió interponerse en contra del Presidente de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago y posteriormente el Pleno de la misma Corte.

Pide que se rechace el recurso en los términos descritos.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, que quien lo interponga, se encuentre ejerciendo legítimamente un derecho indubitado, esto es, que se encuentre autorizado para su ejercicio y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, el acto que denuncia el recurrente como arbitrario e ilegal consiste en la omisión de la notificación de su precalificación y la elaboración de un informe de calificación por desempeño funcionario desfavorable, lo que importó una vulneración a los derechos fundamentales consagrados en los numerales 1, 2 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, y por lo que solicita se deje sin efecto el procedimiento de calificación, y se ordene el pago de todas las remuneraciones desde la separación hasta el día de su reincorporación laboral.

Quinto: Que para una mejor ilustración, conviene revisar la normativa aplicable a los Tribunales Tributarios y Aduaneros, y al efecto la Ley N° 20.322, que regula la jurisdicción tributaria y aduanera, dispone en su artículo 1: “Los Tribunales Tributarios y Aduaneros son órganos jurisdiccionales letrados, especiales e independientes en el ejercicio de su ministerio, cuyas funciones, en el ámbito de su territorio, son:…”

A su turno, el artículo 12 del mismo cuerpo de normas, indica: “El Juez Tributario y Aduanero será calificado dentro del mes de enero de cada año por la Corte de Apelaciones que ejerza jurisdicción en el lugar donde aquél tenga su oficio. Para estos efectos, el Juez Tributario y Aduanero, en forma trimestral, remitirá a la Corte respectiva un informe de la gestión del Tribunal a su cargo.

El informe de la gestión del Tribunal Tributario y Aduanero deberá remitirse a la respectiva Corte dentro de los primeros diez días hábiles de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, y contendrá, al menos, los siguientes datos del trimestre anterior:…”

El artículo 18 de la misma ley, señala: “Créase la Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, y del Tribunal de Contratación Pública.

Esta Unidad será un órgano funcionalmente desconcentrado de la Subsecretaría de Hacienda, conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la ley Nº 18.575, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y a las normas de la presente ley”.

En concordancia con la normativa referida, el Acta N° 142-2025, de 31 de agosto de 2015, de la Excma. Corte Suprema, texto refundido del Auto Acordado sobre el régimen de calificación a los miembros del Poder Judicial (Acta N° 182-2014 de 25 de octubre de 2014), señala en el artículo primero en cuanto a los “Elementos del sistema de calificaciones” N° “2.- Elemento subjetivo o personal. Participarán como actores del sistema las siguientes personas, en las calidades que se indican en cada caso.

a) Sujetos calificados. Serán sujetos de este sistema, en conformidad a los artículos 24, 27, 27 ter, 273, 513 у 389 A letra d) del Código Orgánico de Tribunales, los siguientes:

Funcionarios del Escalafón Primario (con la salvedad de los Ministros y el Fiscal Judicial de la Corte Suprema) Funcionarios del Escalafón Secundario Empleados del Poder Judicial." Asimismo, el artículo 5 del Código Orgánico de Tribunales, en su inciso segundo, dispone: “Integran el Poder Judicial, como tribunales ordinarios de justicia, la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, los Presidentes y Ministros de Corte, los tribunales de juicio oral en lo penal, los juzgados de letras y los juzgados de garantía.

Forman parte del Poder Judicial, como tribunales especiales, los juzgados de familia, los Juzgados de Letras del Trabajo, los Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional y los Tribunales Militares en tiempo de paz, los cuales se regirán en su organización y atribuciones por las disposiciones orgánicas constitucionales contenidas en la ley Nº 19.968, en el Código del Trabajo, y en el Código de Justicia Militar y sus leyes complementarias, respectivamente, rigiendo ellos las disposiciones de este Código sólo cuando los cuerpos legales citados se remitan en forma expresa a él.

Los demás tribunales especiales se regirán por las leyes que los establecen y reglamentan, sin perjuicio de quedar sujetos a las disposiciones generales de este Código”.

Sexto: Que de las normas relacionadas en el motivo precedente, puede concluirse que los Tribunales Tributarios y Aduaneros son tribunales especiales, creados por la Ley N° 20.322, no forman parte del Poder Judicial, según el Código Orgánico de Tribunales, pero se encuentran sujetos a sus normas generales, deben ser calificados por la respectiva Corte de Apelaciones, según se desprende del primer cuerpo normativo en referencia, pese a excluirlos como sujetos calificados el Acta N° 142-2025, de 31 de agosto de 2015, de la Excma. Corte Suprema que regula el régimen de calificación a los miembros del Poder Judicial, y finalmente, desde el punto de vista administrativo dependen del Ministerio de Hacienda.

Séptimo: Que con lo expuesto, no se desprende de la normativa en revisión la existencia de un informe de precalificación que deba ser elaborado por alguno de los órganos referidos en el motivo precedente y menos, en consecuencia, puede alegarse como acto arbitrario e ilegal la omisión de la notificación de la dicha precalificación, si la misma no se encuentra contemplada orgánicamente como una etapa del procedimiento de calificación funcionaria, por lo que mal, también, puede configurarse a su respecto una vulneración de derechos fundamentales. Lo anterior importa que la presente acción carece de fundamento.

Octavo: Que la recurrida, alegó, además, que el recurso de protección ha sido interpuesto en contra de la persona equivocada, argumentando un defecto procesal en su interposición pues los responsables del proceso de calificación del recurrente corresponden al presidente de la I. Corte de Apelaciones de Santiago y al Pleno de la misma, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley N°20.322 y al artículo 553 del Código Orgánico de Tribunales.

Noveno: Que, al efecto, aparece del artículo 12 de la Ley N° 20.322, que crea los Tribunales Tributarios y Aduaneros, -según se consignó en el motivo quinto, párrafo segundo- que dichos tribunales especiales deben ser calificados por la Corte de Apelaciones que ejerza jurisdicción donde el tribunal tenga su oficio.

Del mismo modo, el artículo 553 del Código Orgánico de Tribunales, dispone: “Corresponderá a las Cortes de Apelaciones fiscalizar la conducta funcionaria de los miembros del Escalafón Primario desde la séptima hasta la tercera categoría inclusive y a los miembros del Escalafón Secundario que ejerzan sus funciones dentro de su respectivo territorio jurisdiccional, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 564. Al efecto, las Cortes designarán anualmente a uno o más de sus ministros para que, durante el respectivo año calendario, actúen como ministros visitadores …”

El inciso segundo de la misma norma, dispone: “Estos ministros efectuarán las visitas que sean necesarias para el debido cumplimiento de la función fiscalizadora que se les encomiende”.

Décimo: Que de las normas referidas precedentemente, resulta que el órgano encargado de la calificación del recurrente es la propia Corte de Apelaciones, mientras que la función de la ministra recurrida lo fue como visitadora del tribunal de que forma parte el actor en el marco de un rol fiscalizador y sin que deba elaborar un preinforme de calificación, -cuya omisión de notificación alega el recurrente-, por lo que efectivamente tuvo que enderezarse la acción constitucional en contra del órgano calificador, esto es, la respectiva Corte de Apelaciones y no de la recurrida, quien actuó como ministra visitadora, en calidad de fiscalizadora de las funciones que la ley le encarga.

Décimo primero: Que, al tenor de lo expuesto en el considerando precedente, resulta necesario concluir que respecto de la ministra recurrida existe falta de legitimación pasiva en relación a la acción constitucional deducida por el recurrente, en razón de que el presente recurso se ha interpuesto en contra de la recurrida en circunstancias que debió serlo respecto del órgano calificador, esto es, la respectiva Corte de Apelaciones representada por su Presidente. Por este defecto en la instalación del recurso conduce necesariamente a su rechazo.

Décimo segundo: Que, por último, aparece de los antecedentes aportados por el recurrente que fue destituido de su cargo a propósito de un proceso disciplinario seguido en su contra, el que se encuentra firme, por lo que el recurrente carece de un derecho indubitado que proteger, otra razón para rechazar este recurso, sin que se advierte por dicha circunstancia, -tampoco-, derechos y garantías indubitados que deban ser atendidos por esta vía cautelar, desde que resulta un requisito de la esencia para su procedencia.

En efecto, la acción constitucional de protección se establece como un recurso de carácter extraordinario, en favor de todo aquel que por causa de actos u omisiones ilegales o arbitrarios sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de derechos y garantías preexistentes indubitados que el legislador ha consagrado en el artículo 20 de la Carta Fundamental, debiendo en tal caso el Tribunal que conoce el libelo adoptar las medidas que sean necesarias para poner término a la privación, perturbación o amenaza del derecho o garantía protegida reestableciendo el imperio del derecho. Dada la naturaleza cautelar y de emergencia de esta acción constitucional, la garantía que se pretende amparar requiere aquella concurrencia indiscutida del derecho amagado, de suerte que lo controvertido se circunscriba a la efectividad o no de un acto arbitrario e ilegal que le perturbe o amenace, como lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema en sentencia de 7 de febrero de 2008, en causa rol ingreso N° 112-2008.

Décimo tercero: Que, por las razones precedentemente expuestas, el presente arbitrio debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, Juez titular del Segundo Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana, en contra de la Ministra de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, doña nombre reservado.

Redacción ministro (S) Carlos Hidalgo Herrera Regístrese, comuníquese y archívese.

N° 576-2025-Protección.

Pronunciada por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por los ministros, Sylvia Pizarro Barahona, Carlos Hidalgo Herrera y Leonardo Varas Herrera. No firma el ministro (s) señor Hidalgo, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo por haber cesado sus funciones.