nombre reservado con SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR - HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU

C.A. de San Miguel San Miguel, veinticuatro de abril de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el abogado Camilo Manuel Peña Mardones, actuando en favor de nombre reservado, enfermera domiciliada en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra del Hospital Barros Luco Trudeau, representado por su director, don nombre reservado.

La recurrente impugna la legalidad y arbitrariedad de la Resolución Exenta TRA N° 110228/47/2024, dictada por el Hospital recurrido, que declaró vacante su cargo por supuesta salud incompatible con el desempeño de sus funciones, decisión que estima vulneratoria de las garantías constitucionales de igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2) y del derecho de propiedad sobre las remuneraciones (artículo 19 N° 24).

Relata que ingresó al hospital en diciembre de 2020 y que, tras ganar un concurso público, fue contratada a contrata como Enfermera Clínica Grado 12 en septiembre de 2022. Durante 2023 enfrentó problemas de salud mental, que fueron tratados y superados con acompañamiento médico. Fue calificada por la COMPIN como “recuperable” en septiembre de 2024, y en enero de 2025 se le prorrogó su contrata para todo el año. No obstante, el 27 de enero de 2025 fue notificada de la decisión de declarar vacante su cargo, alegando que no recibió la carta certificada en su domicilio y que continuó trabajando tras la fecha indicada como término de funciones.

Solicita que se deje sin efecto la resolución impugnada, se ordene su reincorporación al cargo y el pago de todas las remuneraciones y beneficios dejados de percibir desde su separación, con los debidos reajustes. Solicita, además, se condene en costas al recurrido.

Segundo: Que en el informe del Hospital recurrido se expone que la señora nombre reservado se desempeñaba como enfermera a contrata en jornada completa y que presentó un ausentismo de 399 días en un período de dos años debido a licencias médicas. Ante ello, el jefe superior del Servicio solicitó a la COMPIN un pronunciamiento sobre su estado de salud, cumpliendo lo exigido por el artículo 151 del Estatuto Administrativo. Dicha entidad, mediante resolución de septiembre de 2024 determinó que la salud de la funcionaria era recuperable.

Con base en ese pronunciamiento, el Hospital dictó la Resolución TRA N°110228/47/2024, el 4 de noviembre de 2024, declarando la vacancia del cargo de la recurrente, la que fue posteriormente tomada de razón por la Contraloría General de la República. Esta decisión fue notificada a la funcionaria por medio de dos cartas certificadas, entregadas el 17 de enero de 2025.

Añade que la recurrente confunde los conceptos de “salud incompatible” e “irrecuperabilidad”, explicando que la declaración de salud recuperable no impide que el empleador, en virtud del artículo 151 del Estatuto Administrativo, pueda declarar la vacancia del cargo si el trabajador ha hecho uso de más de seis meses de licencia médica, lo que ocurrió en este caso y cita doctrina de la Contraloría General y jurisprudencia de la Corte Suprema, destacando que la declaración de salud incompatible no requiere que la COMPIN determine la irrecuperabilidad de la salud, sino sólo que se cumpla con el requisito del uso extensivo de licencias médicas, con la previa evaluación de dicha comisión.

Además, se argumenta que la resolución recurrida goza de presunción de legalidad, fue tomada de razón, y que su emisión fue precedida por los actos administrativos y médicos que exige la normativa vigente. En consecuencia, solicita el rechazo del recurso, por no configurarse ilegalidad ni arbitrariedad en el acto impugnado y por haberse aplicado correctamente el Estatuto Administrativo.

Acompaña documentos que respaldan su posición, entre ellos, la resolución cuestionada, el pronunciamiento de la COMPIN, el informe de ausentismo y comprobantes de notificación.

Tercero: Que, por requerimiento de esta Corte, informa al tenor del presente arbitrio la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, a través del Contralor Regional, René Andrés Morales Rojas. Expone que, mediante la Resolución Exenta TRA N° 110228/47/2024, se declaró la vacancia del cargo que servía la señora nombre reservado en el Hospital Barros Luco Trudeau, dependiente del Servicio de Salud Metropolitano Sur. Dicha resolución se fundó en lo dispuesto en el artículo 151 del Estatuto Administrativo (Ley N° 18.834), al haber acumulado la funcionaria licencias médicas, continuas o discontinuas, por más de seis meses en un período de dos años. La resolución fue remitida a la Contraloría para su toma de razón, lo que se efectuó el 8 de enero de 2025, por estimarse ajustada a derecho.

Añade que, al momento de revisar los antecedentes, se constató que no se trataba de licencias excluidas de la causal del artículo 151 inciso segundo, y que el procedimiento aplicable fue debidamente observado, incluyendo la solicitud de un informe previo a la COMPIN. Esta última, a través de la Resolución Exenta N° 145.593 de 2024, determinó que la situación de salud de la señora nombre reservado era recuperable, lo que permitió fundar legalmente la medida de cese de funciones.

Cuarto: Que, por último, el abogado Alfredo Añazco González, en su calidad de mandatario judicial del Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana (SEREMI de Salud R.M.), y a su vez en representación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana (COMPIN R.M), informa que fue ese mismo Servicio de Salud el que solicitó a la COMPIN que determinara si la salud de la funcionaria era irrecuperable, en atención a que se habría ausentado por más de 180 días de licencia médica, continuos o discontinuos, durante los últimos dos años. En cumplimiento de tal requerimiento, la COMPIN emitió la Resolución Exenta N° 145593, de 16 de septiembre de 2024, concluyendo que la señora nombre reservado presentaba un estado de salud recuperable, por lo que dicha entidad cumplió con lo que establece la normativa vigente, participando en el proceso conforme a sus competencias legales.

Sostiene que las referidas actuaciones se ajustaron a los parámetros objetivos y legales aplicables y que su rol en esta materia —evaluar si un funcionario público se encuentra en estado de salud recuperable o no— tiene como fin garantizar el adecuado uso de las licencias médicas como medida terapéutica y transitoria.

Quinto: Que ,para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de protección de garantías constitucionales estatuido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, perturba o amenaza ese atributo.

Sexto: Que en síntesis, la acción cautelar interpuesta se endereza en contra de la decisión Resolución Exenta TRA N° 110228/47/2024 de declarar vacante el cargo que servía, motivada en la causal de salud incompatible por el tiempo de licencia médica que presentó durante los últimos dos años, en circunstancias que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez –COMPIN- informó que su salud es recuperable; dictamen que, en su opinión, haría improcedente la causal de vacancia cuestionada.

A su vez, el recurrido alega que el acto materia del recurso se dictó en ejercicio de una facultad legal, ejercida en conformidad con la preceptiva que la rige y con el fundamento de rigor, referido tanto al período de licencias médicas que ha presentado la recurrente, como a la “necesidad de velar por la continuidad en el ejercicio de las funciones públicas de los órganos de la Administración del Estado y, por ende, satisfacer las necesidades de la comunidad (…) siendo necesario que las personas a través de las cuales ella actúa sean idóneas para el desempeño del cargo, pues de no existir idoneidad, se hace imposible el cumplimiento de la función pública”.

Séptimo: Que atendida la naturaleza y finalidad de la acción tutelar ejercida, para su procedencia se precisa de la confluencia de los siguientes elementos: a) existencia de la acción u omisión reprochada; b) ilegalidad o arbitrariedad de esa conducta; c) directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegidas por esta vía; d) posibilidad material y jurídica de la Corte de brindar la protección debida mediante la adopción de medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Octavo: Que una importante clave para dilucidar de qué trata esta acción de protección está en precisar si la actuación denunciada es "ilegal" o "arbitraria". En cuanto a lo ilegal del acto, se debe tener presente que este lo es si se ha dictado o ejecutado en contravención a las normas que integran el ordenamiento jurídico chileno, esto es, no autorizado por el mismo (si se trata de una acción) o exigido por el mismo (si se trata de una omisión). La evaluación de legalidad, por tanto, exige contrastar la decisión o el contenido del acto cuestionado con el sistema de normas que integra el derecho nacional, sean del nivel constitucional, legal o infra legal.

En cuanto a la arbitrariedad, cabe entender que un acto es arbitrario en la medida que es contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado solo por la voluntad o el capricho.

De acuerdo con la doctrina, un acto es arbitrario cuando es injusto, irracional, desproporcionado, caprichoso, o movido por el favoritismo o la odiosidad (José Luis Cea Egaña, Derecho Constitucional chileno, tomo II, Editorial Universidad Católica de Chile, 2004, p. 633), y carente de fundamento racional o una manifestación del simple capricho del agente (Verdugo, Pfeffer y Nogueira, Derecho Constitucional, tomo I, Editorial Jurídica de Chile, 2002, p. 339).

Noveno: Que lo anotado en supra Sexto, se desprende que la controversia en que se funda el recurso en estudio gira en torno al ejercicio que, en el caso de la recurrente, hizo el recurrido de conformidad con lo dispuesto el artículo 151 de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo.

El artículo citado reza como sigue:

“El Jefe superior servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

Décimo: Que como se ha visto, la recurrente cuestiona la determinación materia del recurso en atención a que, requerido el informe de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez a que se refiere el inciso final de la disposición legal recién citada, este concluyó que su salud es “recuperable”, razón que, a su juicio, haría ilegal la declaración de salud incompatible efectuada por el recurrido, dejándola sin sustento, toda vez que no se basó en otra cosa más allá de la cantidad de días de licencia médica acumulados en el lapso de dos años, reposo que estaría precisamente en la línea de la recuperación de su salud.

Undécimo: Que, sobre el particular, es útil recordar que con arreglo al artículo 146 del Estatuto Administrativo, el funcionario cesará en el cargo, entre otras causales, por “c) Declaración de vacancia (…)”. A su turno, el artículo 150 del ordenamiento referido, prescribe de manera armónica: “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo; (…)”.

Duodécimo: Que, a la luz de lo antedicho, a partir de esa regulación formulada de modo alternativo por el legislador, queda de manifiesto la existencia de dos constructos distintos entre sí: la declaración de salud incompatible y la declaración de salud irrecuperable. La primera, supeditada a un tiempo de licencias médicas continuas o discontinuas del funcionario y entregada a una facultad depositada en el jefe superior del servicio; la segunda, en cambio, entregada a la evaluación que de la salud del funcionario realice la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez correspondiente y a la que sigue un procedimiento administrativo en que se encauza la persona cuya salud se califique de “irrecuperable” y que, dentro de un determinado margen de tiempo, prepara el momento del cese definitivo de funciones.

Lo anotado recién queda patente, no solo en la conjunción disyuntiva –“o”- que se contiene en los citados artículos 150, 147 y 72 de los estatutos en referencia, denotando diferencia o alternativa entre la salud incompatible y la salud irrecuperable, sino que en la propia reglamentación independiente que de las mismas se prevé en los artículos 151 y 152 del Estatuto Administrativo Ley 18.834.

Décimo tercero: Que, ahora bien, igualmente es oportuno considerar que el artículo 151 de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, en los que se preceptúa la declaración de salud incompatible con el cargo, fueron modificados por la Ley 21.050, publicada el 7 de diciembre de 2017, en cuyo Mensaje se lee que la iniciativa de ley tuvo por objeto reajustar las remuneraciones del Sector Público, conceder aguinaldos de Navidad del año 2017 y de Fiestas Patrias del año 2018 para el sector activo y pasivo, otorgar otros beneficios que indica y modernizar la gestión del Estado en las materias la señala.

En lo que ahora interesa, el referido proyecto expresó: “La presente iniciativa legal modifica el Estatuto Administrativo de la ley N° 18.834 y el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales de la ley N° 18.883, estableciendo que los jefes superiores de servicio y los Alcaldes deberán requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo, para poder declarar la vacancia del mismo”.

En principio, podría inferirse que lo perseguido con esa modificación legal de 2017 fue uniformar la declaración de salud incompatible y la declaración de salud irrecuperable bajo el único, idéntico e insoslayable fundamento de la condición no recuperable de la salud del funcionario informada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez. Sin embargo, un objetivo como ese habría ameritado que se reformasen, también, esos otros artículos aludidos en el motivo inmediatamente anterior, en cuanto por ellos se contemplan y regulan de manera distintiva ambas figuras, con independencia la una respecto de la otra. Empero, no lo hizo así el legislador de la Ley 21.050; del mismo modo que resalta que tampoco lo haya hecho a propósito de la dictación de la mentada Ley 21.093, modificatoria del Estatuto Docente.

Décimo cuarto: Que colige entonces esta Corte que el sentido o entendimiento del artículo 151 de la Ley 18.834, tras la reforma introducida por la Ley 21.050, se encuentra en el condicionamiento al que pasó a estar sujeta la jefatura a la hora de ejercer la facultad de declarar la vacancia de un cargo por salud incompatible, quien solo podrá proceder de ese modo si previamente ha recabado de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación sobre la condición de irrecuperable de la salud que pudiera presentar el funcionario y que no le permite desempeñar el cargo. En caso que lo irrecuperable de la salud del funcionario resulte constatado a raíz de dicho informe, será esta la figura que cobre vigencia, con la normativa que le es propia.

Dicho con otras palabras, del informe sobre el resultado de la evaluación que debe de obtenerse en forma previa de la mencionada entidad técnica dependerá cuál de las figuras en referencia cobra vigor y habrá de recibir aplicación en el caso que se trate. Si la conclusión es que la salud del funcionario es irrecuperable, esta preferirá y será conforme a sus reglas que procederá la declaración de vacancia. Si en cambio, la conclusión es que la salud del funcionario es evaluada como recuperable, y además se reúne el lapso de licencia médica exigido por la ley, entonces procederá la eventual declaración de vacancia por salud incompatible con el cargo.

Junto con ello, es menester resaltar que tal declaración se presenta como una facultad discrecional que la ley ha entregado a la jefatura del Servicio respectivo, en la medida que concurran los requisitos que autorizan su ejercicio, como se ha visto: que el funcionario haya hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años y que su salud sea recuperable.

Décimo quinto: Que el contexto descrito en el motivo inmediatamente anterior refuerza el entendimiento que se ha venido haciendo sobre el sentido de la reforma introducida mediante Ley 21.050 a la ley 18.834, esto es, que la exigencia de contar con el informe previo de la COMPIN que habilita el ejercicio de la facultad de declarar la salud incompatible con el cargo, efectivamente mira por la mejora en el estatuto y condiciones que rigen a los servidores públicos, toda vez que está dirigida a esclarecer a priori, y con ello a excluir, la posibilidad de que sea el empleador quien ejerza su facultad de separar a un funcionario afectado en un caso que –de no mediar ese informe técnico-médico- podría verse claramente perjudicado si su salud no es simplemente incompatible con el cargo para el que ha sido designado, sino que es irrecuperable y, por consiguiente, conducirá a una declaración de invalidez en conformidad con el procedimiento administrativo correspondiente.

Décimo sexto: Que así también lo ha entendido la Contraloría General de la República señalando que: “la resolución de la evaluación que realice la COMPIN constituye para la autoridad que lo solicita un antecedente sobre la irrecuperabilidad de la salud del servidor, ya que se trata de la valoración que un organismo técnico especializado, realiza acerca de la condición de salud de ese empleado” y que por tanto, “en el evento que la COMPIN estime que la salud del funcionario es recuperable, la autoridad se encuentra facultada para declarar su incompatibilidad con el desempeño del cargo, y resolver la vacancia de éste por esa causal”. De esta suerte, no se considera adecuado interpretar el hecho que un funcionario haya obtenido una resolución que declara recuperable su salud como un impedimento para declarar la vacancia de un cargo por salud incompatible, pues de ser así volvería ineficaz la vacancia por la figura de salud incompatible.

También resulta ilustrativo el Dictamen 14.871 de 26 de abril de 2017, en que la Contraloría General de la República distingue entre la facultad del jefe de Servicio de declarar la salud de un funcionario como incompatible con el cargo y la declaración de salud irrecuperable, considerando que, en caso de concurrir esta última, se limita la procedencia de la primera: “No obstante lo anterior, en el evento que la respectiva comisión médica, al momento de emitir su dictamen, señale expresamente que el funcionario padece de una enfermedad invalidante desde una fecha anterior a que se encuentre firme la resolución que declara vacante su cargo por salud incompatible, procede que esta última sea dejada sin efecto y sea reemplazada por la resolución alcaldicia que declara la salud irrecuperable, toda vez que dentro de nuestro ordenamiento jurídico, los diversos sistemas de seguridad social protegen los estados de invalidez, haciéndolos prevalecer por sobre toda otra causal de cese de servicios que eventualmente pueda ocurrir en relación con un determinado empleado, lo anterior, acorde con lo manifestado en el dictamen N° 8.178, de 2017, de este origen”.

Asimismo, en el Dictamen E188.441N22, de 24 de febrero de 2022, refiriéndose al sentido y alcance de la modificación introducida mediante la Ley 21.050 a los artículos 151 de la Ley 18.834 y 148 de la Ley 18.883, concluye: “(…) en el evento que el informe de la COMPIN estime que la salud del funcionario es recuperable, la autoridad se encuentra facultada para declarar su incompatibilidad con el desempeño del cargo, y en caso contrario, esto es, si esa institución informa que la salud es irrecuperable, no resulta procedente declarar la referida incompatibilidad, pues en tal caso correspondería que la comisión médica pertinente conozca del asunto, a fin de que esta última entidad pondere declarar la salud irrecuperable de dicho empleado.

Como puede advertirse, la conclusión anotada permite darle sentido a la modificación legal introducida por la ley Nº 21.050 al citado artículo 151 de la ley Nº 18.834. Ello, ya que entender que una declaración de salud recuperable que haga la COMPIN impide al jefe de servicio declarar la salud incompatible de los funcionarios que se encuentren en los supuestos que esas normas indican, importa una interpretación que deja sin aplicación la causal de vacancia del cargo por salud incompatible”.

Décimo séptimo: Que volviendo al caso de autos, es pertinente poner de relieve que la recurrente no refuta el fundamento que, en consonancia con el inciso primero del artículo 151 del Estatuto Administrativo Ley 18.834, encamina la declaración de vacancia contenida en el Decreto impugnado en el presente arbitrio, esto es, que en el lapso de dos años la recurrente hizo uso de licencias médicas por 399 días, vale decir más de seis meses, razón por la cual solicitó un pronunciamiento a la COMPIN.

Lo anterior, unido al cumplimiento por la parte recurrida de la exigencia preceptuada en esas normas, al recabar el informe de la COMPIN que era de rigor, y sin que corresponda aplicar el estatuto previsto para la declaración de salud irrecuperable, hizo confluir en la especie los requisitos objetivos que admitían la declaración de salud incompatible por medio de la facultad que tiene autorizada el centro hospitalario recurrido y que, en definitiva, ejerció en la especie.

Décimo octavo: Que todavía cabe agregar a lo anterior que la extensión o prolongación del ausentismo de la recurrente a sus funciones como enfermera debe ser enfocada no solo desde su propia o particular perspectiva, sino que bajo la óptica y el acento que marca el fin público que orienta el quehacer del establecimiento hospitalario.

De manera relacionada, esta Corte ha dicho: “(…) el Estado debe contar con el personal adecuado y disponible para el desarrollo de las labores que le son propias bajo el riesgo que, de así no hacerlo, incurrir en responsabilidades por falta de servicio, es decir, el principio de servicialidad consagrado en el artículo 1° de la Carta Fundamental en virtud del cual, la Administración del Estado debe cumplir las necesidades públicas en forma continua y permanente mediante los servicios públicos. En este sentido, uno de los requisitos para acceder a la función pública es contar con una salud compatible con el cargo, ello en armonía con el objetivo de dicha labor que como ya se dijo es prestar el servicio de atención pronta y eficiente a los usuarios, lo que conforme a la situación fáctica descrita no aparece cumplida, pues el estado de salud de la funcionaria, no ha permitido sino que obstaculizado la labor permanente y continua a la está obligada la Administración del Estado.

Es así, entonces, que la ley en cumplimiento de este principio, facultó al Jefe del Servicio a subsanar la situación a través de esta vía” (IC San Miguel 5132-2021).

Décimo noveno: Que en las circunstancias que se han descrito en las motivaciones anteriores, no es dable afirmar que exista ilegalidad en la Resolución Exenta TRA N° 110228/47/2024, en los términos pretendidos por la recurrente, como tampoco es posible advertir arbitrariedad en su dictación, desde que se apoya en las normas antes descritas, con una base fáctica razonable y proporcional, no una simple voluntad vacía de contenido o el mero capricho de su emisor.

Consecuentemente, no ha podido tener lugar la conculcación de las garantías constitucionales invocadas en el recurso de la manera que este propone.

Vigésimo: Que fruto de todas las reflexiones que han sido anotadas en los párrafos que anteceden, no queda más que concluir que el arbitrio constitucional en estudio tendrá que ser desestimado.

Y de conformidad, además, con lo preceptuado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra del Hospital Barros Luco Trudeau.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección Nº 573-2025