nombre reservado con MUNICIPALIDAD SAN PEDRO (ES PARTE: CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO)

San Miguel, diez de enero de dos mil veintidós.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, chilena, docente, domiciliada en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Contraloría General de la República, representada legalmente por su Contralor, don Jorge Bermúdez Soto; y en contra de la Ilustre Municipalidad de San Pedro, representada por su alcalde, Emilio Cerda Sagurie, por el acto ilegal y arbitrario contenido en el Dictamen N° E143967/2021, emitido por la II Contraloría Regional Metropolitana con fecha 4 de octubre de 2021, notificado el 5 del mismo mes y año, el cual ratifica el actuar de la Municipalidad de San Pedro, la que mediante Decreto Alcaldicio N° 1048, de 18 de agosto de 2021, modifica sus funciones, destinándola a una unidad educativa como docente, todo lo cual genera una vulneración a sus derechos constitucionales de igualdad ante la ley; libertad de trabajo y su protección; y derecho de propiedad.

Indica que hace cinco años cumple funciones de Coordinadora de Educación Extraescolar en la Dirección de Educación Municipal de la Municipalidad de San Pedro, en calidad de contrata, existiendo cinco decretos que dan cuenta que el ejercicio de dicha función ha sido de manera ininterrumpida desde marzo de 2017. El último de ellos corresponde al Decreto Alcaldicio N° 199, de 4 de febrero de 2021, que aprueba su contrata desde el 1 de marzo de 2021 al 28 de febrero del año en curso. Precisa que, si bien el mencionado decreto se titula “Destinación”, ello corresponde a un error, ya que desde el año 2017 fue “Nombrada” y no “Destinada” a dichas funciones, considerando la cantidad de años y continuidad en las mismas.

Expresa que la nueva administración municipal, mediante Decreto Alcaldicio N° 1048, de 18 de agosto de 2021, cambia sus funciones, destinándola a una unidad educativa como docente de aula de enseñanza básica de manera inmediata e indefinida.

Refiere que contra dicha resolución solicitó a la Contraloría General de la República un pronunciamiento, correspondiente al dictamen impugnado y que en síntesis señala:

“(…) cabe concluir que la recurrente nunca debió desempeñarse en virtud de la destinación efectuada por decreto alcaldicio Nº 199, de 2021, como coordinadora de educación extraescolar, pues se trata de labores ajenas a las que originalmente le fueron asignadas en calidad de titular, que corresponden a docencia de aula en educación básica, por lo que esa entidad edilicia deberá regularizar su situación laboral en los términos expuestos, informando de lo obrado a esta Sede Regional dentro del plazo de diez días hábiles administrativos, contado desde la recepción del presente oficio. Finalmente, cumple con señalar que la circunstancia de que la recurrente deje de trabajar como coordinadora de educación extraescolar para cumplir con labores de aula corresponde a la regularización de su situación laboral, pues solamente se le ordenó desempeñar las funciones propias de su nombramiento como docente (aplica criterio contenido en el dictamen Nº 75.243, de 2012).”

Reclama que el pronunciamiento y la orden de regularización que contiene dicho dictamen le causan agravio, tanto en la protección de su trabajo como en su derecho de propiedad, toda vez que lleva 5 años ejerciendo su cargo de manera continua, cumpliendo funciones como Coordinadora de Educación Extraescolar, lo que lleva asociada una remuneración mensual correspondiente a $650.000. Agrega que la función a la cual fue destinada mediante el Decreto Alcaldicio N° 1048 trae aparejada una remuneración de $323.630, esto es, casi la mitad de lo que estaba acostumbrada a percibir, lo que impacta en su situación económica y vida familiar.

Refiere que el repentino cambio de funciones que efectuó unilateralmente su empleador, sin causa justificada y opción de negociar su contrato, la ha perjudicado en su vida laboral, emocional y económica. Alude a que dicha decisión ha sido avalada por la Contraloría General de la República, la que pide una regularización de su situación, sin tomar en consideración sus circunstancias laborales ni económicas.

Asevera que, en el caso de existir algún error administrativo, éste no puede ser imputado a su persona y mucho menos ser obligada a tolerarlo.

Arguye que, en los hechos, la Contraloría General de la República y la Ilustre Municipalidad de San Pedro han incurrido en actos positivos arbitrarios e ilegales que le generan privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio del derecho de igualdad ante la ley; la libertad de trabajo y su protección; y el derecho de propiedad.

Menciona que si bien el ordenamiento jurídico consagra la facultad fiscalizadora e interpretativa de las normas administrativas por parte de la Contraloría General de la República, lo cierto es que dicha potestad debe ser ejercida con apego a la legalidad y de forma adecuada, a fin de no lesionar derechos fundamentales de las personas o, en caso de hacerlo, con la debida justificación y juicio de proporcionalidad y racionalidad que se exige a cualquier acto administrativo dictado a la luz de los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República. Afirma que su actuación deviene en arbitraria e ilegal, por no cumplir con el estándar mínimo de razonabilidad y proporcionalidad a que dicha recurrida está obligada, desde que su dictamen carece de fundamentos y razones apropiadas a las circunstancias particulares de su caso.

Pide se acoja el presente recurso y, en definitiva, se ordene que se deje sin efecto el Dictamen N°E143967/2021, emitido por la II Contraloría Regional Metropolitana con fecha 4 de octubre de 2021, y se dicte uno nuevo que, con una adecuada interpretación y respetuosa de los derechos fundamentales en conflicto, resuelva la solicitud de pronunciamiento incoado ante la recurrida. Asimismo, solicita se deje sin efecto el Decreto Alcaldicio N°1048, de 18 de agosto de 2021 de la Ilustre Municipalidad de San Pedro, ordenándose que se le mantenga en sus funciones designadas por medio del Decreto Alcaldicio N°199 de la Ilustre Municipalidad de San Pedro, de fecha 04 de febrero de 2021, por el periodo de tiempo que en éste se indica, y se le reintegre el dinero que ha dejado de percibir durante este tiempo, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que, informa al tenor del recurso doña Doris Roa Moraga, abogada, en representación de la II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, y señala que el 25 de agosto de 2021 la recurrente solicitó un pronunciamiento a dicha entidad, a fin que determinara si se ajustó a derecho la decisión del municipio recurrido de destinarla desde el cargo de Coordinadora de Educación Extraescolar en el Departamento de Administración de Educación Municipal a labores de docencia en aula de educación básica en el establecimiento educacional Escuela G N° 134 Nihue.

Expone que se requirió informe a la Municipalidad de San Pedro, en el que se indicó que no se ajustó a derecho la destinación de la recurrente para desempeñar funciones como coordinadora de educación extraescolar, por cuanto se encuentra designada en calidad de titular como docente de aula, de manera que mediante Decreto Alcaldicio N° 1048, de 18 de agosto de 2021, fue destinada a fin de que desempeñe las labores para las cuales se encuentra efectivamente nombrada.

Agrega que se desestimó el requerimiento de la actora, mediante el Oficio N° E143967, de 4 de octubre de 2021, impugnado en estos autos, por cuanto las designaciones que posee la recurrente en calidad de titular, por 44 horas cronológicas semanales, se efectuaron para que ejerciera como “docente de educación básica”, tareas que corresponden al ejercicio de labores de docencia en aula y no funciones técnico-pedagógicas. Así, la II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago concluyó que la recurrente no debió desempeñarse en funciones técnico-pedagógicos en virtud de la destinación efectuada por Decreto Alcaldicio Nº 199, por lo que ordenó a dicha entidad edilicia regularizar su situación laboral.

Refiere que, posteriormente, el 25 de octubre de 2021, la actora solicitó la reconsideración del Oficio N° E143967, ante lo cual la Sede Regional confirió traslado a la Municipalidad de San Pedro, el que fue evacuado por el municipio dentro del plazo conferido.

Indica que, no obstante encontrarse pendiente la referida reconsideración, el 4 de noviembre de 2021, la recurrente dedujo el presente recurso de protección, en idénticos términos a los contenidos en su solicitud de reconsideración, por lo que la II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, mediante el oficio N° E154750, de 11 de noviembre de 2021, se abstuvo de resolver la impugnación del oficio E143967 por incidir en un asunto sometido al conocimiento de los Tribunales de Justicia, conforme lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 6° de la ley N° 10.336.

En otro orden de argumentaciones, sostiene que el asunto es ajeno a la naturaleza cautelar del recurso de protección, por cuanto del petitorio se advierte que la actora pretende se otorgue una determinada interpretación a una situación fáctica que no constituye derecho fundamental indubitado amparable por la vía de la acción cautelar.

Arguye la ausencia de ilegalidad o arbitrariedad, toda vez que el Oficio N° E143967 fue emitido en ejercicio de las competencias que han sido asignadas a la entidad de control, en virtud de los artículos 98 y 99 de la Constitución Política de la República, 1, 5, 6, 9, 10 y 16 de la ley N° 10.366 y las resoluciones N° 1002 de 2011 y 102 de 2016, que establece la Organización y Atribuciones de las Contralorías Regionales, las Crea y Fija su Organización Interna. Añada que el oficio en cuestión ha sido dictado en observancia a la legislación que regula a los profesionales de la educación y la jurisprudencia administrativa emanada de dicha entidad.

Agrega que la actuación contra la cual se recurre no puede ser considerada arbitraria porque constituye el resultado de un estudio acabado de los antecedentes en torno a la situación planteada por la propia actora y de la interpretación de la normativa vigente sobre la materia, en el ejercicio de una actuación legítima del Organismo Contralor llevada a cabo en uso de sus facultades y dentro del marco jurídico que reglamenta sus atribuciones.

Luego, hace referencia a la normativa que regula a los profesionales de la educación, específicamente los artículos 5, 6 y 8 de la Ley 19.070, sobre Estatuto de los Profesionales de la Educación, concluyendo que existe una clara distinción entre funciones técnico-pedagógicas y las docentes, por tratarse de funciones de diferente naturaleza.

Afirma que acuerdo con el artículo 36 de la ley N° 19.070, los docentes que tengan la calidad de titulares tienen derecho a la estabilidad en las horas y funciones establecidas en los decretos de designación o contratos de trabajo según corresponda -las que, en este caso, corresponden a docencia de aula- y, en consecuencia, cualquiera sea el lugar de desempeño al que sea destinado un profesional de la educación, no se puede alterar la naturaleza propia de su nombramiento y de las funciones que del mismo emanan. Indica que dicho criterio ha sido recogido por la jurisprudencia administrativa del órgano a que representa en los dictámenes N° 20.904 de 2018 y 75.243 de 2021.

Explica que la recurrente fue nombrada por Decreto Alcaldicio N° 1.028 de 2007, en virtud de un concurso público, en calidad de titular por 38 horas cronológicas semanales para desempeñarse como docente de educación básica.

Agrega que fue designada como contrata a plazo fijo, por 6 horas cronológicas semanales, para desempeñar el cargo de Coordinadora Educación Extraescolar, por los años 2017, 2018, 2019 y 2020.

Refiere que la recurrente accedió a la titularidad de esas 6 horas en calidad de contrata, en virtud de lo dispuesto en la ley N° 21.176, que otorgó a los profesionales de la educación titulares de una dotación docente la titularidad de las horas de extensión en calidad de contrata. Detalla que aquello fue formalizado en el Decreto Alcaldicio N° 855 de 2020, que le reconoció dicho beneficio para desempeñar la función de docente de educación básica, totalizando, por tanto, una carga horaria de 44 horas cronológicas semanales como titular en la función docente en el establecimiento Escuela G N° 134 Nihue.

Por otra parte, señala que mediante el Decreto Alcaldicio Nº 199, de 4 de febrero de 2021, la actora fue destinada para desempeñar funciones de Coordinadora de Educación Extraescolar, por 44 horas cronológicas semanales, en calidad de titular.

Expresa que no se advirtió irregularidad en las contratas a plazo fijo de la recurrente, previas al año 2021, en funciones técnico–pedagógicas, porque las contrataciones previas en el cargo de coordinadora de educación extraescolar se realizaron por 6 horas y no por la totalidad de la carga horaria y además fue efectuada mediante una contrata a plazo fijo y no en calidad de titular.

Por otra parte, señala que no es efectivo que el Oficio N° E143967 signifique una disminución del 50% del total de los haberes mensuales de la recurrente. Detalla que del examen de las liquidaciones de remuneraciones acompañadas por la actora y de lo informado por la Municipalidad de San Pedro, el total de haberes durante los meses del año 2021 en que desempeñó improcedentemente las aludidas funciones por 44 horas cronológicas semanales, correspondía a la suma de $1.692.985.-, y luego del cambio de labores a docencia de aula conforme a su nombramiento titular, corresponde a $1.330.454, toda vez que en el primero de dichos cargos se le enteraba un emolumento que en las liquidaciones de remuneraciones se denomina “Asig. responsabilidad”, por la suma de $308.167. Aclara que la suma líquida que percibe la recurrente depende, además de los descuentos legales, de aquellos a que voluntariamente ha accedido, los que totalizan la suma de $1.059.948, en relación con los cuales no ha tenido incidencia el pronunciamiento impugnado.

Hace presente que si bien se constató que la Municipalidad de San Pedro había incurrido en una irregularidad al destinar a la recurrente al referido cargo técnico pedagógico en el DAEM, únicamente dispuso la regularización de sus funciones y no el reintegro de las sumas percibidas en razón de las labores incorrectamente asignadas durante los meses de la presente anualidad en que se mantuvo dicha irregularidad, por cuanto en la medida que la interesada se haya desempeñado efectivamente como Coordinadora de Educación Extraescolar por 44 horas, su trabajo debe ser remunerado en calidad de tal.

Controvierte cualquier vulneración de los derechos de la recurrente y pide que se desestime en todas sus partes el recurso de protección de autos.

TERCERO: Que, por su parte, informa al tenor del recurso don Armando Aravena Alegría, abogado, en representación de la I. Municipalidad de San Pedro, solicitando su rechazo. Previa referencia a la historia de nombramientos y contrataciones de la recurrente y las solicitudes de pronunciamiento y reconsideración presentadas ante la II Contraloría Regional, postula que no se ajustó a derecho la destinación de la recurrente al cargo de Coordinador Educación Extraescolar, del Departamento de Administración de Educación, por 44 horas cronológicas, en calidad de titular, dispuesta por el Decreto Alcaldicio N°199, de 4 de febrero de 2021, puesto que la recurrente mantiene un nombramiento en calidad de titular como docente de aula de educación básica en la Escuela Atalicio Aguilar y Escuela G N°134 de Nihue, por 38 y 6 horas cronológicas, respectivamente. Así, expresa que nunca debió desempeñarse en virtud de la destinación efectuada por el Decreto Alcaldicio N° 199, por tratarse de labores ajenas a las que originalmente le fueron asignadas en calidad de titular.

Refiere que la recurrente se desempeñó como Coordinadora Educación Extraescolar, empero, dicha función fue en calidad de “destinación”, y que tal situación se regularizó precisamente mediante Decreto Alcaldicio N° 1048, de 18 de agosto de 2021, por no ajustarse a derecho la referida destinación.

En cuanto a las alegaciones sobre el perjuicio económico, indica que el Decreto Alcaldicio N° 1048 tuvo por finalidad regularizar una situación no ajustada a derecho, resolución que de manera consecuencial afectó sus estipendios, lo que constituye un hecho ineludible y no imputable a su empleador, por cuanto la asignación de responsabilidad directiva nunca debió ser percibida por la recurrente.

Alega la extemporaneidad del recurso, desde que se interpone en contra de dos actos administrativos, dictados por dos órganos distintos y en tiempos diferentes. Así, asevera que el recurso respecto de su representada fue interpuesto fuera del plazo legal, en tanto el Decreto Alcaldicio N° 1048, de 18 de agosto de 2021, le fue notificado el 24 de dicho mes y año, por lo que se encontraría con creces vencido el plazo establecido en el Auto Acordado que regula la materia, lo que amerita el rechazo, con costas.

Luego, considerando la extemporaneidad, reclama la falta de legitimación pasiva, por estimar que la acción cautelar solo se dirige en contra del Dictamen N° E143.967, emanado de la II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, careciendo, por ende, su representada de legitimación pasiva para actuar en autos, por lo que pide el rechazo de la acción.

Indica que el recurso no reclama un derecho indubitado, toda vez que de un análisis exhaustivo del mismo se desprende que lo pretendido es la declaración o reconocimiento de un contrato a plazo fijo en el cargo de Coordinadora de Educación Extraescolar del Departamento de Administración de Educación y el pago de las asignaciones asociadas ese cargo, y a su vez, pretende obtener un cobro de pesos de la misma, todo lo cual escapa de la naturaleza cautelar de la acción, desvirtuándola, por lo que, afirma, debe ser rechazada.

Arguye la ausencia de ilegalidad o arbitrariedad del Decreto Alcaldicio N° 1048, en tanto fue emitido en virtud de las atribuciones que la ley otorga a la máxima autoridad comunal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 12° y en el artículo 63° letras c), e i) de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Lo anterior, relacionado con lo dispuesto en el artículo 29° de la ley N°19.070, Estatuto para Profesionales de la Educación.

Asimismo, asevera que el referido acto administrativo no es arbitrario, ya que fue dictado con el propósito de regularizar una situación no ajustada a derecho y fue el resultado del análisis de los antecedentes de hecho, la jurisprudencia administrativa del ente fiscalizador, así como de la normativa vigente que rige la materia.

En cuanto al fondo del asunto, expresa que la recurrente mantiene un nombramiento en calidad de titular, como docente de aula de educación básica, por 44 horas cronológicas semanales, formalizado mediante los Decretos Alcaldicios N° 1.028, de 2007 (por 38 horas); y N° 855, de 2020 (por 6 horas). En este contexto menciona que su nombramiento se rige por las normas de la ley N°19.070, Estatuto para los Profesionales de la Educación.

Refiere que el artículo 36 de la ley N°19.070, señala que los profesionales de la educación que tengan la calidad de titulares tendrán derecho a la estabilidad en las horas y funciones establecidas en los decretos de designación o contratos de trabajo, según corresponda, a menos que deban cesar en ellas por alguna de las causales de expiración de funciones establecidas en dicho Estatuto.

Agrega que, del texto legal citado, se advierte que aquellos profesionales de la educación que tengan la calidad de titulares tendrán las funciones que establezcan sus decretos de designación y que, en este caso, mediante los reseñados decretos alcaldicios, la actora tiene la función de docente de aula de educación básica.

En cuanto a la destinación del Decreto Alcaldicio N° 199, indica que no se ajusta a derecho por cuanto destinó a la recurrente a cumplir funciones de Coordinadora de Educación Extraescolar, por 44 horas cronológicas semanales, en el Departamento de Administración de Educación, plaza regida por el Código del Trabajo, cuya función es de carácter técnico-pedagógica, infringiendo con ello lo preceptuado en el artículo 36 de la ley N° 19.070.

De un análisis de los artículos 5, 6 y 8 de la ley 19.070 concluye que existe una clara distinción entre las funciones técnico-pedagógicas y las docentes, por tratarse de labores de distinta naturaleza.

Agrega que su representada, mediante el Decreto Alcaldicio N°1048 ordena la reincorporación de la recurrente a sus labores de docencia de aula, por 44 horas cronológicas semanales, a la Escuela de Nihue, por cuanto dicha labor correspondía a la naturaleza de su nombramiento, lo que es concordante con el artículo 42 de la ley N° 19.070, en tanto señala que la destinación solo tendrá lugar respecto de otros establecimientos educacionales, no así al Departamento de Administración y Educación, como ocurrió.

En cuanto a la asignación que la actora dejó de percibir tras la regularización de sus labores hace presente que se produjo un pago improcedente, por no existir un acto administrativo que lo autorizara y fundara, además, de no existir norma legal que la establezca en dichos términos.

Finalmente alude a los derechos constitucionales que se estiman vulnerados por la recurrente, expresando que están abordados de manera genérica en el recurso y que no se entiende cómo el actuar del municipio puede afectarlos, desde que el acto impugnado ha tenido por objeto regularizar una situación que no se ajustaba a derecho.

CUARTO: Que, previo a la vista de la causa comparece la recurrente haciendo presente que la recurrida I. Municipalidad de San Pedro le notificó sobre un nuevo cambio de sus funciones, siendo trasladada desde el Establecimiento G. N° 134 Nilhue al Establecimiento Atalicio nombre reservado de la misma comuna.

Describe que una vez notificada, tuvo que presentarse al día siguiente a este nuevo establecimiento, donde nadie sabía de su llegada ni qué funciones cumpliría, ya que se contaban con todos los docentes de aula, afirmando que es una muestra clara de que su destinación no habría sido coordinada por el Alcalde y Sostenedor de los Establecimientos Educacionales Municipales de San Pedro con la nueva escuela a la que fue trasladada, quedando en evidencia una vez más la vulneración a sus derechos y la inestabilidad laboral, profesional y emocional a la que se ve expuesta de manera arbitraria y antojadiza.

QUINTO: Que, asimismo, comparece doña Arlene Santín Armijo, abogada, en representación de la I. Municipalidad de San Pedro, señalando que el Decreto Alcaldicio N° 1416, de 9 de noviembre de 2021, fue dictado con el objeto de regularizar los decretos alcaldicios que atañen a la actora.

En tal sentido, refiere que el Decreto Alcaldicio N° 1048 tiene un error de forma, ya que se titula “destinación”, mientras que su efecto no era más que la reincorporación de las labores como docente de aula conforme a sus nombramientos.

Explica que actualmente la peticionaria mantiene dos nombramientos, en calidad de titular, por 44 horas cronológicas semanales, en virtud del Decreto Alcaldicio N° 1028, de fecha 24 de diciembre de 2007, que la nombra en calidad de titular, como docente de aula en el Establecimiento Educacional Escuela Atalicio Aguilar Armijo, por 38 horas cronológicas semanales y por el Decreto Alcaldicio N° 855, de fecha 5 de agosto de 2020, que se reconoció en calidad de titular 6 horas cronológicas semanales de extensión horaria en virtud de lo dispuesto en la ley N° 21.176, en el Establecimiento Educacional G N° 134 Nihue.

Refiere que a través del reciente Decreto Alcaldicio N° 1416 se regularizó la situación de la siguiente manera:

1. Deja sin efecto el Decreto Alcaldicio N°199, de fecha 4 de febrero de 2021, a nombre a doña nombre reservado, como Coordinadora de Educación Extraescolar.

2. Deja sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 1.048, de fecha 18 de agosto de 2021, que destina a doña nombre reservado, como Docente de Educación Básica a la Escuela G N°134 Nihue.

3. Reincorpora a nombre reservado en las funciones de docente, en el Establecimiento de la Escuela Atalicio Aguilar Armijo, y Escuela G N° 134 Nihue respectivamente.

SEXTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos indubitados y preexistentes consagrados en la Carta Fundamental, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. En este contexto, resulta que actúa ilegalmente tanto el que se aparta de la preceptiva vigente que lo obliga, como el que desconoce el derecho y obra contra ley o sin seguir lo que la ley le manda. Por su parte, actúa arbitrariamente el que decide y obra a su antojo, por mero capricho, sin razones o argumentos que apoyen su conducta.

En consecuencia, para resolver la procedencia del presente recurso de protección, en primer lugar, debe establecerse la existencia de una conducta ilegal o arbitraria y luego, si con ocasión de ella el recurrente sufre la afectación de alguna de las garantías constitucionales tuteladas por esta vía cautelar.

SÉPTIMO: Que, si bien el acto recurrido es el dictamen N°E143967/2021, de fecha 4 de octubre de 2021, emanado de la II Contraloría Regional Metropolitana, de la lectura del recurso se evidencia que la recurrente pretende también indirectamente atacar por esta vía cautelar el Decreto Alcaldicio N° 1048, de 18 de agosto de 2021, de la Ilustre Municipalidad de San Pedro, toda vez que aun cuando no es el acto recurrido, en el petitorio de su libelo solicita que éste sea dejado sin efecto. Sin embargo, sobre el particular cabe señalar que dicho decreto es de fecha 18 de agosto de 2021, notificado el día 24 del mismo mes y año, por lo que habiéndose interpuesto la presente acción cautelar el día 4 de noviembre de 2021 la extemporaneidad alegada a su respecto por parte de la municipalidad recurrida resulta evidente.

OCTAVO: Que, teniendo presente que el acto recurrido es exclusivamente el dictamen N°E143967/2021, emanado de la II Contraloría Regional Metropolitana, la Municipalidad recurrida carece de legitimación pasiva a su respecto, por cuanto no ha participado en su dictación y no se encuentra en una posición jurídica de dejarlo sin efecto o enmendarlo.

NOVENO: Que, en este orden de ideas, el acto materia de la presente acción cautelar y que es calificado de ilegal y arbitrario por parte de la recurrente es el dictamen N°E143967/2021, de fecha 4 de octubre de 2021, emanado de la II Contraloría Regional Metropolitana a raíz de una petición expresa de doña nombre reservado, quien solicita un pronunciamiento que determine si se ajustó a derecho su destinación desde el cargo de Coordinadora de Educación Extraescolar en el departamento de administración de educación municipal -DAEM-, a labores de docencia de aula en el establecimiento educacional Escuela G N° 134 Nihue en educación básica. Dicho acto en lo conclusivo es del tenor siguiente:

“III. Análisis y conclusión. Ahora bien, del Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado -SIAPER-, que mantiene este Organismo de Control, aparece que mediante el decreto alcaldicio Nº 1.028, de 2007, la recurrente fue nombrada en calidad de titular, por 38 horas cronológicas semanales, para desempeñarse como docente de educación básica en el establecimiento educacional Atalicio nombre reservado.

Enseguida, de acuerdo a lo informado por la mencionada entidad edilicia, la recurrente fue destinada, mediante decreto alcaldicio Nº 310, de 2013, para desempeñarse en el establecimiento G Nº 134, a contar del 1º de marzo de esa anualidad. Asimismo, se advierte que por decreto alcaldicio Nº 855, de 2020, se le reconoció la titularidad de 6 horas de extensión, en las funciones de docente de educación básica, en el mencionado establecimiento educacional.

Luego, consta que por decreto alcaldicio Nº 199, de 2021, se dispuso la destinación de la recurrente, por 44 horas cronológicas semanales, entre el 1 de marzo de 2021 y el 28 de febrero de 2022, para desempeñar la función de docente coordinador de las actividades de educación extraescolares de los establecimientos educacionales de la comuna, y por decreto alcaldicio Nº 1.048, de 18 de agosto de 2021, fue destinada como docente de educación básica en la Escuela G Nº 134 Nihue.

En dicho contexto, cabe precisar, además, que las designaciones que posee la recurrente en calidad de titular, por un total de 44 horas cronológicas semanales, se efectuaron para que aquella ejerciera como docente de educación básica , tareas que acorde con el criterio contenido en el dictamen Nº 23.034, de 2016, corresponden al ejercicio de labores de docencia de aula, y no de funciones técnico pedagógicas -como es la de coordinadora de educación extraescolar- resultado improcedente, por consiguiente, que a la peticionaria se le hubieran asignado funciones que no correspondían a las propias de sus designaciones.

Por consiguiente, cabe concluir que la recurrente nunca debió desempeñarse en virtud de la destinación efectuada por decreto alcaldicio Nº 199, de 2021, como coordinadora de educación extraescolar, pues se trata de labores ajenas a las que originalmente le fueron asignadas en calidad de titular, que corresponden a docencia de aula en educación básica, por lo que esa entidad edilicia deberá regularizar su situación laboral en los términos expuestos, informando de lo obrado a esta Sede Regional dentro del plazo de diez días hábiles administrativos, contado desde la recepción del presente oficio.

Finalmente, cumple con señalar que la circunstancia de que la recurrente deje de trabajar como coordinadora de educación extraescolar para cumplir con labores de aula corresponde a la regularización de su situación laboral, pues solamente se le ordenó desempeñar las funciones propias de su nombramiento como docente (aplica criterio contenido en el dictamen Nº 75.243, de 2012).”

DÉCIMO: Que, consta de los antecedentes que fue nombre reservado quien solicitó un pronunciamiento a Contraloría acerca de si las medidas adoptadas por el Alcalde se ajustan a derecho, atendido el menoscabo tanto emocional, laboral como económicamente que le ocasionarían. Desde esta perspectiva, no es dable sostener que quien solicita un pronunciamiento acerca de un acto cuente a este respecto con un derecho preexistente e indubitado que sea susceptible de ser cautelado por la presente vía extraordinaria ante un resultado adverso a su pretensión y ésta no constituye una instancia de declaración de derechos.

DÉCIMO PRIMERO: Que, adicionalmente, el dictamen recurrido no tiene un carácter decisivo ni aptitud agraviante, por cuanto solo emitió un pronunciamiento jurídico conforme lo requerido respecto de una situación resuelta previamente por un decreto alcaldicio no impugnado y, adicionalmente, dicho dictamen resulta ser un acto intermedio, desde que la recurrente solicitó reconsideración a su respecto y, como tal, no tiene la aptitud de privar, perturbar o amenazar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales tuteladas por esta vía cautelar de urgencia.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, en este contexto, la resolución recurrida no constituye un acto ilegal, pues ha sido dictada por funcionario competente e idóneo, en un proceso legalmente tramitado, dentro del marco de sus atribuciones, a petición de la recurrente, sin que ésta haya cuestionado tal procedimiento sino únicamente la decisión recaída en él. Tampoco es una decisión arbitraria, pues fue dictada al tenor de las alternativas en discusión, dentro del marco normativo correspondiente y debidamente fundado.

DÉCIMO SEGUNDO: Que conforme lo razonado precedentemente, no siendo ilegal ni arbitrario el acto reclamado, deberá rechazarse el presente recurso.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de San Pedro y de la Contraloría General de la República.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción abogada integrante Sra. Bentjerodt.

Rol N° 5714-2021 Protección.

Pronunciada por la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, presidida por el Ministro señor Diego Simpértigue Limare e integrada por el Ministro señor Luis Sepúlveda Coronado y la abogada integrante señora Yasna Bentjerodt Poseck.