nombre reservado CONTRA nombre reservado CON nombre reservado

En Santiago, a nueve de febrero de dos mil dieciocho.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 8 de noviembre de 2017 comparece don nombre reservado, Ayudante General de nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, quien deduce acción de protección de garantías constitucionales en contra de don nombre reservado, Presidente del Pleno del Consejo Superior de Disciplina del citado nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, de don nombre reservado, Presidente de Sala del citado Consejo, domiciliado en domicilio reservado, de don nombre reservado, Director de la Primera Compañía de Bomberos Metropolitana Sur, con domiciliado en domicilio reservado, y de don nombre reservado, Superintendente de dicho nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, por haber incurrido en una serie de irregularidades en el procedimiento disciplinario en el que se aplicó a recurrente la sanción de pérdida del cargo de Oficial de Comandancia y de separación de la institución por 181 días, lo que estima vulnera, o a lo menos, amenaza las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que dicho procedimiento tiene su origen en incidentes relacionados con el material mayor del Cuerpo (carros bomba). Explica que el día 07 de febrero de 2017 ocurrió un incidente con un carro bomba, según le informó uno de los voluntarios que concurrió al servicio donde éste se produjo. Indica que dio cuenta de inmediato al Capitán, y éste a su vez al Comandante, quien asistiría para revisar el carro. Luego de las revisiones correspondiente se le informa por éste ultimo que el carro estaba en normal funcionamiento, porque los daños no ameritaban mayor arreglo.

Indica que fue invitado por el Consejo de Administración a distintas sesiones, realizándose finalmente aquella del día 13 de julio de 2017. En esa oportunidad se da lectura del informe de la comisión fiscalizadora e investigadora formada por el capitán y por orden del comandante en relación al incidente del carro, luego comenzó a ser consultado. Refiere que nunca se le citó como acusado ni se le indicó la razón de la citación. Además, que en su calidad de oficial de comandancia su caso debía tratarlo el Consejo Superior de Disciplina. Señala que se le consultó si informó al capitán y a la comandancia, si dejó constancias, quien había designado a los bomberos para ir a dicho acto y si le habían dado los datos de la patente del camión involucrado, indica que le explicó que le informó al capitán, que ese era el conducto general y que además dejó constancia en el Libro de Guardia, que no asistió al acto porque tenía coordinada una reunión con una apoderad de un niño de la brigada juvenil. Agrega que le comentó que nunca fue citado por la comisión fiscalizadora del incidente. Manifiesta que en esa oportunidad se le comunicó que se resolvió personalmente por el Sr. Director elevar los antecedentes al Consejo Superior de Disciplina porque no asistió a un llamado de emergencia estando en el cuartel, aunque el acto era “otro servicio”. Lo que estima demuestra la animosidad en su contra por parte del Director, agregando que ni siquiera se lo citó como inculpado, sino que para entregar antecedentes. Nunca se le informó que se había presentado informe en su contra y cual era su tenor, no se le informó la conducta reprochable ni se le permitió presentar sus descargos.

Ante el Consejo Superior de Disciplina el día 02 de agosto de 2017, en esa instancia se realiza lectura del informe sobre el accidente realizado por la comisión fiscalizadora, realizan consultas del mismo tenor. Luego se le indica que los antecedentes no eran suficiente, y que lo volverían a citar. No le informaron que estaba siendo tratado por algún reproche ni menos del tenor de alguna acusación en su contra.

Luego recibió citación para comparecer al Consejo Superior de Disciplina, la que solo indicaba “Informe Disciplinario-Investigación Material Mayor 1° Compañía”, sin otra referencia o explicación, nada decía que estaba siendo acusado ni se fundamentaba en motivos para preparar alguna defensa. Ingresa a la sala, se le realizan preguntas, sale y luego se le invita a pasar comunicándole que se le aplica sanción al haber infringido el artículo 10 letras a y c del Estatuto, separación por 181 días. Reitera que nunca le informaron cual era la acusación en su contra, patrocinada por quién ni como infringió los artículos mencionados ni conoció el informe en su contra.

Sostiene que de acuerdo al artículo 83 numeral 3 del Reglamento los asuntos disciplinarios, para ser conocidos por el Consejo Superior, deben haber sido encomendados por el Directorio o el Consejo de Oficiales Generales, a lo que también hace referencia el artículo 40 del Estatuto, lo que no ocurrió en la especie. Además, refiere que en ningún caso a afectado algún interés general del nombre reservado, dando cuenta de su trabajo en la institución. Añade que conoce perfectamente sus obligaciones, y que la información respecto de los accidentes fue entregada a la Capitanía, por lo que si existieron supuestas faltas éstas no fueron generadas de manera directa por su persona, además que nunca le explicaron cuál fue su actuar reprochable.

Alega que al notificársele la sanción no se contiene los fundamentos de hecho ni la razón que se tiene para aplicar tan gravosa pena. Lo mismo con el recurso de apelación que presentó el que fue rechazo sin justificación y sin que se le haya citado para poder concurrir a defender sus descargos, infringiendo el artículo 106 del Reglamento del año 2016.

Agrega que al tiempo de los hechos era oficial de compañía por tanto era competente para conocer el organismo disciplinario interno de la compañía, por lo mismo, procedía se le diera de baja en su nuevo cargo de oficial de comandancia y ser tratado como voluntario previa calificación del consejo de administración. Si no se pidiera la baja como oficial de comandancia, el consejo de disciplina de la compañía debió declararse incompetente y remitir los antecedentes al Consejo de Oficiales Generales, quien debe conocer y calificar la falta y de estimarlos enviar los antecedentes al Consejo Superior de Disciplina. Ninguna de estas situaciones ocurrió lo que hace todo el procedimiento del todo irregular.

Asimismo, alegó que el Consejo de Administración está integrado por personas emparentadas, y el Consejo sancionador por una persona que tiene manifiesta enemistad en su contra ni cuenta con imparcialidad porque pertenece a la misma compañía. También el Consejo Superior de Disciplina actúa sin previa calificación, y el pleno es integrado por los mismos de la sala.

En síntesis, señala que fue sometido a un procedimiento sancionatorio, sin estar informado de ello para preparar una defensa, no conoce la acusación ni se da cuenta de un informe en su contra. Alega también que se utilizó una reglamentación distinta a la aprobada en marzo de 2016, agregando que, más aún, el procedimiento en el que se aprobó la normativa del 2016 contiene errores que anulan el acto de su aprobación, por lo que la reglamentación vigente es la del año 2006. También ocurre que le sanciona con una pena desmedida, no se le permite ejercer el derecho a defender una apelación presentada, y finalmente se le impone la máxima pena sin fundamento ni explicación porque se desecha una apelación, siendo sancionado por un tribunal incompetente.

Sostiene que, por todo lo expuesto, se ha infringido la garantía consagrada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política, en tanto se le ha dado un trato discriminatorio, poniéndolo en una situación de menoscabo respecto de sus pares, reiterando que no existe fundamento legítimo para acusarlo, no fue citado a defender su apelación, no se le informa que estaba siendo sometido a un procedimiento disciplinario ni que pesa sobre su actuar una acusación, informe o queja en su contra, por todo lo cual no puede ejercer su derecho a defensa. Además, de utilizarse una normativa diversa a la que válidamente está vigente. Más aún a su juicio el Consejo Superior de Disciplina era incompetente para conocer de su situación. También reclama que las resoluciones de la sala que aplica la sanción y la del pleno que confirma ésta no se encuentran justificadas ni fundamentadas, además de aplicarle una sanción desmedida e ilegal.

Asimismo, estima que se vulnera la garantía consagrada en el numeral 3 de la citada disposición constitucional. En este sentido afirma que el Consejo Superior de Disciplina como órgano jurisdiccional debe respetar las garantías procesales consagradas constitucionalmente, lo que no ocurrió en este caso, por lo que se transforma en una verdadera comisión especial, que vulneró toda garantía del juicio justo y legalmente tramitado.

Igualmente entiende que se infringe la garantía de la Ley previa, al aplicarse un reglamento que no está vigente. También estima que se ha vulnerado su derecho de propiedad sobre su calidad de bombero voluntario y sobre el cargo que sirve y para el cual fue designado, en tanto con la sanción aplicada se le priva de continuar prestando sus servicios.

Pide, en definitiva, acoger el presente recurso, anulando todo lo actuado, reintegrándolo al servicio activo como Oficial del nombre reservado y en sus funciones regulares, eliminando todo vestigio del procedimiento seguido en su contra, además de ordenarle a los recurridos que en lo sucesivo sea empleada la reglamentación general realmente vigente y aprobada, con costas, en caso de desacato u oposición.

2°) Que con fecha 19 de enero del año en curso informan al tenor del recurso los recurridos, solicitando su rechazo, con costas, toda vez que a su juicio el recurrente fue sometido a un procedimiento racional y justo sustanciado por los organismos disciplinarios contemplado en los estatutos y reglamento general, integrado por voluntarios elegidos democráticamente, quienes conforme a sus atribuciones aplicaron al recurrente la sanción que estimaron procedente, sin incurrir en arbitrariedad y sin infringir alguna garantía constitucional.

Señalan que con fecha 26 de julio de 2017 sesionó el Consejo de Disciplina de la Primera Compañía del citado nombre reservado, tomando conocimiento de las colisiones sufridas por las piezas de Material Mayor que indica, hechos ocurridos los días 3 y 7 de febrero de 2017, pudiendo advertir la gravedad de los informado y la aparente intención de omitir y ocultar los hechos ocurridos. En razón de lo anterior, dicho Consejo solicita al Director elevar los antecedentes para que sean conocidos por el Consejo Superior de Disciplina.

Indican que el 9 de agosto de 2017 sesionó el Consejo Superior de Disciplina, en sala, el cual citó a comparecer a varios voluntarios, dentro de los cuales se encontraba el recurrente, con la finalidad de recabar la mayor cantidad de antecedentes respecto de las colisiones de los carros y los procedimientos posteriores. Con fecha 06 de septiembre del mismo año el recurrente es citado nuevamente por dicho órgano disciplinario, oportunidad en que se le hacen saber los cargos, se escuchan sus descargos y se acuerda sancionarlo con la medida de separación por 181 de la institución, con la consiguiente pérdida del cargo que desempeñaba, según lo dispuesto en los artículos 83º número 3 del Reglamento General, y, artículos 10º letras A y C del Estatuto del nombre reservado nombre reservado.

Hacen presente que, en ambas colisiones de los carros bombas, el recurrente faltó de manera grave, en su condición de Teniente 3º de la Compañía y Jefe de la Guardia Nocturna, al no tomar las medidas de manera oportuna, debiendo como tal haber concurrido al acto donde se despachó la Mecánica (M - 1), tomando en consideración, además, que los voluntarios que concurrieron al acto del servicio eran voluntarios con pocos años de servicio. Al no informar ni instar a la investigación, se omitió información, omitiendo que hubo riesgo de accidente para los voluntarios que se encontraban en la “canasta” de la Mecánica (M-1). Así mismo el recurrente, no informó en forma oportuna a la Central de Alarmas como tampoco no realizó las gestiones necesarias para que dicho accidente quedara informado en el Libro de Guardia (novedades) de la Compañía. Lo anterior es un hecho de carácter grave toda vez que los carros bombas son piezas fundamentales, por lo que cualquier accidente podría afectar gravemente el servicio que se presta a la comunidad y el personal que tripula los mismos.

Agregan que el propio recurrente reconoce su error y gravedad de lo ocurrido, en acta del Consejo Superior de Disciplina de fecha 6 de septiembre de 2017, página 5, señalando lo siguiente: “Se consulta si sabe que no cumplió con los protocolos y procedimientos establecidos, indica que tiene claro y que asume el error.” “Se consulta si encuentra grave lo ocurrido y el manifiesta que sí, que pudo haber sido peor”.

Refieren que la apelación fue conocida por el Pleno con fecha 04 de octubre de 2017, oportunidad en la que el recurrente fue citado, pero sin embargo no se presentó, resolviéndose mantener la sanción. Explican que el Pleno lo conforman todos los miembros del Consejo Superior de Disciplina, pero al tratarse de apelaciones impuestas por alguna de las salas, los miembros de éstas no participan en las resoluciones. En este caso, los respectivos integrantes hicieron abandono del pleno al momento de deliberar sobre la apelación.

Sostienen que, conforme el artículo 36 del Estatuto, el Consejo Superior de Disciplina podía conocer del caso del recurrente, en tanto se trata faltas cometidas por los integrantes de la Institución que afecten seriamente el prestigio del Cuerpo o atenten contra sus principios esenciales.

Expresan que los Consejos de Disciplina de los organismos de Bomberos no son tribunales de derecho si no que conocen y fallan como tribunales de honor, actuando como jurado, según la práctica y tradición de la institución hace más de 150 años.

Respecto a la falta de fundamentación que acusa el recurrente, señalan que se recabaron una serie de antecedentes y que en base a éstos y a los propios aportados por el recurrente se aplicó finalmente la sanción.

Hacen presente que el Estatuto y reglamento se refieren a faltas de orden genérico y en ningún caso se encuentran tipificadas, de lo contrario sería un verdadero código penal, lo que haría imposible llevar al texto y a la práctica Controvierten que el reglamento aplicado no esté vigente, indicando que fue aprobado por asamblea general en marzo de 2016, a la concurrió el propio recurrente. Además, indican que es llamativo la alegación que hace el recurrente ya que en su calidad conocía el reglamento y nunca hizo ver a sus superiores la supuesta falta de validez.

En cuanto a la desproporcionalidad, refieren que en la aplicación de sanciones no existen grados, siendo aplicadas de acuerdo a las circunstancias de los hechos y a los miembros involucrados.

Afirman que no es efectivo que el recurrente haya recibido un trato diferente al que recibiría cualquier miembro de la institución o que sus faltas hayan sido tratadas por un organismo solo establecido para él.

Finalmente, en cuanto a la alegación de haberse afectado el derecho de propiedad, refieren que hay una confusión en el recurrente, pues éste puede ser removido del cargo, perdiendo su derecho a ejercerlo, en tanto los cargos no son vitalicios si no que son electos en forma democrática año a año, por lo tanto, no es propietario del cargo como se afirma en el libelo.

3°) Que el Título VI del Estatuto del nombre reservado nombre reservado regula el régimen disciplinario del cuerpo y de las compañías, artículos 33 a 46, señalando los organismos a quienes corresponde el conocimiento y resolución de los asuntos disciplinarios, entre ellos, los Consejos de Disciplina de las Compañías y el Consejo Superior de Disciplina, su conformación, modalidad de funcionamiento, sanción a aplicar, la exigencia de que las citaciones para comparecer ante estos expresen el motivo o causa de la misma. En el artículo 46 se expresa que el Reglamento General del Cuerpo es el que deberá contemplar las disposiciones complementarias para asegurar a sus participantes la existencia de un procedimiento justo, que garantice el oportuno ejercicio de sus derechos.

En ese orden de ideas, el Reglamento General del año 2016, que conforme informara en estos antecedentes el Ministerio de Justicia fue aprobado por asamblea general, no configurándose ninguna infracción estatutaria que le reste valor a dicho acuerdo, regula el Consejo Superior de Disciplina en su Título VII, artículos 78 a 99, y en el Título VIII el Régimen Disciplinario de Las Compañías, en sus artículos 100 a 114.

En el artículo 80 del Reglamento se expresa que “Las deliberaciones del Consejo serán secretas y el acta se escribirá directamente en el libro (…) En el acta se dejará constancia de los cargos y descargos formulados, de la prueba rendida, de las disposiciones reglamentarias infringidas, si las hubiera, de las votaciones y de las resoluciones adoptadas, las que en todo caso deberán ser fundadas”.

Por su parte el artículo 88 del Reglamento ya citado establece que “El Consejo Superior de Disciplina, tanto en pleno como en sala, procederá oyendo al afectado, previa citación, indicando el motivo de la comparecencia”.

4°) Que, entre los antecedentes acompañados por el recurrente, no objetados ni observado por los recurridos, aparece que con fecha 25 de julio y 31 de agosto de 2017 se citó al primero para concurrir a la 4° sala del Consejo Superior de Disciplina. En dichas comunicaciones, además de indicar día, hora, lugar y tenida, se expresa como motivo, en la primera, “Informe Disciplinario”, y en la segunda “Informe Disciplinario – Investigación Colisión Material Mayor 1° Compañía”, sin explicitar en ninguna de ellas qué calidad se lo citaba, respecto de qué hechos en específico ni que normas estatutarias o reglamentarias motivaban ésta.

En cuanto a lo expresado en las actas de las sesiones a las cuales fue citada el recurrente, las que fueron aparejadas en el recurso de protección ingreso corte N° 5731-2017, cuya vista conjunta se ordenó a la presente, aparece que en ambas estaba incorporado dentro de la tabla de asuntos a tratar específicamente la situación del recurrente y que en la sesión de fecha 2 de agosto de 2017 se procedió a dar lectura al informe que ordenaba elevar los antecedentes a dicho órgano disciplinario, luego de lo cual ingresa el recurrente, dejándose constancia que se le informa el motivo de la citación y se le indica que relate los hechos en cuestión y cualquier otro antecedente que quiere aportar, consignándose lo expresado por éste y las consultas efectuadas al efecto. En la sesión de 6 de septiembre de 2017, el actor ingresa a la sala, al igual que otros voluntarios, efectuándose consultas respecto del incidente en cuestión, para posteriormente adoptarse la decisión respecto de la sanción a aplicar, a cuyo respecto solo se indica “este consejo califica que existe falta basado en el artículo 83 numeral 3 del Reglamento General del Cuerpo, al haber infringido el artículo 10 letra A y letra C del Estatuto General del Cuerpo”.

Por su parte, en la sesión de pleno de 04 de octubre se deja constancia que se toma conocimiento de su apelación y ese consejo debate sobre su aceptación o rechazo, resolviendo rechazarla y mantener la sanción impuesta, de conformidad a los antecedentes conocidos. Cabe indicar que no existe constancia en el acta de que se haya citado al apelante, como afirman los recurrentes.

Ahora, respecto de la comunicación al recurrente de la sanción aplicada y de la resolución de su apelación, documentos aparejados con el recurso, no objetados ni observados por la contraria, consta que aquellas se limitan a señalar lo siguiente. Respecto de la primera “Por intermedio del presente se informa a usted resolución del Consejo de Disciplina Sala N° 4, reunido el día miércoles 06 de septiembre de 2017, el cual determinó lo siguiente: Separación por un periodo de 181 días, de acuerdo al artículo 38 letra E, del Estatuto General del Cuerpo”. En cuanto a la segunda, la comunicación expresa “Por intermedio del presente se informa a usted que en sesión de Consejo Superior de Disciplina, efectuado el día miércoles 04 de octubre, su apelación no fue concedida”.

5°) Que sin perjuicio de la gravedad de las infracciones en que habría incurrido el recurrente, según alegan los recurridos al evacuar su informe -cuestión que corresponde por cierto ponderar a los órganos disciplinarios establecidos por la respectiva Corporación-, aparece de los antecedentes a que se ha hecho referencia en el considerando precedente que en el procedimiento disciplinario incoado en contra de aquél no se respetaron las garantías mínimas que la propia regulación estatutaria y reglamentaria establece para asegurar un procedimiento justo, que garantice el oportuno ejercicio de los derechos del asociado cuestionado en su actuar.

En efecto, si bien en este caso, a diferencia de lo que ocurre en los recursos cuya vista conjunta se ordenó al presente, hay una comunicación de los hechos que motivan la citación del recurrente al órgano disciplinario, por lo que las falencias de las citaciones no revisten la misma importancia, lo cierto es que igualmente en este caso ocurre que la decisión que impone la sanción no contiene fundamento alguno más allá de la indicación de las disposiciones que se estiman infringidas, por lo que se incurre en infracción a lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento, tornando a la misma en arbitraria. Lo mismo cabe señalar respecto de la resolución que resuelve la apelación, en la que ningún fundamento fáctico se expresa. Además, no consta, a pesar de haberlo alegado los recurridos, que el afectado hubiere sido citado por el pleno previo a conocer de la apelación, como lo dispone el artículo 88 del Reglamento.

6°) Que la arbitrariedad de dicho actuar, configurada por el incumplimiento de los estándares que la propia reglamentación estatutaria y reglamentaria del nombre reservado nombre reservado contempla para el ejercicio de sus potestades disciplinarias, constituye una infracción a la garantía de igualdad ante la ley, establecida en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en tanto el trato otorgado al recurrente en el procedimiento sancionatorio seguido en su contra no se condice con el establecido en dicha normativa para todos los asociados, sin existir fundamento para dicho tratamiento diferenciado.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se acoge el recurso de protección deducido por don nombre reservado, y en consecuencia se deja sin efecto la medida separación por 181 días impuesta por la 4° Sala del Consejo Superior de Disciplina en la sesión de fecha seis de septiembre de dos mil diecisiete, que fuera confirmada por el pleno de dicho órgano en sesión de cuatro de octubre del mismo año, debiendo la parte recurrida proceder, de estimarse pertinente, al inicio de un nuevo procedimiento disciplinario, comunicándole al actor los cargos que se le imputan y citarlo a una audiencia con el fin de que éste presente sus descargos, y continuar el procedimiento de acuerdo a la reglamentación interna vigente.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo de la ministra Sra. Ana Cienfuegos Barros, concurriendo al acuerdo la ministro señora Adriana Sottovia Giménez y abogado integrante señor Pablo Hales Beseler.

N° 5748-2017 - PROT