Protección contra Contraloría General de la República

En Santiago, a trece de marzo de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el abogado don Arturo Prat Lopicich, en representación de doña nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, interpuso recurso de protección en contra de la Contraloría General de la República, representada por el Contralor don José Faúndez Soto, solicitando dejar sin efecto la resolución N°286/419/2018 de la Contraloría General de la República y que por consiguiente su representada sea reintegrada a sus funciones en “Salud Responde”, Servicio dependiente del Ministerio de Salud, decretándose todas las medidas que se estimen pertinentes para reestablecer el imperio del derecho, con costas.

Afirma que el 30 de Junio de 2016 el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, dictó la resolución afecta N°565 que dispuso la aplicación de medidas disciplinarias en contra de doña nombre reservado, lo que motivó la causa laboral T-852-2017, arribándose en ella a conciliación el 28 de Agosto de 2017 en los siguientes términos: “Las partes dejan constancia que la causal de término de los servicios de la actora, es renuncia voluntaria, establecida en el artículo 159 N°2 del Código del Trabajo, renuncia que es aceptada en este acto por la administración, con cese de funciones el día 16 de mayo de 2017, esto es, antes de que se hiciera efectiva cualquier medida disciplinaria, motivo por el cual la demandada deberá dictar el correspondiente decreto dejando sin efecto las medidas disciplinarias materia de la presente causa en contra de la actora y posteriormente los antecedentes para la respectiva toma de razón, decreto que deberá ser dictado a más tardar el 30 de septiembre del año en curso, bastando para acreditar la presente renuncia voluntaria exclusivamente el acta de la presente audiencia. Se deja expresamente establecido que la sanción administrativa no quedará consignada en la hoja de vida de la funcionaria”.

Agrega que 24 de Octubre de 2017 el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente remitió a la Contraloría la resolución afecta N°0071 que dejó sin efecto la N°565. Sin perjuicio de ello, dicho organismo el 28 de Agosto de 2018 dictó la Resolución N°286/419/2018 señalando “…a la citada persona se le dispuso la aplicación de la medida disciplinaria de destitución…”, agregando que “… resulta necesario cumplir, entre otros, con el requisito establecido en el artículo 12 letra e), de la citada ley 18.834, esto es no haber cesado en el cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación deficiente, o por medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más de cinco años desde la fecha de expiración de funciones, situación última que no acontece en la especie”. A consecuencia de ello el 7 de Septiembre de 2018, la recurrente fue notificada de su desvinculación del Ministerio de Salud.

En cuanto a los derechos afectados refirió que los actos arbitrarios antes expuestos, privan, perturban y amenazan el legítimo ejercicio de los derechos fundamentales resguardados en los números 16° y 17° del artículo 19 de la Constitución, pues el acto es arbitrario al no considerar todos los antecedentes que están a su disposición.

Segundo: Que la recurrida informó el recurso solicitando se desestime por los argumentos que, en síntesis, se señalan a continuación.

Refirió que es improcedente el recurso incoado, porque la resolución N°286/419/2018 consistió en efectuar el control previo de legalidad, imperativo contemplado en los artículos 98 y 99 de la Constitución Política y artículos 1° y 10° de la Ley 10.336. Además, corresponde al Contralor tomar razón de las designaciones a contrata superiores a tres meses, como ocurre en la especie, por lo que, por intermedio del recurso se pretende impugnar la actuación del ente fiscalizador, efectuada en ejercicio de una de sus funciones primordiales de naturaleza constitucional y legal y así velar por el resguardo del principio de jaricada de los actos de la Administración del Estado, a través del examen preventivo de legalidad. La toma de razón constituye un trámite del cual ese Organismo de Control emite, en forma exclusiva, un pronunciamiento respecto de la adecuación o conformidad al ordenamiento jurídico vigente de los decretos o resoluciones afectos a tal control de legalidad y constitucionalidad, el cual no es susceptible de ser impugnado por la vía de interposición de un recurso de protección.

Agregó que el recurso de protección busca reestablecer el imperio del derecho frente a una situación anormal y evidente que atente contra las garantías constitucionales y no la declaración o constitución de derechos.

Expuso que la resolución N°286/419/201898 fue dictada en virtud de las normas de los artículos 6, 7 y 98 de la Constitución Política, artículos 1° y 10° de la Ley 10.336 y Ley 18.834, cuestionándose existencia de ilegalidad.

Añadió que respecto de la arbitrariedad la actuación contra la cual se recurrió no constituyó una acción u omisión arbitraria sino que es resultado del estudio acabado de los antecedentes en torno a la situación planteada, de la interpretación de la normativa vigente y en el ejercicio de una actuación legítima del organismo contralor.

Señaló que se representó el acto administrativo de nombramiento en calidad de contrata de la recurrente por una causal legal, artículo 12 de la Ley 18.834, de inhabilidad, que le impide el ingreso a la administración pública, pues cesó en su cargo por habérsele aplicado mediante resolución N°565 del Servicio de Salud Metropolitano Oriente la medida disciplinaria de destitución respecto de la cual se tomó razón el 3 de Mayo de 2017 y se le notificó el 16 del mismo mes y año generando todos sus efectos a contar de esa fecha, por lo que la recurrente no cumple el requisito legal por la cual fue representado.

Refirió que los servicios públicos no poseen atribuciones para disponer mediante transacción o cualquier forma de acuerdo en juicio laboral, de las medidas disciplinarias aplicadas en un sumario o investigación sumaria. Que el artículo 120 de la Ley 18.834 señala los casos en los que es posible modificar una sanción impuesta, sin contemplar la revocación por razones de mérito u oportunidad utilizada para dejar sin efecto la destitución de la recurrente. Que el artículo 61 letra c) de la Ley 19.880 establece que la revocación no procede, cuando por su naturaleza, la regulación del acto impide que sea dejado sin efecto. Agregó que conforme dictamen N°24.460 de 2018 de la Contraloría, toda autoridad o funcionario que acuerde en juicio o fuera de él dejar sin efecto una medida disciplinaria, incurre en una extralimitación de sus poderes y en responsabilidad administrativa y que en este caso la Directora del Servicio de Salud Metropolitano no estaba facultada para disponer mediante transacción o cualquier tipo de acuerdo, de una medida disciplinaria totalmente tramitada, aplicada en un sumario o investigación sumaria, por lo que se mantiene el impedimento de la interesada para reingresar a la Administración del Estado.

En cuanto a las normas que figuran infringidas, refirió que la recurrente no establece el modo en que se encontrarían conculcadas y en lo que atañe al numeral 17 no se encuentra contemplado en el recurso de protección.

Tercero: Que ordenado informar al tenor del presente recurso don nombre reservado, Jefe de la Dirección Jurídica del Ministerio de Salud, señaló que al tenor de la orden de no innovar decretada en la presente causa, la recurrente fue contactada el 4 de Octubre de 2018 para ser reintegrada a su funciones el 5 de Octubre del mismo año y desde entonces se está desempeñando en la institución. En cuanto al fondo del recurso refirió, en resumen, que es efectivo que se dictó resolución que revocó una medida disciplinaria, lo que tuvo por fundamento la causa T-852-2017 del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

Por último agrega que el 30 de Noviembre de 2018, la recurrente fue notificada de que su contrata ha sido prorrogada a contar del 1 de Enero y hasta el 31 de Diciembre del año en curso.

Cuarto: Que el artículo 20 de la Constitución Política concede acción de protección al que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos que enumera, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Quinto: Que atendido lo anterior, es preciso determinar si ha existido de parte del recurrido un acto ilegal y/o arbitrario que amenace, perturbe o prive a la recurrente del legítimo ejercicio de alguno de los derechos o garantías establecidos en la Constitución Política de la República, especialmente en este caso, de acuerdo a lo señalado por la recurrente, aquellos contemplados en los numerales 16 y 17 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Preciso es señalar en relación a las garantías constitucionales que la recurrente estima vulneradas, que el artículo 20 de la Constitución Política al consagrar dichas garantías no hace referencia a la del N°17 del artículo 19 y respecto a la del N°16, sólo lo hace en relación a la libertad de trabajo, el derecho a su libre elección y contratación y en lo tocante a la negociación colectiva.

Sexto: Que la recurrente hace consistir el acto, que a su juicio es arbitrario, en que la Contraloría General de la República, actuó en forma arbitraria, al dictar la resolución N°286/419/2018 sin considerar todos los antecedentes que están a su disposición, reconociendo que su actuar es legítimo y legal pues actúa en el campo de sus atribuciones.

Séptimo: Que de los antecedentes tenidos a la vista se ha podido establecer que: a) Por resolución N°565 de 30 de Junio de 2016 el Servicio de Salud le aplicó a la recurrente una medida disciplinaria de destitución contemplada en el artículo 121 letra d) de la Ley 18.834, por haber faltado a las obligaciones funcionarias contenidas en el artículo 61 letra g) del mismo cuerpo legal. El 3 de Mayo de 2017 la Contraloría tomó razón de la resolución y notificó a la actora el 16 del mismo mes y año; b) Que la actora el 15 de Julio de 2017 demandó de tutela ante el Primer Juzgado Laboral de Santiago, dando origen a la causa RIT T-852-2017, arribándose en ella a una conciliación por la que se consignó que la causa de término de los servicios fue una renuncia voluntaria conforme el artículo 159 N°2 del Código del Trabajo, cesándose en sus funciones el 16 de Mayo, esto es antes que se hiciera efectiva cualquier medida disciplinaria, debiendo la demandada dictar el correspondiente decreto dejando sin efecto las medidas disciplinarias; c) El 10 de Octubre de 2017 el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente dictó la resolución afecta N°69 que revocó la resolución N°565 de 30 de Junio de 2016 que disponía la aplicación de medida disciplinaria de destitución de la recurrente, encontrándose pendiente su control de legalidad y en similares circunstancias se encuentra la resolución N°71 del mismo Servicio, que dice relación con idéntico contenido del anterior; d) Por resolución N°286/419/2018 el 24 de Noviembre de 2017 la Subsecretaría de Salud Pública nombró a la recurrente en calidad de contrata, acto administrativo que una vez remitido para su examen de legalidad, fue representado por la Contraloría General mediante el oficio TRA N°18.178 de 27 de Agosto de 2018.

Octavo: Que tal como lo ha señalado la actora, la Contraloría al emitir la resolución que se impugna, lo ha hecho en conformidad a las atribuciones que le otorgan los artículos 6, 7 y 8 de la Constitución Política, Ley 10.336, Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República y Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo. De esta manera la actuación impugnada se ha dictado conforme a las facultades generales de fiscalización que dispone la Contraloría General de la República, la que se encuentra dotada de las herramientas pertinentes para que las ejerza con la intensidad que aconseja la conservación del orden administrativo de la República.

Noveno: Que la recurrente señala que la actuación de la Contraloría ha sido arbitraria pues, a su juicio, no consideró todos los antecedentes que estaban a su disposición.

Que a este respecto conviene dejar asentado que una acción arbitraria consiste en un acto o proceder caprichoso, contrario a la justicia o a las leyes, careciendo de razonabilidad en el actuar u omisión.

Que como ya se señaló, la entidad fiscalizadora representó el acto administrativo de nombramiento en calidad de contrata de la recurrente, a quien le afectaba una causal de inhabilidad que le impedía ingresar a la Administración Pública. El artículo 12 de la Ley N°18.834 dispone: “Para ingresar a la Administración del Estado será necesario cumplir los siguientes requisitos:…e) No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación deficiente, o por medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más de cinco años desde la fecha de expiración de funciones…”

Que conforme a los antecedentes ya señalados la Sra. nombre reservado cesó en su cargo por habérsele aplicado mediante resolución N°556 de 2018 del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, la medida disciplinaria de destitución contemplada en la letra d) del artículo 121 del Estatuto Administrativo, tomando la Contraloría razón de ella el 3 de Mayo de 2017 produciendo todos sus efectos y sin haber transcurrido el plazo exigido desde la fecha de expiración de funciones.

Que si bien en una causa laboral existió una transacción judicial y en razón de ello por resoluciones revocatorias N° 69 y 71 del año 2017, se dejó sin efecto la medida disciplinaria aplicada, dicha revocación no podía llevarse a cabo conforme lo establece el artículo 120 de la Ley 18.834, que señala los casos en que es posible modificar una sanción impuesta, sin considerar las razones que tuvo la autoridad para dejar sin efecto la destitución aplicada al recurrente.

Que luego, de haberse considerado la Contraloría todos los antecedentes pertinentes para ello, así como la normativa aplicable, no existe un acto de carácter arbitrario que atente contra las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, en términos que posibilite el resguardo por esta Corte de Apelaciones por medio de la acción cautelar intentada -presupuesto básico que configura el núcleo sustancial de todo recurso de protección-, por lo que deberá rechazarse la acción deducida en estos antecedentes.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del recurso de protección SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección impetrado por don Arturo Prat Lopicich en representación de doña nombre reservado.en lo principal de fojas 14.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministro señora Adriana Sottovia Giménez.

Rol Corte 5708-2018-Pro.

Pronunciada por la Quinta Sala de la I. Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las Ministras señora María Teresa Letelier Ramírez, señora Adriana Sottovia Giménez y señora María Alejandra Pizarro Soto.