Protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes

En Santiago, a treinta de agosto de dos mil diecinueve.

Vistos:

Primero: Que comparece don nombre reservado, guardia de seguridad, domiciliado en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, en razón de los hechos que pasa a exponer.

Indica que el 21 de diciembre de 2016 la recurrida le otorgó un crédito de consumo, por un monto de $2.026.506, y que con fecha 1 de junio de 2017 se le entregó un segundo crédito por $1.073.699. Ambos mutuos se respaldaron mediante pagarés.

Refiere que el pago de las cuotas respectivas se realizaba mediante descuentos mensuales por parte de su empleador y que en julio de 2017 fue despedido de su antiguo lugar de trabajo, por lo que no pudo continuar con el pago de las cuotas. Añade que intentó negociar la deuda, pero se le informó por la recurrida que ésta había sido derivada a cobranza judicial, iniciándose dos juicios ejecutivos en su contra y que no procedía acuerdo alguno, salvo que pagara toda la deuda de manera inmediata. Aclara que las respectivas demandas, que datan de abril y julio de 2018, no le han sido notificadas.

Expresa que en octubre de 2018 fue contratado por otra empresa y que luego de haber trabajado varios meses, en su liquidación de enero del presente año se le realizó un descuento de $193.068 por orden de la recurrida, esta deducción se siguió aplicando los meses posteriores, por las sumas que indica, excepto en el mes de mayo de 2019.

Sostiene que el referido descuento efectuado por planilla carece de explicación y atenta en contra de su certeza jurídica, porque se ha hecho al arbitrio de la acreedora pese a que existen demandas ejecutivas en su contra.

Alega que la recurrida dejó transcurrir casi un año sin ejercer las acciones al fin de cobrar el crédito, contradiciendo su propio actuar al iniciar un proceso civil y luego proceder mediante la auto tutela a ordenar deducciones de su remuneración de manera antojadiza.

Denuncia que los hechos expuestos han perturbado su derecho de propiedad respecto de su sueldo, dañando directamente su patrimonio al afectar su legítima expectativa de recibir aquél de manera íntegra.

Finalmente solicita que se ordene el cese de los descuentos de sus remuneraciones y el reembolso de los montos descontados a partir de enero de 2019 inclusive, con costas.

Segundo: Que informa al tenor del recurso don nombre reservado en representación de la recurrida, señalando que la Caja de Compensación de Asignación Familiar de los Andes con fecha 21 de diciembre 2016, otorgó al recurrente un crédito pagadero en 24 cuotas por la suma de $119.482 y que al 25 de julio 2019, el deudor se encuentra moroso iniciándose la respectiva cobranza judicial.

Añade que con fecha 20 de mayo 2017, se le otorgó al actor un segundo crédito, pagadero en 48 cuotas por la suma de $46.301, y que al 25 de julio del corriente, la operación de crédito se encuentra en estado moroso con la acción de cobranza judicial iniciada.

Indica que los créditos se encuentran plenamente vigentes y su prescripción no ha sido declarada, existiendo cuotas por vencer, por lo que la obligación es plenamente exigible.

Se refiere al carácter social de los créditos otorgados por las cajas de compensación y sus mecanismos de cobro según el artículo 22 de la Ley N°18.833. Dice que es la ley la que determina las funciones de estos organismos, específicamente en el artículo 19 de la Ley N° 18.833, que en su número 3° indica que las Cajas de Compensación pueden "administrar, respecto de los trabajadores afiliados, el régimen de prestaciones de crédito social, el régimen de prestaciones adicionales y el régimen de prestaciones complementarias que se establezcan en conformidad a la presente ley". Por su parte, el artículo 21 del mismo cuerpo legal señala que "las Cajas de Compensación podrán establecer un régimen de prestaciones de crédito social, consistente en préstamos de dinero y que estará regido por un reglamento especial". Estos créditos constituyen un beneficio de bienestar social, cuya finalidad está orientada a contribuir y a satisfacer las necesidades del trabajador dependiente, del trabajador independiente, del pensionado afiliado y de sus causantes de asignación familiar.

Destaca que las Cajas de Compensación no tienen fines de lucro y, por lo mismo, sus beneficios económicos están destinados a incrementar o mejorar la calidad de sus prestaciones sociales y que el régimen de prestaciones de las mismas se financia principalmente con recursos provenientes de un fondo social.

Expresa que dada la naturaleza de entidad de previsión social de estas instituciones, el legislador ha considerado necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan. Es así como el artículo 22 de la Ley N° 18.833 dispone: "lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales".

Sostiene que el hecho que la Caja de Compensación haya entablado una acción ejecutiva para el cobro de un pagaré que garantiza el mutuo otorgado al recurrente, no la libera de la obligación legal de efectuar el descuento para el pago de las cuotas adeudadas, en atención al carácter imperativo del artículo 22 de la Ley en comento.

Manifiesta que en este caso la obligación es exigible por que no se ha declarado su prescripción, que la vía idónea para alegar o excepcionar de prescripción no puede ser una acción de protección como la ventilada en autos, y que aun cuando se haya declarado prescrita la acción ejecutiva emanada del pagaré, ello solo impediría a su parte hacer exigible su cobro a través del correspondiente procedimiento ejecutivo, sin extinguir la obligación emanada del mutuo al que accede dicho pagaré, la cual se encuentra vigente por no haberse cumplido con los supuestos de la prescripción extintiva a su respecto.

Destaca que los mutuos otorgados fueron pactados a un plazo de 24 y 48 meses, por lo que, encontrándose en morosidad aquellas cuotas cuyo vencimiento van desde el año 2017 en adelante, es claro que no ha transcurrido el plazo requerido de 5 años para alegar la prescripción de la deuda.

En cuanto a la supuesta vulneración al artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, expresa que las alegaciones de la recurrente no son procedentes debido a que no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor.

Enfatiza que la Caja no requiere de una sentencia ni proceso previo para informar el descuento de un crédito social al empleador de un afiliado deudor, de acuerdo al artículo 22 de la Ley N°18.833, de manera que mientras la deuda se mantenga exigible, la Caja puede informar los descuentos en cuanto el deudor figure como afiliado al sistema de C.C.A.F., por lo que el descuento efectuado no puede constituir una situación arbitraria, como pretende hacer ver la recurrente, pues dicha institución de seguridad social sólo está cumpliendo con su mandato legal de proteger su fondo social, mediante la recuperación de un crédito por la vía legal para ello, esto es, el descuento en las remuneraciones del deudor afiliado.

Previa cita de jurisprudencia, pide a esta Corte rechazar el recurso de protección intentado, por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por su parte en relación con los hechos expuestos.

Tercero: Que efectivamente como sostiene la recurrida el artículo 22 de la Ley N° 18.833 en su inciso primero establece: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

Cuarto: Que de lo anterior aparece que es la ley quien asimila lo adeudado por concepto de un crédito de carácter social a la Caja de Compensación, a las cotizaciones de seguridad social, por lo que los descuentos de esa naturaleza a las remuneraciones del trabajador tienen obligatoriedad, según lo dispuesto en el artículo 58 del Código del Trabajo, en su inciso primero, que señala: “El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos”.

Quinto: Que en este orden de ideas los descuentos que se han efectuado al pretendiente de autos por concepto de cuotas insolutas de pago en el crédito que la Caja de Compensación le otorgó, se enmarcan en una atribución legal, estando facultada la Caja en cuestión para obrar de tal manera. Y de ello se sigue que no existe un acto ilegal o arbitrario que pueda ser enmendado por esta vía cautelar.

Sexto: Que por lo demás, según precisa el propio recurrente en su libelo, las causas ejecutivas que fueron incoadas en su contra no le han sido notificadas, de suerte tal que no existe un juicio previo entre las partes que impida el descuento de las remuneraciones que se ha objetado.

Séptimo: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, o amenace ese atributo.

Octavo: Que, consecuencialmente, lo que persigue este procedimiento constitucional es, en primer término, determinar la existencia de un actuar ostensiblemente contrario al ordenamiento jurídico o carente de fundamento o arbitrario, para reparar el amago provocado a ciertos derechos o prerrogativas con resguardo constitucional preferente. En la especie, como se ha dicho, ello no ha ocurrido, ni es posible tenerlo por acreditado. Así, se desestimará la acción cautelar impetrada.

Y de conformidad, asimismo, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a fojas 5 por nombre reservado.

Redacción del Ministro Sr. Roberto Contreras Olivares.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Rol N° 5546-2019 Prot.