nombre reservado CONTRA nombre reservado CON nombre reservado

En Santiago, a nueve de febrero de dos mil dieciocho.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que con fecha 8 de noviembre de 2017 comparece don nombre reservado, Capitán de la Primera Compañía de nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, quien deduce acción de protección de garantías constitucionales en contra de don nombre reservado, Director de la misma Compañía, de don nombre reservado, Presidente del Consejo de Disciplina de dicha Compañía, ambos domiciliados en domicilio reservado, de don nombre reservado, Presidente del Pleno del Consejo Superior de Disciplina del nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, de don nombre reservado, Presidente de Sala del citado Consejo, domiciliado en domicilio reservado, y don nombre reservado, Superintendente de dicho nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, por haber incurrido en una serie de irregularidades en el procedimiento disciplinario en el que se aplicó a recurrente la sanción de destitución de su cargo de Capitán y expulsión de la institución, lo que estima vulnera las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que el procedimiento disciplinario en cuestión tiene su origen en incidentes relacionados con el material mayor del Cuerpo (carros bomba) de la Primera Compañía de la que era Capitán. Explica que el 26 de julio de 2016 se le invitó informalmente por el Sr. nombre reservado, Presidente del órgano disciplinario interno de la Compañía, a ingresar a la sala en que se encontraba sesionando el Consejo de Disciplina de ésta, desconociendo los motivos de aquello. En esa oportunidad se le consulta sobre los incidentes leves que sufrieron dos carros en el mes de febrero de 2017, en los que no estuvo presente, acusándosele, sin argumento alguno, que como Capitán no habría informado sobre tales accidentes, y se le consulta por las razones de haberse demorado en la entrega del informe resultante de la comisión investigadora. Manifiesta que les señaló que dicha información fue entregada detalladamente en los términos que expresa en el recurso y que la demora en la entrega se debió al arduo trabajo que le tocó realizar producto de los incendios forestales que azotaron el país. Hace presente que dicho asunto no estaba en el punto de tabla del Consejo.

Agrega que luego fue citado para comparecer ante una sala del Consejo Superior de Disciplina para el día 9 de agosto de 2017 y que la citación solo indicaba como motivo “informe disciplinario”, sin otra referencia. Refiere que asistió sin problemas porque pensó que estaba citado en razón de que dos voluntarios de la Compañía se encontraban derivados al referido órgano disciplinario superior, desconociendo algún tipo de causa en su contra. Precisa que cuando ingresó a la sala del Consejo Superior de Disciplina se percató que estaba integrado por el ex Director de su Compañía, quien tiene una clara antipatía y enemistad en su contra, haciendo referencia a proceso anterior seguido por éste en su contra, lo que no le dio garantías de que se desarrollara un juicio justo. Detalla que explicó que no se encontraba presente al momento de los accidentes, que una vez que se le comunicó lo ocurrido, lo informó vía telefónica a los Comandantes que se desempeñaban en la guardia en ese entonces y al 1° Comandante, y se dejó registro en el Libro de Guardia, cuya copia remitió al Comandante para la investigación exactamente el mismo día que informe al Sr. Director. Agrega que al retirarse desconocía si se le estaba juzgando por alguna situación puntual.

Refiere que posteriormente le llegó una nueva citación de fecha 31 de agosto de 2017 para comparecer ante la referida sala del Consejo Superior de Disciplina, la que solo indicaba “Informe Disciplinario-Investigación Material Mayor 1° Compañía”, sin otra referencia o explicación, al igual que la anterior. Al presentarse el día citado hicieron ingreso a la sala del órgano disciplinario varios otros oficiales entre ellos el Tesorero de su Compañía, contra quien anteriormente había presentado informe por agredirlo verbalmente. Indica que luego de escucharse a los otros bomberos comenzaron a llamar a los otros citados para informar las sanciones que se les aplicaría, y en su caso se le indicó que habría incurrido en una falta según el artículo 83 numeral 3 del Reglamento General, al haber una transgresión al artículo 10 letra c del Estatuto, por lo que se ha determinado aplicarle la sanción de expulsión de acuerdo al artículo 38 letra f, sin especificarle a que cuerpo normativo se refería en este último caso.

Sostiene que de acuerdo al artículo 83 numeral 3 del Reglamento los asuntos disciplinarios, para ser conocidos por el Consejo Superior, deben haber sido encomendados por el Directorio o el Consejo de Oficiales Generales, a lo que también hace referencia el artículo 40 del Estatuto, lo que no ocurrió en este caso. Además, refiere que en ningún caso ha afectado algún interés general del nombre reservado, dando cuenta de su trabajo en la institución. Añade que conoce perfectamente sus obligaciones como bombero y capitán, y que la información respecto de los accidentes fue entregada a la Comandancia, por lo que si existieron supuestas faltas éstas no fueron generadas de manera directa por su persona, además que nunca le explicaron cuál fue su actuar reprochable.

Alega que al notificársele la sanción no se contiene los fundamentos de hecho ni la razón que se tiene para aplicar tan gravosa pena. Lo mismo con el recurso de apelación que presentó el que fue rechazo sin justificación y sin que se le haya citado para poder concurrir a defender sus descargos, infringiendo el artículo 106 del Reglamento del año 2016.

A ello añade que se utilizó una reglamentación distinta a la aprobada en marzo de 2016, agregando que, más aún, el procedimiento en el que se aprobó la normativa del 2016 contiene errores que anulan el acto de su aprobación, por lo que la reglamentación vigente es la del año 2006. También reclama que el pleno sesionó con los integrantes de la sala recurrida, lo que constituye infracción al artículo 47 del Estatuto.

Sostiene que, por todo lo expuesto, se ha infringido la garantía consagrada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política, en tanto se le ha dado un trato discriminatorio, poniéndolo en una situación de menoscabo respecto de sus pares, reiterando que no existe fundamento legítimo para acusarlo, no fue citado a defender su apelación, no se le informa que estaba siendo sometido a un procedimiento disciplinario ni que pesa sobre su actuar una acusación, informe o queja en su contra, por todo lo cual no puede ejercer su derecho a defensa. Además, de utilizarse una normativa diversa a la que válidamente está vigente. Más aún a su juicio el Consejo Superior de Disciplina era incompetente para conocer de su situación, pues los antecedentes debían ser previamente conocidos por el Consejo de Oficiales Generales, o ser juzgado por el Consejo de Disciplina de la Compañía previa calificación del Consejo de Administración. También reclama que las resoluciones de la sala que aplica la sanción y la del pleno que confirma ésta no se encuentran justificadas ni fundamentadas, además de aplicarle una sanción desmedida e ilegal.

Asimismo, estima que se vulnera la garantía consagrada en el numeral 3 de la citada disposición constitucional. En este sentido afirma que el Consejo Superior de Disciplina como órgano jurisdiccional debe respetar las garantías procesales consagradas constitucionalmente, lo que no ocurrió en este caso, por lo que se transforma en una verdadera comisión especial, que vulneró toda garantía del juicio justo y legalmente tramitado.

Igualmente entiende que se infringe la garantía de la Ley previa, al aplicarse un reglamento que no está vigente. También estima que se ha vulnerado su derecho de propiedad sobre su calidad de bombero voluntario y sobre el cargo que sirve y para el cual fue elegido democráticamente, en tanto con la sanción aplicada se le priva de continuar prestando sus servicios.

Pide, en definitiva, acoger el presente recurso, anulando todo lo actuado, reintegrándolo al servicio activo como Capitán y en sus funciones regulares, eliminando todo vestigio del procedimiento seguido en su contra, además de ordenarle a los recurridos que en lo sucesivo sea empleada la reglamentación general realmente vigente y aprobada, con costas, en caso de desacato u oposición.

2°) Que con fecha 14 de diciembre de 2017 informan al tenor del recurso los recurridos, quienes piden su rechazo con costas, en tanto, a su juicio, el recurrente fue sometido a un procedimiento racional y justo, sustanciado por los organismos disciplinarios contemplado en los estatutos y reglamento general, integrado por voluntarios elegidos democráticamente, quienes conforme a sus atribuciones aplicaron al recurrente la sanción que estimaron procedente, sin incurrir en arbitrariedad y sin infringir alguna garantía constitucional.

Señalan que con fecha 26 de julio de 2017 sesionó el Consejo de Disciplina de la Primera Compañía del citado nombre reservado, tomando conocimiento de las colisiones sufridas por las piezas de Material Mayor que indica, hechos ocurridos los días 3 y 7 de febrero de 2017, pudiendo advertir la gravedad de los hechos y la aparente intención de omitir y ocultar lo ocurrido. En razón de lo anterior, dicho Consejo solicitó al Director elevar los antecedentes para que sean conocidos por el Consejo Superior de Disciplina.

Indica que el 9 de agosto de 2017 sesionó el Consejo Superior de Disciplina, en sala, el cual citó a comparecer a varios voluntarios, dentro de los cuales se encontraba el recurrente, con la finalidad de recabar la mayor cantidad de antecedentes respecto de las colisiones de los carros y los procedimientos posteriores. Con fecha 06 de septiembre del mismo año el recurrente es citado nuevamente por dicho órgano disciplinario, oportunidad en que se le hacen saber los cargos, se escuchan sus descargos y se acuerda sancionarlo con la medida de expulsión con la consiguiente pérdida del cargo que desempeñaba hasta ese momento, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 83 N° 3 del Reglamento y artículos 10 letras a y c y 38 letra f del Estatuto.

Hace presente que en ambas colisiones el recurrente faltó de manera grave en su condición de jefe de mando activo de la Compañía, al no tomar las medidas oportunas, debiendo por instrucción en forma reiterada del Sr. Director realizar una investigación de lo sucedido, lo que recién cumple el 9 de marzo, es decir, un mes después. Agrega que tampoco dio cumplimiento al procedimiento 50.2 del nombre reservado referente a accidente que pudieren ocurrir. Además, al no informar ni instar por la investigación omitió información, relativa al riesgo para dos voluntarios de bomberos. Así también no realizó gestiones en términos de corregir e instruir tanto al personal voluntario como rentado de casos similares que pudieran ocurrir con el material mayor, para que éstos realicen la constancia ante carabineros como también informar en forma oportuna a la central de alarmas. Afirma que lo anterior es de carácter grave, toda vez que los carros bomba son piezas fundamentales, por lo que cualquier accidente podría afectar gravemente el servicio que se presta a la comunidad.

Refiere que la apelación fue conocida por el Pleno con fecha 04 de octubre de 2017, oportunidad en la que el recurrente fue citado, pero sin embargo no se presentó, resolviendo el pleno mantener la sanción. Explica que el Pleno lo conforman todos los miembros del Consejo Superior de Disciplina, pero al tratarse de apelaciones impuestas por alguna de las salas, los miembros de éstas no participan en las resoluciones. En este caso, los respectivos integrantes hicieron abandono del pleno al momento de deliberar sobre la apelación.

Indica que los Consejos de Disciplina de los organismos de Bomberos no son tribunales de derecho si no que conocen y fallan como tribunales de honor, actuando como jurado, según la práctica y tradición de la institución hace más de 150 años.

Respecto a la falta de fundamentación que acusa el recurrente, señala que se recabaron una serie de antecedentes y que en base a éstos y a los propios aportados por el recurrente se aplicó finalmente la sanción.

Hace presente que el Estatuto y Reglamento se refieren a faltas de orden genérico y en ningún caso se encuentran tipificadas, de lo contrario sería un verdadero código penal, lo que haría imposible llevar al texto y a la práctica Controvierte que el reglamento aplicado no esté vigente, indicando que fue aprobado por asamblea general en marzo de 2016, a la concurrió el propio recurrente. Además, indica que es llamativo la alegación que hace el recurrente ya que en su calidad de voluntario y capitán conocía el reglamento y nunca hizo ver a sus superiores la supuesta falta de validez.

En cuanto a la desproporcionalidad, refiere que en la aplicación de sanciones no existen grados y éstas dependerán de las circunstancias de los hechos y los miembros involucrados, y en ese caso el recurrente ejercía el cargo de capitán, jefe de mando activo de la compañía.

Manifiesta que no es efectivo que el recurrente haya recibido un trato diferente al que recibiría cualquier miembro de la institución o que sus faltas hayan sido tratadas por un organismo solo establecido para él.

Finalmente, en cuanto a la alegación de haberse vulnerado el derecho de propiedad, refiere que hay una confusión en el recurrente, pues éste puede ser removido del cargo, perdiendo su derecho a ejercerlo, ya que los cargos no son vitalicios sino que son electos en forma democrática año a año, por lo tanto no es propietario del cargo como se afirma en el libelo.

3°) Que el Título VI del Estatuto del nombre reservado, regula el régimen disciplinario del cuerpo y de las compañías, artículos 33 a 46, señalando los organismos a quienes corresponde el conocimiento y resolución de los asuntos disciplinarios, entre ellos, los Consejos de Disciplina de las Compañías y el Consejo Superior de Disciplina, su conformación, modalidad de funcionamiento, sanción a aplicar, la exigencia de que las citaciones para comparecer ante estos expresen el motivo o causa de la misma. En el artículo 46 se expresa que el Reglamento General del Cuerpo es el que deberá contemplar las disposiciones complementarias para asegurar a sus participantes la existencia de un procedimiento justo, que garantice el oportuno ejercicio de sus derechos.

En ese orden de ideas, el Reglamento General del año 2016, que conforme informara en estos antecedentes el Ministerio de Justicia fue aprobado por asamblea general, no configurándose ninguna infracción estatutaria que le reste valor a dicho acuerdo, regula el Consejo Superior de Disciplina en su Título VII, artículos 78 a 99, y en el Título VIII el Régimen Disciplinario de Las Compañías, en sus artículos 100 a 114.

En el artículo 80 del Reglamento se expresa que “Las deliberaciones del Consejo serán secretas y el acta se escribirá directamente en el libro (…) En el acta se dejará constancia de los cargos y descargos formulados, de la prueba rendida, de las disposiciones reglamentarias infringidas, si las hubiera, de las votaciones y de las resoluciones adoptadas, las que en todo caso deberán ser fundadas”.

Por su parte el artículo 88 del Reglamento ya citado establece que “El Consejo Superior de Disciplina, tanto en pleno como en sala, procederá oyendo al afectado, previa citación, indicando el motivo de la comparecencia”.

4°) Que, entre los antecedentes acompañados por el recurrente, no objetados ni observado por los recurridos, aparece que con fecha 9 y 31 de agosto de 2017 se citó al primero para concurrir a la 4° sala del Consejo Superior de Disciplina. En dichas comunicaciones, además de indicar día, hora, lugar y tenida, se expresa como motivo, en la primera, “Informe Disciplinario”, y en la segunda “Informe Disciplinario – Investigación Colisión Material Mayor 1° Compañía”, sin explicitar en ninguna de ellas qué calidad se lo citaba, respecto de qué hechos en específico ni que normas estatutarias o reglamentarias motivaban ésta.

Por su parte, del mérito de las actas de sesión de la 4° Sala del Consejo Superior de Disciplina de los días 9 de agosto y 6 de septiembre, ambos del 2017, a los que fue citado el recurrente, acompañadas al proceso por el Secretario General del nombre reservado, se aprecia que, contrario a lo que expresan los recurridos, en ninguna oportunidad se comunicó al actor la circunstancia de que existieran cargos en su contra, tampoco de cuáles eran éstos ni que se haya efectuado lectura del algún informe. De hecho, su participación en dicha sesión es a partir de la situación de otros voluntarios, específicamente aquel que, en la tabla de cada una de las sesiones, se titula “Caso Inspector General Sr. nombre reservado (Voluntario de la 1° Compañía) y Caso Ayudante General Sr. nombre reservado (Voluntario de la 1° Compañía)”. En efecto, en razón de estar conociendo de dichos antecedentes, hace ingreso al igual que otros voluntarios el recurrente de autos, a quien se le realizan consultas respecto de los accidentes ocurridos con los carros bomba. Y luego, en la sesión de 6 de septiembre se adopta la decisión de aplicarle sanción, a cuyo respecto solo se indica “este consejo califica que existe falta basado en el artículo 83 numeral 3 del Reglamento General del Cuerpo, al haber infringido el artículo 10 letra A y letra C del Estatuto General del Cuerpo”.

En cuanto al acta de la sesión del pleno del referido Consejo de 04 de octubre del mismo año, se deja constancia que se tomó conocimiento del recurso de apelación deducido por el actor y ese consejo al debatir sobre su aceptación o rechazo resuelve rechazarla, manteniendo la sanción, en conformidad a los antecedentes que fueran conocidos. Cabe indicar que no existe constancia en el acta de que se haya citado al apelante, como afirman los recurrentes.

Ahora respecto de la comunicación al recurrente de la sanción aplicada, documento aparejado con el recurso, no objetado ni observado por la contraria, consta que aquella se limitan a señalar “Por intermedio del presente se informa a usted resolución del Consejo de Disciplina Sala N° 4, reunido el día miércoles 06 de septiembre de 2017, el cual determinó lo siguiente: Expulsión, de acuerdo al artículo 38 letra f, del Estatuto General del Cuerpo”.

5°) Que sin perjuicio de la gravedad de las infracciones en que habría incurrido el recurrente, según alegan los recurridos al evacuar su informe -cuestión que corresponde por cierto ponderar a los órganos disciplinarios establecidos por la respectiva Corporación-, aparece de los antecedentes a que se ha hecho referencia en el considerando precedente que en el procedimiento disciplinario incoado en contra de aquél no se respetaron las garantías mínimas que la propia regulación estatutaria y reglamentaria establece para asegurar un procedimiento justo, que garantice el oportuno ejercicio de los derechos del asociado cuestionado en su actuar.

En efecto, la expresión de los motivos de las citaciones resulta del todo escueta, a ello se suma que no existe propiamente una formulación o comunicación de cargos, como exige el artículo 80 del Reglamento, al establecer la obligación de dejar constancia de éstos en el acta respectiva. En este sentido, cabe hacer presente que, si bien los recurridos refieren que ello habría ocurrido, lo cierto es que el acta, que es la que debe dar fe de lo obrado en la audiencia y del cumplimiento de las exigencias reglamentarias, nada dice al respecto, como sí se aprecia que se hace respecto del conocimiento de otros asuntos como aparece del acta de 02 de agosto de 2017 al tratar el caso signado con el numeral cuatro de la tabla respectiva.

Por otra parte, tanto la resolución que le aplica la sanción como aquella que resuelve su apelación, carecen de fundamento o justificación, limitándose en el primer caso a enunciar las disposiciones que se estiman infringidas y en el segundo caso a señalar que se rechaza el recurso interpuesto, no dando cumplimiento así a lo establecido en el artículo 80 ya referido. Además, no consta, a pesar de haberlo alegado los recurridos, que el afectado hubiere sido citado por el pleno previo a conocer de la apelación, como lo dispone el artículo 88 del Reglamento.

6°) Que, dicho actuar afecta seriamente el derecho a defensa del recurrente en cuanto se le impide conocer en forma clara, precisa, íntegra y oportuna la imputación de que era objeto y posteriormente de los motivos de la sanción que se le impuso y del rechazo de su apelación, lo que hace que la medida disciplinaria adoptada en su contra devenga en arbitraria.

Esta arbitrariedad, configurada por el incumplimiento de los estándares que la propia reglamentación estatutaria y reglamentaria del nombre reservado contempla para el ejercicio de sus potestades disciplinarias, constituye una infracción a la garantía de igualdad ante la ley, establecida en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en tanto el trato otorgado al recurrente en el procedimiento sancionatorio seguido en su contra no se condice con el establecido en dicha normativa para todos los asociados, sin existir fundamento para dicho tratamiento diferenciado.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se acoge el recurso de protección deducido por don nombre reservado, y en consecuencia se deja sin efecto la medida expulsión impuesta por la 4° Sala del Consejo Superior de Disciplina en la sesión de fecha seis de septiembre de dos mil diecisiete, que fuera confirmada por el pleno de dicho órgano en sesión de cuatro de octubre del mismo año, debiendo la parte recurrida proceder, de estimarse pertinente, al inicio de un nuevo procedimiento disciplinario, comunicándole al actor los cargos que se le imputan y citarlo a una audiencia con el fin de que éste presente sus descargos, y continuar el procedimiento de acuerdo a la reglamentación interna vigente.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo de la ministra Sra. Ana Cienfuegos Barros, concurriendo al acuerdo la ministro señora Adriana Sottovia Giménez y abogado integrante señor Pablo Hales Beseler.

N° 5731-2017 - PROT