Protección contra Municipalidad de La Cisterna

C.A. de San Miguel San Miguel, doce de marzo de dos mil veintiséis A los escritos folios N°s 20, 21, 22 y 23: Téngase presente.

Vistos y considerando:

Primero: Que nombre reservado interpone acción constitucional de protección en contra de la Municipalidad de La Cisterna, representada legalmente por Joel Olmos Espinoza, y contra la Junta Nacional de Jardines Infantiles (en adelante “JUNJI”), representada legalmente por nombre reservado, por el acto que considera arbitrario e ilegal consistente en el cierre del jardín infantil nombre reservado ocurrido el 31 de diciembre de 2025, actuar que vulnera las garantías establecidas en los numerales 1, 2, 10 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que su hijo menor de edad nombre reservado asiste al jardín infantil nombre reservado que funciona en un inmueble de propiedad de la municipalidad recurrida, ubicado en DIRECCION000, comuna de La Cisterna, que fue entregado en comodato a la Junta de Vecinos DIRECCION001 desde el año 1991, encontrándose vigente su última renovación desde el 18 de noviembre de 2019 hasta el año 2029.

Indica que el 22 de junio de 2000 la municipalidad suscribió un convenio con la unidad vecinal y la Dirección Regional Metropolitana de la JUNJI, en virtud del cual se regularon los derechos y obligaciones de las partes para la operación y funcionamiento del referido establecimiento de educación parvularia.

Precisa que el 29 de septiembre de 2025, la presidenta del Centro de Padres y Apoderados concurrió a la Contraloría General de la República con el fin de exponer una serie de vulneraciones de derechos que afectaban a los niños y niñas del jardín. Detalla que raíz de un procedimiento administrativo en contra del establecimiento, la Superintendencia de Educación dispuso la obligación de subsanar una serie de observaciones en materia de infraestructura, pero que no existía resolución administrativa que ordenara el cierre de la institución.

Añade que la presidenta del Centro de Padres y Apoderados tomó conocimiento de que la JUNJI informó a la institución contralora que la municipalidad había solicitado el cierre del jardín mediante oficio N°NUM000, de 8 de agosto de 2025, señalando que una supuesta mesa de cierre se había conformado el 29 de agosto último. Precisa que todo ello ocurrió sin notificación previa ni participación de los apoderados, en contravención a los procesos de fiscalización que se encontraban en curso.

Indica que con ocasión de una visita inspectiva realizada el 10 de octubre pasado por la Contraloría General de la República, se constató en terreno múltiples deficiencias estructurales y de funcionamiento del establecimiento, instruyéndose a las recurridas a emitir informes técnicos, dentro del plazo de 30 días hábiles.

Refiere que a la fecha ambas instituciones han incumplido la instrucción precedente, agregando que el cierre del jardín se produjo sin resolución fundada, sin procedimiento regular y sin respeto por los principios de legalidad, publicidad y debido proceso, entregándose información parcial y de manera tardía, únicamente a requerimiento del órgano contralor.

Agrega que desde el 5 de enero, fecha en que correspondía el inicio de las actividades educativas, su hijo no pudo reincorporarse al jardín, al haberse verificado el cierre de hecho del establecimiento desde el 31 de diciembre de 2025. Asimismo, detalla que su hija menor nombre reservado debía ingresar al mismo establecimiento al año siguiente.

Arguye que el actuar de las recurridas vulnera la garantía consagrada en el artículo 19 N°1 de la Carta Fundamental, al generar una afectación directa y grave a la integridad psíquica y bienestar de sus hijos y de toda la comunidad educativa.

Añade que la situación la ha afectado económicamente, al impedirle incorporarse a una actividad laboral remunerada ni contar con los medios para solventar cuidados alternativos para sus hijos.

Asimismo, estima que los hechos descritos afectan el derecho fundamental previsto en el artículo N°2 del artículo precitado, en tanto se ha producido un cierre de hecho del establecimiento sin procedimiento administrativo previo, siendo sus hijos objeto de un trato desigual y discriminatorio por parte de las recurridas.

Del mismo modo, denuncia infringido el derecho a la educación de sus hijos, al interrumpir intempestiva e injustificadamente su proceso pedagógico.

Finalmente, argumenta una afectación al derecho de propiedad sobre los derechos incorporales derivados del vínculo educativo, tales como la matricula que su hija tenía comprometida para el año 2026.

Solicita, en definitiva, se acoja la presente acción constitucional y se ordene la reapertura inmediata del establecimiento o, en subsidio, la adopción de medidas educativas sustitutivas equivalentes que aseguren la continuidad en el proceso educativo, adoptándose todas las demás medidas que esta Corte estime necesarias para el restablecimiento del derecho.

Segundo: Que informa al tenor del recurso Javiera Zamudio Zarate, abogada en representación de la I. Municipalidad de La Cisterna, solicitando su rechazo.

Señala que efectivamente existe un contrato de comodato respecto del inmueble ubicado en domicilio reservado, suscrito el 18 de noviembre de 2019 entre la su representada y la Junta de Vecinos DIRECCION001, que rige la vinculación jurídica entre ambas entidades hasta el 2029, precisando que el rol de la municipalidad se agota en la entrega del inmueble a la organización vecinal, quienes posteriormente lo aportan al convenio de colaboración suscrito con la JUNJI.

Detalla que mediante el Oficio N°NUM000, de 8 de agosto de 2025, el Sr.

Alcalde de la comuna de La Cisterna efectivamente solicitó el cierre a la JUNJI.

Arguye que dicha comunicación no constituye un acto de clausura per se, pues el municipio no tiene la facultad legal para decretar el cierre de un jardín infantil, atribución que corresponde exclusivamente a la JUNJI, haciendo además presente que en dicho memorándum el alcalde solicitó realizar las gestiones de traslado pertinentes o extender el funcionamiento del jardín para mitigar los efectos del cierre.

Indica, sobre la supuesta falta de respuesta al órgano contralor, que se presentó conjuntamente por su representada y la JUNJI el Oficio Ordinario N°NUM001, que informó detalladamente a la Contraloría General de la República que el 29 de agosto de 2025 la JUNJI había conformado una mesa de cierre del jardín a fin de coordinar e implementar medidas de mitigación, concluyendo que la mayoría de los párvulos egresarían al finalizar el año, mientras que para los restantes se inició un proceso formal de reubicación y matrícula.

Añade que el 30 de septiembre se realizó una reunión presencial con la comunidad ejecutiva a la que asistieron 12 apoderados, instancia en que se presentó el comunicado de cierre fundado en la nueva normativa que transfiere la administración de los espacios educativos a los Servicios Locales de Educación (SLEP), debiendo transferirse la administración desde los departamentos de educación de los municipios a ese nuevo organismo. Agrega que a dicha reunión asistió la recurrente, firmando el acta de reunión, añadiendo que se indicó a las familias que debían informar a la institución su decisión para proceder con el traslado de los niños y niñas en un plazo determinado.

Atendido lo anterior, sostiene que el ente edilicio carece de legitimación pasiva para ser demandado, toda vez que su representada no detenta una potestad legal para efectuar clausuras, cierres o incluso dar continuidad a un programa educativo cuya dirección técnica reside, por mandato legal, en un organismo distinto. Argumenta que tanto la administración pedagógica como la decisión sobre la continuidad del servicio educativo no radica en la esfera de atribuciones del ente edilicio.

Reitera que de las actas de la mesa de cierre de 8 y 30 de septiembre de 2025, se evidencia que es la JUNJI quien ha realizado las gestiones correspondientes para el cierre del jardín al constituir la mesa de cierre y determinar los ejes de acción. Insiste en que si bien se envió un oficio por el alcalde solicitando el cierre, este materializó la solicitud de término del convenio ante la imposibilidad de cumplir con los nuevos estándares nacionales.

En cuanto a los fundamentos de derecho del recurso, esgrime que los principios que se denuncian infringidos no son objeto de protección por la presente vía, señalando que, sin perjuicio de ello, ninguno ha sido vulnerado por un acto u omisión atribuible al ente edilicio.

Asimismo, arguye que en la especie no se verifica una vulneración de garantías constitucionales. En cuanto a la integridad psíquica y física, reitera que su representada no decide sobre la continuidad o no del jardín, a lo que se suma que no se ha acreditado afectación alguna a los hijos de la recurrente. En relación a la igualdad ante la ley y el derecho a la educación, afirma que no pueden vulnerarse dichos derechos por su parte, al no tener potestad alguna sobre la decisión recurrida. Finalmente, en cuanto al derecho de propiedad, arguye que la función social de la propiedad dice relación con las consecuencias sociales de la actividad que se lleva a cabo, pero que no debe analizarse como un derecho autónomo.

Tercero: Que informa al tenor del recurso Lorenzo Ramírez Quintrel, abogado en representación de la JUNJI, solicitando su rechazo.

Advierte que esta acción cautelar no resulta procedente por no haber sido concebida como una vía para impugnar procedimientos administrativos ni revisar el mérito de actuaciones técnicas.

Precisa que el jardín infantil nombre reservado no es un establecimiento de administración directa tradicional, sino que pertenece al Programa de Jardín Infantil Alternativo Laboral. Detalla que estos programas son modalidades educativas presenciales dirigidas a niños y niñas de entre 2 a 5 años y 11 meses, siendo su característica principal la flexibilidad y capacidad de adaptación a contextos territoriales específicos, funcionando en espacios habilitados por la propia comunidad (como sedes sociales o municipales) en zonas donde la demanda es baja o transitoria.

Detalla que su funcionamiento se rige por un marco normativo específico, a saber, la Ley N°17.301 y el Decreto N°315 del Ministerio de Educación, agregando que estos jardines funcionan mediante un modelo de convenios de colaboración tripartitos suscritos entre la JUNJI, las municipalidades y organizaciones comunitarias.

Añade que el jardín objeto de la acción funcionaba bajo la modalidad de Unidad Educativa Laboral, orientada principalmente a hijos de madres trabajadoras, agregando que su operación se basaba en un convenio suscrito con la Municipalidad de La Cisterna y la Unidad Vecinal DIRECCION001.

Afirma que, al contrario de lo que sostiene la recurrente, el proceso de cierre no fue un acto caprichoso de su representada, sino que el 8 de agosto de 2025 fue la propia Municipalidad quien solicitó formalmente el término del convenio y el cierre del establecimiento mediante el Oficio N°NUM000, fundado en razones de gestión territorial y reorganización del sistema educativo local.

Adiciona que, según lo dispuesto en los artículos 14 y 18 del decreto citado, el establecimiento no cumple con los coeficientes de superficie mínima exigidos por la ley, específicamente, los recintos destinados a actividades pedagógicas y el área de recreación externa (patio) no alcanzan los metros cuadrados por niño requeridos, lo que impide el desarrollo de los procesos educativos bajo los estándares de calidad exigidos por el Ministerio de Educación, constituyendo una causal técnica de cierre.

Agrega que, a raíz de denuncias sobre la infraestructura del establecimiento, la Contraloría General de la República realizó una inspección y otorgó un plazo tanto al municipio como a su representada para informar sobre las mejoras. Añade que el informe fue remitido mediante oficio NUM002, de 30 de diciembre de 2025, dando cuenta de las gestiones realizadas y reiterando el cierre del jardín, con sus fundamentos.

Adiciona que, ante la solicitud municipal, su representada actuó de manera diligente para garantizar el interés superior de los niños y niñas del establecimiento, conformando una mesa de cierre desde agosto de 2025 para coordinar el proceso, ofreciendo opciones para asegurar la continuidad del proceso educativo (reubicación o implementación de actividades pedagógicas remotas), y comunicando oportunamente del cierre a la comunidad.

Controvierte la existencia de infracción a los principios denunciados por la actora. Esgrime no se verifica en la especie vulneración al principio de legalidad, reiterando que ha actuado estrictamente dentro del marco de sus atribuciones conforme a la ley N°17.301 y N°19.880, toda vez que el cierre del establecimiento educacional se originó mediante una solicitud formal del municipio, se desarrolló a través de un procedimiento administrativo reglado y se materializó mediante actos administrativos debidamente fundados. Por su parte, afirma que, sin perjuicio de ser aplicable a procedimiento contenciosos y no administrativos, no existe afectación al principio de contradictoriedad, por cuanto se realizaron reuniones informativas con los apoderados, se informó oportunamente de las decisiones adoptadas y se otorgaron alternativas concretas para la continuidad educativa de los párvulos. A su vez, arguye que no hay vulneración al principio de publicidad, al haber sido informados previamente los apoderados de la decisión.

En lo que dice relación con las garantías que la contraria estima vulneradas, precisa que no existen antecedentes que permitan concluir que el actuar de JUNJI haya afectado de alguna manera la integridad física o psíquica de la recurrente o de terceros.

A su turno, sostiene que no hay afectación al derecho de igualdad ante la ley, toda vez que las medidas adoptadas responden a criterios objetivos, generales y equitativos aplicados a la totalidad de establecimientos en situaciones similares.

En cuanto a una supuesta infracción al derecho a la educación, reitera que se adoptaron todas las medidas para resguardar la continuidad del proceso educativo de los párvulos, haciendo presente que en el sector existen otros jardines dependientes de la administración de JUNJI que siguen funcionando, uno de ellos a 170 metros del establecimiento al que asistían los hijos de la recurrente.

Finalmente, en cuanto a la vulneración denunciada al derecho de propiedad, afirma que la matricula en un establecimiento educacional no constituye un derecho adquirido que garantice permanencia futura, sino sujeta a la existencia del programa, disponibilidad de cupos y condiciones institucionales vigentes. Asevera que la decisión de cierre obedece a causas legales y estructurales vinculadas al traspaso al Servicio Local de Educación y a la falta de condiciones para mantener el programa, lo que excluye cualquier actuación arbitraria.

Cuarto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza urgente, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos indubitados y preexistentes consagrados en la Carta Fundamental, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio. En este contexto, resulta que actúa ilegalmente tanto el que se aparta de la preceptiva vigente que lo obliga, como el que desconoce el derecho y obra contra ley o sin seguir lo que la ley le manda. Por su parte, actúa arbitrariamente el que decide y obra a su antojo, por mero capricho, sin razones o argumentos que apoyen su conducta.

Quinto: Que el asunto que se somete al conocimiento de esta Corte, por la vía de este recurso, dice relación con el cierre del jardín infantil nombre reservado ocurrido el 31 de diciembre de 2025.

Sexto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que las recurridas no han incurrido en actuar ilegal o arbitrario alguno toda vez que, por una parte, la I.

Municipalidad de La Cisterna efectivamente solicitó el cierre del establecimiento a la JUNJI, mediante el Oficio N°NUM000, de 8 de agosto de 2025, atendida la nueva normativa que transfiere la administración de los espacios educativos a los Servicios Locales de Educación, con lo que actuó dentro de la esfera de sus competencias al regularizar la situación del establecimiento educacional de que se trata, sin que además sea éste el órgano competente para ordenar el cierre del mismo.

Séptimo: Que en lo que dice relación con el actuar reprochado a la JUNJI, los antecedentes dan cuenta de que, ante la solicitud municipal, la institución adoptó las medidas que le eran exigibles para garantizar el interés superior de los niños y niñas del establecimiento, conformando una mesa de cierre desde agosto de 2025 para coordinar el proceso y ofreciendo opciones para asegurar la continuidad del proceso educativo, tales como la reubicación o implementación de actividades pedagógicas remotas, hasta el extremo de que este organismo abrió un nuevo jardín infantil a escasos metros del que es materia de la discusión y que, a mayor abundamiento, satisface todas las exigencias que la normativa impone a su respecto, circunstancia que no fue controvertida por la recurrente en estrados.

Octavo: Que de todo lo anterior, se concluye que no existe la ilegalidad ni la arbitrariedad alegada, puesto que cada una de las recurridas ha obrado en el marco de sus competencias, con el fin de cumplir con la normativa que transfiere la administración de los espacios educativos, velando siempre por el interés superior de los niños y niñas que asistían al establecimiento, informándose oportunamente a los padres del cierre y otorgándoles un plazo para que informaran la necesidad de traslado, a lo que se adiciona la existencia de un jardín al que pueden asistir los hijos de la recurrente que se encuentra a metros de distancia del que fue objeto del cierre, por lo que cualquier eventual vulneración de garantías se disipa.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido en representación de nombre reservado.

Sin perjuicio de lo decidido, se encomienda a la JUNJI que adopte las medidas necesarias para garantizar que los hijos de la actora cuenten con matrícula en uno de sus establecimientos, en caso de que ello sea requerido.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°557-2026 Protección