EULEN CHILE S.A con INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO DE nombre reservado

En Santiago, a nueve de julio de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, abogado, domiciliado en domicilio reservado, quien en representación judicial de la empresa Eulen Chile S.A., persona jurídica de derecho privado, del giro de su denominación, Rut: RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, dedujo recurso de protección, en contra del señor nombre reservado, don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado.

Funda su recurso en que con fecha 04 de octubre del año 2017, el Inspector Comunal del Trabajo de nombre reservado, en el marco de fiscalización realizada a la Empresa Eulen Chile S.A. relativa a la multa n°1621.17.47-1, de fecha 29 de septiembre de 2017, notifica la decisión de dicha autoridad administrativa, de no dar curso a la solicitud de reconsideración de multa por no haberla presentado ésta, dentro del plazo legal de 30 días corridos, contados desde su notificación.

Expresa que el procedimiento se originó en una fiscalización efectuada el día 10 de julio del año 2017, por el Fiscalizador de la Inspección del Trabajo, don nombre reservado, quien constató la existencia de hechos que, a su juicio, constituirían infracción a la legislación laboral, referida a: 1.- No escriturar contrato de trabajo respecto de la trabajadora nombre reservado, quien comenzó a ejercer sus labores con fecha 12 de Abril 2017. En virtud de lo anterior, la Inspección Comunal del Trabajo, procedió a cursar una multa mediante resolución №1621.17.47-1, ascendente a la suma de 10,00 UTM., equivalente a $467.870, todo a consideración a los artículos 9 incisos 1° y 2° en relación con el inciso 5° del artículo 506 del Código del Trabajo. Esta resolución de multa le fue notificada con fecha 17 de julio de 2017, en atención a lo señalado en el artículo 508 del código del Trabajo. En vista de lo anterior, y al no estar conforme con la multa cursada el día 21 de agosto de 2017, procedió a presentar vía carta certificada, ante la Inspección Comunal del Trabajo un recurso de reconsideración.

Agrega que con fecha 06 de octubre del año en curso, se notificó el Ord. N°652 de la Inspección Comunal del Trabajo de nombre reservado, de fecha 29 de septiembre del presente, respecto de la inadmisibilidad de la solicitud de reconsideración, por cuanto, como se dijo, se presentó fuera del plazo legal de los 30 días corridos, contados desde la notificación de las multas.

Alega que este acto resulta, a la vez, ilegal y arbitrario y vulnera dos garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de nuestra Carta fundamenta, a saber la garantía de igualdad ante la ley, al violentar el derecho de acceder a una instancia de reclamación administrativa en razón de una decisión arbitraria e ilegal de la autoridad administrativa.

Funda su alegación en que el artículo 512, que regula los plazos para presentar la reconsideración administrativa, es un plazo de días hábiles, pues la reconsideración es una gestión que se realiza ante un órgano administrativo, caso en el cual se encuentra la Inspección del Trabajo, y éstos tienen una norma especial que los regula y que es la Ley 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración el Estado, la que deberá ser aplicada en forma supletoria conforme al artículo 1° de la señalada Ley, y que en su artículo 25 prescribe al regular el cómputo de los plazos del procedimiento administrativo que éstos son de días hábiles, entendiendo que no lo son los días sábados, domingos y festivos, ya que ante el silencio del legislador respecto de la naturaleza del debe interpretarse en armonía con el resto del texto legal, en particular el artículo 435 inciso 3° que establece para las gestiones y actuaciones reguladas en el Título I del Libro V del Código del Trabajo, la existencia de un plazo de días hábiles. Sin embargo, el artículo 512 se encuentra ubicado en el Libro V Título Final del Código del Trabajo, por lo que quedaría excluido de tal mandato.

Previa reseña de fallos de la Corte Suprema que acogen su interpretación, alega que la solicitud de reconsideración ha sido presentada dentro de plazo legal, pues fue notificada el día 20 de julio de 2017 según señala en el propio ordinario N°652, venciendo el plazo para presentar la reconsideración el día viernes 25 de agosto de 2017, y la fecha en la cual fue presentada esta solicitud administrativa corresponde al 21 de agosto de 2017, y sumado a esto si se aplica íntegramente lo dispuesto en el Artículo 25 de la citada Ley que excluye los días sábado, domingos y festivos, tal plazo expiraría en rigor el día viernes 01 de septiembre de de 2017.

Agrega que, asimismo, se habría vulnerado la garantía del inciso 1° numeral 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que tiene por objeto proteger el ejercicio de los derechos de las personas ante cualquier órgano del Estado, teniendo un alcance general, pues al estimar la Inspección del Trabajo, que la solicitud de reconsideración administrativa, es inadmisible por haber sido presentada fuera de plazo, impide a su representada, no sólo acceder a la legitima defensa de sus derechos ante la autoridad administrativa, por las multas cursadas, sino que también a los Tribunales de Justicia, ya que en virtud al artículo 512 inciso 2° del Código del Trabajo, la resolución que dicta el Inspector del Trabajo respecto a la reconsideración es reclamable ante el Juez de Letras del Trabajo, al cual, en el caso particular se encuentra impedida de ocurrir, por la decisión arbitraria e ilegal de la Inspección del Trabajo.

Finaliza solicitando se acoja el presente recurso y se deje sin efecto la resolución de multa №1621.17.47-1, debiendo acoger la solicitud de reconsideración administrativa presentada con fecha 21 de agosto de 2017, todo ello, con condena en costas de la recurrida.

Informando al tenor del recurso comparece doña María Esther Ravinet, abogado, en representación de la recurrida, Inspección Provincial del Trabajo de nombre reservado, quien alega como primer punto la improcedencia de la acción interpuesta atendida la naturaleza del acto recurrido, ya que, si bien es cierto el artículo N°20 de la Carta Fundamental expresa que este recurso puede deducirse "sin perjuicio de los demás derechos que se pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes", ello no significa que pueda transformarse o utilizarse esta acción de protección como un "sustituto procesal" de los procedimientos específicos contemplados en la ley -procedimiento de reconsideración administrativa y reclamación judicial de multas- como medios de impugnación en contra de la resolución recurrida, para lo cual señala sentencias de la Corte suprema que así lo han declarado.

Indica que el recurso de autos es del todo improcedente, por cuanto éste se ha interpuesto respecto de una resolución administrativa, respecto de la cual la ley establece procedimientos específicos de impugnación, tanto en sede administrativa como en sede judicial. O En sede administrativa, procedía recurrir (opcional) conforme a los recursos administrativos dispuestos en los artículos 53 y siguientes de la Ley №19.880, sobre la Revisión de los Actos Administrativos. O bien, en sede judicial, reclamar directamente en contra del Ordinario №652, mediante la acción dispuesta en el artículo 512 del Código del Trabajo.

Agrega que un antecedente adicional, y que reafirma la improcedencia de utilizar la acción de protección como sustituto procesal, está dada por el plazo para su interposición. Una vez notificado a la recurrente el Ordinario N°652, que rechazó la solicitud de reconsideración, ésta dispuso de quince días hábiles para reclamar ante el Juez de Letras del Trabajo, de la decisión del Inspector del Trabajo actuante, así lo disponen los artículos 512 y 503 del Código del Trabajo. El recurso o acción de protección, en cambio, se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

Como segundo punto, alega la improcedencia del recurso en atención a la falta de los requisitos constitucionales para su interposición, ya que la actuación de su representada, la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Norte, se encuentra exenta de toda ilegalidad y arbitrariedad, al haberse dictado el Ordinario N°652 dentro de la competencia que la ley le confiere y previa ponderación de la normativa aplicable.

Asimismo, solicita tener presente que la supuesta amenaza, perturbación o privación de las garantías establecidas en el artículo 19 N°2 y 3 de la Constitución Política de la República no son patentes, sino muy por el contrario, del todo superficiales y vagas. De la lectura del recurso, se advierte inmediatamente que no hay un mayor esbozo de tales perturbaciones. De hecho, la única garantía constitucional supuestamente vulnerada por la Inspección del Trabajo, brevemente desarrollada en el Recurso que nos convoca es únicamente "La igualdad ante la Ley" y "el Debido proceso". Entonces queda en evidencia, la imposibilidad de exponer tales privaciones en el desarrollo del recurso, claramente por inexistentes, sino que el contenido de la acción de protección está orientado a señalar la interpretación que le han dado los Tribunales Superiores de Justicia al artículo 512 del Código del Trabajo, en cuanto al cómputo del plazo para solicitar reconsideración, indicado en el inciso 1° de esa norma.

Para dilucidar la forma de cómputo del plazo dispuesto en el inciso 1° del artículo 512 del Código del Trabajo estima necesario considerar, en primer término, el tratamiento que el Código del Trabajo -cuerpo específico de normas relativo a asuntos laborales en que se encuentra la disposición en comento- ha dado a la materia. Destacándose que del estudio de las disposiciones de dicho Código y que conciernen a plazos, se advierte que, por regla general, cuando el legislador ha querido establecer plazos de días hábiles, lo ha consignado expresamente, siguiendo de este modo la norma del artículo 50 del Código Civil. Ello sucede, entre otros, con los plazos establecidos en los artículos 162, incisos segundo y séptimo; 168, inciso primero; 171, inciso primero; 201, inciso cuarto; 223, inciso cuarto; 282, incisos primero y cuarto, y 503, inciso tercero, -esta última sobre reclamación judicial de la misma multa en que incide la reclamación administrativa prevista en la norma cuya interpretación se solicita- en los cuales se señala expresamente que son de días hábiles. De acuerdo con el predicamento expuesto, como el precepto en examen no hace tal mención, corresponde entender que el plazo que contempla es de días corridos.

Por su parte, la Circular N°46 de fecha 02/05/2012 del Departamento de Inspección de la Dirección del Trabajo, señala respecto al plazo de 30 días corridos para solicitar reconsideración que: este es un plazo fatal, es decir, para que se entienda válidamente interpuesta la solicitud de reconsideración debe presentarse antes de la medianoche en que termine el último día del plazo. Lo anterior, se entenderá cumplido si el empleador acredita haber ingresado su reconsideración vía correo certificado, hasta el último día del plazo de 30 que tiene para ello.

Corrobora esta interpretación la regla que establece el artículo 435, inciso tercero -ubicada, al igual que esa norma, en el Libro V del Código del Trabajo- conforme a la cual los términos de días que establece el Título I de ese libro, "se entenderán suspendidos durante los días feriados", toda vez que, a contrario sensu, la disposición del artículo 512 materia de la consulta, pertenece a otro título del mismo libro, por lo que queda fuera del ámbito de aplicación de dicha regla y, por ende, el plazo que regula no se suspende durante los días feriados.

En estas condiciones expone que no resulta posible aplicar el artículo 25 de la Ley N°19.880, pues no existe vacío que permita la aplicación supletoria de dicha ley y no son aplicables al procedimiento de multa administrativa establecido en el Código del Trabajo, ya que este caso está contemplado en el Código del Trabajo. Deben agregarse a estas sólidas razones, la circunstancia que la norma del artículo 512 del Código del Trabajo se refiere al plazo dentro del cual debe ejercerse la reconsideración y si se atuviere al criterio del recurrente, -días hábiles administrativos que no toman en cuenta los días sábados, domingo y festivos-, alargaría en la práctica el plazo de 30 días a uno que eventualmente podría sobrepasar 40 días, lo que resulta contrario al espíritu y letra de la ley. De manera que un reclamo judicial no podría prosperar.

Expone que este criterio de la Dirección del Trabajo, no obedece, según la actora, a un actuar improcedente, sino que a una instrucción-interpretación emanada de la Contraloría General de la República, con fecha 10 de marzo de 2014 la Contraloría General de la República emitió dictamen N°17.344, confirmando la tesis señalada mediante Dictamen №64.985, de fecha 20 de noviembre de 2009, lo que dictaminó precisamente a petición de este Servicio ante la reiterada Jurisprudencia, confirmando el criterio respecto del plazo de 30 días para reclamar de las multas administrativas cursadas por los Inspectores del Trabajo, que establece el artículo 512 del Código del Trabajo, dilucidando si éste plazo es de días hábiles o de días corridos, señalando que: “ ... no resulta posible la aplicación supletoria del artículo 25 de la Ley №19.880, al tenor de la cual los plazos de días establecidos en esa ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos", toda vez que sus prescripciones no son conciliables con lo regulado sistemáticamente por el Código del Trabajo.

Agrega que los artículos 511 Y 512 del Código del Trabajo, entregan en forma privativa y exclusiva al Director del Trabajo la facultad de dejar sin efecto o rebajar las multas que impongan funcionarios de su dependencia cuando se verifica una de las circunstancias que la misma norma dispone, esto es, que se acredite que se ha incurrido en un error de hecho al imponer la multa, o cuando se acredite haber dado íntegro cumplimiento a las disposiciones legales, convencionales o arbitrales infringidas que motivaron la sanción. Del tenor de las normas citadas, se aprecia que la actora al solicitar reconsideración debe cumplir con requisitos de forma y con requisitos de fondo, siendo los primeros la presentación escrita dentro del plazo establecido y que no se haya reclamado judicialmente de la multa; y los segundos, cumplir las condiciones que hacen procedente la rebaja de la multa o que sea dejada sin efecto. La solicitud de reconsideración de la actora no cumplió con uno de los requisitos de forma establecidos en el artículo 512 del Código del Trabajo, como ya ha sido expuesto latamente, por consiguiente, su solicitud fue declarada extemporánea, sin pronunciarse el Inspector del Trabajo sobre el fondo de su petición, por ser ello inoficioso.

Concluye que el Ordinario N°652 dictada Inspector Provincial del Trabajo nombre reservado, carece de ilegalidad, pues fue primitivamente cursada una multa administrativa con estricta sujeción a lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República y a lo dispuesto en el artículo 505 del Código del Trabajo y artículo 1° del DFL N°2 del año 1967, actuándose con estricto apego a las normas constitucionales, del Código del Trabajo y del D.F.L. N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo y no viola de ninguna forma las garantías constitucionales alegadas, ya que simplemente se pronunció en virtud de una facultad descrita en la ley, relativo a un procedimiento también regulado por el legislador, y que para ello, también se ha dispuesto un plazo para ejercer una acción administrativa, situación que en la especie la recurrente no cumplió, por todo lo cual solicita que el presente recurso sea rechazado con costas, por ser inadmisible, improcedente y no haber vulnerado la Inspección del Trabajo la garantía constitucional aludida por el recurrente.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

I. EN CUANTO A LA ALEGACIÓN DE IMPROCEDENCIA DEL RECURSO:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales estatuido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deban tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, perturbe o amenace ese ejercicio;

Segundo: Que atendida la especial naturaleza del recurso de protección, es indispensable para su viabilidad que quien lo intente acredite la existencia de un derecho actual que le favorezca, que esté claramente establecido y determinado y que corresponda a uno de aquellos a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental. Por lo demás, así lo dijo en estos autos la Excma. Corte Suprema al declarar admisible la acción constitucional de protección atendido que en ella “se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República”;

Tercero: Que para desestimar la alegación de improcedencia del recurso de protección, resulta bastante recordar que, conforme a la norma constitucional en comento, éste puede deducirse sin perjuicio de otras acciones que pueda ejercer la parte afectada por el acto administrativo. Por consiguiente, lo argüido por la recurrida a este respecto no puede prosperar;

II. EN CUANTO AL FONDO:

Cuarto: Que según es sabido, para el acogimiento de un recurso de protección es necesario que los hechos en que se hace consistir la arbitrariedad o ilegalidad, estén comprobados y, que sean esos hechos los que produzcan perturbación, privación o amenaza en el ejercicio legítimo de las garantías y derechos que la Constitución asegura y que son los enumerados taxativamente en el artículo 20 antes citado;

Quinto: Que por la presente acción cautelar, Eulen Chile S.A. se dirige en contra de la decisión de la Inspección Provincial del Trabajo de nombre reservado –la que tilda de ilegal y arbitraria- por la que no dio curso a la solicitud de reconsideración administrativa que su parte dedujo respecto de una multa que le fuera aplicada por dicha institución, en atención a haber sido presentada en forma extemporánea.

Sexto: Que la Inspección Provincial del Trabajo informa que su proceder se ajustó a la competencia que la ley le confiere y previa ponderación de la normativa aplicable. Explica que la multa aludida en el recurso fue notificada a la recurrente 20 de julio de 2017, quien presentó su solicitud de reconsideración el 21 de agosto del mismo año, esto es, fuera de los treinta días exigidos por el legislador, por las razones ya reseñadas en lo expositivo y en cuyo mérito se dictó el Ordinario N° 652, de 29 de septiembre de 2017, declarando inadmisible la solicitud de reconsideración administrativa por haber sido ésta presentada fuera de plazo;

Séptimo: Que, primeramente, conviene tener en cuenta que, según lo ha reconocido la jurisprudencia reiterada de los tribunales superiores, el plazo de treinta días a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo para presentar la solicitud de reconsideración ante la Inspección del Trabajo se compone de días hábiles, no corridos, como lo sostiene la recurrida, entendiéndose por inhábiles los días sábado, domingo y festivos. A modo ejemplar, puede citarse las sentencias de la Excma. Corte Suprema N° 3537-2012, N° 704-2015, N° 4015-2015, 18.432-2016; Rol 16.942-2016; Rol 17.522-2016; Rol 16.288-2016, N° 46.541-2016, N° 20.569-2018 y N° 23.259-2018, así como las de esta Corte de Apelaciones N° 3086-2016, N° 5965-2017, N° 3203-2018, N° 6533-2018 y N° 1681-2019.

En efecto, se trata de un recurso presentado en la etapa administrativa, de manera que, al no existir norma expresa que establezca lo contrario en el Código del Trabajo, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la ley 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo en los términos apuntados en el párrafo precedente. Al existir un plazo “especial” como es el contenido en la predicha ley respecto a los procedimientos administrativos, éste prima por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil.

Pues bien, a la luz de lo precedente, resulta manifiesto y directo concluir que el término de seis días hábiles concerniente a la presunción contenida en la parte final del artículo 508 del Código del Trabajo, se encuentra sujeto al mismo estatuto que el plazo para presentar la solicitud reconsideración prevista en el artículo 512 del referido ordenamiento, por responder a los mismos fundamentos y estatuto normativo aplicable;

Octavo: Que constituye un hecho no controvertido que la resolución de la multa impugnada fue notificada mediante carta dirigida a la recurrente depositada en la oficina de correos el 13 de julio de 2017 –razón por la que ha de presumirse notificada el 20 de ese mes- y que el recurso de reconsideración fue presentado el 21 de agosto del mismo año, vale decir, al vigésimo primer día hábil desde aquella notificación y, por lo tanto, dentro de plazo legal;

Noveno: Que, en consecuencia, la actuación de la recurrida constituye un acto ilegal pues por ella se negó a tramitar un recurso presentado dentro de plazo, afectando la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el numeral 2º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, toda vez que, al desconocer la autoridad recurrida el término en toda su extensión, ha dado un trato discriminatorio a la recurrente de autos, actuar que afecta, del mismo modo, el principio de legalidad que vincula a toda autoridad.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación de Recursos de Protección, se declara que se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por Eulen Chile S.A. en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de nombre reservado, y se deja en consecuencia sin efecto el Ordinario N° 0652 de 29 de septiembre de 2017, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por la parte recurrente respecto de la Resolución de Multa N° 1621/17/47 de 11 de julio de 2017.

Atendida la notable tardanza observada por esta Corte en la tramitación del presente recurso, pasen una copia del mismo a la Oficina administrativa, para que se dé cuenta al Tribunal Pleno y los demás fines que resulten pertinentes.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° 5498-2017 PRO