ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA FISCALÍA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE con FISCALIA REGIONAL METR

19/diecinueve.

En Santiago, a uno de diciembre de dos mil diecisiete.

Vistos y considerando:

Primero: Que a fojas uno comparece don nombre reservado, en representación de la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, e interpone recurso de protección en contra de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, representada legalmente por el Fiscal Regional Metropolitano Sur, don nombre reservado, por estimar que la decisión del recurrido de no incoar procedimiento administrativo en contra del Director Ejecutivo Regional de esta última Fiscalía Regional, constituye un acto arbitrario e ilegal que vulnera las garantías constitucionales contempladas en los numerales 2 y 3, inciso 5°, del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que mediante Oficio N° 42 de fecha 23 de agosto del año en curso, la Asociación que representa, entre otros asuntos, solicitó al Fiscal Nacional, se informara sobre las acciones a seguir en base a una denuncia efectuada a dicha autoridad en relación con la existencia de mensajes entre el Director Ejecutivo Regional de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, don nombre reservado, y la asociada nombre reservado, remitidos por el primero con claras indicaciones indecorosas y de connotación sexual.

Indica que el Fiscal Nacional estimó que debía ser el Fiscal Regional respectivo el llamado a adoptar las acciones que dicho comportamiento ameritaba, por lo que remitió los antecedentes al recurrido, mediante Carta FN N° 35, de fecha 07 de septiembre del presente. Agrega que en dicha comunicación el Fiscal Nacional manifestó su rechazo hacia ese tipo de conducta, enviando un claro mensaje a la autoridad regional en el sentido de que ésta adoptara las medidas disciplinarias que correspondía efectuar.

Refiere que el recurrido, mediante Oficio FRMS N° 298/2017, de fecha 18 de octubre de la presente anualidad, decidió no incoar procedimiento alguno en contra del denunciado, por estimar que éste no ha cometido falta de ninguna especie. Sostiene que para ello el recurrido realiza un análisis sobre la materia que es propia de un investigador administrativo, sin que se haya iniciado ninguna, y efectúa, además, un juzgamiento anticipado sobre la materia denunciada.

Explica que, en el citado oficio, específicamente en el punto 4, se expresa por el recurrido “Que el análisis de dichos mensajes permite establecer que se trata de conversaciones sobre circunstancias laborales o domésticas, abordadas por los interlocutores en un contexto informal – propio de la aplicación en que tuvieron lugar - que, por lo mismo, carecen de relevancia.”. A juicio del recurrente, de esta manera se quita relevancia a un medio de comunicación generalizado y que incluso es utilizado por el Ministerio Público como prueba en investigaciones penales, desechándose por el recurrido solo por no ser conveniente a los intereses particulares de la institución, al verse envuelta una jefatura regional en un escándalo de índole sexual, constituyéndose a priori en un juez y parte del asunto sometido a su conocimiento, por ser el Director Ejecutivo Regional nombre reservado su mano derecha en la Administración de la Fiscalía Regional Sur y su cargo de confianza más cercano.

Añade que, además, en el numeral 5 del mismo oficio, el recurrido concluye que a pesar de existir una conversación del 8 de febrero de 2016 que contiene una frase que “puede resultar equívoca”, no tiene ésta la entidad de ser considerada una contravención a la normativa vigente. En opinión del recurrente el simple hecho que algunos de los mensajes sean equívocos da cuenta de la necesidad de realizar una investigación porque no hay claridad respecto de su sentido, la intención que lo motiva y las consecuencias que trae aparejada. Agrega que dicho proceder difiere de lo ocurrido respecto de la propia afectada nombre reservado, en contra de la cual se llevó a cabo investigación administrativa, en la que se la removió de su cargo.

Sostiene que dicho actuar infringe el Reglamento de Responsabilidad Administrativa para fiscales y funcionarios del Ministerio Público. En primer término, su artículo 17, el que establece, aplicado al caso sub lite, que si el Fiscal Regional estima que determinados hechos son susceptibles de ser sancionado con una medida disciplinaria debe ordenar la instrucción de una investigación administrativa, y la infracción se produce porque a pesar de que la denuncia da cuenta de hechos susceptible de sanción administrativa, el recurrido resuelve no instruir la investigación, efectuando un juzgamiento anticipado y determina que no hubo falta en los hechos denunciados. En segundo lugar, se infringe el artículo 3 del mismo Reglamento, en cuanto establece que las facultades del Fiscal Regional dicen relación con disponer las investigaciones administrativas, sobreseerlas y aplicar las sanciones, pero no efectuar el procedimiento de investigación propiamente tal, el cual busca verificar la ocurrencia de los hechos, según lo refiere el artículo 6 N° 1 del mismo cuerpo reglamentario.

Añade que, además, se vulnera el Código de Buenas Prácticas Laborales y Respeto Laboral de la Fiscalía de Chile, que establece, como uno de sus principios, el garantizar un ambiente laboral donde prime el respeto a la dignidad humana, eliminando, entre otros, el trato irrespetuoso entre jefaturas, además se deben adoptar las medidas destinadas a mantener un ambiente de trabajo de mutuo respeto entre hombres y mujeres, y difundir aquello relacionado con el acoso laboral y sexual. Entiende el recurrente que, al limitarse el Fiscal Regional a juzgar anticipada, ilegal e infundadamente el hecho denunciado y darle la connotación de poco relevante, realiza una interpretación absolutamente contraria a dichos principios.

Estima que dicha actuación ilegal y arbitraria, vulnera la garantía de igualdad ante la ley y no discriminación, ya que no se inicia investigación por un hecho grave, entre una jefatura y una subordinada, pero sí se inició investigación respecto de ésta, basado en los simples dichos de otra persona, y justo tiempo después que ella tuvo el valor de representarle a la jefatura sobre de lo impropio de sus insinuaciones, investigación en la cual se le aplicó, a la subordinada, la máxima sanción. Asimismo, infringe el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, ya que el recurrido con su actuar se ha irrogado facultades que no tiene y de esa manera se ha convertido en una comisión especial que ha juzgado un hecho sin tener facultad para ello.

Pide, en definitiva, se declare como ilegal y arbitrario el acto denunciado, y se ordene que el Fiscal Regional recurrido debe instruir la investigación administrativa pertinente para la verificación de los hechos denunciados.

Segundo: Que a fojas 10 evacúa informe al tenor del recurso don nombre reservado, Fiscal Regional de la Fiscalía Metropolitana Sur.

Expone que con fecha 23 de agosto del año en curso la recurrente (AFFREMCEN) presenta Oficio N° 42/2017 dirigido al Fiscal Nacional, en el que, entre otras peticiones, solicita “se les informe los pasos a seguir por parte de la Fiscalía Nacional, en relación al contenido de los mensajes emitidos mediante la plataforma de mensajería instantánea whatsapp entre don nombre reservado y doña nombre reservado, asociada a la AFFREMCEN. A dicha presentación, el Fiscal Nacional suscribe la Carta FN N° 035/2017, dirigida a los peticionarios, en la que se hace cargo de las solicitudes efectuadas, señalando, en lo pertinente, que “en cuanto al contenido de los mensajes de Whatsapp entre el Director Ejecutivo Regional Metropolitano Sur y su asociada, doña nombre reservado, hago saber a Uds. he decidido remitir dichos antecedentes directamente al Sr. Fiscal Regional Metropolitano Sur, en tanto superior jerárquico del señalado funcionario, quien evaluará la pertinencia y curso de acción que corresponda, en el marco de nuestro sistema jerárquico y, sin perjuicio de manifestar el rechazo hacia tales conductas por parte de esta superioridad”.

Agrega que con fecha 18 de octubre del presente año mediante Oficio FRMS N°298/2017, se hace cargo de los antecedentes remitidos, analizando la serie de mensajes, los cuales fueron fechados los días 17, 18 y 21 de diciembre de 2015; 8, 12 y 13 de febrero y 08 de mayo, todos éstos de 2016, y 10 y 11 de febrero de 2017, señalando expresamente que de todos los mensajes, en uno de ellos, fechado 8 de febrero de 2017 (sic) a las 23.49 horas, don nombre reservado recurre a una frase que si bien puede resultar equívoca no alcanza la entidad para configurar una contravención a la normativa vigente, lo que se ve reforzado además por la fecha de los mensajes, la existencia previa de una investigación administrativa y la oportunidad en la cual se dan a conocer estas conversaciones. En las conclusiones de dicho oficio se señala que don nombre reservado no ha cometido falta alguna, de ninguna especie, de modo que no procede incoar procedimiento en su contra, sin perjuicio de las instrucciones especiales que, en la calidad de superior jerárquico, se le impartan privadamente para su desempeño futuro.

Añade, por otra parte, que con fecha 9 de enero de este año, mediante Resolución IA N° 01/2017 se inició investigación administrativa en contra de dos funcionarios de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, uno de ellos doña nombre reservado, en la cual, y luego de la tramitación que detalla, se le aplicó la sanción de remoción por dos hechos que se calificaron como infracciones al artículo 33 numerales 8 y 12 del Reglamento de Personal para funcionarios del Ministerio Público. Dichos hechos dicen relación con información puesta en conocimiento de la sancionada por otras funcionarias de la institución respecto a una agresión de connotación sexual y la otra una agresión física con resultado de lesiones, imputadas al Abogado Asistente de la Fiscalía Local de Puente Alto, don nombre reservado, a cuyo respecto doña nombre reservado no realizó acción alguna destinada al esclarecimiento del hecho, sino más bien desatendió lo comunicado, refiriéndole a cada una de las funcionarias que el hilo se cortaba por lo más fino o delgado. Precisa que con fecha 9 de agosto pasado el Fiscal Nacional despachó oficio FN N° 640/2017, en el que pone en conocimiento de la Contraloría General de la República la sanción de remoción a los dos investigados, recepcionado el día 21 del mismo mes y año en la oficina de parte de dicho organismo.

Sostiene que el acto que se impugna no es ilegal pues lo ha dictado en su calidad de Fiscal Regional, a quien compete, según la normativa reglamentaria, resolver si el hecho denunciado tiene mérito o no para dar inicio a un procedimiento disciplinario sancionador. Tampoco es arbitrario ni infundado, en tanto en él se realiza un análisis detallado del contenido de las conversaciones de mensajería, indicando porque se estima que no reúnen el carácter ni gravedad que se les atribuye y por tanto no tienen la entidad que requiere una resolución que inicia una investigación, ello no solo en atención a la redacción de los mensajes sino al contexto en el cual se presentan por la recurrente, donde resulta evidente que el interés creado no es el de cautelar sino que persigue el reintegro de una funcionaria removida de su cargo. Además, lo resuelto, lo fue sin perjuicio de las instrucciones especiales que se le impartan, ya que existen otras vías reglamentarias para la solución de este tipo de situaciones, como lo son las evaluaciones de desempeño y las correspondientes observaciones en las etapas de la misma.

Por último, manifiesta que no existe vulneración a las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, por cuanto realizó una evaluación del mérito de los antecedentes sometidos a su consideración y comunicó su resolución al peticionario, y si ella no es compartida por el recurrente, aquello no equivale a sostener que la misma sea arbitraria y que, por ende, su resultado se traduzca en diferencias arbitrarias sobre situaciones cuya equivalencia tampoco existe. Además, que lo actuado fue exactamente lo que la normativa reglamentaria encomienda a los Fiscales Regionales, esto es, evaluar los antecedentes y decidir si se ordena o no iniciar una investigación.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye a una acción de carácter tutelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado por un acto u omisión arbitrario o ilegal que le prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Cuarto: Que junto con ello es imprescindible que la mencionada acción constitucional sea interpuesta en beneficio de quienes tengan un interés inmediato y directo comprometido, limitándose a personas que hubieren sufrido privación, perturbación o amenaza en sus derechos, de conformidad a lo que dispone el N° 2 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la Materia.

En consecuencia, el recurso de protección no es una acción popular, sino que se requiere de un afectado concreto y determinado en sus derechos constitucionales, y de la misma manera, debe explicitar la forma en que ello habría sucedido. En tal sentido, la intervención de la Corte es limitada, desde que únicamente puede impetrar medidas dirigidas en beneficio del afectado por la situación de infracción a sus derechos.

Quinto: Que en el caso concreto, no se explica el modo en que el acto impugnado afecte a la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte lo que impide que la presente acción pueda prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional deducida por la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte en contra de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Munita.

Rol N° 5755-2017-PRO