nombre reservado con SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

49/cuarenta y nueve Certifico: Que se anotó y alegó por el recurso el abogado don Sebastián Amado Almeida. Santiago, 2 de octubre de 2018. Luis Cristian Fredes Hernández, relator En Santiago, a dos de octubre del año dos mil dieciocho.

Al escrito de fojas 48: Téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que a fojas 16, el 3 de septiembre del año en curso, comparece don Sebastián Amado Almeida, abogado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, asumiendo la defensa de doña nombre reservado, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, y de don nombre reservado, Pasaporte N° RUT reservado, ambos de nacionalidad colombiana, domiciliados en domicilio reservado, e interpone acción de protección en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, por la comisión de un acto ilegal y arbitrario que vulnera los derechos constitucionales consagrados en el artículo 19 N° 2 y 4 de la Constitución Política de la República, el interés superior de las niñas y el principio de unificación familiar desprendido de la carta fundamental y de los tratados internacionales ratificados por Chile.

SEGUNDO: Que el recurrente expone que doña nombre reservado y don nombre reservado, mantienen una relación de convivencia por más de 20 años, que se originó en Colombia, y que se mantiene vigente en Chile; que ambos viven junto a sus tres hijas en común, Danna nombre reservado, nacida el 10 de enero de 1997, Eymi nombre reservado, nacida el 10 de octubre de 1998, y nombre reservado, nacida el 9 de septiembre de 2001, las que han sido reconocidas por ambos padres. Al efecto acompaña los certificados de nacimiento respectivos.

Agrega que tanto doña nombre reservado como don nombre reservado decidieron migrar a Chile en busca de mejores oportunidades laborales y en miras de conseguir una mejor calidad de vida para sus tres hijas. Se hace presente también que todo el núcleo familiar ha ingresado de forma legal por paso habilitado al territorio nacional, no vulnerado ninguna norma de nuestro ordenamiento jurídico. De esta forma, señala, don nombre reservado ingresó de forma regular y legal por paso habilitado al país el día 15 de mayo del año 2012 a través del paso fronterizo ubicado en el aeropuerto nombre reservado sin tener ninguna complicación al ingreso y con el fin de reunirse con su familia; que al cabo de unos meses buscando una forma de llevar el sustento al hogar familiar, el día 1 de agosto del año 2012 celebró un contrato de trabajo con don nombre reservado para desempeñarse en su taller automotriz como “Desabollador y pintor de autos en reparación”. De esta forma y a pocos días de expirar su permiso como turista en el país, decidió enviar la solicitud de visa sujeta a contrato, la que fue rechazada mediante resolución exenta N° 125322 de fecha 7 de diciembre de 2012, por contar con antecedentes penales en su país de origen, sin perjuicio de haber dado pleno y efectivo cumplimiento a las sanciones impuestas, no siendo actualmente requerido por la autoridad de su país. Como consecuencia del rechazo a la solicitud de visa, se le sancionó con el abandono voluntario del país, en concreto, por vulnerar el artículo 138 inciso final del decreto supremo N° 597, esto es por “Razones de conveniencia y utilidad social”.

Alega que este acto administrativo nació a la vida sin ponderar el daño que podía ocasionar en don nombre reservado y su familia, esto es, abandonar el país y no poder optar de forma indefinida a un nuevo permiso de residencia, lo cual trae como efecto correlativo la separación permanente de sus hijas y así el desmembramiento de su núcleo familiar. Por lo mismo, continúa, al notificarse de la anterior resolución acudió a la Oficina Especializada de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial, donde fue asesorado e interpuso los recursos administrativos pertinentes a fin de que la autoridad administrativa reconsidere su situación y así continuar su desarrollo familiar junto a su señora, sus tres hijas y sus hermanos, sin lograr éxito a través de dichas gestiones; el 7 de agosto de 2013 se dictó el Decreto N° 788, que expulsa del país a don nombre reservado, por los mismos motivos esgrimidos en la sanción originaria.

Refiere que el 21 de agosto de 2015 se presentó por parte de la Corporación de Asistencia Judicial un recurso de invalidación en contra de la sanción que le ordena irse del país de forma voluntaria. En aquella ocasión argumentó que su intención era permanecer en Chile junto a su familia directa y tres hermanos, quienes se encuentran actualmente viviendo en Chile, con permanencia definitiva. Después de ocho meses esperando la respuesta al recurso de invalidación, finalmente fue rechazado mediante el Decreto Exento N° 936, de 07 de abril de 2016, recalcando sus antecedentes penales como motivo del rechazo y manteniendo firme los efectos de la medida de expulsión en su contra.

Menciona, a continuación que, con el propósito de contraer matrimonio con quien ha sido su conviviente por más de 20 años, se presentó junto a su pareja en las oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación de la Cisterna (comuna de residencia) ubicado en domicilio reservado. Que el día 7 de agosto, a las 10:30 horas, la pareja se dirigió al segundo piso, para poder expresar directamente su intención de casarse, esperaros unos minutos por su atención y fueron atendidos por doña nombre reservado, quien luego de revisar la documentación de ambas personas, le señaló que según el reglamento o el propio sistema (digital) del Servicio NO era posible casarlos, sobre todo en relación a la condición o calidad de irregular que presentaba don nombre reservado. Luego, fueron derivados a la Jefa del Servicio, doña nombre reservado, para obtener mayores explicaciones del motivo del rechazo a la institución del matrimonio; según ella, doña nombre reservado no tendría problemas de casarse, pero no podría hacerlo con su pareja de hace 20 años, ya que él no cuenta con el permiso actualizado para trabajar ni para residir en Chile; que el sistema no lo permite y que la única forma de poder concretar el matrimonio a pesar de las dificultades del sistema, es precisamente que se logre obtener una sentencia o resolución judicial que ordene al propio registro a casarlos sin mayor burocracia o dificultad técnica. En virtud de lo anterior, la conclusión final fue precisamente que la única vía para poder optar al matrimonio era presentando una acción constitucional para que en el caso particular se ordenara su celebración.

Afirma que esta negativa por parte de la autoridad carece de todo argumento racional y jurídico, importando una afectación grave a derechos fundamentales protegidos por la Constitución Política, derechos cuya titularidad es genérica y alcanza a todas las personas, sin distinción de nacionalidad ni de situación administrativa, y por sobre todo ir en contra del principio de la Unificación Familiar y del Interés Superior del Niño (las niñas en este caso).

En cuanto al derecho, arguye en primer lugar la procedencia del recurso de protección, analizando los presupuestos de dicha acción. En cuanto al acto arbitrario e ilegal, este actuar arbitrario corresponde a la negativa por parte del Servicio de Registro Civil e Identificación de Santiago a celebrar el matrimonio, especialmente por la situación de don nombre reservado, quien a pesar de contar con todos los requisitos legales y no viéndose afectado por ningún impedimento o prohibición, se le ha impedido contraer matrimonio con su conviviente, doña nombre reservado. Respecto al plazo de interposición de la acción de protección, doña nombre reservado y don nombre reservado concurrieron al Registro Civil de La Cisterna el día 07 de agosto de 2018, por lo que esta acción ha sido interpuesta dentro de plazo.

En segundo término, asevera que no existen impedimentos ni prohibiciones para contraer matrimonio, siendo plenamente capaces para celebrar tal acto jurídico, de conformidad a la Ley N° 19947.

En tercer punto, asegura que el Servicio de Registro Civil e Identificación cometió una arbitrariedad al negarse a celebrar el matrimonio. Cita el artículo 33 de la Ley N° 19.477, Orgánica del Servicio, que señala las obligaciones de sus funcionarios, y destaca que ni el Decreto N° 673, ni la Ley N° 4.808 (19.477), han establecido el deber del Oficial del Registro Civil de verificar que los contrayentes se encuentren en situación migratoria regular, en caso de ser extranjeros; que en las diligencias previas al matrimonio, manifestación e información, las menciones que debe realizar el Oficial del Servicio de Registro Civil están enumeradas de forma taxativa, por tanto, al exigir requisitos que no se encuentran establecidos en la ley para poder contraer matrimonio, se está en presencia de una actuación ilegal del Registro Civil, debido a que se arroga facultades que la ley habilitante no señala. Por otra parte, en la Ley de Matrimonio Civil no se establece ninguna exigencia especial para los extranjeros que quieran casarse.

A su vez, y en el mismo acápite, interpreta el artículo 76 del D.L. N° 1094, que dispone “Los servicios y organismos del Estado o Municipales deberán exigir a los extranjeros que tramiten ante ellos asuntos de la competencia de esos servicios, que previamente comprueben su residencia legal en el país y que están autorizados o habilitados para realizar el correspondiente acto o contrato”, en el sentido que la ausencia de residencia legal no impedirá la celebración del acto, la que dependerá de si las personas están “autorizadas o habilitadas para realizar el correspondiente acto”; añade que, en este caso, a los recurrentes no les afecta ningún impedimento ni prohibición legal, y cuentan con la documentación que permite acreditar su identidad (pasaporte).

Conecta, en este punto, a los artículos 1447, 57 del Código Civil, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 16°, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en su artículo 3° y jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según todo lo anterior, estima que la actuación del Servicio de Registro Civil es arbitraria; que el Oficial de Registro Civil, en su calidad de ministro de fe, no puede negarse a celebrar un matrimonio entre personas plenamente capaces para ello, no afectadas por impedimentos o prohibiciones y sobre las que no existe duda acerca de su identidad; que una actuación de este tipo importa, además, desconocer un atributo de la personalidad y su derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.

En el cuarto apartado se refiere a los derechos que estima vulnerados por el actuar del Servicio de Registro Civil e Identificación, específicamente la igualdad ante la ley y el respeto y protección de la persona y su familia. Al efecto, argumenta que al impedirle la celebración del matrimonio a nombre reservado y nombre reservado, se incurre en una discriminación arbitraria e ilegal, que vulnera el derecho a la igualdad consagrado en el numeral 2° (del artículo 19) de nuestra carta fundamental y en consecuencia vulnera el derecho establecido en el numeral 4°, porque la imposibilidad de celebrar el matrimonio configura una desprotección a la vida privada y a la familia directamente y por sobre todo el desamparo que genera la negativa a contraer matrimonio para sus 3 hijas, 2 de ellas menores de edad, lo que relaciona con lo dispuesto en el artículo 1º inciso 1º de la Ley de Matrimonio Civil.

Como un quinto punto, sostiene que la facultad de contraer matrimonio es un derecho esencial a la persona y que la situación migratoria no puede condicionar el ejercicio de los derechos esenciales. Lo fundamenta en citas a los artículos 2 de la Ley de Matrimonio Civil, y 5 inciso 2º de la Constitución Política de la República, en relación con la Convención Americana sobre Derechos Humanos en sus artículos 1°, 17 y 11, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 23, números 1 y 2, la Convención Internacional Sobre La Protección De Los Derechos De Todos Los Trabajadores Migratorios Y De Sus Familiares, en sus artículos 44 y 18 Un sexto acápite lo constituye la protección del principio de unificación de la familia y del interés superior del niño, que engarza con los artículos 17.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 23.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Conforme las normas que transcribe, sostiene que el Estado tiene el deber de resguardar y dar protección a esta familia desde que don nombre reservado y su conviviente decidieron realizar un proyecto de vida en común, acentuándose aquella obligación a partir del momento en que se reúnen con sus tres hijas, Danna nombre reservado, Eymi nombre reservado y nombre reservado en Chile.

Finalmente, cita fallos de esta Corte -roles 53381/2015, 1613/2017- y de la Excma. Corte Suprema -rol 6111/2018-, que confirma sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, ROL 8159/2017.

Solicita, en definitiva, acoger el presente recurso y ordenar al Servicio de Registro Civil e Identificación que permita la celebración del matrimonio entre los recurrentes.

TERCERO: Que, a fojas 44, informa doña nombre reservado, Subdirectora Jurídica (s) del Servicio de Registro Civil e Identificación, quien, luego de citar y transcribir las normas contenidas en los artículos 1º y 12 N° 3 de la Ley N° 4.808; 89 N° 3 y 92 del D.F.L. N° 2.128, que Aprueba Reglamento Orgánico de Registro Civil, 3 y 32 de la Ley N° 19.477, se remite al Dictamen N° 19.811, de la Contraloría General de la República, de 7 de agosto del presente año, que a la letra señala “Si bien el artículo 76 del decreto ley № 1.094, de 1975 -al que alude el servicio en su presentación y que establece normas sobre extranjeros en Chile-, dispone que los servicios y organismos del Estado o municipales deberán exigir a los extranjeros que tramiten ante ellos asuntos de la competencia de esos servicios, que previamente comprueben su residencia legal en el país y que están autorizados o habilitados para realizar el correspondiente acto o contrato, en la actualidad ello no puede entenderse como una limitación a los derechos a contraer matrimonio o adoptar un acuerdo de unión civil.

Lo anterior, toda vez que las normas que actualmente regulan el contrato de matrimonio y el acuerdo de unión civil, reconocen a todas las personas -salvo las excepciones que establecen expresamente esos cuerpos legales- el derecho a celebrar tales convenciones, sin establecer al respecto condiciones de ningún tipo ni requisitos de extranjería.

De este modo, considerando que las mencionadas preceptivas que reconocen el derecho a contraer matrimonio y celebrar acuerdos de unión civil son de una data posterior al citado decreto ley y tienen, además, carácter especial, necesariamente aquéllas deben prevalecer ante las normas que sobre la materia contiene este último.

En consecuencia, atendidas las consideraciones expresadas, cumple señalar que los oficiales del SRCel, deben proceder a autorizar la celebración de matrimonios o acuerdos de unión civil en los términos antes expresados.

Por último, en cuanto a la exigencia de que el extranjero contrayente cuente con un determinado documento de identificación para acceder a la celebración de los contratos de que se trata, cabe indicar que el respectivo oficial del registro civil, en su calidad de ministro de fe, se encuentra en la obligación de verificar la identidad de los contrayentes, a través de la correspondiente documentación de que disponga el interesado, a fin de comprobar la concurrencia del requisito del Ubre y pleno consentimiento de aquéllos, en conformidad con los artículos 8o de las leyes №s. 19.947 y 20.830”.

Declara que, según lo expuesto, y en razón que la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República es obligatoria para los servicios públicos que constituyen la Administración Civil del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 inciso final de la Ley N° 10.336 del Ministerio de Hacienda, sobre Organización y Atribuciones del citado Organismo Contralor, y no obstante que los hechos descritos en el presente recurso de protección habrían acontecido el mismo día de emisión del Dictamen de la Contraloría General de la República enunciado precedentemente, el Servicio procederá a otorgar a los recurrentes día y hora para celebrar matrimonio, para lo cual y de conformidad a la normativa legal expuesta, deberán concurrir a cualquiera de sus Oficinas y acreditar su identidad con cualquier documento idóneo y vigente para ello.

En consecuencia, solicita rechazar el recurso por haber perdido oportunidad, al haberse adecuado soluciones a la petición de los recurrentes, dependiendo sólo de ellos concurrir a cualquier Oficina del Servicio a solicitar día y hora para contraer matrimonio, acreditando sus identidades mediante cualquier documento idóneo.

CUARTO: Que la acción de protección es de naturaleza cautelar y está destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que contempla la Carta Fundamental mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio;

QUINTO: Que esta Corte observa que el actor pide que se ordene al Servicio de Registro Civil e Identificación que permita la celebración del matrimonio de los recurrentes y que, a la fecha, luego del Dictamen de la Contraloría General de la República N° 19.811, de 7 de agosto del año en curso -el mismo día en que se habría producido la negativa a dicha ceremonia- la institución recurrida ha manifestado que procederá a otorgar a los recurrentes día y hora para celebrar matrimonio, por lo que no queda más que concluir que el presente arbitrio ha perdido oportunidad, de manera que no podrá prosperar.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, la acción constitucional deducida por el abogado don Sebastián Amado Almeida, en representación de doña nombre reservado y de don nombre reservado, en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación.

Sin perjuicio de lo resuelto precedentemente y conforme a lo informado, la Oficina del Servicio de Registro Civil e Identificación respectiva deberá otorgar en el plazo más breve día y hora para la celebración del matrimonio de los recurrentes.

Regístrese y, en su oportunidad, archívese.

N° 5517-2018 - PROT