nombre reservado con CONSEJO SUPERIOR DE DISCIPLINA DEL CUERPO DE BOMBEROS SAN PEDRO

San Miguel, veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno.

Vistos:

nombre reservado, vicesuperintendente del Cuerpo de Bomberos de San Pedro de Melipilla, jubilado, domiciliado en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra del Consejo Superior de Disciplina del Cuerpo de Bomberos de San Pedro, representado por el superintendente de la institución nombre reservado, funcionario público, ambos domiciliados en domicilio reservado, invocando la vulneración de las garantías fundamentales de los números 2, 3, y 24, del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Explica que fue sometido a un procedimiento disciplinario que califica de irregular, resultando sancionado con la pérdida de su cargo como oficial general y miembro del directorio, siendo, además, expulsado de la institución. Señala que luego de ser sancionado dedujo dentro de plazo reglamentario recurso de apelación, arbitrio que no fue resuelto pese a haber transcurrido más de un año desde su interposición, lo que le impide reincorporarse a sus funciones. Refiere que, finalmente y frente a sus reclamos, el recurso fue rechazado por un órgano presidido por un integrante implicado en los hechos, lo que a su juicio vicia la sanción.

Indica que, en el ejercicio de su cargo, recibió una denuncia del personal de la institución y administrador interno que acusaba al superintendente de utilizar fondos de la institución para gastos personales, asunto no autorizado por el reglamento. El denunciante señaló que al llegar el momento de rendir los dineros solicitó al denunciado reintegrar los dineros, quien desconoció el retiro de los mismos, indicándole que era su responsabilidad mantener las cuadraturas contables. Refiere que la denuncia la recibió en presencia de la tesorera general, doña nombre reservado, quien estuvo de acuerdo en exponer estos hechos e iniciar una investigación. Señala que también se encontraba presente el secretario general y ministro de fe de la institución. Frente a la indicada denuncia, se emitió una orden de suspensión e inhabilitación del recurrido, requiriendo iniciar un procedimiento disciplinario en su contra. Afirma que faltaban cerca de $10.000.000, por lo que se citó al directorio para exponer los antecedentes del caso al Consejo Disciplinario. Alega que el recurrido dispuso no realizar el directorio convocado ni dar a conocer el acuerdo adoptado.

Expone que pese a encontrarse suspendido de su cargo por acuerdo del Consejo de Oficiales Generales, el recurrido citó a directorio en carácter de urgente, constituyéndose una especie de amotinamiento, por lo cual, y mediando instrucciones de la Junta Nacional de Bomberos de Chile, procedió a suspender a todos los participantes anárquicos, incluido el recurrido. Añade que, al estar suspendido el superintendente, por derecho reglamentario le correspondió subrogarlo en el cargo, lo que hizo hasta que el propio recurrido lo suspendió.

Añade que mientas esto ocurría, el funcionario denunciante fue despedido, por lo que concurrió ante la Inspección del Trabajo y, además, denunció los hechos al Ministerio Público.

Alega que, a raíz de los hechos señalados, fue acusado de no respetar el reglamento y las normas disciplinarias, indicando que habría destituido del cargo al superintendente. Sostiene que el 8 de octubre del 2019, el directorio general acordó su relevo del cargo, destituyéndolo y suspendiéndolo arbitrariamente de su actividad, sometiéndolo a un sumario por 90 días.

Afirma haber sido sancionado con la expulsión de la institución por supuestamente haberse proclamado como superintendente y por destituir a distintos oficiales y miembros del directorio sin el procedimiento correspondiente. Reclama que no pudo asistir a la sesión en que se discutió su caso, sin que se aceptaran las excusas que entregó, por lo que no le permitieron defenderse de los cargos formulados. Respecto de esta sanción dedujo recurso de apelación el que tras más de un año desde su interposición fue rechazado.

Sostiene que ambas instancias disciplinarias se encontraban mal constituidas y no se ajustaban al estatuto ya que se integraron con funcionarios con menos de 5 años de servicio y de forma distinta a lo que indica el estatuto (por una comisión especial), encontrándose el Consejo Superior, además, presidido por quien estaba involucrado en la denuncia, tantas veces referida.

Respecto de los derechos constitucionales conculcados, alega que se vulneró su derecho de igualdad ante la ley al no haberse aplicado los estatutos y el reglamento general para la resolución de su sanción disciplinaria. Se le juzga en rebeldía y se le acusa de tomar una medida de destitución contra el superintendente que no es efectiva. Indica que se vulnera también du derecho de propiedad sobre el cargo que detenta el que se le impide ejercer. Finalmente, reclama haber sido juzgado por una comisión especial, ya que no se aplicaron los procedimientos correspondientes y se resolvió por órganos constituidos en infracción al estatuto y el reglamento general y con miembros implicados en los hechos.

Finalmente, señala que aún no recibe respuesta del recurso de apelación en forma legal, esto es, por correo certificado, por lo que se encuentra dentro de plazo para interponer el presente arbitrio.

Pide a esta Corte acoger el recurso ordenando su restitución como integrante de la institución y parte del directorio general hasta el 31 de diciembre de 2021, anulando las elecciones en su reemplazo. En subsidio, que se restituya su calidad de integrante y se anule lo actuado en su contra, eliminando la sanción de su hoja de servicio, condenando a la recurrida a las costas del recurso en caso de oposición.

Al informar el recurso, la recurrida solicitó su rechazo, argumentando al efecto que no se han vulnerado los derechos constitucionales del recurrente.

Se refiere al origen y estatutos del Cuerpo de Bomberos de Chile explicando el modo en que se organizan. Sobre la pretensión del recurrente, indica que este alega que fue suspendido de su cargo de vicesuperintendente “por haber ejercido disciplina contra el superintendente y miembros del directorio, ante irregularidades graves administrativas y de rendición de cuentas” sin explicar a qué se refiere con estos dichos, sin aclarar los hechos en los que se fundamenta su recurso, sin indicar la fecha ni las condiciones en las que se le aplicaron las sanciones impuestas por el Consejo Superior de Disciplina.

Sostiene que el 9 de octubre de 2019 se requiere el funcionamiento del Consejo Superior de Disciplina ante una infracción al Título XI del reglamento del Cuerpo de Bomberos de San Pedro de Melipilla, precisando que las acciones reprochadas al recurrente son las siguientes: 1) autoproclamarse superintendente interino; 2) destituir del cargo al superintendente, sin abordar el procedimiento junto al Directorio del Cuerpo de Bomberos; 3) destituir al comandante, la directora de la segunda compañía, al director de la tercera compañía, al director brigada nombre reservado y al señor director brigada El Prado; 4) destituir de sus cargos a los directores honorarios.

Explica que al pasar a llevar la institucionalidad de la corporación a la que pertenece, el recurrente debía saber que infringía el reglamento y que ello conllevaría la aplicación de una sanción disciplinaria. Indica que el actor se arrogó facultades que no tenía por lo que se le inhabilitó y se pasaron sus antecedentes al Consejo Superior de Disciplina.

Aduce que se notificó al recurrente la sanción de expulsión adoptada, tomando en consideración que no asistió a la citación al consejo por lo que se encontraba rebelde, que presentó sus excusas fuera de plazo y sin dirigirlas al presidente del mismo.

Precisa que el Cuerpo de Bomberos se San Pedro de Melipilla cumplió con el procedimiento disciplinario, informando a esta Corte a través de oficio que la instancia de apelación se llevó a cabo, y en la cual participó el recurrente el 6 de septiembre pasado, siendo informado de la resolución adoptada el 13 de septiembre. Aduce que se presenta este recurso, por los mismos hechos alegados en un recurso anterior cuyo rol de ingreso a esta Corte es el Nº 4740-2021.

Finalmente, reitera que no se han vulnerado los derechos del recurrente, aun cuando la resolución adoptada no sea de su agrado y recurra nuevamente ante la justicia ordinaria.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección, del artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción cautelar extraordinaria, prevista para resguardar urgentemente ciertos derechos y garantías esenciales, enumerados en el mismo precepto, que son afectados por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, que importen perturbación, privación o amenaza en su ejercicio legítimo.

Segundo: Que, atendida la naturaleza y finalidad del recurso, para que se restablezca el imperio del derecho y se asegure la protección del afectado, es necesario que quien lo invoca acredite la existencia de un derecho o garantía que le asista, que se encuentre debidamente determinado y que corresponda a alguno de los referidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Como también es esencial que los hechos arbitrarios o ilegales que se invocan se encuentren comprobados y que ellos hayan producido privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos taxativamente en el citado artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Tercero: Que la clave para elucidar de qué trata esta acción de protección está en precisar si la actuación denunciada es "ilegal" o "arbitraria". A estos efectos es recomendable definir estas expresiones contenidas en el artículo 20 de la Carta Fundamental, para evaluar si el acto recurrido puede ser calificado de tal.

En cuanto a lo ilegal del acto, se debe tener presente que este lo es si se ha dictado o ejecutado en contravención a las normas que integran el ordenamiento jurídico chileno, esto es, no autorizado por el mismo (si se trata de una acción) o exigido por el mismo (si se trata de una omisión).

La evaluación de legalidad, por tanto, exige contrastar la decisión o el contenido del acto cuestionado con el sistema de normas que integra el derecho nacional, sean del nivel constitucional, legal o infralegal.

En cuanto a la arbitrariedad, cabe entender que un acto es arbitrario en la medida que es contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado sólo por la voluntad o el capricho.

De acuerdo con la doctrina, un acto es arbitrario cuando es injusto, irracional, desproporcionado, caprichoso, o movido por el favoritismo o la odiosidad (José Luis Cea Egaña, Derecho Constitucional chileno, tomo II, Editorial Universidad Católica de Chile, 2004, p. 633), y carente de fundamento racional o una manifestación del simple capricho del agente (Verdugo, Pfeffer y Nogueira, Derecho Constitucional, tomo I, Editorial Jurídica de Chile, 2002, p. 339).

Cuarto: Que, en consecuencia, de lo razonado se colige que para la procedencia de la acción tutelar deducida se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) existencia de la acción u omisión reprochada; b) ilegalidad o arbitrariedad de esa conducta; c) directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegidas por esta vía; d) posibilidad material y jurídica de la Corte de brindar la protección debida mediante la adopción de medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Quinto: Que, como se adelantó en lo expositivo, la acción cautelar interpuesta se endereza en contra de la decisión del Consejo Superior de Disciplina del Cuerpo de Bomberos de San Pedro de Melipilla de aplicar a uno de sus miembros, don nombre reservado, la sanción de expulsión, la que fuera confirmada por el Consejo de Apelaciones de esa entidad.

El fundamento del recurso descansa, en síntesis, en la supuesta integración irregular de las dos instancias en que fue juzgado el actor, y que le aplicaron la sanción de expulsión del Cuerpo de Bomberos, pues, en su opinión, tanto el Consejo Superior de Disciplina como el Consejo de Apelaciones se encontraban mal constituidos y no se ajustaban a los Estatutos, ya que entre sus miembros figuraban funcionarios con menos de 5 años de servicio, encontrándose el primero de esos órganos, además, presidido por quien estaba involucrado en la denuncia que motivó las acciones que se le reprochan.

A su vez, el recurrido alega que el acto materia del recurso se dictó en un procedimiento reglamentario, resuelto por los órganos competentes y mediante una sentencia fundada, con motivo de su autoproclamación como superintendente interino; destitución del cargo al superintendente, sin abordar el procedimiento junto al Directorio del Cuerpo de Bomberos; destitución al comandante, la directora de la segunda compañía, al director de la tercera compañía, al director brigada nombre reservado y al señor director brigada El Prado, y destitución de sus cargos a los directores honorarios, todo ello en forma irregular.

Sexto: Que, de lo anotado en el basamento anterior, se colige que la controversia en que se funda el recurso en estudio gira en torno a reparos al procedimiento disciplinario que arribó a disponer la expulsión del recurrente de su calidad de miembro del Cuerpo de Bomberos de San Pedro, de lo que derivaría la ilegalidad y arbitrariedad de la sanción, con afectación a las garantías fundamentales de igualdad ante la ley y la prohibición de juzgamiento por comisiones especiales, ambas con reconocimiento de rango constitucional.

Séptimo: Que resulta útil recapitular los principales hitos del procedimiento sancionatorio cuestionado que, de conformidad con el mérito de los antecedentes acompañados por las partes y del libelo recursivo, resultan acreditados:

a) Mediante oficio de 4 de octubre de 2019, dirigido a los oficiales generales, integrantes del Directorio General, integrantes del Consejo Superior de Disciplina y voluntario involucrado en materia de investigación, el recurrente, en su calidad de Superintendente Interino, comunica que “[e]l voluntario nombre reservado a contar de este momento queda inhabilitado totalmente de todo tipo de funciones y actividades dentro y fuera de la institución a la espera de la citación, una vez que el Consejo Superior de Disciplina esté debidamente constituido. Plazo mínimo será de 90 días”.

b) Por oficio de fecha 5 de octubre de 2019, el recurrente, dirigiéndose a los oficiales generales, integrantes del Directorio General, integrantes del Consejo Superior de Disciplina y voluntarios involucrados en materia de investigación, comunica la suspensión de otros cinco voluntarios, disponiendo la remisión de los antecedentes al Consejo Superior de Disciplina.

c) Mediante oficio de 9 de octubre de 2019, del superintendente del Cuerpo de Bomberos de San Pedro, Nicolas Arce Mallea, se notifica lo siguiente:

“Según sesión de Directorio extraordinario realizada el día 08 de octubre donde se dieron a conocer los acontecimientos sobre las acciones realizadas por parte del Sr. nombre reservado, Vicesuperintendente, es que [s]egún el artículo 52 Título XI del Reglamento de este Cuerpo de Bomberos podrán requerir funcionamiento del consejo superior de disciplina, tres miembros del Honorable directorio, con expresión de causa.

Quienes requieren funcionamiento son el Sr. Superintendente, Sr. Comandante, Sra. Directora segunda Compañía y Sr. Director nombre reservado.

Además, sin ser parte de la votación, el Sres. nombre reservado [sic] de este Cuerpo de Bomberos manifiesta su opinión al respecto de que efectivamente debe convocarse a consejo superior de disciplina.

El requerimiento de funcionamiento se basa en las acciones realizadas por el Sr. nombre reservado, acciones que se detallan a continuación:

1. Autoproclamarse Superintendente Interino.

2. Destituir del Cargo de Superintendente sin abordar el procedimiento junto al directorio de este Cuerpo de Bomberos.

3. Destituir al Sr. Comandante, Srta. Directora nombre reservado, Sr. Director nombre reservado, Sr. Director nombre reservado y Sr. Director nombre reservado el Prado.

4. Destituir de sus cargos a los Sres. nombre reservado.

Es por lo anterior que el Sr. nombre reservado queda a contar de esta fecha deberá [sic] mantenerse inhabilitado de todo tipo de funciones y actividades bomberiles dentro y fuera de la Institución a la espera de la citación del Consejo Superior de Disciplina, éste cuando esté debidamente constituido.

Se ha determinado un plazo de 90 días para la investigación.

El Sr. nombre reservado a partir de la recepción [de] esta notificación deberá quedar a la espera de citación al consejo superior de disciplina de este Cuerpo de Bomberos […]”.

d) El 19 de febrero de 2020 se notifica al recurrente la resolución del Consejo Superior de Disciplina, de 15 de febrero del mismo año, que acordó su expulsión, indicándole que “[u]na vez notificado tiene 5 días hábiles para acudir al consejo de Apelación, junto con esto deberá hacer entrega de su EPP (uniforme y elementos de seguridad) el cual fue otorgado por esta institución”.

e) Por sentencia de esta Corte de 12 de agosto del año en curso, se acogió un recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra del Consejo Superior de Disciplina del Cuerpo de Bomberos de San Pedro, “sólo en cuanto se ordena que el Cuerpo de Bomberos recurrido deberá disponer lo necesario para que el recurso de apelación pendiente, deducido por el sancionado, sea resuelto en forma inmediata, de lo cual informará a esta Corte oportunamente”.

f) Mediante resolución de 13 de septiembre del año en curso, el Consejo de Apelaciones, en forma unánime, confirmó lo resuelto por el Consejo Superior de Disciplina.

Octavo: Que la ley 20.564, que establece la Ley marco de los Bomberos de Chile, publicada el 3 de febrero de 2012, dispone en su artículo 1º que “[l]os Cuerpos de Bomberos y la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile constituyen el Sistema Nacional de Bomberos; servicios de utilidad pública, que se rigen por las disposiciones de esta ley, de su reglamento, la de sus estatutos y de leyes especiales, y , en lo no previsto en ellas, por las normas sobre personas jurídicas a que se refiere el Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil. Más adelante, el artículo 3º de dicha ley prescribe: “Existirá un Cuerpo de Bomberos por comuna o agrupación de comunas, los que estarán conformados por Compañías y Brigadas, según requiera el trabajo de la institución (…)”.

Noveno: Que según se propone en el Estatuto tipo para la concesión de personalidad jurídica de los cuerpos de bomberos –fijado antes por el Decreto 2.640 de 1968, del Ministerio de Justicia, y ahora en la Resolución exenta 1.617 de 16 de mayo de 2012, de la misma cartera de Gobierno, emitida a propósito de la ley 20.500 sobre Asociaciones y participación ciudadana- la potestad disciplinaria de los cuerpos de bomberos, asociaciones de derecho privado, sin fines de lucro, será ejercida por el Consejo Superior de Disciplina, los Consejos de Disciplina de las Compañías y la Asamblea General, y se regulará por sus estatutos, el Reglamento General y los reglamentos propios de cada una. Añade el artículo décimo segundo de ese modelo que, en la dictación de tales normas, lo mismo que en su aplicación, debe garantizarse un procedimiento racional y justo, con respeto de los derechos que la Constitución las leyes y los estatutos confieren a sus asociados. El artículo cuadragésimo quinto prevé que habrá un Consejo Superior de Disciplina al que, entre otras funciones, le corresponderá conocer de las apelaciones interpuestas en contra de las resoluciones de los Consejos de Disciplina de las Compañías y de las demás atribuciones que el Reglamento General determine. Y postula el modelo, también, que de las resoluciones disciplinarias que el Consejo Superior de Disciplina dicte en primera instancia, podrá siempre apelarse ante la Asamblea General, acorde al procedimiento que prescriba el Reglamento, el cual deberá observar las condiciones inherentes a un debido proceso.

Es del caso señalar que las partes no acompañaron al proceso los Estatutos del Cuerpo de Bomberos de San Pedro.

Décimo: Que con lo expresado por ambas partes y los antecedentes acompañados no es posible concordar con quien recurre en cuanto a reunirse en la especie los presupuestos elementales de la presente vía procesal, desde que esta Corte no vislumbra la efectividad de un proceder ilegal o arbitrario en los términos planteados por el recurrente, capaz de conculcar las garantías constitucionales de los numerales 2º y 3º, inciso quinto, del artículo 19 de la carta fundamental, toda vez que no ha quedado al descubierto que la medida de expulsión aplicada a su respecto haya emanado de instancias disciplinarias mal constituidas, como sostiene el actor, desde que no existe antecedente alguno en esta causa que el Consejo Superior de Disciplina o el Consejo de Apelaciones hayan estado integrados en contravención a las disposiciones estatutarias que los regulan, ni que se haya infringido el debido proceso a su respecto.

De manera relacionada a lo predicho, conviene recordar que el principio de igualdad ante la ley debe entenderse como igualdad ante toda regla de derecho, cualquiera sea su rango, directriz básica que no se vio atropellada en la resolución de expulsión del actor, desde que no se allegaron al proceso antecedentes que permitan sostener que las decisiones emanadas de los órganos precedentemente señalados fueron adoptadas contraviniendo los Estatutos o el Reglamento General de la corporación.

Undécimo: Que, de lo razonado, no queda más que concluir que el arbitrio constitucional en estudio tendrá que ser desestimado.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, la acción deducida por don nombre reservado en contra del Consejo Superior de Disciplina del Cuerpo de Bomberos de San Pedro, representado por el superintendente de la institución nombre reservado.

Redacción del abogado integrante Sr. Misseroni.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° 5494-2021 Prot.

Pronunciada por la primera sala de esta Corte presidida por la ministra María Alejandra Pizarro Soto e integrada por el ministro Leonardo Varas Herrera y por el abogado integrante Adelio Misseroni Raddatz.