Protección contra Municipalidad de Talagante

San Miguel, quince de septiembre de dos mil veinte.

Vistos:

El 6 de enero de 2020, comparecen don nombre reservado y nombre reservado, abogado, domiciliado en domicilio reservado, Región Metropolitana, doña nombre reservado, arquitecto, domiciliada en domicilio reservado, y don nombre reservado, ingeniero en administración de empresas, domiciliado en domicilio reservado, y deducen recurso de protección en contra de la Municipalidad de Talagante, representada legalmente por su alcalde, don Carlos Álvarez Esteban, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, y la Municipalidad de El Monte, representada legalmente por su alcalde, don Francisco Gómez Ramírez, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, por los actos y omisiones que estiman arbitrarias e ilegales, consistentes en reiteradas omisiones de deberes en relación con sus obligaciones de velar por el aseo, la salud pública, la protección del medio ambiente y de sus funciones relacionadas con la fiscalización y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes a la educación y protección del medio ambiente, respecto de los Parques Metropolitanos “Parque Talagante - Río Mapocho” y “Parque El Monte - Río Mapocho”, donde se encuentra el Humedal Continental Riberano denominado “Río Mapocho Poniente o Rural”, lo que vulnera las garantías consagradas en los numerales 1 y 8 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Las recurridas evacuaron los informes solicitados.

A requerimiento de la Corte, también informaron la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Bienes Nacionales.

Se trajeron los autos en relación.

Y teniendo presente:

Primero: Que en primer lugar, los recurrentes describen los Parques Metropolitanos y el Humedal donde las recurridas incurren en las conductas denunciadas. Refieren que el Parque Metropolitano “Talagante - Río Mapocho” está conformado por la ribera urbana del Río Mapocho en su paso por Talagante, con una superficie de 116,04 hectáreas y 4,5 kilímetros de extensión por la ribera. Por su parte, el Parque Metropolitano “El Monte - Río Mapocho” se emplaza en la ribera del río Mapocho en su paso por la comuna de El Monte, con una superficie aproximada de 43 hectáreas y una extensión de 3,4 kilómetros. Indican que ambos fueron incorporados en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) desde el año 2006 mediante la Resolución N° 76 del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago; y, además, desde el 2011, el “Parque Metropolitano Talagante - Río Mapocho” se encuentra establecido en el Plan Regulador Comunal de Talagante (PRC Talagante). En cuando al Humedal “Río Mapocho Poniente o Rural”, exponen que éste se encuentra constituido por las riberas de los Ríos Mapocho y Maipo, que se extiende por las comunas de Peñaflor, Talagante y El Monte, por 19 kilómetros, con una superficie total aproximada de 1.100 hectáreas. Exponen que dicho lugar constituye un humedal atendido el concepto establecido en la Convención de Ramsar sobre “Zonas Húmedas de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de las Aves Acuáticas”, toda vez que corresponde a un ecosistema constituido por un cuerpo de agua cuyo cauce fluye por la Región Metropolitana, en el que existe y se desarrolla flora, fauna y biota acuática. Señalan que la biodiversidad del mismo es de gran valor tanto para la localidad como para los recurrentes en virtud de su biodiversidad, los servicios ecosistémicos y las funciones ecológicas que provee, ya sea para regular los regímenes hidrológicos o para mitigar los efectos del cambio climático.

Invocan diversos estudios que dan cuenta de la biodiversidad del sector. El primero de ellos, realizado por el ingeniero ambiental nombre reservado, da cuenta de una disminución de las áreas naturales y la consiguiente pérdida de hábitat natural producto de vertederos de basura, asentamientos humanos ilegales, animales vagos o asilvestrados, actividades agrícolas, bocatomas, canales de regadío y extracción de aguas, una importante presencia de actividades extractivas y de procesamiento de áridos fluviales, y la presión inmobiliaria desde las áreas urbanas. Luego, citan el estudio del ingeniero forestal nombre reservado que determina la existencia de 38 especies vegetales en la zona. En el mismo sentido, aluden a la investigación desarrollada por la arquitecta nombre reservado, que da cuenta, para la preservación del Humedal, de la necesidad de detener las perturbaciones antrópicas existentes con un Plan de Manejo y Restauración ecológica de la zona, impidiendo la extracción de material, controlando los vertederos ilegales, así como una campaña de educación Ambiental para los habitantes de la comuna de Talagante y comunas aledañas. Por otra parte, citan el estudio realizado por el Centro de Ecología Aplicada (encargado por la empresa Aguas Andinas S.A.) que detectó la presencia de tres tipos de peces en el sector, dos de ellas en estado de conservación vulnerable. También se constató la presencia de aves, reptiles y mamíferos como el coipo, que se encuentra en estado de conservación de preocupación menor. Por último, se refieren al “Estudio de caracterización nombre reservado”, elaborado por la empresa CMAG - Asesorías en Ingeniería y Medio Ambiente, que informa distintas singularidades ambientales.

Explican que los humedales son vitales para la supervivencia humana, y que además de su papel vital como la principal fuente de agua para las poblaciones humanas, juegan un rol importante en mantener la integridad ecológica de la naturaleza. Destacan su rol en la mitigación del cambio climático y en la adaptación de los efectos que este fenómeno trae consigo. Respecto al Humedal Río Mapocho Poniente o Rural identifican las siguientes funciones; es fuente de agua dulce, controla la desertificación, recarga y descarga acuíferos y cumple funciones de depuración del agua; interviene en el control de inundaciones, almacena y secuestra carbono y metano, es fuente de productos, tiene un valor turístico y recreativo; mantiene el microclima; regula el sistema hidrológico a nivel regional; es hábitat de vida silvestre, y conserva la biodiversidad.

Señala, en cuanto al valor ambiental y ecológico que representa el Humedal para las localidades de El Monte y Talagante, que según lo expuesto en el Ordinario N° 358 de 30 de mayo de 2019, del Alcalde de El Monte referido a la autorización de instalación de una planta de áridos en el sector, la política municipal busca recuperar la ribera del río como la cara visible de la comuna, generando identidad ribereña y fomentar el valor natural presente en la zona. Indica que el Municipio de El Monte dictó el Decreto Alcaldicio N° 1934 de 28 de diciembre de 2018 donde se declara la zona del humedal como sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad y de interés medioambiental y turístico para la comuna de El Monte. Por su parte la importancia que tiene el humedal para la comunidad Talagantina ha sido reconocida por el Estado de Chile mediante el Ministerio de Cultura, de las Artes y El Patrimonio que ha ofrecido un recorrido por la ribera dentro de las actividades del día del patrimonio del año 2019.

Hacen presente que el Estado de Chile en el marco de las obligaciones asumidas en virtud del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) se comprometió a implementar acciones para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad, entre las cuales se destacan acciones para proteger los humedales realizadas por diversas ONG.

Explican que el área en la cual se emplazan los Parques Metropolitanos “Parque Talagante Río Mapocho”, “Parque El Monte-Río Mapocho” y el Humedal Mapocho Poniente o Rural constituye un “Corredor Biológico de Montaña”, espacio que proporciona múltiples beneficios tales como la provisión de agua, purificación de aire, formación de suelos, polinización, recreación y sustento de la biodiversidad. Señalan que los lugares indicados se emplazan dentro del área del proyecto denominado “Protegiendo la Biodiversidad y Múltiples Servicios Ecosistémicos en Corredores Biológicos de Montaña, del Ecosistema Mediterráneo de Chile” (o “GEF Montaña). Destacan que, además, las zonas riberanas se constituyen como corredores ecológicos para animales y plantas.

En cuanto a los actos y omisiones ilegales de las recurridas, los actores dividen sus alegaciones en dos grandes acápites. Denuncian, en primer lugar, las vulneraciones en que las Municipalidades han incurrido respecto de las obligaciones consagradas en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; y luego, se refieren a las omisiones en que las recurridas han incurrido relativas al ejercicio de sus funciones como administradoras de los bienes nacionales de uso público.

Respecto a la infracción a la Ley N° 18.965, en primer lugar, exponen que las Municipalidades no han velado por el aseo de la comuna, especialmente en lo que dice relación con el sector en que se encuentra el ecosistema “Humedal Río Mapocho Poniente o Rural”. Previa cita de los artículos 3, 4, y 5 de la Ley Orgánica de Municipalidades, y el artículo 30 del Código de Aguas, señalan que las Municipalidades se encuentran obligadas a realizar labores de limpieza respecto de los cauces y riberas de los ríos situados dentro de los límites comunales, por tratarse de bienes nacionales de uso público, y en especial, los situados dentro de los Parques Metropolitanos y Humedal objeto del presente recurso.

En particular, los actores denuncian que las recurridas no han efectuado las labores necesarias y suficientes para disponer la limpieza, control, retiro y cierre de los vertederos ilegales que se encuentran en los cauces y riberas del Río Mapocho, específicamente los que se emplazan en el sector contiguo al campamento Famae, bajo el Puente Ferroviario, detrás de la población San Enrique, bajo la cancha de Almirante Latorre,y detrás del Parque Tegualda, en la comuna de Talagante. Lo mismo respecto de los sectores de las poblaciones Pedro de Valdivia y San Sebastián, en la comuna de El Monte, afectando los componentes de biodiversidad, suelo, agua y aire de todo el ecosistema.

Hacen presente que la Municipalidad de Talagante ha sido sancionada en dos oportunidades por la Seremi de Salud producto de la acumulación ilegal de residuos denunciada. Alegan que la falta de acciones para disponer el cierre y limpieza de la basura existente en los cauces y riberas del Río Mapocho, afecta el carácter de área verde de uso público que detentan los mencionados Parques Metropolitanos, haciendo ilusorio el ejercicio de derechos de los recurrentes y de toda la comunidad de Talagante y El Monte, de disfrutar los parques que se encuentran dentro del Humedal Rio Mapocho Poniente o Rural, además de incidir en la pérdida, disminución, detrimento o menoscabo de la Diversidad Biológica del Humedal y de los Parques Metropolitanos objeto de la presente acción.

En el mismo orden de ideas, en segundo lugar, sostienen que las recurridas no han cumplido con la labor de velar por la salud pública. Refieren que de acuerdo a los artículos 3 letra f), 4 letras b) e i), 5 letra c) de la Ley Orgánica de Municipalidades, y el artículo 28 de la Ley N° 21.020, de Tenencia Responsable de Animales, las municipalidades deberán efectuar el retiro de los animales vagos que se encuentren en bienes nacionales de uso público, el control de plagas urbanas de importancia sanitaria y la prevención, control y vigilancia de la zoonosis, no obstante, las entidades edilicias han omitido las acciones necesarias para fiscalizar y disponer el retiro de animales vagos y el control de plagas, en el humedal, lo que constituye un riesgo sanitario inminente para los habitantes ribereños y una afectación a la biodiversidad y fauna del ecosistema del Humedal.

En tercer lugar, señalan que las Municipalidades no han realizado labores de información, difusión y educación ambiental en pro de la conservación del sector, infringiendo el deber que sobre ellas recae, según lo establecido en el artículo 4 de la Ley N° 18.695.

Luego, en cuarto lugar, reclaman que las recurridas no han cumplido con su deber de vigilancia ambiental respecto de la extracción de áridos fluviales en el sector. Indican que en las riberas del río Mapocho se llevan a cabo actividades de extracción de áridos fluviales en forma clandestina, sin que las entidades edilicias hayan ejercido sobre ellas sus funciones de fiscalización y sanción. Denuncian que, en el caso de la comuna de El Monte, la extracción ilegal se realiza por las empresas “Áridos Baltierra” y “Hanna Mozó”, sin perjuicio de otras extracciones ilegales realizadas por terceros. En relación al Municipio de Talagante, señalan que mediante Decreto Alcaldicio N° 4858-2013 se le otorgó permiso precario a la empresa “nombre reservado y Cía Ltda.” para instalar una planta de procesamiento de áridos en el sector La Palma. Al respecto la Contraloría General de la República efectuó una auditoría, en cuyo informe final, N° 447 de 2017 determinó la existencia de varias irregularidades y dispuso que de no validarse dentro de 60 días por el Director de Control de la Municipalidad la actividad de extracción de áridos realizada por la empresa nombre reservado y Cía. Ltda., debía ponerse término a la misma. No obstante, las obras siguen en funcionamiento pese a lo instruido por la Contraloría y a la evidente degradación del medio ambiente que se observa a simple vista y que se mantienen vigentes a la fecha de presentar la acción constitucional.

Al efecto, afirman que las Municipalidades de Talagante y El Monte, han dilatado y omitido caprichosamente el ejercicio de sus facultades invalidatorias para poner término a las autorizaciones y patentes otorgadas a terceros para la extracción de áridos fluviales desde el Río Mapocho, en uso de las facultades que le entrega al efecto el artículo 160 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, respecto de establecimientos dedicados a la extracción, procesamiento y almacenamiento de áridos en cada una de sus jurisdicciones, fundado en las molestias que dichas actividades le producen a sus comunidades, las que se han exteriorizado en continuas marchas de rechazo hacia la actividad de extracción de áridos desde el Río Mapocho, además de lo prevenido al efecto por la ley N° 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente.

En quinto lugar, indican que las recurridas han incurrido en actos u omisiones ilegales por el insuficiente ejercicio de sus facultades reglamentarias para evitar, aminorar o hacer cesar las consecuencias adversas para el medio ambiente producto de las actividades antrópicas realizadas en las localidades.

Recalcan que las Municipalidades, según lo establecido por el artículo 63 letra i) de la ley N° 18.695, cuentan con la facultad para dictar resoluciones obligatorias de carácter general para evitar o aminorar las consecuencias adversas para el medio ambiente, descritas en el presente recurso. Denuncian que ninguna de las Municipalidades recurridas cuenta con un Plan Comunal de Desarrollo según lo establecido en el artículo 6 de la Ley N° 18.695, ni han elaborado un anteproyecto de ordenanza ambiental.

En un segundo acápite de actos u omisiones ilegales, relativas a la administración de los bienes nacionales de uso público, los actores indican como primer punto que las recurridas han incurrido en una omisión ilegal al no instar para que la autoridad competente, a saber, el Ministerio de Bienes Nacionales fije de oficio los límites del cauce natural del Río Mapocho y por ende del Humedal Continental que confirma dicho sistema, inactividad que afecta la conservación y uso del nombre reservado; y para garantizar el libre acceso al nombre reservado. Hacen presente que las Municipalidades deben ejercer la facultad omitida atendidas las obligaciones internacionales que el Estado de Chile ha asumido como consecuencia de la suscripción de diversos convenios internacionales, esto es, la Convención de Washington, la Convención de Ramsar, la Convención sobre Biodiversidad y la Convención Marco sobre Cambio Climático y lo dispuesto en la “Estrategia Nacional de la Biodiversidad 2017-2030” y en la letra c) del artículo 5° de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Además señalan que las recurridas han omitido ejercer las acciones ante el Ministerio de Bienes Nacionales para velar por el libre acceso al Río Mapocho en su recorrido por las comunas de Talagante y el Monte, para fines turísticos y de pesca, toda vez que las vías de acceso al mismo se encuentran ubicadas en sectores aledaños a los puentes existentes en las comunas de Talagante y El Monte, lugares por los cuales no se puede transitar ni acceder fácil y expeditamente al nombre reservado, en atención a la falta de señalética y que los accesos se encuentran emplazados en zonas de ocupaciones ilegales o convertidos en basurales clandestinos, o porque éstos se encuentran contaminados con rellenos, residuos de todo tipo y animales abandonados, vagos o asilvestrados.

En segundo lugar, sostienen que las recurridas también han incurrido en omisiones ilegales al no impulsar las acciones necesarias y suficientes para que el Ministerio de Bienes Nacionales declare de oficio, la cuenca del Río Mapocho en sus secciones que recorren las comunas de Talagante y El Monte, como un nombre reservado (BNP). En tercer lugar, alegan que las municipalidades recurridas han incurrido en omisiones ilegales al no ejecutar acciones necesarias y suficientes para que el Ministerio de Medio Ambiente declare de oficio, el Humedal Río Mapocho Poniente, como un sitio prioritario para la Conservación de la Biodiversidad y/o se incluya en el Plan Nacional de Protección de Humedales.

En cuanto a las garantías constitucionales conculcadas, en primer término, en lo referente al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas exponen que la gran cantidad de animales abandonados, vagos o asilvestrados, y la existencia de rellenos y/o basurales ilegales en los Parques Metropolitanos donde se encuentra el Humedal, provocan a los recurrentes, y a la comunidad que los visita, un serio y real peligro en su seguridad e integridad física por verse expuestos a un foco de insalubridad, olores molestos y atracciones de vectores de interés sanitario. A su vez, las situaciones denunciadas también repercuten a nivel emocional en los actores y en la comunidad en general ya que disponen de dos parques intercomunales que no pueden usar, gozar y disfrutar, en comunas donde las áreas verdes son escasas y la población ha aumentado significativamente.

Por otro lado, en segundo término, también se vulnera el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación al incumplir los deberes que se entregan a los municipios, referidos a la conservación del patrimonio ambiental y la preservación de la naturaleza, a través de instrumentos de gestión local contenidos en ley N° 18.695 (LOCM), que son: el Plan Comunal de Desarrollo, regulado en el artículo 6°, y; el Anteproyecto de Ordenanza Ambiental, previsto en el artículo 24 letra f). Además de los instrumentos ya mencionados, los municipios cuentan con facultades reglamentarias generales, suficientes, que les permiten declarar la zona del Humedal Mapocho Poniente o Rural como sitio prioritario para la conservación de la Biodiversidad, de interés medioambiental y turístico para cada una de sus comunas, o dictar ordenanzas generales, donde se establezcan los criterios mínimos respecto del uso racional de los humedales urbanos presentes en los límites de cada comuna, como también poseen facultades invalidatorias suficientes para hacer cesar de inmediato cualquier concesión, permiso, patente o acto que ampare la actividad de extracción o tratamiento de áridos en las riberas de los ríos o cauces ubicados dentro de sus límites comunales por ser contraria al equilibrio ecológico de los objetos de protección de la presente acción.

Finalmente, solicitan que se declare que la omisión reiterada de los deberes de los municipios recurridos son arbitrarios e ilegales, que afectan las garantías constitucionales invocadas, y, en consecuencia, se ordene restablecer el imperio del Derecho, señalando las acciones necesarias para cautelar debidamente el aseo y ornato, la salud pública y la protección del medio ambiente de los parques metropolitanos: “Parque Talagante - Río Mapocho” y “Parque El Monte - Río Mapocho”, de sus ecosistemas y en especial del ecosistema tipo humedal continental riberano, existente en toda la zona, denominado como “Humedal Río Mapocho Poniente o Rural”, con costas; proponiendo para tales efectos, además, las siguientes medidas:

a).- que se decrete que las municipalidades recurridas deberán dentro de sus límites comunales:

1.- retirar la totalidad de la basura existente al interior de los Parques Metropolitanos, “Parque Talagante - Río Mapocho” y “Parque El Monte - Río Mapocho”, al igual que en el área que comprende el Humedal Continental “Río Mapocho Poniente o Rural”;

2.- retirar la totalidad de los animales abandonados, vagos o asilvestrados, existentes al interior de los Parques Metropolitanos, “Parque Talagante - Río Mapocho” y “Parque El Monte - Río Mapocho”, al igual que en el área que comprende el Humedal Continental “Río Mapocho Poniente o Rural”;

3.- realizar el control de plagas urbanas de importancia sanitaria y la prevención, control y vigilancia de zoonosis, al interior de los referidos parques y humedal;

4.- cercar el perímetro de los Parques Metropolitanos y del Humedal, a fin de permitir la regeneración y protección de los ecosistemas existentes en la zona del Humedal, y evitar que se siga acumulando basura en sus riberas y el ingreso de animales abandonados, vagos o asilvestrados, que depredan dicho ecosistema;

b).- que se decrete que las municipalidades recurridas deberán:

5.- ejercer sus facultades, invalidando y poniendo término a los permisos precarios que han sido otorgados para la extracción y procesamiento de Áridos en el cauce del Río Mapocho, al igual que las patentes comerciales que amparan dichas actividades;

6.- ejecutar dentro de seis meses, un plan de trabajo integral que ponga en valor la relevancia para el Medio Ambiente de las localidades, el cuidado, protección y conservación de la Biodiversidad existente en los mencionados Parques Metropolitanos y Humedal, a través del fomento en los planes de estudio de los colegios que se encuentran a cargo de cada Corporación Municipal de Educación, la instalación de señalética, zonas de observación, casetas de avistamiento de aves, programas de control de animales vagos en las riberas del río Mapocho, programas de tenencia responsable de animales, entre otros;

7.- elaborar y presentar, dentro de seis meses, un estudio que considere el diagnóstico y plan de reparación de los ecosistemas afectados a fin de recuperar la condición ecológica y los servicios ecosistémicos existentes al interior de los señalados Parques Metropolitanos y de cada una de las zonas que componen el Humedal, el monitoreo de sus cuerpos de agua, el monitoreo de los servicios ecosistémicos, el monitoreo estacional de la avifauna silvestre y biota acuática, todo lo anterior con informes semestrales remitidos a la Dirección Regional de Aguas y la SEREMI de Medio Ambiente por el plazo de cinco años;

8.- realizar las acciones necesarias y suficientes ante el Ministerio de Bienes Nacionales, para que el Humedal Río Mapocho Poniente o Rural sea declarado como sitio prioritario para la conservación de la Biodiversidad, o bien, sea incluido en el Plan de Protección de Humedales a cargo del Ministerio de Medio Ambiente;

9.- realizar las acciones necesarias y suficientes ante el Ministerio de Bienes Nacionales, para que se proceda a realizar los estudios e informes necesarios, a fin de declarar la cuenca del Río Mapocho, secciones Talagante y El Monte, como nombre reservado;

10.- realizar las acciones necesarias y suficientes ante el Ministerio de Bienes Nacionales, para que se garantice el libre acceso a la cuenca del Río Mapocho, en su paso por las comunas de Talagante y El Monte.

Segundo: Que, el 31 de marzo pasado, informa al tenor del recurso don nombre reservado, Director Jurídico Municipal, en representación de la recurrida Municipalidad de Talagante, solicitando su rechazo, con costas.

Señala que, a su juicio, los recurrentes imputan “a la bandada” sin precisión, actos u omisiones ilegales por parte de los Municipios de Talagante y El Monte, en relación con la obligación de velar por el aseo de la comuna, la salud pública y falta de fiscalización, entre otras; en especial en los Parques Metropolitanos “Parque Talagante - Río Mapocho”, “Parque El Monte - Río Mapocho”, y en los cauces y riberas situados dentro de los límites comunales, donde se encuentra el ecosistema “Humedal Río Mapocho Poniente o Rural”. Por lo anterior, indica que informa y entrega elementos de juicio, a fin que esta Corte pueda justipreciar los esfuerzos municipales por mantener el cuidado e higiene del borde del río Mapocho, y las acciones implementadas durante los años anteriores y el presente.

En primer término, refiere que en relación con el supuesto microbasural emplazado en el interior del Parque Tegualda, la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato ha definido un espacio cercano a la ribera del río con el objeto de acopiar material orgánico con fines de compostaje y abono para las diversas especies vegetales. En cuanto a los microbasurales existentes a la altura del puente ferroviario de la comuna y sector Famae, la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato ha debido redoblar sus esfuerzos a fin de controlar la existencia de microbasurales en esos y varios puntos de la comuna producto de la irresponsabilidad de inescrupulosos que depositan todo tipo de basura en espacios públicos. Se han realizado de manera periódica acciones de limpieza, instalación de señalética y fiscalización con el objeto de mantener el control sobre dichos focos. A modo de estadística, señala que entre los meses de enero y diciembre de 2018 se dispusieron de 1.877 toneladas de residuos, sólo producto de la erradicación de microbasurales de la comuna, con costos cercanos a $15.072.310. Indica que en los espacios a que se refiere el recurso, durante el año 2019 se extrajeron 293,03 toneladas de residuos.

Expresa que es imposible clausurar o cerrar un nombre reservado de uso público, por lo que su representada está en constante fiscalización y control de la zona, no obstante, hace presente los escasos recursos con los que cuenta para realizar dichas funciones y la dificultad propia de su control ante la presencia de inescrupulosos que durante la noche botan todo tipo de desechos en el lugar. Refiere en detalle diversas labores de retiro de ramas realizadas desde el lugar de acopio para ramas al interior del Parque Tegualda, durante el año 2018, específicamente los días 1 y 29 de agosto, 6 de septiembre y 16 de octubre, se retiraron 5,95, 7,3, 11,14 y 6,11 toneladas, respectivamente; y en el mes de junio de 2018 se realizó la limpieza del interior del Parque Tegualda contratando una retroexcavadora por 15 horas por un valor de $419.475 IVA incluido. El lunes 19 de noviembre de 2018, se retiraron un total de 12,63 toneladas en Ribera Río, Sector Tegualda, situación que se mantiene hasta la actualidad.

En cuanto a los microbasurales existentes a la altura del puente ferroviario en el lecho del río de la comuna, durante el año 2019 se contrataron retroexcavadoras tipo oruga para el retiro de escombros. En el caso del sector Famae, indica que en el año 2019 la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato redobló el esfuerzo para controlar la existencia de microbasurales y en dichos operativos se extrajeron 37,55 toneladas de basura y escombros, entre otros residuos.

En relación con el asentamiento ilegal de personas que se esboza en la acción constitucional, indica que la autoridad llamada a impedir la instalación de poblaciones ilegales en terrenos de dominio público corresponde al gobernador provincial. No obstante, la municipalidad a la que representa ha asistido a dichos pobladores para que postulen a proyectos de viviendas sociales y solicitó información por medio del oficio ordinario N° 176 de 2018, a la Secretaría Técnica Regional, Aldeas y Campamentos, del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana, con la finalidad de buscar una solución integral al grupo de familias que habitan en la zona ribereña del Río Mapocho.

Respecto del vertedero en el sector del Puente Ferroviario, expone que según da cuenta la Jefa del Departamento de Inspección y Fiscalización de la Dirección de Obras del Municipio, en febrero de 2019 se efectuó una visita inspectiva por profesionales de esa repartición, oportunidad en que se constató que había cerdos y cercos precarios que serían de personas que habitan el lugar. Agrega que lo anteriormente expuesto fue materia de investigación de la Contraloría General de la República, organismo que informó mediante Oficio N° 3910 de 4 de abril de 2019, que concluyó que no se advierten omisiones en relación con las funciones que competen tanto a la Intendencia Regional como a la Municipalidad de Talagante.

Concluye, en este punto, que la Municipalidad siempre ha realizado de manera periódica acciones de limpieza, instalación de señalética y fiscalización con el objeto de mantener el control sobre focos habituales de depósito de basuras, cuestión de mayor complejidad pues se trata de espacios abiertos emplazados en bienes nacionales de uso público, pero es muy difícil controlar las acciones de personas que en horas de la noche depositan todo tipo de escombros y basuras, ya que es una fuente de prestación ilegal de retiro de escombros en la cual todas las autoridades debieran controlar en la detección y sanción.

Acompaña un cuadro de los gastos incurridos en el combate contra los microbasurales de la comuna y en la limpieza de la ribera del río. Menciona que sólo por concepto del operativo especial de limpieza de la ribera del río en julio de 2019, oportunidad en la que se retiraron 1.001,27 toneladas de basura se incurrió en un gasto de $4.181.724.

Sobre la fiscalización de la actividad de extracción de áridos desde el río Mapocho, informa que la Dirección de Obras es la unidad municipal encargada de las actividades relacionadas con extracción de áridos en los ríos Mapocho y Maipo dentro de la comuna de Talagante, respecto a lo señalado en el recurso sobre la falta de fiscalización, adjunta el Of. Ord. N° 80 de 30 de marzo de 2020 de DOM, con los informes de fiscalizaciones y denuncias en el Juzgado de Policía Local, efectuadas desde marzo 2017 a noviembre 2019, que dan cuenta que el municipio sí ha ejercido la función fiscalizadora, llegando a la paralización de obras.

Respecto al permiso que detentaba don nombre reservado, para la explotación mecanizada de áridos del Río Mapocho, expresa que mediante Decreto N° 5.573 de 4 de diciembre de 2017, se le revocó el permiso otorgado por Decreto Exento N° 2.249, de 12 de Septiembre de 2005; por Decreto N° 5.574 de 4 de diciembre de 2017, se le caducó el permiso, otorgado por Decreto Exento N° 1.824, de 18 de mayo de 2009, con lo que cesó toda actividad extractiva, subsistiendo sólo un permiso para ocupación de nombre reservado de uso público otorgado por Decreto N° 4.859 de 8 de noviembre de 2013, para la labor exclusiva de acopio de materiales, sin embargo, mediante Decreto N° 826 de 28 de febrero de 2020, se revocó el permiso de ocupación de nombre reservado de uso público otorgado mediante Decreto Exento N° 4.858, de 8 de noviembre de 2013, para la instalación de una planta mecanizada de procesamiento de áridos, en una superficie de 33.500 metros cuadrados, en la parcela 11 camino a Melipilla. Junto con ello, a través del Decreto N° 855 de la misma fecha, se caducó la patente comercial Rol 2-60227 del giro de procesamiento y venta de áridos a nombre de nombre reservado y Cía. Ltda., otorgada por Decreto Exento N° 5.267 de 5 de diciembre de 2013, al no contar con un local, oficina, establecimiento, kiosco o lugar determinado, para realizar la actividad lucrativa.

Por otra parte, sostiene que la presente acción es inadmisible por falta de legitimación activa de los recurrentes, atendido que no les asiste un derecho subjetivo que pueda encontrarse en algún grado de afectación. Señala que el recurso de protección no es una acción popular y, por consiguiente, se requiere precisar quiénes y cómo serían las personas afectadas en sus derechos de forma puntual, cierta y determinada, cuestión que no concurre en autos. Asimismo, sostiene que si no existe una garantía constitucional agraviada no puede darse lugar al recurso incoado, aunque hipotéticamente el acto impugnado pudiese tacharse de ilegal o arbitrario. Además, señala que debe demostrarse una relación de causalidad entre el acto que se estima ilegal o arbitrario y el agravio a la garantía constitucional conculcada.

Expone que no debe confundirse el deber del Estado en materia de protección ambiental, con la posibilidad de impugnar un eventual incumplimiento por la vía del recurso de protección. Explica que dicho deber no es susceptible de ser exigido a través de la acción de protección toda vez que el artículo 20 de la Constitución sólo contempla, para ser aducido en sede proteccional, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y lo sancionado son las acciones ilegales y arbitrarias que lo afecten no el incumplimiento genérico de un deber como es el caso.

Señala que del texto de la acción presentada no se deduce cómo se produce una amenaza al derecho a la vida e integridad física y psíquica, lo que no se condice con lo dispuesto por el número 26 del artículo 19 de la Carta Fundamental que proscribe una afectación esencial de los diversos derechos garantizados en el mismo cuerpo normativo.

En cuanto a las diez peticiones concretas incoadas por los recurrentes, puntualiza que nueve de ellas corresponden a la implementación y diseño de políticas públicas que exceden las facultades de esta Corte, y que corresponden, en propiedad, a otros órganos del Estado.

Tercero: Que, el 31 de marzo último, informa al tenor del recurso don Francisco Gómez Ramírez, alcalde de la Municipalidad de El Monte, solicitando el rechazo de la acción constitucional, con costas.

Señala, luego de referir las supuestas acciones y omisiones que le imputan los recurrentes, que todas las cuestiones planteadas resultan de interés prioritario para el municipio, por lo que han desplegado una serie de acciones tendientes a velar por el aseo de la comuna, la salud pública, la protección del medio ambiente y de sus funciones y competencias relacionadas con la fiscalización y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, correspondientes a la educación y protección del medio ambiente.

Enumera y explica un total de veinte acciones concretas desarrolladas para tales fines, abarcando jornadas y actividades de concientización y educación, instalación de puntos verdes, programas de descontaminación barrial, mesas de trabajo, operativos de limpieza para eliminación de microbasurales, mantención de ribera en los sectores que señala el recurso y operativos de limpieza en los mismos, levantamiento de línea base en Ecoparque ribereño, sector “Entre Puentes”.

Añade que dada la falta de recursos municipales ha celebrado diversos convenios con entidades públicas y privadas para la materialización de acciones de cuidado ambiental, entre ellos, convenios con el Ministerio de Medio Ambiente, Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, Gobierno Regional Metropolitano, Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Corporación Nacional Forestal y Ministerio de Vivienda y Urbanismo a fin de erradicar los campamentos ubicados en el sector para su posterior recuperación, siendo la acción de los asentamientos humanos irregulares uno de los aspectos que más incide en la contaminación del borde del río.

En consecuencia, niega las imputaciones realizadas por los recurrentes en cuanto al control de animales vagos o asilvestrados, y a la ausencia de acciones respecto a microbasurales y abandono de los parques. Al efecto, señala que el municipio ha efectuado acciones concretas tendientes a controlar, prevenir y reubicar animales, perros vagos o asilvestrados, como la suscripción del convenio de colaboración entre la municipalidad y la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, de 15 de abril de 2019, y el convenio de colaboración para control, prevención y reubicación de caninos callejeros suscrito con el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, de 15 de enero de 2019. Respecto de “la existencia de rellenos y/o basurales ilegales”, indica que ha desplegado acciones permanentes de limpieza de microbasurales y de la ribera del río Mapocho, tales como Mesa de Trabajo Mapocho Rural; Operativos de Limpieza para eliminación de microbasurales; Mantención Ecológica Riberas Río Mapocho; Operativos de limpieza en riberas de río con participación ciudadana y eliminación de microbasurales con plantación de árboles. En cuanto al abandono de los parques, refiere el trabajo desarrollado con la Universidad de Humanismo Cristiano que tiende a ejecutar un ambicioso proyecto de Ecoparque Ribereño. También, y fruto del trabajo de la misma universidad, la Municipalidad de El Monte se ha propuesto el desafío de construir un parque fluvial en la ribera norte del cauce, que abarca una parte de los 7 kilómetros de río que bordea la comuna, y para ello la mencionada universidad ha ofrecido su apoyo para colaborar en el levantamiento de información y poder aportar en el proceso de elaboración del proyecto, lo que se ve plasmado en el documento denominado “Informe Final Práctica Progresiva Proyecto de Parque Fluvial Comuna de El Monte”, elaborado por el Equipo Escuela de Geografía, Taller V, Investigación e Intervención en Regiones.

Cuarto: Que a requerimiento de esta Corte, el 10 de julio último, informa don nombre reservado, Subsecretario del Ministerio del Medio Ambiente, respecto a la situación jurídica del Humedal Río Mapocho Poniente o Rural, y las acciones que ha adoptado en conjunto con las municipalidades recurridas para su protección.

Al respecto, señala que los Parques Metropolitanos “Parque Talagante - Río Mapocho” y “Parque El Monte - Río Mapocho”, donde se encuentra el Humedal Río Mapocho Poniente o Rural, ubicados en las comunas de El Monte y Talagante, fueron establecidos como tales por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) a través de la Ordenanza del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) que en su artículo 5.2.2 define a los “Parques Metropolitanos como áreas verdes de uso público de carácter metropolitano que pueden acoger actividades relacionadas con lo recreacional, deportivo, de culto, cultural, científico, de esparcimiento y turismo al aire libre. Los usos antes mencionados deberán ser complementarios y compatibles con el carácter de área verde de uso público, su valor paisajístico o su equilibrio ecológico”.

En cuanto a los instrumentos de planificación territorial que rigen en las comunas de El Monte y Talagante, refiere que no se han actualizado los Planes Reguladores Comunales respectivos, por lo que el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) no ha participado en la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de dichos instrumentos. Precisa que la EAE busca promover y acompañar, desde sus primeros pasos, la incorporación de consideraciones ambientales en Políticas Públicas y Planes con miras a impulsar la planificación sustentable en el país.

Añade que la ley 21.202 de 2020, del Ministerio del Medio Ambiente, que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos, establece que el Ministerio puede declarar humedales urbanos ya sea de oficio o a petición del municipio respectivo, y que este último puede solicitar dicha declaratoria una vez elaborado y aprobado el Reglamento por el ministerio, suscrito también por el Ministro de Obras Públicas, que definirá los criterios mínimos para la sustentabilidad de los humedales urbanos, a fin de resguardar sus características ecológicas y su funcionamiento, y de mantener el régimen hidrológico, tanto superficial como subterráneo. Indica que el reglamento se encuentra en etapa de elaboración por parte del MMA; no obstante, hasta la fecha del informe, no cuenta con información que dé cuenta del interés de los Municipios de El Monte y Talagante para solicitar dicha declaratoria.

En cuanto a las acciones adoptadas en conjunto con las municipalidades recurridas, informa que el MMA se encuentra realizando acciones orientadas a la conservación del Humedal Río Mapocho Poniente o Rural, a través del Proyecto GEF Corredores Biológicos de Montaña (GEF Montaña), que es una iniciativa del MMA financiada por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF por sus siglas en inglés) y apoyada por la agencia internacional ONU Medio Ambiente. Dicho proyecto busca proteger la biodiversidad y los múltiples servicios ecosistémicos de las regiones Metropolitana y parte de Valparaíso.

Explica que las acciones del ministerio a través de este proyecto buscan mitigar las principales amenazas que afectan a la biodiversidad, como la pérdida, fragmentación y degradación del hábitat provocado por la expansión urbana y agrícola, los incendios, el aumento de especies invasoras y ferales, la deforestación del bosque nativo, la extracción de tierra de hojas, el sobrepastoreo y la contaminación ambiental en general; siendo uno de sus lineamientos más relevantes fortalecer el rol de la gestión ambiental local realizada por los municipios. Al efecto, indica que el proyecto trabaja con 36 municipios, dentro de los cuales se encuentran los municipios de El Monte y Talagante, con ellos a través del proyecto GEF el Ministerio se encuentra impulsando diversas acciones con el objetivo de recuperar el ecosistema ripariano del río Mapocho; poner en valor los servicios ecosistémicos que ofrece a la comunidad; y potenciar el corredor biológico del río Mapocho en ambas comunas, a través de iniciativas, tales como la creación de un Ecoparque, senderos interpretativos, recuperación de humedales, ordenanzas municipales que protejan la biodiversidad, campañas de limpieza participativas, entre otras.

Señala que hoy en día, el ecosistema ripariano del río Mapocho en esas comunas está fuertemente afectado por la expansión de la ciudad, la contaminación ambiental (contaminación de agua por uso de productos agroquímicos como fertilizantes y pesticidas, microbasurales, etc.), la sobreexplotación de recursos naturales debido a la extracción de áridos, y deforestación del bosque hidrófilo. Estas afectaciones contribuyen a la pérdida de biodiversidad local y reducen la resiliencia de este humedal urbano.

Detalla la existencia del “Plan Maestro Borde Ríos Maipo y Mapocho, correspondiente a las secciones de las comunas de Isla de Maipo; el Monte: Talagante y Peñaflor”. Explica que el Proyecto GEF Montaña junto a la SEREMI del Medio Ambiente de la Región Metropolitana y a los municipios antes mencionados, se encuentran impulsando la creación de un instrumento que colabore en unificar la visión sobre los ríos Mapocho y Maipo, junto con proponer acciones y medidas coordinadas entre municipios y gobierno central, que aporten en la recuperación y conservación del ecosistema ribereño y fomente la buena gobernanza de este ecosistema. Indica que se está realizando una consultoría de apoyo que busca elaborar el Plan Maestro para el borde de los ríos Mapocho y Maipo, para las comunas de Isla de Maipo, El Monte, Talagante y Peñaflor, considerando la articulación con los diferentes actores del territorio; aunando iniciativas actuales y gestiones futuras, que compatibilicen objetivos y necesidades de desarrollo local, con la conservación, recuperación y resguardo de las características y funciones ambientales de este corredor biológico, humedal urbano, acorde con soluciones basadas en la naturaleza; y considerando distintas escalas territoriales de trabajo (regional, provincial, intercomunal, comunal y seccional). Los objetivos específicos de la consultoría son: caracterizar y diagnosticar el paisaje ribereño de los ríos Mapocho y Maipo en las comunas de El Monte, Peñaflor, Isla de Maipo y Talagante desde una perspectiva sistémica; desarrollar una propuesta Plan Maestro del Borde Ríos, que refleje la vocación de cada comuna y tipología de uso de suelo; proponer proyectos para el mejoramiento del corredor biológico de río Mapocho y Maipo; desarrollar Perfil de Proyecto para “Proyectos Detonantes”.

Aduce además que en la comuna de El Monte, el Proyecto GEF Montaña apoya al municipio en el desarrollo del “Ecoparque Entre Puentes”, financiando el diseño urbanístico que contempla la protección de la biodiversidad. El Ecoparque consiste en el desarrollo de un parque en el borde del río entre los dos puentes principales de la comuna; incluye una zonificación; y un diseño de paisaje para el área ya definida con el municipio contando con áreas de protección, educación y recreación. Agrega que el ministerio ha apoyado y participado en 3 campañas de limpieza del borde del río Mapocho, que fueron organizadas por el municipio con participación de la comunidad. Sumado a esto, el municipio de El Monte ha manifestado su interés en crear una Reserva Natural Municipal en dicha área de Ecoparque. El MMA por medio del Proyecto GEF Montaña, apoyará el proceso de creación de dicha reserva.

Agrega como otras acciones realizadas con ambos municipios, que el Proyecto GEF Montaña está terminando un proceso de Planificación Ecológica a escala local, para el desarrollo de una Ordenanza Modelo de Protección de la Biodiversidad en ambas comunas, a partir del año 2021, ordenanzas municipales que el ministerio a través del GEF Montaña acompañará en el diseño; y, la implementación del Programa de Aprendizaje Significativo, que en los municipios recurridos se ha propuesto abordar el contexto socioambiental del río Mapocho con la intencionalidad de generar sensibilización y articulación dentro de los funcionarios municipales y los actores claves de la comunidad.

Quinto: Que a requerimiento de esta Corte, el 16 de julio del año en curso, informa nombre reservado, Jefe (s) de la división jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales, respecto de los deslindes del nombre reservado de uso público correspondiente a los Parques Metropolitanos objeto del recurso, ubicados en el Humedal Río Mapocho Poniente o Rural.

Al efecto, indica que de acuerdo al Catastro Nacional de ese ministerio, los Parques Metropolitanos denominados Parque Talagante - Río Mapocho y Parque El Monte - Río Mapocho no son inmuebles fiscales administrados por el Ministerio de Bienes Nacionales; y no ha dictado actos administrativos en relación a la atribución de fijación de deslindes entre propietarios riberanos con los cauces de ríos, lagos o esteros en el sector, en conformidad al Decreto Supremo N° 609 de 1979.

Añade que, no obstante ello, mediante Resolución N° 76 de 24 de octubre de 2006 del Consejo Regional de Desarrollo de la Región Metropolitana, se modificó el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, incorporándose como nuevos Parques Metropolitanos los consultados. En cuanto a las condiciones técnico urbanísticas, así como los planos que grafiquen dichos parques, indica que deben estar en poder del Consejo antes mencionado y/o del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el que, agrega, de acuerdo al D.S N° 112 de 2015, cuenta con un programa y catastro de parques urbanos.

Sexto: Que a requerimiento de esta Corte, por oficio ordinario N° 2.613 de 27 de julio del año en curso, doña nombre reservado, Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, adjunta copia de los sumarios sanitarios incoados contra las Municipalidades de El Monte (7) y Talagante (1), siendo sólo dos de ellos referentes a los hechos que fundan el recurso, seguidos con la Municipalidad de El Monte. Los dos sumarios corresponden al rol 3.836-2019, iniciado por acta de fiscalización de 22 de agosto de 2019, concerniente a basura, en que se dictó sentencia el 17 de abril de 2020, que le impuso una multa de 30 unidades tributarias mensuales; y el rol 402-2019, iniciado por acta de fiscalización de 24 de enero de 2019, referido a vertedero ilegal de residuos, en que se dictó sentencia el 11 de junio de 2019, que le aplicó una multa de 20 unidades tributarias mensuales.

Séptimo: Que la parte recurrente, mediante presentaciones de 6 de enero y 11 de marzo de 2020, acompañó: 1.- copia de sumario sanitario N° 4.500-2018, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana; por hechos constatados el 22 y 23 de octubre de 2018: referidos a disposición ilegal de residuos (vertederos ilegales) en sectores ubicados en la ribera del Río Mapocho y en Parque Tegualda; por sentencia de 22 de noviembre de 2018, se impuso una multa a la Municipalidad de Talagante de 20 UTM; 2.- copia de Resolución Exenta N° 003011, de 3 de mayo de 2019, del Ministerio de Salud, relativa a sentencia recaída en expedientes sobre sumarios sanitarios Nos. 1.465-2019, 1.466-2019 y 1.467-2019, iniciados el 5 de marzo de 2019 por actas de fiscalización en vertederos ilegales en la ribera del Río Mapocho, final de calle José Leyan, avenida Costanera, Mapocho Sur 1.325 y ribera del Río Mapocho S/N, en la comuna de Talagante, que impone multa de 25 UTM; 3.- Decreto Alcaldicio N° 4.858, de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Talagante, que otorga permiso de ocupación de nombre reservado de uso público a nombre reservado y Cía Ltda., RUT RUT reservado, para la instalación de Planta Mecanizada de Procesamiento de Áridos, en una superficie de 33.500 m2, en Parcela 11 Camino Melipilla, a un costado de la ribera del Río Mapocho, comuna de Talagante; 4.- documento denominado “Re-Conociendo el Patrimonio Ambiental y Cultural del Río Mapocho Talagantino”, de 10 de septiembre de 2019, elaborado por el Ministerio de la Cultura, de las Artes y del Patrimonio; 5.- Informe de la Contraloría General de la República, denominado “Informe de Seguimiento al Informe Final N° 447-2017, sobre Auditoría a las Actuaciones Municipales Relacionadas con el Proceso de Extracción de Áridos, en la Municipalidad de Talagante”, de 2 de marzo de 2018; 6.- “Estudio de caracterización nombre reservado”, preparado para CMAG - Asesorías en Ingeniería y Medio Ambiente; Río Mapocho, Km 1.650 al 3.450, (sector Aguas Abajo Puente San nombre reservado), comuna de El Monte, Región Metropolitana, Proyecto Extracción Mecanizada de Áridos ARIMAIPO, Declaración de nombre reservado, nombre reservado, febrero de 2019, elaborado por el Especialista Medio Biótico, nombre reservado; 7.- estudio denominado “Caracterización de Flora y Vegetación Humedal Mapocho Poniente o Rural”, elaborado por el ingeniero forestal nombre reservado de Geoverde, en enero 2020; 8.- estudio denominado “Informe sobre Caracterización de Animales Silvestres Humedal “Río Mapocho Poniente o Rural”, ubicado en las comunas de Talagante y El Monte”, de enero 2020, elaborado por el ingeniero ambiental nombre reservado. y por el biólogo ambiental nombre reservado; 9.- estudio denominado “Informe Caracterización Biofísica Valor Ambiental del Humedal Continental Urbano “Río Mapocho Poniente o Rural” Talagante - El Monte”, elaborado por la ecóloga paisajista y arquitecta nombre reservado; 10.- estudio denominado “Informe Final Monitoreo Ecosistémico del Río Mapocho”, elaborado por el Centro de Ecología Aplicada Ltda., de julio de 2019, para Aguas Andinas; 11.- estudio denominado “Informe Final Diagnóstico y Análisis del Efecto de la Planta de Tratamiento de la Farfana y Otras Obras en la Condición Ecología del Río Mapocho”, elaborado por el Centro de Ecología Aplicada Ltda., de febrero de 2018, para Aguas Andinas.

Por escrito de 25 marzo de 2020, acompañó set de fotografías que denominó “Descripción Parques Metropolitanos y Humedal Mapocho Poniente o Rural, Talagante - El Monte”, elaborado por la parte recurrente.

Por escrito de 14 de abril de 2020, acompañó pendrive con video de reportaje “Mi parque es un Basural, realizado y emitido por el departamento de prensa del Canal 13, con fecha 13 de abril de 2019, con una duración de 5,45”.

Por escrito de 18 de mayo de 2020, acompañó: 1.- Oficio Ordinario N° 004, de 8 de enero de 2020, de la Directora de Obras Municipales de la Municipalidad de Talagante al Alcalde, relativo a solicitud de acciones legales en contra de la planta de procesamiento de áridos nombre reservado Ltda. de 12 de diciembre de 2019, documento anexo a petitorio de audiencia pública, del 19 de noviembre de 2019; 2.- Oficio Ordinario N° 011, del Director de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Talagante al Alcalde, de 13 de enero de 2020, relativo a solicitud verbal, en cuanto a pronunciarse respecto a lo planteado en audiencia pública realizada el 12 de diciembre de 2019 en relación a petitorio de acciones en contra de la planta de procesamiento de áridos nombre reservado Ltda.; y 3.- Oficio Ordinario N° 0094, del Administrador Municipal de la Municipalidad de Talagante a los recurrentes doña nombre reservado y don nombre reservado, y además a don nombre reservado, de 14 de enero de 2020, por el que les responde la solicitud planteada en audiencia pública realizada el 12 de diciembre de 2019 en relación a petitorio de acciones en contra de la planta de procesamiento de áridos nombre reservado Ltda.

Por escrito de 19 de mayo de 2020, acompañó Oficio Ordinario N° 1.843, de 17 de abril de 2020, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana a nombre reservado, relativo a la solicitud de fiscalización por depósito de material de construcción en la ribera del río Mapocho y conexión de tubos que conectan desde el interior con el exterior del predio denunciado, ubicado en domicilio reservado; por el que le informa que con fecha 26 de febrero de 2020, personal de terreno realizó inspección al predio, constatando la disposición de escombros en la ribera del río Mapocho de responsabilidad de la Municipalidad de Talagante, por lo que se inició el sumario sanitario correspondiente en contra del municipio; y respecto de los tubos utilizados para evacuar aguas lluvias, el propietario del terreno se compromete al retiro y eliminación de ellos.

Por escrito de 28 de mayo de 2020, acompañó Oficio Ordinario N° 118, de 12 de mayo de 2020, de la Directora de Obras Municipales de la Municipalidad de Talagante al Director de Asesoría Jurídica, en relación con el informe a evacuar en recurso de protección rol 2847-2020.

Por escrito de 10 de junio de 2020, acompañó set de fotografías que denominó “Estado Actual de afectaciones en Río Mapocho, Humedal y Parque Metropolitano - El Monte - Abril 2020”.

Por escrito de 1 de agosto de 2020, acompañó informe N° E9385/2020, emitido por la Unidad Jurídica de Infraestructura y regulación de la II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, de 8 de junio de 2020, sobre “denuncia relativa a diversas irregularidades vinculadas con las faenas de extracción de áridos de la empresa que se indica, en la comuna de Talagante”, en que expone que “Se ha dirigido a esta Contraloría Regional una persona bajo reserva de identidad, reclamando el incumplimiento por parte de la Municipalidad de Talagante de lo concluido por esta Contraloría Regional en su Informe Final N° 447, de 2017 y en el Informe Seguimiento a éste, de 2018 -mediante el cual se detectaron una serie de irregularidades vinculadas con la extracción de áridos en dicha comuna-, y en los que se ordenó a dicha entidad edilicia la materialización de acciones concretas para su subsanación, las que, a juicio del interesado, no se han llevado a cabo”; encontrándose pendiente el informe requerido a la municipalidad.

Octavo: Que la Municipalidad de El Monte, mediante escrito de 31 de marzo de 2020, acompañó: 1.- copia de “Estudio Florístico y Vegetacional en el Área del Proyecto GEF Corredores Biológicos de Montaña”, Proyecto GEF, informe de la comuna de El Monte, de diciembre de 2019; 2.- copia de informe de actividades medioambientales denominado “jornadas ambientales”, de la Unidad de Medio Ambiente y Zoonosis de la Municipalidad de El Monte, entre abril de 2018 a agosto de 2019; 3.- copia de Proyecto de Conservación Ambiental Ribera Río Mapocho “Sector Entre Puentes”, de la Unidad de Medio Ambiente y Zoonosis de la Municipalidad de El Monte; 4.- copia de Decreto Alcaldicio N° 726, de 10 de mayo de 2018, que crea el Comité Comuna Ambiental y su directiva en el marco de proceso Certificación Ambiental Municipal SCAM, cuyo objeto es instalar la gestión ambiental local en la comunidad, mediante el fortalecimiento de los procedimientos y funciones vinculadas con las temáticas medioambientales que desarrolla el municipio en su territorio, denominado Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM); 5.- copia de Convenio de Colaboración entre la Municipalidad de El Monte y la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, de 15 de abril de 2019, para “promover acciones conjuntas, docentes, investigación y extensión en beneficio del manejo sustentable de los recursos protegidos por el Estado. En el marco señalado, desarrollarán actividades orientadas al intercambio de conocimientos, experiencias e información, nacional e internacional, así como asistencia técnica profesional y capacitación entre ambas partes, de acuerdo a las experiencias y competencias de cada una de ellas” (cláusula tercera); 6.- copia de Resolución Exenta N° 1.259, de 20 de noviembre de 2017, del Ministerio del Medio Ambiente, que Aprueba el Convenio de Cooperación con Transferencia de Recursos suscrito el 19 de junio de 2017, entre el Ministerio del Medio Ambiente – Subsecretaría del Medio Ambiente y la Municipalidad de El Monte, para la ejecución del nivel de Certificación Básico del SCAM, cuyo texto se transcribe íntegramente; 7.- copia de Decreto Alcaldicio N° 692, de 22 de mayo de 2019, de la Municipalidad de El Monte, que aprueba Convenio Directo celebrado el 15 de enero de 2019, por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y la Municipalidad de El Monte, para la ejecución del proyecto “Control, Prevención y Reubicación de Caninos Callejeros en la Región Metropolitana”, y Resolución Exenta N° 553 de 12 de abril 2019, de la Intendencia de la Región Metropolitana y el texto del convenio; 8.- copia de Convenio de Colaboración en materias de control sanitario entre la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana y la Municipalidad de El Monte, de 27 de marzo de 2019, en materias de control sanitario; 9.- copia de Convenio de Colaboración con la Corporación Nacional Forestal (CONAF), suscrito el 22 de mayo de 2019, tendiente al manejo de ecosistemas forestales y componentes de la naturaleza asociados a éstos; 10.- copia de Convenio Mandato suscrito entre el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y la Municipalidad de El Monte, el 29 de mayo de 2019, para la construcción de puntos limpios; 11.- copia de convenio entre el Ministerio del Medio Ambiente y la Municipalidad de El Monte, suscrito el 22 de julio de 2019, de aportes no reembolsables para desarrollar el proyecto denominado “Programa Capacitación y Certificación de Competencias Laborales a Recolectores de Base en el Marco de la Gestión Integral de Reciclaje Comunal, El Monte”, financiado por el fondo para el reciclaje.

Por presentación de 1 de abril de 2020, acompañó: 1.- copia de Plan Comunal de Reciclaje período 2013-2019, del Departamento de Aseo y Ornato de la Municipalidad de El Monte; 2.- Oficio Ordinario 677, de 2 de diciembre de 2019, de la Municipalidad de El Monte a la Superintendencia del Medio Ambiente, sobre denuncia por extracción de áridos en el Cerro Santa Cecilia y faenas que se avistan en el lugar, al que se adjunta Ordinario N° 19, de 6 de agosto de 2019, del Encargado de la Unidad de Medio Ambiente y Zoonosis al Director de Obras Municipales; además, se adjuntan Ordinario N° 104 de 13 de agosto de 2019, del Director de Obras Municipales al Encargado de la Unidad de Medio Ambiente y Zoonosis, Ordinario N° 20 de 6 de agosto de 2019, del Encargado de la Unidad de Medio Ambiente y Zoonosis al Encargado de la Oficina de Rentas y Patentes Municipales, Ordinario N° 28 de 27 de agosto de 2019, de la Jefa de la Oficina de Rentas y Patentes al Encargado de la Unidad de Medio Ambiente y Zoonosis, Ordinario N° 91/2019 de 13 de mayo de 2019, del Jefe del Departamento de Aseo y Ornato al Alcalde de la comuna, Ordinario N° 09/2019 de 29 de abril de 2019, sobre denuncia medio ambiental del Encargado de la Unidad de Medio Ambiente y Zoonosis al Jefe del Departamento de Aseo y Ornato, solicitud de audiencia pública por los Ríos Mapocho, Maipo y sus riberas y por los cerros de la comuna de El Monte al alcalde de la comuna, de 30 de octubre de 2019, indicándose como representantes de los vecinos nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado; 3.- Oficio 358, de 30 de mayo de 2019, de la Municipalidad de El Monte a la Directora del Servicio de Evaluación Ambiental RG, sobre pronunciamiento en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental respecto de faenas de extracción de áridos, cuyo antecedente es el Oficio N° 0486 de 26 de marzo de 2019 de la Declaración de nombre reservado del proyecto de “Extracción mecanizada de áridos en el río Mapocho, Km 1.650 al 3.450, sector aguas abajo del Puente San nombre reservado”; se adjunta: Ord. DOH RM N° 0000457 de 7 de mayo de 2018, antecedente ord. N° 0246 del Alcalde de la Municpalidad de El Monte de 2 de abril de 2018, que aclara y complementa contenidos Ord. DOH RM N° 0433 del 27 de abril de 2018, sobre solicitud de factibilidad técnica extracción de áridos en río Mapocho, sector Kms. 1.250 al 1.750, aguas abajo Puente San nombre reservado Nuevo, comuna de El Monte, de la Directora Regional de Obras Hidráulicas de la Región Metropolitana al Alcalde de la Municipalidad de El Monte, que no otorga la factibilidad técnica para la presente solicitud, como tampoco se otorgará para futuras solicitudes de explotación de áridos en el río Mapocho; además, se adjunta al oficio 358, presentación de la Asociación de Canalistas El Monte, por poder de la Junta de Vigilancia Quinta y Última Sección de Río Mapocho (Canales El Paico, San Miguel, Lo Aguirre, Lo Chacón, Chiñigüe y La Manresa), de 30 de mayo de 2019, al Alcalde de la Municipalidad de El Monte, que solicita que la Municipalidad se oponga a la solicitud presentada por nombre reservado en representación de ARIPAIPO Ltda. Por último, se adjunta al Decreto 358, el Decreto Alcaldicio N° 1.934, de 28 de diciembre de 2018, que establece y declara como sitios de interés patrimonial, cultural y turístico para la comuna de El Monte, entre otros: el borde y ribera del río Mapocho, entre puentes; 4.- set de fotografías y capturas de pantallas de convocatorias y actividades medioambientales; 5.- certificado de 26 de marzo de 2019, otorgado por la Coordinadora Proyecto GEF “Corredores Biológicos de Montaña” del Ministerio del Medio Ambiente, respecto de la participación de la Municipalidad de El Monte a través de la Unidad de Medio Ambiente, en las actividades organizadas el año 2019 por el proyecto en conjunto con el Municipio: limpiezas participativas en la comuna, especialmente áreas naturales; reuniones de gestión para diseño y construcción de Ecoparque “Entre Puentes”, y evaluar la mejor figura de protección para esta área como creación de Reserva Natural Municipal y/o Derecho Real de Conservación; reuniones de coordinación para inicio consultoría el 2020 del proyecto “Elaboración Plan Maestro Borde Río Mapocho y Maipo, comuna Isla de Maipo, El Monte, Talagante y Peñaflor”; participación en talleres para la elaboración de Planificación Ecológica a escala local; participación en diseño “Modelo Referencial de Ordenanza de Protección a la Biodiversidad para Municipalidades”; colaboración en estudio de levantamiento florístico para el área del Proyecto Gef Montaña, específicamente en parte de la comuna de El Monte; visitas a conocer experiencia Reserva Natural Municipal Humedal Laguna de Cartagena; identificación bajo criterios de las áreas de alto valor para la biodiversidad local de la comuna de El Monte, incorporando las zonas de ribera del río Mapocho y sus humedales, junto a cerros y cordillera de la Costa; copia de Decreto Alcaldicio N° 1.534, de 31 de octubre de 2018, que ordena clausura inmediata de establecimiento denominado empresa de Áridos Baltierra RUT RUT reservado, con dirección en domicilio reservado, por funcionar sin amparo de patente comercial, conforme dispone el artículo 23, en relación al 59 de la Ley de Rentas Municipales.

Por su parte, la Municipalidad de Talagante acompañó: 1.- Oficio Ordinario N° 80 de 30 de marzo de 2020, de la Directora de la Dirección de Obras Municipales al Director de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Talagante, que informa y adjunta resumen de fiscalizaciones realizadas en el Río Mapocho; acompañando fotografías, informes de visitas oculares, partes, citaciones; 2.- Oficio Ordinario N° 26 de 4 de marzo de 2020, de la Directora de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato al Asesor Jurídico de la Municipalidad de Talagante, por el que informa los gastos incurridos en el combate de microbasurales en la comuna y en la limpieza de la ribera de río, durante los dos últimos años a la fecha; 3.- Decreto Alcaldicio Exento N° 5.573 de 4 de diciembre de 2017, de la Municipalidad de Talagante, que revoca el permiso a nombre reservado A. nombre reservado, cédula de identidad RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, otorgado mediante Decreto Exento N° 2.249 de 12 de septiembre de 2005, para explotación mecanizada de áridos del Río Mapocho, en el tramo comprendido entre los kilómetros 0.3000 y 1.1000, aguas abajo del puente ferroviario, según proyecto aprobado por la Directora Regional de Obras Hidráulicas, mediante Oficio Ord. DOH-RM N°0332, de 11 de abril de 2005; 4.- Decreto Alcaldicio Exento N° 5.574 de 4 de diciembre de 2017, de la Municipalidad de Talagante, que caduca el permiso a nombre reservado A. nombre reservado, cédula de identidad RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, otorgado mediante Decreto Exento N° 1.824 de 18 de mayo de 2009, para explotación mecanizada de áridos del Río Mapocho, en el tramo comprendido entre los kilómetros 1.0 y 2.0, aguas abajo del puente ferroviario de la comuna de Talagante, según proyecto aprobado por la Directora Regional de Obras Hidráulicas, mediante Oficio Ord. DOH-RM N° 0116 de 27 de enero de 2009; 5.- Decreto Alcaldicio N° 826 de 28 de febrero de 2020, que revoca el permiso de ocupación de nombre reservado de uso público a nombre reservado y Cía. Ltda. RUT RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, otorgado mediante Decreto Exento N° 4.858 de 8 de noviembre de 2013, para proceder a la instalación de planta mecanizada de procesamiento de áridos, en una superficie de 33.500 metros cuadrados, en parcela 11 camino Melipilla; 6.- Decreto Alcaldicio N° 855 de 28 de febrero de 2020, de la Municipalidad de Talagante, que caduca la patente comercial Rol 2-60227 del giro procesamiento y venta de áridos, a nombre de nombre reservado y Cía. Ltda. RUT RUT reservado, con domicilio comercial en domicilio reservado. 6.550 al 7.550 de Talagante, otorgada por Decreto Exento N° 5.267 de 5 de diciembre de 2013, al no contar con un local, oficina, establecimiento, kiosco o lugar determinado, para realizar la actividad lucrativa infringiendo lo dispuesto en los artículos 23 y 24 del decreto ley 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales y la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República.

Noveno: Que, en primer término, la Municipalidad de Talagante alegó la inadmisibilidad del recurso de protección por falta de legitimación activa de los recurrentes, porque, en su concepto, no les asiste un derecho subjetivo que pueda encontrarse en algún grado de afectación. Indica que el recurso de protección no es una acción popular y, por consiguiente, se requiere precisar quiénes y cómo serían las personas afectadas en sus derechos de forma puntual, cierta y determinada, cuestión que no concurre en autos.

Décimo: Que en lo que atañe a la alegación de falta de legitimación activa, cabe señalar que de la lectura del libelo de protección aparece que los recurrentes, quienes fijaron sus domicilios en las comunas de Talagante o de El Monte, si bien, por una parte, refieren que los actos y omisiones que atribuyen a las municipalidades recurridas provocan a la comunidad que visita los Parques Metropolitanos de que se trata un peligro en su seguridad e integridad física, repercuten a nivel emocional en la comunidad en general y denuncian la afectación en forma genérica al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación; por otro lado, también precisan que la situación de los animales abandonados, vagos o asilvestrados, y la existencia de rellenos y/o basurales ilegales, producen un peligro en la seguridad e integridad física de los recurrentes y los afecta a nivel emocional.

En consecuencia, al denunciar los recurrentes la conculcación de sus derechos por los actos y omisiones que describen, se encuentran legitimados para accionar por la presente vía, de manera que la alegación de falta de legitimidad activa será desestimada.

Undécimo: Que, en cuanto al fondo del recurso, cabe recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, sea en grado de privación, perturbación o amenaza, determinadas garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas de resguardo conducentes a lograr que cese el acto u omisión arbitrario o ilegal, que impida, amague o moleste el ejercicio de tales garantías.

Por consiguiente, constituyen presupuestos indispensables de la acción cautelar de protección la existencia de la acción u omisión reprochada, la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión, que provoque un atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Duodécimo: Que para resolver la controversia es necesario precisar que los recurrentes denuncian como “actos u omisiones” ilegales los siguientes: 1°) falta de acciones para disponer labores de limpieza, control, retiro y cierre de los vertederos ilegales que se encuentran en los cauces y riberas del Río Mapocho, como también dentro de los límites de los Parques Metropolitanos “Parque Talagante – Río Mapocho”, “Parque El Monte – Río Mapocho”, en especial, los que se emplazan en el sector contiguo al campamento Famae, bajo el Puente Ferroviario, detrás de la población San Enrique, bajo la cancha de Almirante Latorre y detrás del Parque Tegualda, en la comuna de Talagante, y en los sectores de las poblaciones Pedro de Valdivia y San Sebastián, en la comuna de El Monte; 2°) falta de acciones para fiscalizar y disponer el retiro de animales vagos, ya sea domésticos, ganado vacuno y equino, perros y gatos, el control de plagas urbanas de importancia sanitaria, en toda la ribera del río Mapocho, en especial, en los Parques Metropolitanos antes señalados, y para fiscalizar e impedir el ingreso de dichos animales a esa zona; 3°) falta de acciones de información, difusión y educación ambiental para que se reconozca y difunda en la comunidad, el valor del Humedal que se emplaza por toda la ribera del Río Mapocho, y la necesidad de cuidado, protección y conservación de la Biodiversidad existente en los mencionados Parques Metropolitanos; 4°) no haber ejercido las funciones de fiscalización, sancionatorias y de protección del medio ambiente, en relación con las actividades de extracción clandestina de áridos fluviales desde la ribera del río Mapocho dentro de los límites comunales de los Parques antes referidos; y no haber ejercido las facultades invalidatorias para poner término a las autorizaciones y patentes otorgadas a terceros para la extracción de áridos fluviales desde el Río Mapocho, en especial la Municipalidad de Talagante respecto de la empresa nombre reservado nombre reservado nombre reservado y Cía. Ltda.; 5°) no haber elaborado el Plan de Desarrollo Comunal (actualizado y vigente), ni un anteproyecto de ordenanza ambiental; 6°) no haber solicitado al Ministerio de Bienes Nacionales la fijación de oficio de los límites del cauce natural del Río Mapocho en su tramo que recorre las comunas de Talagante y El Monte, y por ende del Humedal Continental; y no haber ejercido las acciones ante el Ministerio de Bienes Nacionales para velar por el libre acceso al Río Mapocho en su recorrido por las comunas de Talagante y El Monte, para fines turísticos y de pesca; 7°) no impulsar acciones para que el Ministerio de Bienes Nacionales declare de oficio, la cuenca del Río Mapocho en sus secciones que recorren las comunas de Talagante y El Monte, como un nombre reservado (BNP); y 8°) no haber ejecutado acciones para que el Ministerio de Medio Ambiente declare de oficio que el Humedal Río Mapocho Poniente es un sitio prioritario para la Conservación de la Biodiversidad y/o decrete su inclusión en el Plan Nacional de Protección de Humedales.

Decimotercero: Que se comenzará el análisis del fondo del recurso, con el examen de las tres primeras omisiones referidas en el motivo que precede.

Al efecto, respecto de la primera omisión, cabe señalar que al informar, las recurridas admitieron la existencia de microbasurales y, junto a ello, describieron una serie de actuaciones llevadas a cabo con la finalidad de limpiar los residuos, basura y escombros, controlar la existencia de estos microbasurales y fiscalizar que las personas no lleven al lugar dichos elementos contaminantes. Asimismo, acompañaron varios documentos, pormenorizados en el motivo octavo de esta sentencia, que demuestran las acciones realizadas para tales efectos, como actividades concernientes a limpiezas participativas en áreas naturales de la comuna (Municipalidad de El Monte); fiscalizaciones realizadas en el río Mapocho, visitas oculares, partes y citaciones, y labores de limpieza de la ribera del Río Mapocho (Municipalidad de Talagante).

Las referidas actividades aparecen corroboradas por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), porque al informar, reseñó una serie de medidas adoptadas en conjunto con las municipalidades recurridas, orientadas a la conservación del Humedal Río Mapocho Poniente o Rural, a través del Proyecto GEF Corredores Biológicos de Montaña (GEF Montaña). Explicó que con los municipios de El Monte y Talagante, a través del mencionado proyecto GEF, el Ministerio se encuentra impulsando diversas acciones con el objetivo de recuperar el ecosistema ripariano del río Mapocho; poner en valor los servicios ecosistémicos que ofrece a la comunidad; y potenciar el corredor biológico del río Mapocho en ambas comunas, a través de iniciativas, tales como la creación de un Ecoparque, senderos interpretativos, recuperación de humedales, ordenanzas municipales que protejan la biodiversidad, campañas de limpieza participativas, entre otras. Asimismo, expresó que en la comuna de El Monte, el Proyecto GEF Montaña apoya al municipio en el desarrollo del “Ecoparque Entre Puentes”, en el borde del río entre los dos puentes principales de la comuna; y ha respaldado y participado en tres campañas de limpieza del borde del río Mapocho, organizadas por el municipio con participación de la comunidad.

Decimocuarto: Que en lo que concierne a la segunda omisión, esto es, la supuesta falta de acciones para fiscalizar y disponer el retiro de animales vagos, e impedir su ingreso en toda la ribera del río Mapocho, y para el control de plagas urbanas, la Municipalidad de Talagante explicó que en febrero de 2019 se efectuó una visita inspectiva al sector del Puente Ferroviario, oportunidad en que se constató que había cerdos y cercos precarios que serían de personas que habitan el lugar, lo que fue materia de investigación de la Contraloría General de la República, organismo que informó mediante Oficio N° 3.910 de 4 de abril de 2019, concluyendo que no se advierten omisiones en relación con las funciones que competen tanto a la Intendencia Regional como a la Municipalidad de Talagante. Por su parte, la Municipalidad de El Monte negó las imputaciones realizadas por los recurrentes en cuanto al control de animales vagos o asilvestrados, indicando que ha efectuado acciones concretas tendientes a controlar, prevenir y reubicar animales, perros vagos o asilvestrados, tales como la suscripción del convenio de colaboración entre la municipalidad y la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, de 15 de abril de 2019, y el convenio de colaboración para control, prevención y reubicación de caninos callejeros suscrito con el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, de 15 de enero de 2019. Asimismo, acompañó la documentación que respalda sus aseveraciones, descrita en el considerando octavo de esta sentencia.

Decimoquinto: Que en lo que toca a la tercera omisión, referida a la supuesta falta de acciones de información, difusión y educación ambiental respecto del Humedal que se emplaza por la ribera del Río Mapocho, al informar, la recurrida Municipalidad de El Monte enumeró y explicó las acciones concretas desarrolladas para tales fines, que abarcan jornadas y actividades de concientización y educación, instalación de puntos verdes, programas de descontaminación barrial, mesas de trabajo, levantamiento de línea base en Ecoparque ribereño sector “Entre Puentes”, entre otras; como también, dada la falta de recursos municipales, la celebración de convenios con entidades públicas y privadas para la materialización de acciones de cuidado ambiental. Del mismo modo, acompañó los documentos pormenorizados en el considerando octavo de esta sentencia, que avalan las actividades en relación con este aspecto.

Por otra parte, el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) al informar, reseñó una serie de medidas adoptadas en conjunto con las municipalidades recurridas, orientadas a la conservación del Humedal Río Mapocho Poniente o Rural, a través del Proyecto GEF Corredores Biológicos de Montaña (GEF Montaña); refiriendo, además, entre otras acciones realizadas con ambos municipios, la implementación del Programa de Aprendizaje Significativo, que en los municipios recurridos se ha propuesto abordar el contexto socioambiental del río Mapocho con la intencionalidad de generar sensibilización y articulación dentro de los funcionarios municipales y los actores claves de la comunidad.

Decimosexto: Que en lo que concierne a la normativa jurídica respecto de las tres primeras omisiones referidas por la parte recurrente, se debe tener presente que el artículo 3°, letra f), de la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, dispone que a éstas les corresponde, dentro del ámbito de su territorio, el aseo y ornato de la comuna. A su turno, el artículo 4°, letras a), b) e i), del mismo texto legal, previene que las referidas entidades comunales podrán desarrollar, directamente o conjuntamente con otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con: “a) La educación y la cultura; b) La salud pública y la protección del medio ambiente; […] i) La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o catástrofes…”.

Luego, el artículo 5°, letra c), de la citada ley establece que para el cumplimiento de sus funciones las municipalidades tendrán entre sus atribuciones esenciales: “c) Administrar los bienes municipales y nacionales de uso público, incluido su subsuelo, existentes en la comuna, salvo que, en atención a su naturaleza o fines y de conformidad a la ley, la administración de estos últimos corresponda a otros órganos de la Administración del Estado…”. El inciso antepenúltimo del mismo artículo señala: “Sin perjuicio de las funciones y atribuciones de otros organismos públicos, las municipalidades podrán colaborar en la fiscalización y en el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes a la protección del medio ambiente, dentro de los límites comunales”.

Por último, el artículo 25, letras a) y d), de la misma ley dispone la existencia de una unidad encargada de la función de medio ambiente, aseo y ornato, con la tarea, entre otras, de velar por: “a) El aseo de las vías públicas, parques, plazas, jardines y, en general, de los bienes nacionales de uso público existentes en la comuna; […] d) Proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones y programas relacionados con medio ambiente…”.

Por otra parte, el artículo 2° del Decreto N° 1, de 2014, del Ministerio de Salud, Reglamento de Prevención y Control de la Rabia en el Hombre y en los Animales, previene que “Corresponde a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud promover y realizar todas las acciones necesarias para vigilar, prevenir y controlar la rabia en el hombre y en los animales; de acuerdo con las normas e instrucciones que imparta el Ministerio de Salud. Para ello, podrá coordinar con Municipalidades y otras instituciones la ejecución de acciones conjuntas de colaboración”.

Decimoséptimo: Que como se advierte de la referida ley especial, corresponde a las municipalidades cuidar el aseo de los bienes nacionales de uso público de la respectiva comuna; elaborar planes relativos a ello; fiscalizar y llevar a cabo programas orientados a mantener el medio ambiente libre de contaminación. La unidad a cargo de la función de medio ambiente, aseo y ornato se encomienda, principalmente, al Departamento de Aseo y Ornato de cada municipio, que tiene a su cargo el cumplimiento de las labores mencionadas con anterioridad. Asimismo, se observa de la mencionada ley que las municipalidades pueden desarrollar directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con la educación, la salud pública y la protección del medio ambiente y la prevención de riesgos, entre otras.

Enseguida, si se considera la descripción normativa contenida en el motivo decimosexto y el conjunto de actuaciones desplegadas por las municipalidades recurridas, permite concluir que han asumido el rol activo que les asigna la ley 18.695, Orgánica Constitucional que las rige, en cuanto a velar por el aseo de la comuna, como también en el desarrollo de sus funciones relacionadas con la educación, la salud pública, la protección del medio ambiente y la prevención de riesgos. Por consiguiente, cabe concluir que las recurridas no se encuentran en la situación de omisión ilegal que se consagra en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, respecto de los tres primeros aspectos analizados.

Decimoctavo: Que la cuarta omisión invocada en el recurso de protección, consiste en no haber ejercido las funciones de fiscalización, sancionatorias y de protección del medio ambiente, en relación con las actividades de extracción de áridos fluviales, ni las facultades invalidatorias para poner término a las autorizaciones y patentes otorgadas a terceros para la extracción de éstos.

Al respecto, cabe señalar que las recurridas al informar describieron las medidas adoptadas en relación con la actividad de extracción de áridos desde el río Mapocho, y acompañaron la documentación concernida. Así, resulta que la Municipalidad de Talagante, mediante Oficio Ordinario N° 80 de 30 de marzo de 2020, de la Directora de la Dirección de Obras Municipales al Director de Asesoraría Jurídica de la misma municipalidad, informa y adjunta resumen de fiscalizaciones realizadas en el Río Mapocho, acompañando fotografías, informes de visitas oculares, partes y citaciones al Juzgado de Policía Local, efectuadas desde marzo 2017 a noviembre 2019. En cuanto a permisos otorgados referidos a actividades de extracción de áridos, la Municipalidad de Talagante, mediante Decreto Alcaldicio Exento N° 5.573 de 4 de diciembre de 2017, revocó el permiso a nombre reservado A. nombre reservado, cédula de identidad RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, otorgado por Decreto Exento N° 2.249 de 12 de Septiembre de 2005, para explotación mecanizada de áridos del Río Mapocho, en el tramo comprendido entre los kilómetros 0.3000 y 1.1000, aguas abajo del puente ferroviario, según proyecto aprobado por la Directora Regional de Obras Hidráulicas mediante Oficio Ord. DOH-RM N°0332, de 11 de abril de 2005. Asimismo, mediante Decreto Alcaldicio Exento N° 5.574 de 4 de diciembre de 2017, la referida municipalidad caducó el permiso al mencionado nombre reservado A. nombre reservado, otorgado por Decreto Exento N° 1.824 de 18 de mayo de 2009, para explotación mecanizada de áridos del Río Mapocho, en el tramo comprendido entre los kilómetros 1.0 y 2.0, aguas abajo del puente ferroviario de la comuna de Talagante, según proyecto aprobado por la Directora Regional de Obras Hidráulicas, mediante Oficio Ord. DOH-RM N° 0116 de 27 de enero de 2009. Luego, por Decreto Alcaldicio N° 826 de 28 de febrero de 2020, la municipalidad revocó el permiso de ocupación de nombre reservado de uso público a nombre reservado y Cía. Ltda., RUT RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, otorgado mediante Decreto Exento N° 4.858 de 8 de noviembre de 2013, para la instalación de una planta mecanizada de procesamiento de áridos en una superficie de 33.500 metros cuadrados, en la parcela 11 Camino a Melipilla. Junto a ello, a través de Decreto Alcaldicio N° 855 de 28 de febrero de 2020, caducó la patente comercial Rol 2-60227 del giro procesamiento y venta de áridos a nombre de la misma sociedad nombre reservado y Cía. Ltda., con domicilio comercial en domicilio reservado. 6.550 al 7.550 de Talagante, otorgada por Decreto Exento N° 5.267 de 5 de diciembre de 2013, al no contar con un local, oficina, establecimiento, kiosco o lugar determinado, para realizar la actividad lucrativa, infringiendo lo dispuesto en los artículos 23 y 24 del Decreto Ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales y la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República.

Por su parte, la Municipalidad de El Monte, mediante Decreto Alcaldicio N° 1.534, de 31 de octubre de 2018, ordenó la clausura del establecimiento denominado empresa de Áridos Baltierra RUT RUT reservado, con dirección en domicilio reservado, por funcionar sin amparo de patente comercial. Por otro lado, por Oficio Ordinario N° 677, de 2 de diciembre de 2019, el alcalde de la referida municipalidad consulta a la Superintendencia del Medio Ambiente, sobre la legalidad referente a planes de manejo y autorizaciones sectoriales correspondientes, según la ley 19.300 o leyes que correspondan, en cuanto a denuncia por extracción de áridos, específicamente sobre el “Estado de intervención actual en el que se encuentra El Cerro Santa Cecilia ubicado en cruce G-78 camino Santa Cecilia”, a causa de faenas de extracción de áridos que se realizan por un particular. Luego, a través de Oficio 358, de 30 de mayo de 2019, de la Municipalidad de El Monte a la Directora del Servicio de Evaluación Ambiental RG, sobre pronunciamiento en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental respecto del proyecto de “Extracción mecanizada de áridos en el río Mapocho, Km 1.650 al 3.450, sector aguas abajo del Puente San nombre reservado” (de nombre reservado en representación de ARIMAIPO Ltda.), se hace presente que el lugar donde se proyecta extraer áridos se encuentra ubicado en un sector que se establece y declara como sitio prioritario para la conservación de la Biodiversidad y de interés medioambiental y turístico para la comuna de El Monte (borde y ribera del río Mapocho, entre puentes), según Decreto Alcaldicio N° 1.934 de 28 de diciembre de 2018. Por último, por Ord. DOH RM N° 0000457, de 7 de mayo de 2018, de la Directora Regional de Obras Hidráulicas de la Región Metropolitana al Alcalde de la Municipalidad de El Monte, en relación al Ord. DOH RM N° 0433 que responde a la solicitud de factibilidad técnica para extracción de áridos en río Mapocho, cuyo mandante es la empresa Áridos, Maquinarias y Transportes El Monte Ltda., representada por” nombre reservado, se aclara y complementa con la información que no se otorga la factibilidad técnica para la presente solicitud, como tampoco se otorgará para futuras solicitudes de explotación de áridos en el río Mapocho.

Decimonoveno: Que en lo que concierne a la cuarta omisión referida por la parte recurrente, se debe tener presente que el artículo 5°, letra c), de la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, dispone que para el cumplimiento de sus funciones las municipalidades tendrán entre sus atribuciones esenciales: “c) Administrar los bienes municipales y nacionales de uso público, incluido su subsuelo, existentes en la comuna, salvo que, en atención a su naturaleza o fines y de conformidad a la ley, la administración de estos últimos corresponda a otros órganos de la Administración del Estado…”. El inciso antepenúltimo del mismo artículo señala: “Sin perjuicio de las funciones y atribuciones de otros organismos públicos, las municipalidades podrán colaborar en la fiscalización y en el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes a la protección del medio ambiente, dentro de los límites comunales”. A su vez, el artículo 36 dispone que los bienes municipales o nacionales de uso público, incluido su subsuelo, que administre la municipalidad, pueden ser objeto de concesiones y permisos, que serán esencialmente precarios y podrán ser modificados o dejados sin efecto. Agrega, que las concesiones dan derecho al uso preferente del bien concedido en las condiciones que fije la municipalidad; sin embargo, ésta puede darles término en cualquier momento, cuando sobrevenga un menoscabo o detrimento grave al uso común o cuando concurran otras razones de interés público.

A su turno, el artículo 63 de la misma ley, establece que dentro de las atribuciones del alcalde se encuentra la de administrar los bienes municipales y nacionales de uso público de la comuna que correspondan en conformidad a esta ley (letra f), y otorgar, renovar y poner término a permisos municipales (letra g).

Vigésimo: Que como se observa de la referida ley especial, corresponde a las municipalidades administrar los bienes municipales y nacionales de uso público de la comuna, en conformidad a esta ley, y otorgar, renovar y poner término a concesiones y permisos respecto de estos bienes que administra.

Luego, si se considera la descripción normativa contenida en el motivo decimonoveno y el conjunto de actuaciones desarrolladas por las municipalidades recurridas, permite concluir que éstas han asumido el rol activo que les asigna la ley 18.695, Orgánica Constitucional que las rige, en relación con la administración de los bienes nacionales de uso público existentes en la comuna, específicamente en cuanto al ejercicio de sus funciones de fiscalización, sanción y protección del medio ambiente, en relación con actividades de extracción de áridos fluviales desde dichos bienes nacionales de uso público.

En estas condiciones, corresponde concluir que las recurridas no se encuentran en la situación de omisión ilegal contemplada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, respecto del cuarto aspecto analizado.

Vigésimo primero: Que en cuanto a la quinta omisión, se debe señalar que la parte recurrente denuncia que las recurridas no han elaborado el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO actualizado y vigente), ni un anteproyecto de ordenanza ambiental.

Al efecto, se debe tener presente que el artículo 3°, letra a), de la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, dispone que a éstas les corresponde, dentro del ámbito de su territorio, la función de “a) Elaborar, aprobar y modificar el plan comunal de desarrollo cuya aplicación deberá armonizar con los planes regionales y nacionales”. Luego, el artículo 5° de la citada ley establece que para el cumplimiento de sus funciones las municipalidades tendrán entre sus atribuciones esenciales: “a) Ejecutar el plan comunal de desarrollo y los programas necesarios para su cumplimiento;” y “d) Dictar resoluciones obligatorias con carácter general o particular”. El artículo 6° de la citada ley, previene que la gestión municipal contará, a lo menos, con: “a) El plan comunal de desarrollo y sus programas…”.

Por su parte, el artículo 25 de la mencionada ley, establece que a la unidad encargada de la función de medio ambiente, aseo y ornato corresponderá velar por “f) Elaborar el anteproyecto de ordenanza ambiental. Para la aprobación de la misma, el concejo podrá solicitar siempre un informe técnico al Ministerio del Medio Ambiente”.

Vigésimo segundo: Que, en primer lugar, en lo que concierne al Plan Comunal de Desarrollo, el artículo 7° de la ley 18.695 lo conceptualiza como el instrumento rector del desarrollo en la comuna, que contempla las acciones orientadas a satisfacer las necesidades de la comunidad local y a promover su avance social, económico y cultural. En cuanto a su vigencia mínima, el referido precepto indica que será de cuatro años, y que su ejecución debe someterse a evaluación periódica, dando lugar a los ajustes y modificaciones que correspondan. Además, esta disposición establece que en la “elaboración y ejecución del plan comunal de desarrollo, tanto el alcalde como el concejo deberán tener en cuenta la participación ciudadana y la necesaria coordinación con los demás servicios públicos que operen en el ámbito comunal o ejerzan competencias en dicho ámbito”.

La parte recurrente ha afirmado en su libelo que las municipalidades recurridas no cuentan con un Plan Comunal de Desarrollo. Sin embargo, al revisar las páginas web correspondientes a cada uno de los municipios recurridos, se desprende que sí cuentan con dicho instrumento de gestión municipal, considerando que la vigencia mínima de éste es de cuatro años.

Vigésimo tercero: Que en lo que toca al anteproyecto de ordenanza ambiental, se debe señalar que conforme con el mérito de lo informado por el Ministerio del Medio Ambiente, resulta que las recurridas se encuentran trabajando conjuntamente con este ministerio, a través del Proyecto GEF Montaña, en el proceso de Planificación Ecológica a escala local para el desarrollo de una Ordenanza Modelo de Protección de la Biodiversidad en ambas comunas, a partir del año 2021.

Vigésimo cuarto: Que, por consiguiente, cabe concluir que las recurridas no se encuentran en la situación de omisión ilegal prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, respecto del quinto aspecto analizado, toda vez que del mérito de los antecedentes se desprende que han dado cumplimiento a las funciones que les asigna la ley 18.695, en materia instrumentos de gestión municipal y de normas obligatorias, en particular respecto del Plan Comunal de Desarrollo y el anteproyecto de Ordenanza Ambiental.

Vigésimo quinto: Que como sexta omisión, la parte recurrente denuncia que las recurridas no han solicitado al Ministerio de Bienes Nacionales la fijación de oficio de los límites del cauce natural del Río Mapocho en su tramo que recorre las comunas de Talagante y El Monte, y por ende del Humedal Continental, y tampoco han ejercido las acciones ante el Ministerio de Bienes Nacionales para velar por el libre acceso al Río Mapocho en su recorrido por las comunas de Talagante y El Monte, para fines turísticos y de pesca.

Al respecto, al informar el Ministerio de Bienes Nacionales, explicó que de acuerdo al Catastro Nacional de este ministerio, los Parques Metropolitanos denominados Parque Talagante - Río Mapocho y Parque El Monte - Río Mapocho no son inmuebles fiscales administrados por el Ministerio de Bienes Nacionales; y no ha dictado actos administrativos en relación a la atribución de fijación de deslindes entre propietarios riberanos con los cauces de ríos, lagos o esteros en el sector, en conformidad al Decreto Supremo N° 609 de 1979. No obstante ello, precisó que mediante Resolución N° 76 de 24 de octubre de 2006 del Consejo Regional de Desarrollo de la Región Metropolitana, se modificó el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, incorporándose como nuevos Parques Metropolitanos los consultados. Del mismo modo señaló que “Las condiciones técnico urbanísticas, así como los planos que grafiquen dichos parques deben estar en poder del Consejo antes mencionado y/o del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, este último quien además cuenta con un programa y catastro de parques urbanos de acuerdo al D.S. N°112 de 2015”. En el mismo sentido, cabe tener presente que el Ministerio del Medio Ambiente al informar reiteró que los parques referidos fueron establecidos por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), a través de la Ordenanza del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS).

En cuanto al libre acceso al Río Mapocho, al informar, la Municipalidad de Talagante reconoció la existencia de un asentamiento ilegal, con una domicilio reservado personas (100 viviendas de material ligero), que se encuentran insertas en una acumulación ilegal de residuos con una superficie aproximada de 9 hs., correspondiente a una toma ilegal de terrenos públicos. Sin embargo, aludió a la ley 19.115 (sic), de acuerdo con la cual la autoridad llamada a impedir la instalación de poblaciones ilegales en terrenos de dominio público, como en el borde el río corresponde al Gobernador Provincial, ejerciendo el municipio una labor más bien asistencial para que estas personas postulen a los proyectos de viviendas sociales que se construyen en la comuna.

Por su parte, la Municipalidad de El Monte hizo presente que conjuntamente con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo han desarrollado acciones de erradicación de campamentos, como el denominado Pedro de Valdivia y Maipochito. En este contexto, en la actualidad, están en una etapa de diseño del proyecto de recuperación de terrenos donde se emplazaban ambos campamentos. Lo anterior, se encuentra refrendado por el convenio suscrito con la Secretaría Ministerial de Vivienda, de 21 de agosto de 2019. En ambos casos, se busca la recuperación de los referidos terrenos mediante la creación de parques.

Vigésimo sexto: Que del mérito de lo informado, no se advierte que las municipalidades recurridas hayan incurrido en alguna omisión ilegal en relación con la atribución del Ministerio de Bienes Nacionales, en orden a la fijación de deslindes entre propietarios riberanos con los cauces de ríos, lagos o esteros en el sector, en conformidad con el Decreto Supremo N° 609 de 1979, del Ministerio de Tierras y Colonización.

En cuanto al libre acceso producto de asentamientos ilegales, tampoco se observa alguna omisión por parte de las recurridas, desde que del tenor del artículo 4º de la ley 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, se constata que la atribución de “ejercer la vigilancia de los bienes del Estado, especialmente de los nacionales de uso público y velar por el respeto al uso a que están destinados, impedirá su ocupación ilegal o todo empleo ilegítimo que entrabe su uso común y exigirá administrativamente su restitución cuando proceda…”, no se encuentra entregada a las municipalidades.

Vigésimo séptimo: Que en lo que atañe a la séptima omisión denunciada, cabe considerar que la parte recurrente imputa a las recurridas no impulsar acciones para que el Ministerio de Bienes Nacionales declare de oficio, la cuenca del Río Mapocho en sus secciones que recorren las comunas de Talagante y El Monte, como un nombre reservado (BNP).

En lo que concierne al concepto de “nombre reservado”, se debe considerar que, según se informa en la página web del Ministerio de Bienes Nacionales, para la protección, puesta en valor y acceso ciudadano al patrimonio fiscal, el Ministerio de Bienes Nacionales impulsa una política de protección efectiva del patrimonio natural y cultural, abriendo espacios y accesos públicos para el disfrute ciudadano a través de dos programas. Por un lado “Bienes Nacionales Protegidos”, que consiste en un subsistema del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que busca la conservación del patrimonio natural de bienes fiscales, a través del instrumento de autodestinación al Ministerio y su posterior concesión con fines de conservación y desarrollo sustentable a instituciones privadas interesadas. En segundo término, el programa “Rutas Patrimoniales”, que consiste en el diseño de una serie de senderos para la puesta en valor y acceso ciudadano de bienes nacionales de uso público y bienes fiscales de alto valor patrimonial, permitiendo, además, el rescate de las identidades locales, la diversificación productiva a nivel local y regional y una alternativa de aprovechamiento del tiempo libre y sano esparcimiento familiar.

Vigésimo octavo: Que en este contexto, no se vislumbra de qué manera las municipalidades recurridas pudieron incurrir en alguna omisión en relación con la declaración de nombre reservado, considerando que no hay ninguna norma que le imponga la obligación de solicitar tal declaración.

Vigésimo noveno: Que como octava omisión, la parte recurrente sostiene que las recurridas no han ejecutado acciones para que el Ministerio del Medio Ambiente declare de oficio que el Humedal Río Mapocho Poniente es un sitio prioritario para la Conservación de la Biodiversidad y/o decrete su inclusión en el Plan Nacional de Protección de Humedales.

En esta materia, el Ministerio del Medio Ambiente al informar precisó que la ley 21.202, establece que este Ministerio puede declarar humedales urbanos ya sea de oficio o a petición del municipio respectivo, este último puede solicitar dicha declaratoria una vez elaborado y aprobado el Reglamento por el MMA, suscrito también por el Ministro de Obras Públicas; reglamento que definirá los criterios mínimos para la sustentabilidad de los humedales urbanos, a fin de resguardar sus características ecológicas y su funcionamiento, y de mantener el régimen hidrológico, tanto superficial como subterráneo. En este sentido el reglamento se encuentra en etapa de elaboración por parte del MMA.

Trigésimo: Que en consecuencia, del mérito de los antecedentes resulta que el Ministerio del Medio Ambiente puede declarar humedales urbanos ya sea de oficio o a petición del municipio respectivo. Sin embargo, la municipalidad puede solicitar dicha declaratoria, pero una vez que el referido ministerio haya elaborado y aprobado el Reglamento, que también debe ser suscrito por el Ministro de Obras Públicas.

De esta manera, no se observa que las municipalidades recurridas hayan incurrido en alguna omisión, porque el Ministerio del Medio Ambiente está elaborando el reglamento respectivo, indispensable para declarar humedales urbanos, sin perjuicio de que no existe a su respecto obligación legal de formular tal petición.

Trigésimo primero: Que en estas condiciones, no se advierte la existencia de omisión alguna que pueda ser calificada de ilegal de parte de las recurridas, de manera que no concurre en el presente caso el presupuesto de hecho indispensable para que la acción de protección pueda ser acogida, razón que conduce a desestimar el recurso interpuesto.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, con costas, el recurso de protección interpuesto el 6 de enero de 2020 por don nombre reservado y nombre reservado, doña nombre reservado y don nombre reservado en contra de la Municipalidad de Talagante y la Municipalidad de El Monte.

Redacción de la ministra señora María Catalina González Torres.

Regístrese y, en su oportunidad, archívese.

N° 57-2020 PROTECCIÓN.