nombre reservado con I. MUNICIPALIDAD DEL MONTE Y OTRO.

San Miguel, a uno de febrero de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente Primero: Que comparece Rubén Ignacio Pérez Abarca, abogado, en representación de nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; y, nombre reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de El Monte, representada legalmente por su Alcalde Francisco Javier Gómez Ramírez, y en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, representada legalmente por su Jefa de Servicio, nombre reservado, con motivo de las actuaciones que estima ilegales y arbitrarios cuales son, respecto del municipio, habilitar y funcionar sin las autorizaciones pertinentes una ampliación del Cementerio Municipal que colinda con el domicilio de sus representados y, respecto de la Seremi de Salud, no realizar las labores de fiscalización pertinente, lo que ha su juicio, vulnera las garantías constitucionales del derecho a la vida e integridad física y psíquica, de la igualdad ante la ley, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica y el derecho de propiedad.

Relata que sus representados son propietarios y habitantes del inmueble ubicado en domicilio reservado, siendo parte de la sucesión de sus antiguos dueños donde mantienen 3 viviendas, un galpón, estacionamiento y un invernadero. Explica que colindante a dicho domicilio domicilio reservado que separaba su terreno del Cementerio Municipal, hasta que fue adquirido por el municipio recurrido, quien, sin las autorizaciones sanitarias pertinentes, “amplió” el área de sepultación de la necrópolis hasta su muro medianero.

Señala que desde hace unas semanas atrás la Municipalidad recurrida ha realizado las siguientes acciones: (i) sepultado de cuerpos a menos de 5 metros de la ribera de una acequia que cruza ambos terrenos y que sirve para el riego de plantas de los recurrentes; (ii) sepultado de cuerpos a menos de 1 metro de la línea divisoria de las propiedades; (iii) omitido cerrar todo el perímetro que comparten los inmuebles con cierros de material sólido, madera o rejas que impidan la entrada de animales y, en aquellas partes que lo hizo, con una altura menor a 2 metros; y (iv) dispuesto de un depósito de basura y restos biológicos a un borde de su línea divisoria. Incorpora en su recurso imágenes que reflejan lo antes señalado.

Afirma que, debido a lo anterior, sus representados solicitaron el 4 de junio de 2021 (cuando comenzaron los problemas), en 5 ocasiones, la intervención de la autoridad sanitaria, quien ofreció responder antes del 2 de julio de 2021, no siendo notificados hasta la fecha de presentación de su recurso, de la resolución administrativa pertinente.

Por otro lado, tampoco han tenido respuesta por parte de la Municipalidad recurrida a sus peticiones de reunión para tratar esta problemática.

Agrega que de las últimas imágenes captadas el día 21 de octubre de 2021, la Municipalidad recurrida continua con los movimientos de tierra, acopio de basuras, realizando excavaciones para futuras sepulturas, en distancias menores todavía a las ya denunciadas.

Indica que la acción y omisión de los recurridos es ilegal y arbitraria, ya que se vulneran los artículos 135, 136 y 138 del Código Sanitario, el Decreto N°357, del Ministerio de Salud, de 1970, “Reglamento General de Cementerios”, que expresamente señala que todo nuevo cementerio o ampliación de uno existente, sea público o privado, debe contar la aprobación de la autoridad Sanitaria de la Región en la que esté ubicado, proceso que exige presentar un conjunto de antecedentes, obras para funcionamiento y consideraciones para su formulación, los que no se han cumplido de forma alguna en la especie por parte del Municipio y no se han fiscalizado por el ente encargado de ello.

En particular, refiere que el artículo 6 del Reglamento señala que, para autorizar el funcionamiento, entre otras, al menos se debe haber ejecutado el cierre total de la superficie y, en complemento de esto, el artículo 7 impone la obligación de cerrar el terreno con material sólido, madera o rejas que impidan la entrada de animales, que deberá tener una altura mínima de 2 metros, una barda de protección y puertas para acceso fácil. Luego, explica que el artículo 18 del Reglamento, dispone de una norma prohibitiva, que establece que ningún cementerio podrá estar ubicado a menos de 25 metros de una morada o vivienda. Adiciona que el artículo 20 dispone que el área destinada a sepultación no puede estar situada a menos de 30 metros de la ribera de un río, manantial, acequia, pozo u otra fuente de agua para consumo o riego. Sostiene que el artículo 21 reconoce a la autoridad sanitaria la facultad de disponer la clausura temporal o definitiva si juzga la existencia de amenaza para la salud pública.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas se ha perturbado y amenazado el ejercicio su derecho a la vida e integridad física y psíquica, toda vez que el conocimiento de la existencia de cuerpos en descomposición en sepultura de tierra a, literalmente, un par de metros de sus dormitorios sin cumplirse las normas sanitarias pertinentes agrede su sanidad mental, ya que les priva de la tranquilidad que toda persona merece en su residencia particular; además de olores y el acopio de desechos orgánicos en putrefacción en su pared medianera.

También, expresa, se les priva de su derecho a la igualdad ante la Ley, al no recibir un trato digno y sin diferencias de parte de la recurrida autoridad sanitaria, quien por su omisión muestra preferencia por la actividad, ilícita desde luego, que desarrolla la otra recurrida Municipalidad, privándoles de un derecho fundamental.

De igual forma se perturba su derecho a ejercer su actividad económica, cuando se les impide desarrollar sus quehaceres, tanto en su bodega, como en su vivero, al privárseles de la tranquilidad que las actividades exigen, más todavía cuando no se procedió al cierro reglamentario, se desarrollan funerales de alto riesgo público, con personas montadas en las medianerías existentes, gritos y fuegos artificiales, así como también, se les perturba al impedirles acceder a las aguas del canal de regadío para sus plantas.

Finalmente se les priva, perturba y amenaza su derecho de propiedad, toda vez que de manera intempestiva, ilegal y arbitraria, la recurrida municipalidad ha transgredido la regulación instalando un cementerio pegado a sus moradas, lo que les conlleva perturbación en el ejercicio de su derecho, así como también la evidente y manifiesta minusvaloración lo que perjudica el patrimonio de los recurrentes.

Solicita acoger su recurso y declarar que la conducta de las recurridas, son actos arbitrarios e ilegales que le han significado una privación en el legítimo ejercicio de sus derechos amparados en las garantías constitucionales establecida en el inciso 1° del N°1; el N°2; el N°21; y, el inciso 1° del N°24, todos del artículo 19 de la Constitución Política de la República, adoptar las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y ordenar a las recurridas:

1. A la Ilustre Municipalidad de El Monte: abstenerse de inhumar cadáveres o restos humanos en el terreno inmediatamente colindante al inmueble de propiedad de los recurrentes y que les sirve de morada y vivienda, al menos en una distancia 25 metros desde la línea divisoria que los separa a ambos, dentro de un plazo de 2 meses o el V.S.I. estime prudente, constituyendo para todos los efectos una prohibición de realizar esta acción, bajo apercibimiento de denunciar el hecho como delito de desacato;

2. A la Ilustre Municipalidad de El Monte: retirar los cadáveres o restos humanos que hayan sido inhumados y que estén dentro de los 25 metros contados desde la línea divisoria que separa ambos inmuebles, con el inmueble de propiedad de los recurrentes y que les sirve de morada y vivienda y ubicarlos en una distancia superior a la referida, dentro de un plazo de 2 meses o el V.S.I. estime prudente, constituyendo para todos los efectos una prohibición de realizar esta acción, bajo apercibimiento de denunciar el hecho como delito de desacato;

3. A la Ilustre Municipalidad de El Monte: construir un cierre perimetral con material sólido, con una altura mínima de 2 metros y una barda de protección, dentro de un plazo de 2 meses o el V.S.I. estime prudente, bajo apercibimiento de denunciar el hecho como delito de desacato;

4. A la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana de Santiago: realizar las acciones de fiscalización, realización de sumarios sanitarios y, de proceder, a la clausura temporal o definitiva del espacio destinado hoy a Cementerio y que colinda con el inmueble de propiedad de los recurrentes y que les sirve de morada y vivienda;

5. Disponer cualquier otra medida que V.S.I. estime necesaria a fin de restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados; y que se condene en costas a las recurridas.

Segundo: Que informa al tenor del recurso nombre reservado, SEREMI (S) de Salud Metropolitano, señalando que, contrario a lo alegado en su acción, el 12 de agosto del año 2021 la autoridad en el marco de sus atribuciones, se constituyó en el inmueble de autos constatando una serie de deficiencias sanitarias y dando inicio al Sumario N° 211329436, el que se encuentra en proceso de ser fallado conforme señalan los plazos establecidos en el artículo 27 de la ley N° 19.980 (6 meses), por lo que pide se rechace el recurso a su respecto.

Hace presente que dio respuesta a la OIRS N° 1490671, uno de los aludidos en el libelo, al correo electrónico registrado, detallándose las acciones realizadas por su parte adjuntando copia.

Tercero: Que informa Carlo Alejandro Nicanor Gutiérrez Aravena, abogado, por la recurrida Ilustre Municipalidad de El Monte, pidiendo el rechazo de la acción intentada en todas sus partes.

A modo contextual explica que el Cementerio Municipal data del año 1909, viéndose reducida su capacidad a raíz del transcurso del tiempo y el aumento natural de la población, por lo que se han adquirido los inmuebles colindantes a fin de ampliarlo conforme las necesidades de la comuna.

Expresa que, conforme a ello, en febrero del año 2018 se adquirió el inmueble signado con el número 614 de Avenida San Miguel, el que no fue suficiente siendo necesario, además, adquirir el inmueble de propiedad de los recurrentes de autos, quienes están dispuestos a venderlo al municipio; sin embargo, ante la saturación del cementerio y siendo la única posibilidad de expansión a través de los terrenos del lado oeste, ha hecho que éstos soliciten un precio exagerado, imposibilitando que la compraventa se concrete.

Es por esto, y con el propósito de presionar la pronta concreción de la operación, bajo sus propios términos, anunciaron que denunciarían al municipio ante la autoridad sanitaria por supuestas infracciones como efectivamente ocurrió a contar de junio del 2021 como se señala en el recurso.

Indica que estas denuncias dieron lugar a un procedimiento de fiscalización en el Cementerio Municipal de El Monte realizado el 12 de agosto de 2021, cuya acta fue levantada por el funcionario del Subdepartamento de Control Sanitario Ambiental de la SEREMI DE SALUD METROPOLITANA, iniciándose un sumario sanitario que se encuentra pendiente.

Afirma que el 22 de noviembre de 2021, se reunieron con los recurrentes, con el objeto de evaluar la factibilidad de compra del inmueble adjuntando una carta de intención para la compra emitida por el alcalde Francisco Gómez Ramírez prosiguiéndose con las negociaciones entre recurrentes y su parte.

En cuanto al derecho, plantea la extemporaneidad de la acción intentada, ya que los mismos recurrentes reconocen que el 4 de junio de 2021 presentaron su solicitud de fiscalización ante la autoridad sanitaria, estando a esa época en pleno conocimiento de los hechos supuestamente ilegales reclamados en la acción constitucional de autos. Agrega que para soslayar la evidente extemporaneidad, acompañaron fotografías que darían cuenta de acciones realizadas por su parte hasta el 21 de octubre pasado lo que no es efectivo.

Plantea, por otro lado, que el recurso de protección no es la vía idónea por existir un procedimiento sanitario pendiente y en curso originado a requerimiento de los recurrentes. Al efecto la Municipalidad presentó sus descargos, de modo que un órgano técnico especializado en materia sanitaria, como lo es la Secretaría Regional Ministerial, se encuentra conociendo del asunto conforme a la legislación vigente.

En cuanto al fondo del asunto, reconoce en forma expresa la efectividad de las acciones denunciadas, a excepción de aquella consistente en disponer de un depósito de basura y restos biológicos a un borde de la línea divisoria del inmueble de su propiedad y la residencia de los recurrentes, desde que éste fue retirado con anterioridad a la presentación del recurso. En cuanto a las demás acciones, recalca que cesaron al momento de realizarse la fiscalización sanitaria en agosto pasado.

En razón de lo anterior, afirma que todas y cada una de las medidas que se plantean para restablecer el imperio del derecho carecen de relevancia práctica en la actualidad, porque ellas ya no se realizan. En cuanto a las inhumaciones, dadas las normas sanitarias pertinentes, se requiere la autorización de exhumación respectiva. Respecto al cierre perimetral, no ha sido posible materializarlo, atendido las obras ilegales realizadas por los recurrentes dentro del terreno municipal, al que adosaron la construcción de una vivienda, como da cuenta el acta de fiscalización de la Dirección de Obras que acompaña, de manera que el cierre parcial corresponde a un impedimento causado por ellos mismos.

A ese respecto, la propia acta de fiscalización citada da cuenta que en el predio de los recurrentes no existe ninguna construcción autorizada ni viviendas ni permisos de edificación vigentes ni recepciones finales. Vale decir, para todos los efectos legales, es solo un sitio eriazo, de manera que por corresponder a construcciones irregulares no puede recibir amparo legal, de lo contrario sus ocupantes se estarían aprovechando de su propio dolo. Por esta misma razón, el vivero existente dentro de la propiedad carece de patente municipal.

Respecto a las garantías constitucionales presuntamente afectadas señala que al no respetarse las normas legales que regulan las construcciones y obras levantadas por los accionantes, no puede entenderse que se ataca su derecho a desarrollar cualquier actividad económica o su derecho de propiedad, ya que el uso de las mismas ya sea habitacional o comercial es ilegítimo.

En cuanto al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona afirma que la parte recurrente sólo enuncia el derecho en comento, sin indicar de qué modo ha sido conculcado, lo mismo ocurre cuando se invoca la igualdad ante la ley, pues no se indica de qué manera se estaría infringiendo la mencionada garantía.

Cuarto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de tutela de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

En consecuencia, para que prospere, es menester que se constate la existencia de una acción u omisión por parte de la recurrida, que tenga el carácter de ilegal o arbitraria, y que afecte, aun en grado de amenaza, algunas de garantías constitucionalmente protegidas por el recurso de protección.

Quinto: Que, por el presente recurso, se pretende el restablecimiento del imperio del derecho por las vulneraciones denunciadas, que son consecuencia del acto ilegal y arbitrario que se le atribuye a la Municipalidad de El Monte, consistente en la ampliación del cementerio municipal al predio colindante de la propiedad de los recurrentes, sin cumplir las exigencias legales y reglamentarias, al efectuar sepultaciones a menos de 5 metros de la ribera de una acequia cuyas aguas utiliza para el riego de los cultivos que señala, y a menos de 1 metro, de la línea divisoria de ambos terrenos, tampoco ha realizado el cierre del perímetro divisorio conforme los criterios que enuncia, y ha dispuesto de un depósito de basura en el borde del deslinde que comparten.

Respecto de la otra recurrida, que corresponde a la SEREMI de Salud, le reprocha la omisión de ejercer las facultades legales de fiscalización, del irregular actuar del municipio mencionado.

Sexto: Que, como cuestión previa, ambos recurridos, la municipalidad en su informe, y la SEREMI en sus alegatos, plantearon la extemporaneidad del recurso, señalando que conforme los propios dichos plasmados en el libelo pretensor, consta que los recurrentes con una antecedencia mayor a los treinta días que establece el auto acordado que regula la presente acción constitucional, tenían conocimiento de los actos que estiman conculcatorios, pues, se indica expresamente que con fecha 4 de junio del año 2021, se solicitó al organismo sanitario la fiscalización del cementerio municipal, por los mismos hechos materia del presente arbitrio, el cual, al haber sido ingresado a esta Corte el día 2 de noviembre último, su presentación sería extemporánea.

Por su parte, el artículo 1º del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección establece que dicha acción se interpondrá ante la Corte de Apelaciones pertinente “dentro del plazo fatal de treinta días corridos contado desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos”.

Sin embargo, el acto y omisión que se tilda de ilegal y arbitrario, no corresponde a un hecho aislado, que se verifica y consume en el instante de su comisión o en un período acotado de tiempo, desde cuyo cese se pueda computar el término antes referido, sino que se trata de una situación permanente, que a la data del recurso, se mantenía vigente, como lo es, por un lado, el funcionamiento irregular de una ampliación del cementerio municipal, en el predio que deslinda con el de los recurrentes, y por otro, la falta de fiscalización de dicha situación, por lo tanto, se trata de un estado de cosas actual, una situación que a la fecha de interposición, se encontraba en vigor, y por lo tanto, no es posible iniciar la contabilización de los treinta días de plazo otorgados por el mencionado autoacordado.

De esta manera, al objetarse la ejecución de un acto ilegal y arbitario que se materializa actualmente, al mantenerse la situación que se califica como vulneratoria, extendiéndose en el tiempo, aparece que el cumplimiento del plazo para la interposición del recurso, ,debe considerarse desde la perspectiva de su ejecución y no desde la primera noticia que se tuvo del mismo, por lo que el presente recurso aparece deducido de modo oportuno, por lo que la alegación de extemporaneidad debe ser desestimada.

Séptimo: Que conforme fluye del libelo que contiene el arbitrio, como de los informes evacuados, no se discute que los recurrentes habitan el inmueble ubicado en domicilio reservado, y que en el predio colindante, correspondiente a domicilio reservado, que a su vez limitaba con el Cementerio Municipal, el ente edilicio recurrido ha ampliado dicho recinto, de modo que ahora deslinda con los recurrentes.

Asimismo, el municipio manifiesta que es cierto que en tal anexo se ha procedido a la sepultación de cuerpos, a menos de cinco metros de una acequia de regadío que cruza el sector, y a menos de un metro de la línea divisoria de la morada y lugar de trabajo de los recurrentes, sin levantar un cierre perimetral por sobre los dos metros, disponiendo de un acopio de basura al borde de la línea divisoria.

También se comprueba que el 12 de agosto de 2021, la SEREMI de Salud realizó una fiscalización constatando deficiencias sanitarias e iniciado el Sumario Nº 211329436 que se encuentra pendiente de resolución, pero dentro del plazo legal para ello.

En el acta de fiscalización pertinente, se deja constancia, entre otras situaciones, de la existencia de la ampliación del cementerio en etapa de construcción, con 237 sepulturas proyectadas y 12 ocupadas, cinco de las cuales se observan a distancia entre 7 y 17 metros de las viviendas de los recurrentes, y que la administración del cementerio “no acredita autorización del proyecto de ampliación” al momento de la visita, razón por la cual se dio inicio al mencionado sumario sanitario.

Octavo: Que, de lo expresado, se evidencia con claridad, que no es efectivo que la SEREMI recurrida haya incurrido en la omisión que se le atribuye, por cuanto, en la fecha indicada, no sólo fiscalizó la situación denunciada, sino que también inició un procedimiento administrativo, que si bien aun no se resuelve, el plazo legal para ello se encuentra vigente, razón por la cual, corresponde descartar el recurso en lo concerniente a la entidad sanitaria, conforme se dirá en la parte resolutiva de esta decisión.

Noveno: Que, en lo concerniente al acto que se le atribuye a la Municipalidad de El Monte, cabe señalar, que la regulación de los cementerios se encuentra entregada, preferentemente, al Código Sanitario y al Decreto Nº 357 del Ministerio de Salud, correspondiente al Reglamento de Cementerios.

El primer cuerpo normativo, establece en su artículo 135, que “Sólo en cementerios legalmente autorizados podrá efectuarse la inhumación de cadáveres o restos humanos”, para luego, a continuación, en el artículo siguiente, expresar que “Sólo el Servicio Nacional de Salud podrá autorizar la instalación y funcionamiento de cementerios, crematorios, casas funerarias y demás establecimientos semejantes. Un Reglamento contendrá las normas que regirán para la instalación y funcionamiento de los mencionados establecimientos y sobre la inhumación, cremación, transporte y exhumación de cadáveres”.

Asimismo, el artículo 137 del mismo texto, señala que a las municipalidades les atañe instalar cementerios, pero ello, “…previa aprobación del Servicio Nacional de Salud, en los lugares en que no los hubiere o fueren insuficientes, pudiendo adquirir o expropiar terrenos para tal objeto”.

En cumplimiento al imperativo del legislador del artículo 136 previamente transcrito, el Ministerio de Salud dictó el Reglamento de Cementerios ya referido, el cual regula el contenido y formalidades con que deben cumplir las peticiones de autorización de un cementerio, cuyo pronunciamiento le corresponde al Director General de Salud, previo informe de la autoridad sanitaria local respectiva, siempre y cuando, se constate la ejecución de las obras a que se refiere el artículo 6º del Reglamento, instruyéndose en el título II, las demás exigencias con que debe cumplir, entre las que destacan la de los artículos 18 y 20, por los cuales se prohíbe el emplazamiento del cementerio a menos de 25 metros de una morada o vivienda, como asimismo, no se permite que el área de sepultación se encuentre situada a una distancia menor de treinta metros de una acequia, y sólo en casos calificados, no podrá ser inferior a diez metros.

Por su parte, el artículo 7, establece la obligación de levantar un cierre perimetral de material sólido no inferior a dos metros de altura, Por otro lado, el artículo 11 del Reglamento, indica que “En todos los casos en que fuere necesario fundar un nuevo cementerio, el Servicio Nacional de Salud deberá comunicarlo a la Municipalidad que corresponda, la que deberá así disponerlo y solicitar la autorización de su instalación al Servicio, dentro del plazo de seis meses. De la misma manera, el Servicio Nacional de Salud podrá exigir a sus propietarios la ampliación de los ya existentes”, de lo que se sigue que en el caso de ampliaciones de los cementerios existentes, es menester efectuar el mismo procedimiento de solicitud de autorización al servicio respectivo, pues no de otra manera se puede entender la expresión “de la misma manera”, al tratar dicho supuesto, luego de referir la necesidad de que para los nuevos cementerios, debe realizarse el trámite administrativo pertinente.

Décimo: Que, como se advierte y reconoce en lo obrado en autos, al municipalidad recurrida efectuó una ampliación del cementerio municipal, sin contar con las autorizaciones correspondientes; y, además, sin cumplir las exigencias reglamentarias contenidas en los artículos 7, 18 y 20, existiendo un sumario sanitario pendiente.

Aquello, de manera palmaria, se revela como un acto que necesariamente debe ser calificado como ilegal, y además, arbitrario, por cuanto se trata de una actuación carente de justificación oficial, lo que impide estimarlo de otra manera.

En tales condiciones, corresponde analizar si dicha conducta, es conculcatoria de las garantías constitucionales que se denuncian como infringidas, para efectos de determinar si el presente recurso puede prosperar, y así, disponer las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Undécimo: Que a juicio de esta Corte, tal conducta indebida y contraria a derecho amenaza y perturba el pacífico ejercicio del derecho a la vida e integridad física y psíquica de los recurrentes, pues la circunstancia de tener que soportar en el predio contiguo a su residencia, el funcionamiento de un cementerio con sepulturas a pocos metros del lugar donde desarrollan su vida laboral y familiar, implica, por un lado, una evidente afectación sicológica, atendida la especial naturaleza que desde una perspectiva cultural tiene el tratamiento de los cadáveres, que aunque no son personas, tampoco se trata de un simple bien mueble “…sino una cosa especialísima y sui generis, que merece cierta protección y regulación, en cuanto fue persona y se le transmite algo de la propia dignidad de ésta” (según lo manifestara el máximo tribunal de la República en el ingreso Nº 2846-20 de esa Corte), lo que justifica la existencia de una regulación legal y reglamentaria específica, que busca –entre otras cosas– resguardar tal dignidad, y que ha hecho de tales lugares espacios solemnes de recogimiento y reflexión, y en los que se espera de quienes se encuentran, no sólo en su interior, sino también en sus proximidades, una actitud de respeto y consideración al recuerdo de quienes yacen sepultados, como al dolor de sus deudos. Tales elementos, sin duda, son capaces de condicionar la rutina y disposición de quienes desarrollan su vida en el predio inmediatamente vecino, y que tienen conciencia de la proximidad de los lugares de sepultura, incluso, a una distancia inferior a la reglamentaria, que implican una clara perturbación y vulneración a su bienestar síquico y emocional, en cuanto esfera protegida constitucionalmente por el numeral primero del artículo 19 ya citado.

Por otro lado, también es posible discernir una amenaza a la salud física de los recurrentes, dado, principalmente, por las razones sanitarias que justifican la estricta regulación del emplazamiento de los cementerios, y los lugares dispuestos para sepultura, lo que justamente se ve agravado cuando se constató que la distancia en que se encuentran dispuestos tales espacios, se emplaza en proximidades inferiores a las permitidas por nuestro ordenamiento jurídico, no sólo de la morada y lugar de trabajo de los recurrentes, sino también a una acequia de regadío, que es utilizada por ellos, lo que configura una amenaza y afectación a la garantía invocada.

También es posible considerar la concurrencia de una perturbación al derecho de propiedad, por cuanto, como propone el arbitrio, la municipalidad recurrida, al transgredir la regulación pertinente, ampliando el espacio destinado al cementerio municipal, y emplazándolo en el predio vecino al de los recurrentes, provoca una afectación patrimonial, relativo a la valorización de su propiedad. En efecto, es posible considerar como una máxima de experiencia, que considerando las especiales consideraciones culturales que acarrea un espacio destinado a cementerio, como los aspectos sanitarios, también ya referidos, que los inmuebles aledaños, pierden plusvalía en la medida que mayor proximidad tengan con los cementerios, especialmente, si el emplazamiento y disposición de las sepulturas, se encuentran a menor distancia de la permitida.

Duodécimo: Que atendido lo expuesto, quedando demostrado que la municipalidad recurrida incurrió en un acto ilegal y arbitrario, al disponer, sin contar con las autorizaciones pertinentes, la ampliación del cementerio municipal, y que además, tampoco se sujetó a las limitaciones relacionadas con la distancia que los lugares destinados a sepulturas deben mantener con viviendas, moradas y acequias, como tampoco, mantener el cierre perimetral conforme lo exige el reglamento respectivo, vulneró la garantía de los recurrentes contenidas en los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que el recurso de protección debe ser acogido de la manera que se dirá, sólo respecto de la Municipalidad de El Monte.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales:

I. Que se rechaza el recurso de protección deducido, en la parte que se dirige en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana; y II. Que se acoge respecto de la Municipalidad de El Monte, sólo en cuanto se ordena la paralización del funcionamiento de la ampliación del cementerio municipal materia de autos, mientras no cuente con las autorizaciones sectoriales necesarias para tales efectos, debiendo, en todo caso, iniciar los trámites pertinentes, ante la autoridad que corresponda, para que en el término de 90 días, proceda a la exhumación de los cadáveres que se encuentren dentro de los perímetros prohibidos por los artículos 18 y 20 del Reglamento, procediendo a su reubicación en un lugar debidamente autorizado.

Para el cumplimiento de tal disposición, deberá contar con la asesoría de la autoridad sanitaria respectiva, la cual informará las sepulturas precisas que deberán ser retiradas.

Redactado por el ministro señor Martínez.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° 5694-2021- Protección.

Pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por los Ministros señora Carolina Vásquez Acevedo, señora Ana Cienfuegos Barros y señor Patricio Martínez Benavides. No firma el Ministro señor Martínez, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo, por encontrarse ausente.