nombre reservado con nombre reservado

Certifico que se anunciaron y alegaron en la Segunda Sala, por el recurso de protección el abogado Guillermo de la Jara y contra el mismo el abogado Patricio Lynch. San Miguel, 30 de enero de 2025. nombre reservado. Relatora.

San Miguel, a treinta de enero de dos mil veinticinco.

A los folios 27 y 28: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Guillermo de la Jara Cárdenas, abogado, en representación de nombre reservado, interpone recurso de protección en contra del Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, representado legalmente por nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, que a propósito de un sumario ilegal y arbitrario llevado en su contra y que finalizó con la Resolución Exenta N°1889 de 17 de octubre de 2024, la que deja firme las sanciones ilegalmente impetradas en su contra, entre ellas, la privación respecto de toda función y cargo de dirección, coordinación, supervisión o mando en la Unidad de Pabellón Adulto del Complejo, por constituir dichos actos una privación, perturbación o amenaza de las garantías Constitucionales establecidas en el artículo 19 N° 1, 2, 3, 4 y 16 de la Carta Fundamental.

Expone que el sumario administrativo iniciado en contra del recurrente, que culminó con la Resolución Exenta N°1889 de fecha 17 de octubre de 2024, lo sancionó con la privación de toda función de dirección, coordinación, supervisión o mando en la Unidad de Pabellón Adulto del hospital.

Sostiene que el sumario administrativo fue impulsado por presiones de grupos internos del hospital, en particular de la organización gremial APRUSS, que promovió su remoción. La autoridad hospitalaria habría prometido la destitución del recurrente antes incluso de que existiera un proceso formal, según consta en comunicaciones oficiales y en la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo de Puente Alto, en la causa RIT T-15-2023. Argumenta que la sanción y las providencias cautelares fueron anunciadas de antemano a los trabajadores que exigían la salida del recurrente.

En la misma línea, la sentencia del Juzgado señala que "el señor nombre reservado, director del Servicio de Salud Metropolitano Sur, promete a los funcionarios suspender de sus funciones a nombre reservado, a pesar de que, en dicha oportunidad, no había sumario alguno en curso [...] lo que da cuenta de un proceso dirigido, sesgado y solo con miras a terminar con el problema puntual que, en dicha oportunidad se le presentaba, un paro de funciones." Explica que el recurrente fue objeto de agresiones por parte de funcionarios del hospital, lo que incluyó la práctica del "callejón oscuro", donde más de 50 trabajadores lo acorralaron en un pasillo gritándole y profiriendo insultos. Asimismo, se difundieron pancartas y material gráfico denigrante en su contra, lo que fue permitido por la dirección del hospital. Por ello, el tribunal laboral estableció que "los directivos permitieron que en el hospital se realizaran funas masivas en contra del recurrente, en que los funcionarios, de manera directa, pidieron que fuera alejado de sus funciones [...] el hospital prefirió, para ‘apaciguar los ánimos’, dar lugar a la petición de los funcionarios, en el orden de separar al recurrente de sus funciones, y, para concretar esto, adelantaron las medidas que se adoptarían, a pesar de que el sumario aún no se había iniciado y que tenía el carácter de secreto." Indica que el sumario administrativo se inició en un contexto de manifestaciones gremiales y con la instrucción de sancionar al recurrente. La investigación fue llevada a cabo por el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente en lugar del hospital, lo que generó su invalidación inicial. No obstante, la administración reabrió el sumario y mantuvo la suspensión del recurrente por casi dos años, excediendo ampliamente los plazos legales establecidos en el Estatuto Administrativo. La medida se extendió con el argumento del "éxito de la investigación", a pesar de que no se presentaron antecedentes que justificaran la necesidad de la suspensión.

Arguye que el procedimiento vulneró el debido proceso, pues las pruebas fueron analizadas de manera parcial y tendenciosa, sin considerar los descargos ni las declaraciones de testigos del recurrente. En contraste, el hospital sobreseyó el sumario administrativo iniciado por el recurrente por acoso laboral, a pesar de la abundante evidencia presentada. Argumenta que existió una diferencia de trato evidente entre ambas investigaciones, lo que confirma la parcialidad y arbitrariedad en la actuación del hospital.

Explica que la sentencia del tribunal laboral concluyó que "se encuentra establecido que el recurrente, desde el día 21 de noviembre de 2022, ha sido objeto de una serie de actuaciones que han afectado el normal desarrollo de sus funciones dentro del Hospital Doctor Sótero del Río, muchas de las cuales, se han mantenido incluso a la fecha del juicio." Así, el Juzgado de Letras del Trabajo de Puente Alto acogió la denuncia de tutela laboral y condenó al hospital a cesar las conductas lesivas, ofrecer disculpas públicas y pagar una indemnización por daño moral. A pesar de ello, el hospital prosiguió con la ejecución del sumario administrativo, concluyéndolo con la sanción de privación definitiva de las funciones del recurrente.

Solicita se declaren que los actos descritos en la presente acción constitucional constituyen una actuación ilegal y/o arbitraria que importa privación, perturbación o amenaza de las garantías constitucionales mencionadas, y adoptar las medidas que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho, entre ellas: se deje sin efecto el sumario administrativo seguido en contra del recurrente, resuelto por medio de la Resolución Exenta N°501 de 27 de marzo de 2024 y dejado firme por la Resolución Exenta de fecha 17 de octubre de 2024, dejando sin efecto las sanciones aplicadas al efecto; se restituya al recurrente de forma inmediata los cargos de Jefe de Responsabilidad de Pabellón y Jefe de Pabellón; se restituya la asignación de responsabilidad que el recurrente debe percibir de conformidad al artículo 28 letra a) de la ley N° 19.644, que la sentencia que acoja el presente recurso deberá ser publicada en el sitio web y diario mural de la recurrida en su texto íntegro, sin perjuicio que cualquier funcionario pueda pedir una copia de ella a la institución, dentro de la semana siguiente a que la sentencia quede ejecutoriada y deberá mantenerse a lo menos 3 meses; y se condene en costas a la recurrida.

Segundo: Que evacúa informe al tenor del recurso, Patricio Lynch Becerra, abogado, en representación del Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, solicitando se rechace la presente acción constitucional de protección.

En primer lugar, señala que la acción fue interpuesta fuera de plazo y es inadmisible. Explica que el recurso presentado por el actor se basa en hechos ocurridos los días 21 y 22 de noviembre de 2022, según su propio relato. Asimismo, el sumario administrativo cuya anulación se solicita fue ordenado mediante la resolución N° 2889 del 20 de diciembre de 2022. En cuanto a las funciones que desempeñaba, dejó de ejercer como Jefe del Centro de Responsabilidad de Pabellones en enero de 2023 y como Jefe de Pabellón Central en noviembre de 2022, debido a una suspensión preventiva impuesta por todos los fiscales que tramitaron el sumario. Dado que los hechos que el recurrente considera ilegales y arbitrarios ocurrieron en noviembre de 2022 y enero de 2023, ha transcurrido ampliamente el plazo de 30 días corridos para la interposición de la acción, conforme al Auto Acordado N° 94-2015 de la Excma. Corte Suprema sobre la tramitación y fallo del recurso de protección de garantías constitucionales. En cuanto a la suspensión preventiva dictada en el marco del sumario, debe señalarse que esta medida fue adoptada por los fiscales instructores, sin intervención directa de la parte recurrida. Por tanto, no resulta jurídicamente sostenible atribuirle responsabilidad por la aplicación de dichas medidas ni por sus consecuencias legales dentro del presente recurso.

Enseguida, invoca la falta de legitimación pasiva, pues la acción de protección fue dirigida contra el Director del Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, y no contra los responsables directos, esto es, el Director del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente y los fiscales del sumario impugnado. Además, la resolución exenta N° 1889, que rechazó el recurso jerárquico, fue dictada por el Director del Servicio de Salud y no por el Director del Hospital.

Además, alega que se trata de una cuestión de lato conocimiento ya resuelta e invoca la excepción de cosa juzgada. Sostiene que la acción de protección es improcedente, ya que la materia en discusión fue resuelta en sede laboral, con una sentencia favorable al recurrente, salvo en lo relativo a la medida disciplinaria del sumario y su restitución en los cargos. A s u vez, opone la excepción de cosa juzgada respecto al inicio del sumario y sus consecuencias, incluida la suspensión preventiva, la cual es una facultad exclusiva del fiscal del sumario, no recurrido en estos autos. Al no haberse impugnado oportunamente, dicha decisión quedó firme y ejecutoriada, implicando su convalidación por el propio afectado. Además, la jurisprudencia ha establecido que el recurso de protección tiene carácter cautelar y no puede sustituir otros procedimientos administrativos o judiciales. Dado que el asunto ya fue resuelto en instancias previas, no se justifica una intervención judicial urgente.

En cuanto al fondo, explica que el sumario administrativo impugnado se inició el 20 de noviembre de 2022 y ha sido instruido por distintos fiscales designados sucesivamente. La vista del fiscal se emitió el 4 de marzo de 2024 y su propuesta fue acogida por el Director del Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río mediante la resolución exenta N° 501 de 27 de marzo de 2024. Posteriormente, el recurrente interpuso diversas impugnaciones administrativas, todas rechazadas, incluida la denegación del recurso jerárquico por parte del Director del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente.

Rechaza cualquier acusación de hostigamiento o arbitrariedad en la instrucción del sumario, el cual se basó en cuatro denuncias de maltrato laboral y en el ejercicio legítimo de la potestad disciplinaria.

Además, indica que la sentencia laboral en la causa RIT T-15-2023 no cuestionó el sumario administrativo ni sus fundamentos, sino que se dirigió contra actuaciones previas del Director del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente. Las peticiones del recurrente en esta acción ya fueron planteadas y resueltas en sede laboral, salvo la solicitud de restitución en sus cargos de jefatura, la cual quedó sujeta al resultado del sumario, según lo dispuesto por la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo de Puente Alto.

Añade que el fiscal del sumario propuso la suspensión de funciones y recomendó excluir al recurrente de cargos de jefatura debido a reiterados actos de maltrato laboral, lo que fue ratificado por la autoridad administrativa.

Sostiene que el recurso busca obtener por vía cautelar lo que le fue denegado en sede judicial y administrativa, lo que resulta improcedente. Además, el recurrente nunca ha sido privado de su cargo como médico cirujano, sino que ha perdido sus funciones de jefatura, las cuales son designaciones discrecionales del Director del Hospital.

Por último, sobre la petición de dejar sin efecto el sumario por razones de honra y reputación serían jurídicamente inadmisibles, ya que la autoridad tiene la obligación legal de investigar denuncias de maltrato laboral. Acoger esta solicitud significaría conceder un privilegio sin fundamento legal y vulnerar el ordenamiento jurídico vigente.

Concluye que no ha incurrido en acto arbitrario ni ilegal alguno y no se han afectado derechos constitucionales del recurrente por parte de la recurrida.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza tutelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal, que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Cuarto: Que sobre la alegación de extemporaneidad invocada por el recurrente, del mérito de los antecedentes consta que la acción fue interpuesta el 28 de noviembre de 2024 en contra de la Resolución Exenta N°1889 de 17 de octubre de 2024 y notificada el 28 del mismo mes y año, de lo que se desprende que la acción constitucional fue interpuesta dentro de plazo, razón por la que se rechazará la excepción como se dirá en lo resolutivo del fallo.

Quinto: Que, en lo que respecta a la excepción de falta de legitimación pasiva, se rechazará dicha alegación, pues si bien en el recurso se indica que se recurre respecto de la Resolución Exenta ya indicada, dictada por la Directora del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, al ser éste el acto terminal del sumario administrativo, lo cierto es que el mismo fue llevado a cabo por el Complejo Hospitalario, indicando la misma recurrida en su informe que por medio de resolución N° 735 de 04/05/2023 el Director de Hospital referido nombró Fiscal al Dr. nombre reservado, quien cumplió con la comisión de servicio.

Sexto: Que, por su parte, sobre la alegación de cosa juzgada, relacionada con el fondo del asunto sometido a conocimiento de esta Corte, es necesario tener presente que conforme al artículo 177 del Código de Procedimiento Civil para que se configure tal institución es necesario que entre la nueva demanda y la anteriormente resuelta haya una triple identidad, legal de persona, de cosa pedida y de identidad de la causa de pedir, lo que evidentemente no se da en la especie, desde que no lo pueda haber entre un juicio de carácter administrativo incoado legalmente y otro de carácter laboral donde se ha dictado sentencia firme y ejecutoriada, y en uno y otro no se dan las exigencias ya mencionadas, advirtiéndose, además, que la causa de pedir y el fundamento inmediato en sede laboral fue una acción de tutela de derechos fundamentales, mientras que en sede administrativa fue un sumario administrativo, cuya última resolución rechazó el recurso de apelación y confirmó las sanciones aplicadas al sumariado, de modo que se rechazará la cosa juzgada solicitada.

Séptimo: Que, a mayor abundamiento, los hechos denunciados a través de este recurso fueron conocidos y resueltos en la sede laboral, como se constata en el motivo undécimo de la sentencia pronunciada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Puente Alto, en causa RIT T-15-2023.

De lo expuesto, se desprende que estos mismos hechos, más otros, se hicieron valer en la presente acción, existiendo pronunciamiento sobre los mismos, sentencia que se encuentra firme y ejecutoriada, por lo que no corresponde por esta vía revisar lo ya resuelto en un procedimiento de lato conocimiento.

Octavo: Que, en consecuencia, para que en esta sede cautelar pueda haber un pronunciamiento de las garantías constitucionales denunciadas, es menester que no exista controversia sobre los hechos que motivan la acción, esto es, tienen que ser derechos indubitados, lo que no ocurre en el presente caso en que los mismos son discutidos.

Y a mayor abundamiento, esta Corte no vislumbra afectación a las garantías denunciadas ni derechos indubitados, que hagan imperioso adoptar medidas tendientes al restablecimiento del derecho, por lo que la presente acción deberá ser necesariamente desestimada Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se resuelve:

I. Se rechaza la alegación de extemporaneidad alegada por la parte recurrida.

II. Se rechaza la alegación de falta de legitimación pasiva.

III. Se rechaza la excepción de cosa juzgada.

IV. Se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra del Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad N°5489-2024 Protección