nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.

San Miguel, catorce de enero de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

1°. Compareció nombre reservado, dependiente, deduciendo recurso de Protección de Garantías Constitucionales en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, en adelante La Caja, representada por su gerente general nombre reservado, en razón del acto ilegal y arbitrario que vulnera sus garantías constitucionales, todo en relación al ejercicio ilegal y arbitrario de la garantía especial contemplada en el art. 22 de la ley 18.833 por la retención de parte de sus remuneraciones del mes de septiembre de 2021.

Para precisar su reclamo, expuso que el 25 de julio de 2019 suscribió el pagaré Nº166CON100251021 a favor de la recurrida por la suma de $5.514.171, por concepto de mutuo, más los intereses respectivos, crédito pagadero en 34 cuotas mensuales y sucesivas de $191.800. En el mismo se pactó que en caso de simple retardo en el pago de más de 30 días corridos de todo o parte de cualquiera de las cuotas, se permitiría a la recurrida a exigir la solución íntegra de la suma debida, considerándose la obligación de plazo vencido y capitalizados los intereses devengados y no pagados. Igualmente, autorizó a La Caja para que el actual o futuro empleador, entidades pagadoras de pensión y pagadoras de subsidio de incapacidad laboral, pudieran descontar del pago de sus emolumentos mensuales o subsidios de cesantía, los dividendos correspondientes al referido crédito. El 30 de julio de 2020 terminó la relación laboral con su empleador de la época, y al quedar sin trabajo no contó con los medios para solucionar las deudas, las que se encuentran impagas y en mora de pago desde esa fecha.

Estando vencido e impago el crédito, la recurrida lo demandó ejecutivamente el 29 de enero de 2021, formándose la causa Rol C-102-2021 tramitada ante el 2° Juzgado Civil de Talagante, caratulada “Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes con nombre reservado”. Trabada esa Litis, el 16 de septiembre de 2021 opuso excepción a la ejecución, lo que fue rechazado por el tribunal, resolución que apeló. Antes de esa fecha, en junio de 2021 había ingresado a trabajar, ahora para la empresa NOVA TELECOM y al recibir su liquidación de sueldo, advirtió la ejecución de un descuento por la suma de $222.145 por concepto “PRÉSTAMO CCAF”. Desde el 1 de octubre de 2021 se encuentra empleado para una nueva empresa – PSINet- la que le ofreció mejores condiciones laborales.

El descuento realizado en septiembre de 2021 se ejecutó mientras se tramita el juicio ejecutivo, por lo que sería ilegal y arbitrario, al tiempo que precisa que nunca tuvo información de ninguna clase o especie que le permitieran prever una afectación de tal magnitud en su remuneración mensual. Lo anterior, especialmente considerando que La Caja, por voluntad propia, había judicializado el cobro de la deuda, causa en actual tramitación.

Sostiene que el actuar de la recurrida es un acto arbitrario, antojadizo e ilegal, que carece de fundamento, tanto en su realización, como en el monto que ordenó retener a su empleador y reviste un abuso de los preceptos legales que regulan el funcionamiento de estas entidades respecto al cobro oportuno de los créditos sociales, descontando una proporción estructural de su remuneración líquida, de manera absolutamente forzada, intempestiva y en contra de su voluntad.

En cuanto al derecho cita la Ley 18.833 que en sus artículos 21 y 22 establece el régimen de prestaciones de crédito social y la facultad para tal entidad de garantizar el pago por las mismas normas de pago y cobro que se aplican a las cotizaciones previsionales. En tal razón y como lo ha precisado la jurisprudencia, la Caja de Compensación, como todo grupo intermedio prestador de un servicio público, está subordinada a la Constitución Política de la República. La forma de ejecutar el cobro a través del juicio ejecutivo y de modo simultáneo mediante el descuento automático desde las remuneraciones, constituye un acto de autotutela efectuado por la recurrida, pues se trata de un descuento ilegal y arbitrario de sus remuneraciones, sin dar noticias o informaciones previas a la determinación del descuento o explicar el por qué, ni el cómo se llegó a ese monto ordenado descontar, lo que corresponde a una vulneración flagrante a la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 24 de nuestra Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, toda vez que se le ha privado y perturbado de su derecho de propiedad sobre $222.145 de su remuneración, lo que podría repetirse para los pagos de futuras remuneraciones.

Sobre la arbitrariedad del acto recalca que la recurrida al momento de interponer la demanda ejecutiva manifestó su voluntad expresa e inequívoca de ejercer la cláusula de aceleración, produciendo el vencimiento anticipado de todas las cuotas pendientes, cobrando el acreedor recurrido la totalidad de la deuda como de plazo vencido en sede civil. Luego, es arbitrario que habiendo ejercido la cláusula de aceleración se ordene la retención de montos similares al de una cuota, a su conveniencia, mediante un mecanismo paralelo a la vía judicial que ya ha ejercido. Cita en aval de su posición sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que ha declarado la instrumentalización abusiva del estatuto contenido en el artículo 22 de la Ley 18.833, recogido en la causa Rol 70389-2018. En similar sentido, la Excma. Corte Suprema en el Rol 6118-2018 ha declarado “que, en consecuencia, este proceder arbitrario de la recurrida vulnera la legítima expectativa del recurrente en orden a percibir sus remuneraciones de forma íntegra, por lo que afecta la esencia de la garantía prevista en el número 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República”. También sostiene que existe arbitrariedad en el actuar de la recurrida al ordenar un descuento amparándose en el artículo 22 de la ley 18.833, desconociendo su deber de dar noticias previas respecto a su determinación de ejecutar los abusivos e inoportunos descuentos, reconocido en el Rol 12425-2018 también del máximo tribunal, en orden a las exigencias de informaciones al ejecutado o deudor. Cita también el Rol 68.666-2018 de la Corte de Apelaciones de Santiago que sigue esa línea de argumentos al precisar: “Que, en este sentido, hay que dejar establecido que las Cajas de Compensación están obligadas, al menos, a dar noticias previas de sus determinaciones al afectado, tras el transcurro de un extenso lapso de tiempo entre la exigibilidad de la obligación y su cobro, y no actuar de improviso haciendo uso abusivo de una potestad unilateral consignada en la ley N° 18.833, de 26 de septiembre de 1989, que Establece el Estatuto Legal para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (C.C.A.F.), y en el contrato suscrito por las partes, sin respetar la legítima expectativa del trabajador de percibir sus remuneraciones de forma íntegra.”

Concluye solicitando que se acoja el recurso de protección en el sentido que esta Corte ordene que cese todo tipo de retención o descuento en la remuneración del recurrente, se le restituyan los descuentos efectuados, así como también los que puedan llevar a efectuarse durante la tramitación de la presente acción y la condene en costas.

2°. Que informa al tenor del recurso Matías Amigo García, abogado, en representación de la Caja De Compensación De Asignación Familiar De Los Andes, solicitando que el mismo sea rechazado, con costas.

En cuanto a los hechos, reconoce que otorgó al recurrente la operación de crédito código 166CON100251021, por un capital de $6.437.703, a una tasa de 0.99%, pagadero en un plazo de 41 meses, con una cuota de $197.991, habiéndose diferido algunas por acogerse a la ley 21.227. También admite que el 10 de octubre de 2021, recibió la suma de $222.145, monto que se contabilizó como pago de la cuota del mes de junio de 2020, más un interés penal de $25.042. Desde julio de 2020 a septiembre de 2021 las cuotas 11 a 25, se encuentran en mora y codificadas en cobranza judicial. En su concepto el crédito está vigente y actualmente exigible y sus acciones de cobro no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N° 18.833 es pertinente y oportuno.

A continuación se explaya sobre el carácter social de los créditos otorgados por su parte y el mecanismo de recaudación, en especial la garantía de retención del art. 22 de la ley 18.833, extendiéndose en la evolución histórica y legislativa a su respecto, destacando el carácter social de la contribución de estos organismos, así como las restricciones legales en orden a interpretar su obligación de proceder al cobro. Estima que “el hecho que esta Caja de Compensación haya entablado una acción ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza el mutuo otorgado a la recurrente, no libera a mi representada ni a su empleador de la obligación legal de efectuar el descuento para el pago de las cuotas adeudadas, ello en atención al carácter imperativo del artículo 22 de la Ley 18.833. A mayor abundamiento, y de acuerdo a lo señalado anteriormente en esta presentación, el inicio de acciones judiciales para perseguir el cobro de lo adeudado no obedece a un mero capricho de la institución que represento, ni mucho menos tiene que ver con un supuesto actuar de mala fe orientado a perseguir un doble cobro, sino que únicamente se debe al cabal cumplimiento de la normativa legal y administrativa vigente, la cual se orienta al resguardo del Fondo Social, a partir del cual se financian los regímenes de prestaciones otorgadas por las Cajas de Compensación de Asignación Familiar”. Esta posición se habría refrendado en los autos Rol 22.325-2019 Civil de la Corte Suprema, fallo en que se reconoce su actuar como una atribución que la ley confiere a la Caja de Compensación con miras a obtener la recuperación del crédito y constituye también un deber que la ley hace recaer en el empleador respectivo, los cuales no resultan obstados por la interposición de una acción ejecutiva, sobre todo si ésta ha sido interpuesta con anterioridad a la reanudación de las retenciones para el cobro de las cuotas adeudadas.

Posteriormente desarrolla la exigibilidad de la deuda y dedica a exponer sobre la prescripción de la misma (lo que no ha sido materia de este arbitrio) insistiendo que esta sede no es la habilitada para conocer las eventuales reclamaciones sobre la deuda, el título en que se funda, al tiempo que sostiene que el recurrente no posee un derecho indubitado que obste su exigibilidad, el cual, en todo caso, debe ser discutido y declarado en la sede jurisdiccional correspondiente, en un juicio de lato conocimiento.

Descarta la existencia de la supuesta vulneración al artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental, relativo al derecho de propiedad, no es procedente debido a que no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor, de acuerdo al citado artículo 22 de la Ley 18.833. En tanto el crédito sea exigible, sólo cometería un acto arbitrario e ilegal si informara deducciones a partir de créditos sociales en que se ha declarado la prescripción tanto de la acción cambiaria como aquella que emana del mutuo, acciones que son distintas e independientes y que tienen plazos de prescripción diversos, y que no han sido declaradas en favor del recurrente.

Enfatiza que La Caja no requiere de una sentencia ni proceso previo para informar el descuento de un crédito social al empleador de un afiliado deudor, por cuanto las deudas exigibles de crédito social cuentan con normas especiales para su recaudación, de acuerdo al artículo 22 de la ley 18.833, que señala que “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales.” Así, mientras la deuda se mantenga exigible, La Caja puede informar los descuentos mientras el deudor figure como afiliado al sistema de C.C.A.F., sin perjuicio del tiempo que la cuota respectiva haya estado morosa, pues, si el deudor quiere aprovechar el beneficio jurídico de la prescripción basado en dicho paso del tiempo, deberá accionar para conseguir tal declaración. En este sentido, el descuento efectuado malamente puede constituir una situación arbitraria por parte de La Caja, como pretende hacer ver la recurrente, pues dicha institución de seguridad social sólo está cumpliendo con su mandato legal de proteger su fondo social, mediante la recuperación de un crédito por la vía legal para ello.

Aporta en aval de su posición citas de sentencias de la Excma. Corte Suprema que confirmó aquella dictada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Puerto Montt - Rol 195-2021- que rechazó el recurso de protección interpuesto en contra de La Caja por los referidos motivos, así como otras en las que se reconoce que en tanto el crédito sea exigible, procede el descuento incluso en etapa de judicialización del cobro, en términos que no puede ser ni ilegal ni arbitrario.

3°. Que el recurso de protección del artículo 20 de la Constitución Política, es una acción cautelar extraordinaria, prevista para resguardar urgentemente ciertos derechos y garantías esenciales, enumerados en el mismo precepto, que son afectados por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, que importen perturbación, privación o amenaza en su ejercicio legítimo.

4°. Que, atendida la naturaleza y finalidad del recurso, para que se restablezca el imperio del derecho y se asegure la protección del afectado, es necesario que quien lo invoca acredite la existencia de un derecho o garantía que le asista, que se encuentre debidamente determinado y que corresponda a alguno de los referidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Como también es esencial que los hechos arbitrarios o ilegales que se invocan se encuentren comprobados y que ellos hayan producido privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos taxativamente en el citado artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

5°. Que la clave para elucidar de qué trata esta acción de protección está en precisar si la actuación denunciada es "ilegal" o "arbitraria". A estos efectos es recomendable definir estas expresiones contenidas en el artículo 20 de la Carta Fundamental, para evaluar si el acto recurrido puede ser calificado de tal. En cuanto a lo ilegal del acto, se debe tener presente que este lo es si se ha dictado o ejecutado en contravención a las normas que integran el ordenamiento jurídico chileno, esto es, no autorizado por el mismo (si se trata de una acción) o exigido por el mismo (si se trata de una omisión).

La evaluación de legalidad, por tanto, exige contrastar la decisión o el contenido del acto cuestionado con el sistema de normas que integra el derecho nacional, sean del nivel constitucional, legal o infra legal.

En cuanto a la arbitrariedad, cabe entender que un acto es tal en la medida que es contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado sólo por la voluntad o el capricho. De acuerdo con la doctrina, un acto es arbitrario cuando es injusto, irracional, desproporcionado, caprichoso, o movido por el favoritismo o la odiosidad (José Luis Cea Egaña, Derecho Constitucional chileno, tomo II, Editorial Universidad Católica de Chile, 2004, p. 633), y carente de fundamento racional o una manifestación del simple capricho del agente (Verdugo, Pfeffer y Nogueira, Derecho Constitucional, tomo I, Editorial Jurídica de Chile, 2002, p. 339).

6°. Que el asunto que se somete al conocimiento de esta Corte es evaluar el ejercicio de la garantía de pago que previene el art. 22 de la ley 18.833, incorporada en el pagaré suscrito por el recurrente en beneficio de la recurrida, ejecutada de modo simultáneo con el procedimiento ejecutivo de cobro de la deuda ante la jurisdicción ordinaria civil.

7°. Que en tal orden de ideas, el primer presupuesto para el análisis de ponderación requerido a esta Corte es que los hechos en los que se asientan las infracciones que se denuncian, resulten indubitados.

De las presentaciones de las partes se puede colegir que celebraron un contrato de mutuo el 25 de julio de 2019, mediante el cual se otorgó al recurrente una suma determinada de dinero, préstamo que debía ser reembolsado mediante el pago de cuotas iguales y sucesivas, desde el 30 de septiembre de 2019 al 31 de enero de 2023. También los documentos aportados por el recurrente, permiten concluir que la mora en el pago dio lugar a un procedimiento de cobro judicial en enero de 2021. Se probó con la liquidación el efectivo descuento de $222.145 al tiempo del pago de la remuneración de septiembre de 2021, la que el recurrido reconoce abonó a la deuda ya en etapa de cobranza judicial iniciada en enero del año pasado.

8°. Que tal como se ha reconocido por las partes, el crédito social otorgado se garantizaba con el mecanismo de descuento automático que previene el artículo 22 de la ley 18.833, en términos tales que asegure la retención de las cuotas que se devengan, en tanto el deudor cuente con ingresos, provengan estos de sus remuneraciones presentes o futuras.

En principio, el descuento ejecutado sobre las remuneraciones de un nuevo empleador se encuentra amparado por la convención celebrada entre las partes, contenida en el contrato tenido a la vista y del que proviene el pagaré en el que se concreta la deuda.

Empero, ante la mora del deudor desde julio de 2020, al haber resuelto la Caja recurrida iniciar la vía ejecutiva para la solución forzada de la deuda, el ejercicio de las retenciones ordenadas practicar en las remuneraciones desde que se inició la ejecución, importan reconocer un ejercicio abusivo de tal garantía legal.

9°. El ejercicio de las retenciones de modo paralelo al procedimiento ejecutivo, supone un acto deliberado que genera en los hechos dos títulos de acreencia: el contenido en el pagaré fundante de la causa ejecutiva, y la orden de descuento automático que reciben los nuevos empleadores, lo que importa reconocer que esta segunda no tiene causa en la norma en que se asila.

No solo se ha reconocido el descuento, que abonaría una de las cuotas estimadas vencidas por las que se sumó al capital sobre el que versa el juicio ejecutivo, sino que el mismo ni siquiera se explica en su cantidad a la explicación otorgada por el recurrido sobre su cuantía, pues $197.991 – valor de la cuota – a la que se añaden los intereses por $25.042, arroja un valor diverso del descontado por $222.145.

La razón del recurrente sobre el carácter imperativo de la norma que obliga al empleador al descuento, no basta para justificar que La Caja siga informando como vigente el crédito, pues la regla está redactada en términos de evitar que las retenciones ejecutadas por los empleadores no satisfagan de manera efectiva los créditos reteniéndolas indebidamente. Interpretar la regla como propone el recurrido es desnaturalizarla – precisamente por el carácter social de sus créditos – de modo que tales deudas generarían una ejecución del crédito en peores condiciones que aquellos otorgados por el sistema banca comercial, al tiempo que no armoniza con las reglas generales de ejecución.

10°. Las alegaciones del recurrido en orden a las razones legales por las cuales proceden las retenciones, no se estiman suficientes, pues no ha ofrecido una razonable explicación para el doble cobro y pago que impida concluir que se ejerce abusivamente una prerrogativa legal. Las restantes alegaciones sobre la prescripción de la deuda o la insuficiencia del título, no corresponden a las hipótesis de hecho al que nos estamos abocando, pues el recurrente se limita a denunciar la doble ejecución y sin anunciar pérdida de los atributos ejecutivos del título.

11°. Que de esta forma, efectivamente el descuento ejecutado ha privado al recurrente de su derecho de propiedad sobre aquella parte de su remuneración que se tiene por mal retenida, haciendo procedente la intervención de esta Corte tanto para restablecer en su derecho de propiedad al recurrente, como para evitar el doble cobro de la manera en que estaba ocurriendo al tiempo de deducirse el recurso y hasta que se notificó la orden de no innovar concedida, por lo que se acogerá el recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES y se ordena a la recurrida que restituya al recurrente o a quien sus derechos represente la suma de doscientos veintidós mil ciento cuarenta y cinco pesos ($222.145) así como a abstenerse de seguir descontando las cuotas pendientes de pago que se originan del pagaré N° 166CON100251021 suscrito a su favor por nombre reservado.

Acordada la decisión de eximir de las costas a la parte vencida con el voto en contra de la Fiscal Troncoso Bustamante quien estuvo por imponerlas, pues deliberadamente, al mantener al recurrente vinculado al proceso ejecutivo civil y de forma paralela seguir ordenando los descuentos que sirven de base a la misma deuda, lo fuerza a accionar en esta sede para evitar mayores perjuicios de estos cobros y ejecuciones simultáneas.

Redacción de la Fiscal Judicial Troncoso Bustamante.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol 5670-2021- protección.