nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN

San Miguel, dos de diciembre de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente Primero: Que comparece don nombre reservado desempleado, domiciliado en domicilio reservado quien interpone recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de San Ramón, representada por su alcalde don Gustavo Toro Quintana, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado de esa comuna, quien dictó el Decreto N°1188 de 25 de agosto del actual, mediante el cual se decidió no renovar su contrata.

Expresa que se ha desempeñado en el Departamento de Salud Municipal durante los últimos tres años, que cuenta con buenas calificaciones y no registra sanciones en su contra, pese a lo cual, el aludido decreto puso término a sus servicios, amparándose en la situación de contingencia sanitaria y necesidades presupuestarias por sobredotación, explicaciones que considera irracionales y que determinan que el acto recurrido carezca de fundamento, ya que además no a cuenta de los criterios para decidir el término de una u otra contrata, entre otros aspectos.

En cuanto a la vulneración de sus garantías constitucionales, expresa el acto recurrido afecta su derecho de propiedad que detenta respecto de su empleo y la remuneración mensual que le corresponde percibir, además de infringirse su derecho a la igualdad ante la ley. Sostiene que el obrar del municipio ilegal y arbitrario, por carecer de toda motivación racional y al desatender la confianza legítima que le corresponde por haber prestado servicios durante años.

Se refiere latamente al deber de fundamentación de sus actos que recae sobre la Administración del Estado, el principio conclusivo, de transparencia e imparcialidad, consagrados en la Ley 19.880, precisando que la falta de fundamentación del acto administrativo lo transforma en ilegítimo, porque se desconocen las razones para adoptarlo, de manera que no es suficiente la enumeración o descripciones de las cuestiones de hecho que lo motivan.

Reitera que la recurrida desconoce el principio de confianza legítima, en virtud del cual, en todos aquellos casos en que un contrato a plazo fijo o contrata sea renovado en forma secuencial año a año, por el transcurso de a lo menos dos anualidades, se genera en el funcionario público la expectativa legítima de que tal práctica administrativa será reiterada en el futuro, configurándose de esa manera un vínculo permanente y constante con la Administración.

Solicita que se ordene a la recurrida dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio Nº 1188 del año 2021 que dispuso la no renovación de su contrata, y se le ordene renovarla en los mismos términos que las designaciones anteriores, esto es, por un plazo de un año hasta el 31 de diciembre de 2021, en la misma categoría en la que se desempeñaba, y se le pague las remuneraciones, cotizaciones y demás montos adeudados por todo el periodo que la decisión impugnada las privara de las condiciones de su contratación original, hasta el vencimiento de la misma, con las prestaciones accesorias y demás beneficios que correspondan, con expresa condenación en costas.

Segundo: Que informa la recurrida quien solicita el rechazo de la acción deducida. Expone que el actor estuvo contratado a plazo fijo en el Departamento de Salud de la Municipalidad recurrida desde el 1 de marzo de 2018 hasta el 30 de septiembre de 2021, y que dada la precaria realidad presupuestaria del municipio, normalmente todos los contratos se van decretando mes a mes, o como máximo cada dos o tres meses, dependiendo de la situación financiera. Dichas vinculaciones corresponden a contratas transitorias y que depende de la discrecionalidad del jefe del servicio y se encuentran reguladas en el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, por lo que no tienen relación con los contratos a plazo fijo normados en el Código del Trabajo.

Se explaya respecto del principio de confianza legítima, que consiste en que, cuando un funcionario ha visto renovada sin interrupciones su contrata por más de dos años, dicha práctica administrativa generó para esa persona una legítima expectativa de que ello continuaría repitiéndose de igual forma, sin que ello limite las potestades que tienen los superiores para ejercer todas las facultades que les otorga el ordenamiento jurídico respecto del personal de su dependencia, según los dictámenes de la Contraloría General de La República que indica.

Argumenta que el acto recurrido goza de plena legalidad, ya que la Administración posee plenas facultades para resolver la no renovación de esta clase de contrataciones, encontrándose debidamente fundado y notificado al actor. Añade que el acto tampoco es arbitrario, cuestión que se desprende de su sola lectura, y que la discusión de los argumentos del mismo es una cuestión que excede el propósito del recurso de protección, puesto que no existe un derecho indubitado.

Se refiere a los fundamentos fácticos del decreto cuestionado, en síntesis la necesidad de optimizar recursos para destinarlos al personal médico atendida la situación sanitaria imperante, puntualizando que a la fecha de su dictación el personal contratado a plazo fijo en la “APS” (sic) de San Ramón alcanzaba a un 83% de la dotación de personal de planta, lo que se contrapone a lo dispuesto por el artículo 14 de la ley N° 19.378, el cual señala que no debe superarse el 20%.

Señala que no se ha afectado ninguna garantía constitucional del recurrente, que ése confunde los conceptos de igualdad y de discriminación, llevando a que según la tesis que aquél plantea, la autoridad debería despedir a todos los funcionarios con contratos a plazo fijo, aclarando que desde el mes de agosto, el Municipio ha puesto término a 110 contratos a plazo fijo. En cuanto al derecho de propiedad, arguye que no existe derecho de propiedad sobre los cargos públicos, menos si son a contrata por lo que no puede entenderse que se haya vulnerado el derecho de propiedad de quien recurre, ya que éste poseía únicamente una mera expectativa de continuar desempeñando su cargo.

Tercero: Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de protección de garantías constitucionales estatuido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo. Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Cuarto: Que, como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas. Esto es, son variadas las exigencias que deben rodear la presentación y el acogimiento de una acción de la naturaleza indicada.

Quinto: Que la Contraloría General de la República en el dictamen 22.766 del año 2016 estableció que las reiteradas contrataciones en el ámbito municipal, cuyo es el caso de actor, provoca, desde la segunda renovación al menos, en el funcionario la confianza legítima de que será recontratado para el período siguiente, lo que ha sido reiterado y complementado en diversos dictámenes posteriores, ampliando tal principio a funcionarios de otras reparticiones públicas. Sin embargo, de la lectura de ellos se advierte, como lo indican expresamente, que lo anterior no afecta las atribuciones que tienen las autoridades respectivas para decidir la no renovación de la contrata, sino únicamente la obligación de dictar una resolución fundada que explique tal decisión, acorde lo dispuesto en los artículo 11 y 41 de la Ley N° 19.880. El mismo órgano sostuvo que puede servir de fundamento para la no renovación de la contrata, entre otras, una deficiente evaluación del servidor, ya sea la calificación regular y periódica, u otra evaluación particular; así como nuevas condiciones presupuestarias, que obliguen a restringir personal. Por último, de acuerdo al dictamen mencionado, la resolución en la que se decida la no renovación de la contrata debe dictarse con treinta días de anticipación a su término, y ser notificada al afectado dentro de los cinco días siguientes a su emisión, plazos que, por tratarse de sede administrativa, no es de días corridos sino de días hábiles.

Sexto: Que el decreto Alcaldicio cuya impugnación se pretende por esta vía se encuentra debidamente fundado. En efecto, en él se refiere como causal principal de la decisión de no renovar la contrata del recurrente en la necesidad de adoptar medidas de racionalización y reordenamiento de los recursos humanos y materiales, con el fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 2° inciso final de la Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, que determina que el gasto anual en personal no podrá exceder respecto de cada municipalidad del 42% de los ingresos propios percibidos en el año anterior; así como que los cargos a contrata, en su conjunto, no podrán representar un gasto superior al 40% del gasto de remuneraciones de la planta municipal.

Séptimo: Que en consecuencia, tratándose de una resolución dictada por la autoridad competente, dentro de sus facultades legales, y dando pleno cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 11 y 41 de la Ley 19.883, y a los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República, que resultan obligatorios para las Municipalidades, tampoco es arbitraria, de manera que el recurso de protección interpuesto no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de San Ramón.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Ministro señora Mera.

Rol N° 5592-2021-Protección.

Pronunciada por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las ministras Sra. Ma. Carolina Catepillan Lobos, Sra. nombre reservado y Sra. nombre reservado.