Protección contra Ilustre Municipalidad de Buin

En Santiago, a siete de febrero de dos mil dieciocho.

Vistos:

Primero: Que a fojas 1 comparecen don nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado, quienes deducen recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Buin, su alcalde don Miguel Araya Lobos y el asesor jurídico del señalado municipio, don nombre reservado, en razón de que por medio del Oficio Interno N°342/2017, de 28 de septiembre de 2017, suscrito por el asesor jurídico ya individualizado, se rechazó su solicitud de reincorporarlos, en calidad de titulares, a los cargos de la planta de dicha Municipalidad, en los que fueron nombrados por medio del Decreto Alcaldicio Nº 3.290, de 24 de noviembre de 2016.

Indican que el aludido decreto fue invalidado por medio del Decreto Alcaldicio Nº 3.718, de 28 de diciembre de 2016, pero que recobró validez y vigencia en virtud de la sentencia dictada por esta Corte de Apelaciones, en la causa sobre Recurso de Protección Rol N° 81-2017, la que fue confirmada por la Excma. Corte Suprema, en causa Rol N° 30.322-2017.

Para contextualizar su acción explican que en octubre de 2016 se convocó a concurso público para proveer distintos cargos de la planta de la referida municipalidad, entre los cuales estaban: Director de Obras Municipales, Secretario Abogado del Juzgado de Policía Local, Profesional Arquitecto, Profesional Genérico, Profesional, dos Jefaturas, Técnico, cinco Administrativos y cuatro auxiliares.

Señalan que tras haber concluido el proceso concursal, la Municipalidad de Buin resolvió el concurso por medio del aludido Decreto Alcaldicio Nº 3.290, de 24 de noviembre de 2016, y que designó a los recurrentes de autos en los siguientes cargos: nombre reservado, Administrativo (grado 17); nombre reservado, Administrativo (grado 18); nombre reservado, Administrativo (grado 18); nombre reservado, Técnico (grado 17); nombre reservado, Auxiliar (grado 18); y nombre reservado, Administrativo (grado 18). Asimismo, nombró a otros funcionarios en los restantes cargos. Refieren que los cargos fueron aceptados por los postulantes seleccionados, quienes el 28 de noviembre de 2016 ingresaron a desempeñar sus funciones, recibiendo en diciembre las remuneraciones por los días trabajados en noviembre, consolidándose así su situación jurídica.

Agregan que posteriormente, tras la renuncia del alcalde Ángel Bozán Ramos, de fecha 18 de noviembre del mencionado año, el Concejo Municipal eligió como alcalde de Buin, hasta el 6 de diciembre de 2016, al concejal Hernán Henríquez Parrao, quien el 5 de diciembre de 2016, dio inicio a un procedimiento para invalidar la convocatoria a concurso público de antecedentes para proveer los referidos cargos y de ese mismo modo, de los nombramientos; lo que finalmente se materializó mediante Decreto Alcaldicio N° 3.718 ya citado, suscrito por el alcalde Miguel Araya Lobos.

Explican que, durante el mes de enero de 2017, otros funcionarios que también se vieron afectados por dicho actuar dedujeron recursos de protección en contra del alcalde Miguel Araya y de la Municipalidad, fundado en que el decreto invalidatorio constituía un acto arbitrario e ilegal que vulneraba el legítimo ejercicio de sus derechos de igualdad ante la ley, libertad de trabajo y propiedad sobre el cargo o empleo público, el derecho a la carrera funcionaria y sobre la estabilidad del empleo público.

Manifiestan que ellos no recurrieron en esa oportunidad, pues el municipio y su alcalde les ofrecieron continuar prestando servicios, ya sea bajo la modalidad a honorarios o a contrata y les exigieron para ello firmar un documento por medio del cual renunciaban a eventuales acciones que procedieran en contra del Decreto Alcaldicio invalidatorio. Sostienen que aceptaron hacerlo por la imperiosa necesidad de continuar trabajando y percibiendo ingresos para la manutención de sus familias y el cumplimiento de las obligaciones pecuniarias previamente contraídas y también por el temor a las represalias que pudiesen adoptar los recurridos en su contra.

Precisan que los recurrentes nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado continúan prestando servicios con nombramientos a contrata; nombre reservado lo hizo hasta el 31 de mayo de 2017; y nombre reservado y nombre reservado lo hacen bajo la modalidad de contrato a honorarios.

Hacen presente que los directivos de la Municipalidad les indicaron que el Decreto Alcaldicio que invalidó sus nombramientos se ajustaba a la ley, y eso les hizo creer, de buena fe, que ello era así.

Refieren que esta Corte dictó sentencia el 31 de mayo pasado que determinó que la Municipalidad de Buin y su Alcalde, don Miguel Araya Lobos, habían incurrido en una actuación ilegal y arbitraria al dictar el decreto invalidatorio, el que conculcó el derecho de propiedad de los otrora recurrentes, en su modalidad de estabilidad en el empleo. En definitiva, acogió los recursos de protección, dejó sin efecto el Decreto Alcaldicio N°3718 de fecha 28 de diciembre de 2016, quedando vigentes los Decretos Alcaldicios que convocaron al concurso público y que nombraron a quienes fueron seleccionados para servir dichos cargos, entre ellos los recurrentes de esos autos, y ordenó que ellos debían ser reincorporados en los cargos en que fueran nombrados al quedar vigente el Decreto respectivo. Agregan que dicho fallo fue confirmado por la Exma. Corte Suprema, por sentencia de 17 de julio del pasado año.

Manifiestan que, como consecuencia de lo expuesto previamente, la Municipalidad dictó el 21 de agosto pasado el Decreto Alcaldicio N° 2404, que dispuso la reincorporación de los funcionarios que recurrieron de protección a los cargos en los que habían sido nombrados, pero ello sólo correspondió a un cumplimiento parcial, pues no dispusieron la misma medida respecto de quienes no lo habían hecho.

Expresan que así, solicitaron al Alcalde que dispusiera las medidas administrativas pertinentes para hacer efectiva su reincorporación y por medio del Oficio Interno N°342/2017 de 28 de septiembre de 2017, el Asesor Jurídico de la Municipalidad, don nombre reservado, concluyó lo siguiente“… las sentencias de los Tribunales de Justicia sólo tienen validez y fuerza obligatoria respecto de la situación particular en que haya recaído, no siendo posible hacer extensivas sus conclusiones a casos similares a aquél que ha sido materia del juicio”.

Exponen que sus derechos son indubitados, toda vez que cada uno de los recurrentes ganó el concurso público y fue nombrado en el respectivo cargo, los que fueron debidamente servidos y remunerados.

Alegan, en primer término, que la solicitud que hicieron en agosto de 2017 cumplió con todos los requisitos formales exigidos por el artículo 30 de la Ley N° 19.880, y por tanto dio origen a un procedimiento administrativo, cuya tramitación debió ajustarse a las normas pertinentes. Ello obligaba a la Municipalidad a dictar un acto administrativo decisorio final, esto es, un Decreto Alcaldicio, que debía cumplir con las formalidades legales pertinentes, indicando, incluso, los recursos que contra dicha decisión procedían, lo que no ocurrió. Sostienen, así, que la respuesta dada por la Municipalidad de Buin adolece de un vicio de legalidad, por la forma adoptada.

A continuación esgrimen que la sentencia dictada el 31 de mayo de 2017 por esta Corte, confirmada por sentencia de la Excma. Corte Suprema, tras acoger los recursos de protección, es clara al señalar en su parte resolutiva, por una parte, que “se deja sin efecto el Decreto Alcaldicio N°3718 de fecha 28 de diciembre de 2016, dictado por el señor Alcalde de la Municipalidad de Buin, quedando vigentes los Decretos Alcaldicios N°2998, que convocaba a concurso público para proveer cargos y N°3290 de la misma entidad Edilicia que nombraba a quienes fueron seleccionados para servir dichos cargo” y, por otra, que quienes fueron seleccionados para servir dichos cargo “…deberán ser reincorporados en los cargos en que fueran nombrados al quedar vigente el Decreto de sus nombramientos”.

Razonan que ambos actos administrativos volvieron a la vida jurídica y que ello es en términos absolutos, para todas las personas, es decir, produce efectos erga omnes. Hacen hincapié que en el fallo se cita a los recurrentes con un claro carácter referencial, al señalarse “entre ellos los recurrentes” y al agregarse la expresión “ya individualizados”.

Arguyen que el asesor jurídico recurrido asigna a la sentencia dictada en el procedimiento, el efecto relativo otorgado por el artículo 3° del Código Civil a las sentencias judiciales dictadas en juicios propios del Derecho Privado, pero que el de la especie se trata de un juicio del ámbito del Derecho Público, que posee el carácter de contencioso administrativo de anulación y que ha tenido por objeto realizar una revisión judicial de la legalidad de un acto administrativo para pronunciarse sobre la validez del mismo, con lo que reiteran que sus efectos son erga omnes.

Por su parte, refieren que la respuesta es ilegal y arbitraria, por cuanto los recurridos se han negado a dar cumplimiento íntegro a la sentencia ya referida, con lo cual han infringido lo establecido en el inciso segundo del artículo 32 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, así como el artículo 76 de la Constitución Política de la República, en relación con los artículos 6°, 7° y 20 de la misma carta magna. Añaden que se pretende burlar lo fallado a través de una interpretación restrictiva de la sentencia, sin atender al tenor y al fondo de lo fallado.

Sostienen que todo lo anterior vulnera sus garantías consagradas en los números 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política, esto es, los derechos de igualdad ante la ley, libertad de trabajo y su protección, y, propiedad sobre el empleo público, sobre el derecho a la carrera funcionaria y a la estabilidad del empleo público.

Piden, en definitiva, se acoja el presente recurso y se declare lo siguiente: a) Que ha existido amenaza, perturbación y por sobre todo privación del legítimo ejercicio de sus derechos consagrados en el artículo 19 Nº 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República, por el rechazo a su solicitud de reincorporación a los cargos de planta de la Municipalidad en aquellos en los que fueron nombrados como titulares por medio del Decreto Alcaldicio N° 3.290, de 2016; b) Que se deja sin efecto el Oficio Interno N° 342/2017, del Asesor Jurídico de la Municipalidad de Buin, de 28 de septiembre de 2017; c) Que debe reincorporarse a los recurrentes en el cargo de planta y grado para el cual fueron nombrados por medio del Decreto Alcaldicio Nº 3.290, de 24 de noviembre de 2016, el cual ha recobrado plena vigencia y validez en virtud de la sentencia de 31 de mayo de 2017 dictada por esta Corte; y d) Que se condene en costas a los recurridos.

Acompañan al recurso copia de los Decretos Alcaldicios a que hace referencia, de las sentencias y algunas de las resoluciones dictadas por esta Corte y Excma. Corte Suprema en el recurso de protección ingreso N° 81-2017, de la solicitud de reincorporación presentada por los recurrentes y del oficio interno que se estima ilegal y arbitrario.

Segundo: Que, a fojas 77 informa al tenor del recurso el abogado don Sebastián Miranda Jara, el que se entendió se evacuaba por todos los recurridos, según resolución de fecha 25 del actual.

En primer término, alega la extemporaneidad de la acción constitucional y funda su defensa en que los recurrentes interpusieron el recurso el 28 de octubre de 2017 contra el oficio interno N° 342/2017, argumentando que éste rechazó su solicitud de reincorporación, en calidad de titulares, a los cargos de planta en que habían sido nombrados por Decreto Alcaldicio de fecha 24 de noviembre de 2016. No obstante, a su juicio, el oficio contra el cual se interpuso el recurso tiene un carácter meramente informativo y fundamenta jurídicamente el Decreto Alcaldicio N° 2404, de fecha 21 de agosto de 2017, que ordenó el reintegro de los funcionarios. Por lo mismo, en ese entendido, solo dicho Decreto es el que eventualmente podría haberles causado la transgresión a los derechos que alegan, y habiéndose dictado en el mes de agosto de 2017, concluye que la acción se interpuso fuera de plazo fatal de 30 días corridos contados desde la ejecución del acto.

En lo relativo al fondo de la acción, reitera que el acto recurrido emite un pronunciamiento meramente explicativo de la razón porque el Decreto Alcaldicio de agosto de 2017 reincorporó a algunos funcionarios y no constituye un acto decidor que pudiese tener el efecto de privación, perturbación o amenaza de los derechos invocados, los que sostiene tampoco tienen el carácter de indubitados.

Explica que existe cosa juzgada en cuanto a la situación de los funcionarios que habían sido afectados con la invalidación del proceso concursal y en concordancia con ello, esgrime que quien tendría que determinar si existe incumplimiento total o parcial es el mismo Tribunal que conoció del asunto. Añade que esta no es la vía idónea para hacer cumplir la sentencia, considerando que existe toda una institucionalidad para dar cumplimiento a las resoluciones judiciales, incluido el desacato.

Arguye que los recurrentes se han dirigido por la vía del recurso de protección, aun cuando tenían como herramienta jurídica la impugnación del acto, por la vía del reclamo de ilegalidad, conforme lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, ley especial que prevalece sobre la Ley 19.880.

Concluye que de acuerdo a lo establecido en los artículos 3 de la Ley 19.880 y 12 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, si bien el acto recurrido tiene la naturaleza de acto administrativo, no posee el carácter de ser una declaración de voluntad realizada en el ejercicio de una potestad pública, pues no se materializó a través de una decisión del alcalde, autorizada por el ministro de fe municipal.

Manifiesta que los recurrentes debieron haber recurrido administrativa y judicialmente del Decreto Alcaldicio que ordenó la reincorporación del resto de los postulantes nombrados.

Hace presente que los actores manifestaron su renuncia a ejercer acciones contra el Decreto Alcaldicio de diciembre de 2016 que invalidó el proceso de concurso público y de nombramiento, con lo que refuerza que los derechos no tienen la calidad de indubitados.

Pide, en definitiva, se rechace el recurso, con costas.

Acompaña cinco presentaciones efectuadas por funcionarios municipales en las que renuncian a las acciones judiciales y administrativas en contra del Decreto Alcadicio que invalidó el proceso de concurso público y nombramientos, cuatro de los cuales corresponden a los recurrentes de autos; y presentación efectuada ante la Municipalidad por varios funcionarios de éstas, entre ellos dos de los recurrentes, con fecha 27 de diciembre de 2016, en el que hacen presente diversas consideraciones en torno al procedimiento invalidatorio que se llevaba a cabo.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado por un acto u omisión arbitrario o ilegal que le prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Cuarto: Que resulta inconcuso que el Decreto Alcaldicio Nº 3.290 de fecha 24 de noviembre de 2016 que nombró a los recurrentes en los cargos que en dicho acto administrativo se señalan se encuentra vigente al haberse acogido recurso de protección Rol de Ingreso Corte de Apelaciones de San nombre reservado Nº 81-2017 y Rol Ingreso Corte Suprema Nº 30.332-2017 el cual deja sin efecto el Decreto Alcaldicio Nº 3718 de fecha 28 de diciembre de 2016 quedando vigentes “los Decretos Alcaldicios Nº 2998 que convocaba a concurso público para proveer los cargos y Nº 3290 de la misma entidad Edilicia que nombraba a quienes fueron seleccionados para servir dichos cargos…”., entendiéndose que la expresión “entre ellos” utilizada en la parte resolutiva del fallo hace referencia a los recurrentes de dicho recurso sin excluir al resto de los nombrados que no ejercieron su derecho a recurrir de protección en dicha oportunidad, de modo que los actos administrativos resultan vigentes para todos los ciudadanos seleccionados para los cargos que figuran en los referidos decretos.

Quinto: Que sin perjuicio de lo anterior cabe destacar que los recurrentes nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado continúan hasta la fecha prestando servicios con nombramientos a contrata, nombre reservado continuó prestando servicios a contrata hasta el 31 de mayo de 2017, mientras que nombre reservado y nombre reservado han continuado prestando servicios para la Municipalidad bajo modalidad de contrato a honorarios.

Sexto: Que sin perjuicio de los fundamentos que se invocan en el oficio Nº 342/2017 de fecha 28 de septiembre de 2017 por parte don nombre reservado, asesor Jurídico de la Ilustre Municipalidad de Buin, este acto administrativo ningún efecto legal produce respecto de los recurrentes toda vez que solo da cuenta del parecer de la administración local respecto de la solicitud de reincorporación formulada por quienes se han visto afectados por el Decreto Alcaldicio Nº 2.404 de fecha 21 de agosto de 2017. En este orden si la Corte acogiera el recurso de protección, dejando sin efecto el oficio Nº 342/2017, nada se vería alterado y no se podría restablecer el imperio del derecho que exigen los recurrentes, toda vez que el Decreto Alcaldicio Nº 2.404 que reinstaló en sus cargos a parte de los afectados con la primitiva invalidación sin incluir a los actuales recurrentes se mantendría incólume pues a su respecto no se ha recurrido, motivo por el cual el recurso deberá ser rechazado, por entender esta Corte que el acto denunciado no es arbitrario ni ilegal, como se dirá en la parte resolutiva del fallo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación del recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido a fojas 1 de estos antecedentes por cuanto el acto denunciado no es arbitrario ni ilegal.

Se deja constancia que no firma la Ministro Sra. María Stella Elgarrista Álvarez no obstante haber concurrido a la vista de la causa y fallo, por encontrarse con feriado legal.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante señor Juan Kadis Cifuentes.

N° 5581-2017-PRO