SAMSONITE CHILE S.A con TESORERÍA GENERALLLDE LA REPUBLICA DE CHILE

San Miguel, veinticinco de febrero de dos mil veinticinco.

A los folios 20, 21, 22, 23 y 24: A todo, téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado Oscar Musalem Carrasco, en representación de Samsonite Chile S.A., ambos domiciliados, en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo del Maipo San Bernardo, persona jurídica de derecho público, representada legalmente por el Jefe de Inspección Provincial don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, y en contra de la Tesorería General de la República, persona jurídica de derecho público, representada legalmente por el Tesorero General de la República don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto que estima ilegal y arbitrario, consistente en informar a la sociedad Samsonite Chile S.A como deudora fiscal y morosa en el pago de multas aplicadas por la Dirección del Trabajo, lo que estima vulnera las garantías constitucionales del artículo 19 N°3, 21 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que la Resolución de Multa N° 1233/24/159, emitida el 9 de julio de 2024 por el Fiscalizador Gabriel Jesús Torres Rodríguez de la Inspección IPT Maipo (San Bernardo), impuso una sanción administrativa a la empresa recurrente, en el marco de un comparendo de conciliación derivado de un reclamo interpuesto por una ex trabajadora. A su juicio, dicha multa es arbitraria e ilegal, motivo por el cual se interpuso un reclamo en sede administrativa, cuyo resultado aún está pendiente. En consecuencia, indica que no corresponde exigir el pago ni considerar a la empresa como morosa hasta que no exista una resolución definitiva que determine su procedencia.

Añade que el 2 de octubre de 2024, se presentó una solicitud de reconsideración ante el Director del Trabajo Provincial del Maipo respecto de la citada resolución, la cual impuso una multa de 60 UTM, equivalentes a $3.958.020 a esa fecha, por una presunta infracción. Se imputó a la empresa no haber exhibido documentación requerida en el marco del proceso de fiscalización relacionado con la citación a comparendo de conciliación y la revisión de antecedentes vinculados a una ex trabajadora. En particular, se le reprochó que las liquidaciones de remuneraciones no contenían anexos detallando los montos de cada comisión, bono premio u otros incentivos, así como la forma de cálculo de cada operación. No obstante, sostiene que el 9 de julio de 2024 presentó toda la documentación exigida en la notificación respectiva.

Refiere que la solicitud de reconsideración aún no ha sido resuelta, por lo que la multa impuesta no se encuentra firme ni ejecutoriada. A pesar de ello, el 5 de diciembre de 2024, la empresa tomó conocimiento de que figuraba como deudora en la Tesorería General y había sido incluida en el Boletín de Infractores Laborales de la Dirección del Trabajo, pese a la existencia de un reclamo pendiente y la posibilidad de futuras instancias judiciales.

Argumenta que esta situación vulneraría derechos constitucionales consagrados en los artículos 19 N° 3, 21 y 24 de la Constitución Política de la República, entre ellos, el derecho a un debido proceso, la garantía de desarrollar una actividad económica lícita sin discriminación arbitraria por parte del Estado y el derecho de propiedad sobre la imagen y patrimonio de la empresa. En este contexto, sostiene que la vía administrativa invocada es el mecanismo adecuado para revisar la legalidad de la multa impuesta, conforme a lo dispuesto en los artículos 474, 511 y 512 del Código del Trabajo.

Indica que dado que la sanción en cuestión ha sido objeto de un reclamo administrativo pendiente de resolución, no puede considerarse como cierta, determinada, líquida ni exigible.

En consecuencia, señala que no corresponde que la empresa figure como deudora fiscal y morosa, al no existir una determinación legal firme sobre la procedencia de la multa. Añade que el artículo 512 del Código del Trabajo establece que la resolución del Director del Trabajo puede ser impugnada ante el Juez de Letras del Trabajo dentro del plazo de 15 días desde su notificación, lo que confirma que dicha resolución no agota la instancia y, por ende, no adquiere carácter definitivo.

Solicita se reestablezca el imperio del derecho, disponiendo en definitiva que se ordene la eliminación de la recurrente de la nómina de deudores fiscales y de multas que manejan y operan dichos organismos, en específicos de la multa folio 1233241591.

Segundo: Que evacúa informe la Inspección del Trabajo, solicitando su rechazo. Expone que no se configura un acto ilegal o arbitrario por su parte que vulnere los derechos constitucionales invocados por la recurrente. Afirma que no ha existido una actuación u omisión arbitraria por parte de los funcionarios de dicho organismo que haya afectado el debido proceso, ni una decisión administrativa que implique discriminación arbitraria o perjuicio patrimonial o reputacional.

En relación con la acción constitucional presentada, sostiene que la autoridad administrativa laboral no ha emitido un acto impugnable por esta vía, sino que se produjo una falta de registro informático del recurso administrativo interpuesto, la cual fue corregida. Con fecha 16 de diciembre de 2024, la Inspección del Trabajo recibió un requerimiento de informe por parte de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Se verificó que la acción constitucional impugnaba la inclusión de la multa 1233/24/159-1 en el registro de deudores de multas laborales de la Tesorería General de la República (TGR), acceso que solo es posible a través de la clave tributaria del recurrente o mediante trámite presencial.

Indica que tras la revisión de antecedentes, se confirmó que el recurso de reconsideración administrativa fue efectivamente presentado y se encontraba pendiente de resolución. En consecuencia, se instruyó el registro del recurso y la retroacción de la carga de multa en la TGR, medida que fue implementada mediante la actualización del sistema informático DT Plus de la Dirección del Trabajo, el cual se interconecta con la TGR. Con fecha 18 de diciembre de 2024, se regularizó dicho registro, lo que impidió la aparición de la multa en el listado de deudores laborales. Además, el 19 de diciembre de 2024, se notificó a la empresa que debía realizar el desabono de la cuenta asociada a la multa, permitiendo la devolución del monto previamente abonado.

Añade que la Inspección del Trabajo resolverá en su oportunidad el recurso administrativo conforme a las normas vigentes, así no se advierte ilegalidad ni arbitrariedad en la supuesta vulneración de garantías constitucionales, dado que se activaron los procedimientos internos para subsanar el error de registro. La afectación alegada no se originó en una actuación caprichosa o discriminatoria, sino en una omisión administrativa corregida oportunamente.

Destaca que, de la documentación presentada por la recurrente, se desprende la existencia de otras cinco multas registradas en la TGR que no son competencia de la Inspección del Trabajo del Maipo ni han sido objeto del recurso de protección interpuesto, por lo que no resulta comprensible la alegación de un perjuicio general a su patrimonio e imagen. Además, señala que los certificados de deuda fiscal de la TGR solo pueden ser obtenidos por la persona jurídica interesada mediante su clave tributaria, por lo que su contenido no es de conocimiento público.

En los hechos, indica que la multa fue ingresada al registro de deudores laborales el 28 de septiembre de 2024, la recurrente tomó conocimiento de su inclusión el 5 de diciembre de 2024, la pagó el 10 de diciembre de 2024 e interpuso la presente acción el 12 de diciembre de 2024. La Inspección del Trabajo fue notificada el 16 de diciembre de 2024 y subsanó la falta de registro el 18 de diciembre de 2024.

Concluye que la recurrente contaba con la posibilidad de consultar o reclamar ante la Inspección del Trabajo, presentando los recursos administrativos pertinentes por las vías habilitadas, lo que habría permitido solucionar la falta de registro sin la necesidad de activar un recurso de protección, acción que está destinada a proteger derechos fundamentales ante graves vulneraciones, por lo que no puede ser utilizada como sustituto de los mecanismos administrativos y jurisdiccionales ordinarios previstos por el legislador para la revisión de multas impuestas por las Inspecciones del Trabajo.

Tercero: Que informa la Tesorería General de la República, alegando el primer término la falta de legitimidad pasiva. Indica que el recurso de protección carece de fundamento, dado que el acto impugnado—la inclusión de la multa en el registro de deudores—fue realizado por la Inspección Provincial del Trabajo del Maipo, y no por la Tesorería, lo que excluye su responsabilidad y la existencia de un acto ilegal o arbitrario de su parte. Conforme al Decreto Ley N° 1.263, la Tesorería solo administra la recaudación y cobranza de multas, sin intervenir en su generación o inscripción. Además, la multa en cuestión fue descargada el 18 de diciembre de 2024, eliminando cualquier perjuicio vigente.

Añade que la Tesorería General de la República carece de facultades para registrar, modificar o eliminar multas laborales en la Cuenta Única Tributaria, función exclusiva de la Dirección del Trabajo según el DFL N° 2 de 1967. En este caso, la multa fue ingresada erróneamente pese a la existencia de un recurso de reconsideración pendiente, pero dicho error fue corregido tras la interposición del recurso de protección, eliminándose la deuda del sistema. Dado que el acto impugnado ya no produce efectos, el recurso de protección carece de objeto y resulta improcedente.

En consecuencia, afirma que al no concurrir la legitimación pasiva ni una vulneración de derechos atribuible a la Tesorería, el recurso deviene en improcedente.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal –contrario a la ley– o arbitrario –producto del mero capricho de quienes incurren en él–, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que del mérito de los antecedentes, el acto contra el cual se recurre es la inclusión de la recurrente en la nómina de deudores morosos del Boletín de Infractores Laborales de la Dirección del Trabajo, respecto de la multa folio 1233241591.

Sexto: Que en lo que dice relación con Tesorería General de la República cabe tener presente que dicha institución no fue la que incluyó la multa en cuestión en el registro de deudores, sino que tal acción la realizó la Dirección del Trabajo. Por su parte, conforme al Decreto Ley N° 1.263, la Tesorería solo administra la recaudación y cobranza de multas, sin intervenir en su generación o inscripción, de manera que el recurso no puede prosperar a su respecto.

Séptimo: Que, en cambio la Dirección del Trabajo efectivamente incurrió en una actuación ilegal al incluir la multa impuesta al actor en el registro de deudores de dicha entidad, pese a no encontrarse ejecutoriada la resolución que la determinó. Sin embargo, según consta de los antecedentes de autos se eliminó la multa en el sistema, acompañándose por la Inspección del Trabajo cadena de correos electrónicos de diciembre de dos mil veinticuatro, que instruyen comunicar al usuario que solicite el desabono y que no se encuentra publicada en el boletín de infractores a la legislación laboral. A su turno, la Tesorería General de la República, acompañó descargo de la multa impugnada y certificado de deuda morosa en que no aparece el folio de la multa que motiva esta acción cautelar, por lo que está perdió oportunidad dado que no existe medida que adoptar por esta Corte para el restablecimiento del imperio del derecho.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Samsonite Chile S.A. en contra de la Inspección Provincial del Trabajo del Maipo San Bernardo y la Tesorería General de la República.

Regístrese, y archívese, en su oportunidad.

N°5696-2024 Protección.