nombre reservado con COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

San Miguel, dieciséis de mayo de dos mil veintidós.

Vistos:

Primero: Que comparece doña nombre reservado, cargadora eventual, casada, domiciliada en domicilio reservado, para interponer recurso de protección en contra de la Compañía General de Electricidad, representada legalmente por don nombre reservado, gerente general, ambos con domicilio en domicilio reservado, con motivo del corte de suministro eléctrico de su domicilio efectuado en el contexto del cobro de una deuda impaga por la suma de $1.900.000 aproximadamente, vulnerando consigo el derecho de propiedad e integridad física y psíquica de ella y su grupo familiar.

Expone que en causa RIT 4321- 2009 del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Andes fue condenada por infracción a la Ley N° 20.000, recuperando su libertad tras 17 años de reclusión -debido a su buena conducta y rehabilitación- en junio de 2021. Agrega que previo a su privación de libertad, tenía conocimiento que su domicilio registraba una deuda de electricidad de aproximadamente $135.000.

Indica que cuando se le concedió la libertad condicional pudo recuperar su propiedad, la que fue “tomada” e ilegalmente ocupada por terceros en su ausencia, enfatizando en que ella y su grupo familiar estuvieron 8 años sin23 poder habitarla. Refiere que cuando eso sucedió, comenzaron a llegar cobros de cuenta de luz de la empresa recurrida por el monto de $1.700.000 por no pago de servicio eléctrico.

Sostiene que acudió a una sucursal de la recurrida, donde se le indicó que para regularizar la deuda debía pagar un monto de $312.000 y cuotas de $10.000. Señala que cumplió con las condiciones planteadas por la recurrida, pagando el monto inicial para acceder al convenio de pago. Reclama que esto no pudo concretarse, debido a un error de la ejecutiva que no precisa, agregando que por esa razón se encuentra actualmente sin suministro eléctrico.

Aduce que concurrió en varias oportunidades a las oficinas de la empresa recurrida, hasta que la última vez fue hace algunas semanas, instancia en que le dijeron que no le emitirían más el cupón de pago hasta que no pague la deuda en su totalidad y que la única forma que no se proceda al corte del suministro era por medio del cupón de pago. Manifiesta que intentó repactar la deuda, sin embargo, la cifra de $700.000 que le fue exigida es una cantidad inalcanzable para ella, ofreciendo pagar una cantidad de $100.000 mensuales, además del consumo mensual, petición que fue rechazada.

Argumenta que el proveedor del servicio eléctrico ha abusado de su posición, no ha cumplido con su obligación y ha omitido sus responsabilidades, desde que sin justificación razonable ha obstaculizado el pago del servicio mensual de suministro eléctrico y ha manipulado el pago de una deuda millonaria.

Esgrime vulnerado su derecho de propiedad, por considerar que, como consumidora del servicio, se incorporó a su patrimonio un conjunto de derechos personales emanado de dicho contrato de prestación de servicio, los que se ven afectados con el acto recurrido. Asimismo, asevera que se ha atentado contra la integridad física y psíquica propia y de su familia.

Pide que, acogiendo el recurso, se ordene a la recurrida adoptar las medidas necesarias para la continuidad del servicio eléctrico, con costas.

Segundo: Que comparece don Felipe Velastin Torres, abogado, en representación de Compañía General de Electricidad S.A., informando al tenor del recurso.

En primer término, indica que esta acción es idéntica a aquella seguida ante esta Corte bajo el Rol 5706-2021, por el domicilio ubicado en domicilio reservado, presentado por el hermano de la recurrente.

Luego, alega la improcedencia del recurso de protección, fundamentado en que el articulo 3° N°17 de la Ley N°18.410, establece que será de competencia de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, resolver los reclamos de los clientes regulados en contra de las concesionarias del servicio público de distribución eléctrica, en igual sentido lo dispone el artículo 161 del D.S.N°327/97 del Ministerio de Minería. Además el artículo 19 de la Ley 18.410 establece un control jurisdiccional de los actos administrativos que emita la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, existiendo al efecto el reclamo de ilegalidad. Invoca además la normativa del artículo 15 de la Ley N° 19.880, sobre el principio de impugnabilidad.

En cuanto a la deuda por consumo eléctrico, refiere que el medidor de la recurrente corresponde al N°G5119683, el que no ha presentado problemas de ningún tipo y su medición ha sido satisfactoria. Señala que, a septiembre de 2019, la clienta -recurrente- registraba una deuda de $2.089.071, la que en octubre de 2021, ascendió a $ 2.291.912 y tras el pago de $312.912, asciende a la suma de $1.979.000, correspondiente a lo efectivamente consumido en el domicilio domicilio reservado, y no a un arrastre de 16 años como pretende hacer creer en su recurso.

Agrega que, atendidas las circunstancias especiales de la recurrente, en el año 2017 se castigó una deuda en el mismo domicilio por un monto de $1.042.400 que comprendía el periodo entre agosto de 2015 y febrero de 2018, de conformidad con la Circular N°34 del Servicio de Impuestos Internos, destacando que su representada ha efectuado esfuerzos especiales en su caso.

Hace presente que, pese a la desconexión del sistema, la recurrente en variadas oportunidades se ha auto reconectado y que registra órdenes de desconexión por auto reposición del servicio entre julio de 2015 y agosto de 2019, a causa de que mantiene deudas con la compañía desde el año 2015, las que fueron remitidas a la empresa externa encargada de la cobranza prejudicial y judicial.

Argumenta que, en los hechos, lo que ha acaecido es que se le ha cobrado a la clienta exactamente la energía que ha consumido. No obstante, refiere que su representada le ofrece que se acerque a sus oficinas comerciales conforme lo indicado a fin de pactar el modo de pago de la deuda pendiente.

Tercero: Que, en cumplimiento de lo ordenado por esta Corte, emite informe la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC), señalando, primeramente, que no ha recibido reclamo alguno de la recurrente en relación con los hechos de su recurso.

Expone que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3° N°17 de la ley 18.410 a su representada le corresponde resolver los reclamos de los usuarios o consumidores que interpongan en contra de las empresas de energía eléctrica, entre otros. Que de igual modo, el D.S. 327 de 1997 del Ministerio de Minería en su artículo 235 regula la tramitación de los reclamos de los usuarios ante la misma empresa eléctrica. Sin perjuicio de los Oficios Circular N°4853 y 12.922 de esta Superintendencia, mediante los que se instruye a las empresas concesionarias del servicio público de distribución de energía eléctrica en relación a la forma de atender los requerimientos y reclamos de los usuarios o clientes.

Alude a los artículos 141 y artículos 255 letra q) de la Ley General de Servicios Eléctricos y al artículo 147 del Reglamento Eléctrico, en cuanto a la radicación de la deuda eléctrica y la facultad de suspender el suministro por no pago de la primera boleta o factura luego de haber transcurrido 45 días desde su vencimiento.

Menciona que en el contexto del estado de excepción por catástrofe debido a la pandemia que sufre Chile, entró en vigor la Ley N° 21.249, que establece medidas excepcionales a favor de usuarios finales de servicios sanitarios, electricidad y gas de red, siendo modificada y prorrogada mediante las leyes N° 21.301 y 21.340, hasta el 31 de diciembre de 2021.

Explica que dicha ley establece, en su artículo 1°, inciso primero, que hasta el 31 de diciembre de 2021, las empresas proveedoras de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y las empresas de distribución de gas de red no podrán cortar el suministro por mora en el pago a los usuarios residenciales o domiciliarios, entre otros. Precisa que la citada modificación legal prevé, en su artículo 8, que si los beneficiarios hubiesen sido objeto de cortes o suspensión de suministro o servicio por mora en el pago de cualquiera de los servicios, la respectiva empresa proveedora o cooperativa deberá proceder a la reposición inmediata del servicio, sin costo alguno para el usuario. Advierte que, el inciso segundo del mismo artículo 1°, suspendió la aplicación del artículo 141 y del inciso segundo del literal q) del artículo 225 de la LGSE, en lo referente a la posibilidad de radicar la deuda en el inmueble que recibe el suministro.

Refiere que desconoce en detalle los hechos que motivan el recurso de protección y que no está en condiciones de emitir un pronunciamiento respecto de si existe por parte de Compañía General de Electricidad S.A. una infracción a la normativa antes citada. Observa que esa Superintendencia es la llamada, de conformidad a la normativa vigente, como a capacidades técnicas que posee, a resolver este tipo de controversias.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, según lo ha sostenido reiteradamente nuestra Corte Suprema, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Quinto: Que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso de protección.

Sexto: Que el hecho en que se sustenta la acción cautelar dice relación con el corte de suministro eléctrico efectuado por la recurrida por el no pago de una deuda por la suma aproximada de $1.900.000 que fue facturada en el periodo en que su propiedad se encontraba ocupaba ilegalmente por terceros, con lo que ve conculcada la garantía constitucional del articulo 19 N° 1 y 24 de la Carta Fundamental.

Séptimo: Que, al informar, la recurrida controvierte los fundamentos de la acción, señalando que el cobro al cliente corresponde a la energía eléctrica que ha consumido la recurrente junto a su familia, de acuerdo a la tarifa vigente para el periodo facturado, en el periodo comprendido entre de 2019 y 2021.

Octavo: Que, de los antecedentes allegados, esta Corte no advierte la existencia de un obrar ilegal o arbitrario de la recurrida, por considerar que el corte del suministro electrónico como medida frente al no pago de la deuda por consumo que mantiene la recurrente, se ha adoptado en el marco de las facultades que la Ley de Servicios Eléctricos y su Reglamento le confieren a la empresa distribuidora en los artículos 255 letra q) y 147, respectivamente.

Noveno: Que de lo anterior, es posible concluir que el actuar del recurrido se encuentra amparado por la normativa legal aplicable en la especie y dentro del marco de su competencia, por lo que el presente arbitrio procesal no puede prosperar.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Compañía General de Electricidad S.A.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministra Sra. Catalán.

Rol N° 5755-2021 Protección.

Pronunciada por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones, integrada por los ministros Sra. María Carolina Catepillán Lobos, Sr. Luis Sepúlveda Coronado y Sra. Celia Catalán Romero.