Protección contra la I

En Santiago, a doce de enero de dos mil dieciocho.

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A fojas 21 comparece don Lisandro Sandoval Cañete, abogado, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección a nombre y en favor de nombre reservado, C.I. RUT reservado, agente comunitario, nombre reservado, C.I. RUT reservado, nombre reservado, C.I. RUT reservado, agente comunitario, nombre reservado, C.I. RUT reservado, agente comunitario, nombre reservado, C.I. RUT reservado, agente comunitario, nombre reservado, CI, RUT reservado, agente comunitario y de nombre reservado, C.I. RUT reservado, agente comunitario, en contra de la I. Municipalidad de La Pintana, corporación de derecho público, representada por su alcaldesa, doña Claudia Gerlene Pizarro Peña, ambas domiciliadas para estos efectos en domicilio reservado, Región Metropolitana, por el acto ilegal y arbitrario, consistente en la privación y perturbación en el legítimo ejercicio de sus derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política en sus números 1, 2 , 4 y 24.

Sostiene que las recurrentes conocen hace varios años a la señora nombre reservado, actual alcaldesa de la comuna de La Pintana, pues eran vecinas de la Población Pablo de Rocka, y como apoderadas del Liceo Pablo de Rocka, en el año 2014, en una movilización social en que se "tomaron" el establecimiento generaron una relación más cercana, pues tuvieron el apoyo de la señora nombre reservado que en ese momento, era concejal de la comuna.

Posteriormente trabajaron para ella en su campaña para postular al cargo de alcaldesa, comprometiéndose ésta última a contratarlas en la municipalidad, situación que se verificó en las elecciones de 2016 y la señora nombre reservado se convirtió en alcaldesa de la comuna de La Pintana.

Refiere que en el mes de enero de 2017, a algunas de las recurrentes les dio un trabajo temporal en el Club de Campo de La Pintana hasta marzo de 2017, pero los 3 meses se resumieron en un mes de sueldo. Luego pasaron tres meses y, el 1° de junio de 2017, les ofreció trabajo en el programa de atención domiciliaria en apoyo de las cuidadoras de pacientes con dependencia severa, este trabajo se denomina "agente comunitario" y consiste en acercar todos los beneficios del municipio a las personas con dependencias severas.

De este modo, el 01 de junio de 2017, la sra. nombre reservado les hizo un contrato a honorarios desde esa fecha hasta el mes de diciembre de 2017, para desempeñarse en la función de agente comunitario y su trabajo consistía en actuar bajo la supervisión y dirección de la jefa del programa, en turnos con control de entrada y salida en el CESFAM asignado y reportar sus gestiones.

Relata que los trabajos se realizaron de acuerdo a los requerimientos sin que se produjera ningún tipo de reclamos u otra incidencia de carácter laboral, pero en diversas oportunidades, se produjeron situaciones de acoso que en su momento, las afectadas prefirieron dejar pasar y no denunciarlas por temor a perder sus trabajos.

Asevera que el 04 de septiembre de 2017, la alcaldesa recurrida les requirió a sus representadas, hacer una reunión, oportunidad en que les contó que había un problema político y que necesitaba que le hicieran unas cartas de renuncia porque se lo estaban exigiendo los miembros del concejo municipal a cambio de "aprobarle" el presupuesto de salud, pidiéndoles que no se preocuparan porque era solo una "estrategia política", puesto que ella no las iba a echar. En esa misma ocasión les advirtió que no hicieran nada, porque de lo contrario, si denunciaban algo, las iba a acusar de haber presentado certificados falsos de licencia media, cuando les hicieron los contratos y que "podía mandarlas presas", que contra ella no podrían hacer nada porque tiene poder.

Reconoce que dos de las recurrentes no tienen cuarto medio rendido, circunstancia, aunque la informaron al momento de firmar el contrato, no le dieron mayor importancia.

Señala que esa amenaza causó un fuerte impacto en las trabajadoras – recurrentes, que en virtud de la autoridad que detenta la sra. nombre reservado y ante el temor de quedarse sin "su favor", hicieron las cartas de renuncia, entendiendo que era solo una "estrategia" y que "no las iba a echar".

Refiere que al día siguiente, con fecha 05 de septiembre de 2017, a las recurrentes, no se les permitió ingresar a los CESFAM respectivos, se les informó verbalmente por los funcionarios de cada centro, que era por órdenes de la alcaldía, sin embargo, continuaron realizando sus labores de atención a los pacientes en los respectivos domicilios de estos, confiadas en el compromiso con la alcaldesa y esperando que esa orden sería cambiada posteriormente o se aclararía explícita y formalmente, a favor de ellas.

Expone que sus representadas concurrieron a sus trabajos el lunes 26 a consultar respecto de su situación, donde solo les indicó que emitieran sus boletas, la que entregaron el 6 de octubre de 2017, las que les fueron rechazadas informándoles que solo les pagarían 2 días de septiembre y nada más, que anularan las que habían emitido y las reemplazaran.

Añade que una de las recurrentes, doña nombre reservado, se encuentra con nueve meses de embarazo, es decir que ha trabajado durante todo su embarazo, sin ninguna consideración al respecto, en cuanto a aplicar las normas de protección de la maternidad, aun cuando se estableció en el mismo contrato de honorarios que la Municipalidad les hizo firmar, un derecho a prenatal, este no se ha concretado.

Considera impresentable que la máxima autoridad comunal, protagonice los hechos descritos, esto es, haber forzado a las recurrentes a escribir en una hoja de cuaderno una renuncia, bajo engaños y amenazas, para eventualmente, hacerla valer como prueba de la renuncia de estas trabajadoras, ante el concejo municipal. Ello acaeció, dice, en un contexto de informalidad, en el domicilio particular de una de ellas, en horas de la noche, fuera del horario y recinto de las oficinas municipales, donde concurrió la señora alcaldesa y luego de beber varias copas y acosar a una de las trabajadoras, las conminó a hacer esa carta, amenazándolas con "mandarlas presas" y "dejarlas en la calle" si no lo hacían y, entendiendo que no estaba en su sano juicio al menos en ese momento, lo hicieron para que se calmara, estimando que era un documento sin legitimidad ni importancia, por la informalidad y las condiciones forzadas en que se hizo.

Argumenta que las trabajadoras fueron contratadas a honorarios, en circunstancias que, si bien las municipalidades en su normativa contemplan esta modalidad excepcional, en la especie no se cumplen los presupuestos que demanda esa ley, que lo autoriza excepcionalmente, solo en caso que se contrate a profesionales o técnicos de nivel superior o personas especialistas en alguna materia y, este no es el caso. Considera que estas trabajadoras han sido discriminadas negativamente, porque no han recibido el trato que establece la ley, en el sentido de cumplir con las normas de protección laboral y seguridad social, teniendo en cuenta que son trabajadoras bajo subordinación y dependencia, sometidas a horario de tiempo completo, ordenes de su superior jerárquico, que reciben un sueldo fijo y regular por sus prestaciones y dependen solo de este trabajo para vivir.

Estima se ha vulnerado el derecho a igualdad en el trato ante la ley (art 19, N° 2 CPR), en el sentido de ser tratadas como un trabajador sometido a condiciones de subordinación y dependencia, de acuerdo al contrato de trabajo establecido en el artículo 70 del Código del Trabajo.- Al respecto cita el fallo de fecha 01 de abril de 2015, en causa N° 11.584-2014, dictada por la 4° sala de la Extma. Corte Suprema, sobre unificación de jurisprudencia.

Atención especial requiere la situación de doña nombre reservado, quien ha trabajado todo el periodo, estando embarazada y sin tener la protección debida y contemplada, en especial en el N°1 del catálogo de derechos protegidos por esta acción constitucional, que protege la vida del que está por nacer, vulnerando el derecho a la protección de la vida de la madre y del niño que está por nacer consagrado en el art 1° de la CPR y en los tratados internacionales vigentes suscritos por Chile.

Sostiene que al privar a estas trabajadoras de su derecho de propiedad sobre su trabajo como agente comunitario entre el mes de junio a diciembre de 2017, derecho adquirido al momento de aceptar el contrato que las liga con la I. Municipalidad de La Pintana, se está vulnerando el derecho de propiedad, pero esto resulta aún más grave, ilegal y arbitrario al negarse la entidad a pagar sus honorarios correspondientes al mes de septiembre, estando plenamente vigente su contrato y habiendo ejercido sus prestaciones, situación que debe corregirse de inmediato. Esto resulta repudiable al cometerse el abuso en contra de personas vulnerables que dependen de esos recursos "absolutamente".

Por todo lo anteriormente indica deben procederse en forma inmediata el pago de los honorarios adeudados a las trabajadoras - esto es, los correspondientes al mes de septiembre y segundo, debe procederse a recontratación de acuerdo a las normas de alguno de los estatutos pertinentes, sea Código del Trabajo o Estatuto Administrativo, pero no se puede amparar la precariedad bajo la que se contrató a estas trabajadoras, ni continuar en la ambigüedad de un contrato que mezcla estatutos y viola principios básicos del estado de derecho.

Manifiesta que tanto la forma de contratación, el contrato mismo como instrumento, la aparente forma de intentar ponerle término a la relación laboral, así como la retención y/o negación de la retribución económica acordada, son absolutamente ilegales y arbitrarios y carecen de fundamentos.‑ Agrega que la acción constitucional de protección está siendo presentada dentro del plazo señalado en el Auto Acordado respectivo, toda vez que el acto que definitivamente deja en evidencia la vulneración de los derechos de las recurridas, es la negación del pago de su justa remuneración sin mediar ni un justo motivo, ni aviso previo, ni explicación, ni formalidad, quedando de manifiesto los actos y omisiones arbitrarios e ilegales en comisión. Esta acción y omisión ocurrió con fecha 03 de octubre de 2017.

A fojas 36, comparece don nombre reservado, en representación de la I. Municipalidad de La Pintana, quien sostiene que las recurrentes comenzaron a prestar servicios a partir del 1 de junio de 2017, y se comenzó a gestionar la firma del contrato y los antecedentes necesarios para proceder a su contratación.

La modalidad de contratación, como bien señalan las recurrentes, fue de prestación de servicios o a "honorarios", ello en atención que se trata de un programa comunitario, en la cual las prestadoras realizaban cometidos específicos, y no decían relación con funciones de carácter permanentes de la Municipalidad, sino que eminentemente transitorias, como lo son los programas sociales, y específicamente este programa que recién iniciaba una fase "piloto".

Señala que aun cuando no sea materia de discusión en sede de protección, el artículo 4 de la Ley N° 18.883 permite contratar personas a honorarios, cuando se trata de cometidos específicos como en este caso. De hecho sólo en el área de salud existen 540 personas aproximadamente contratadas bajo la modalidad honorarios. En dichos contratos a honorarios firmados por las recurrentes, se establecieron una serie de estipulaciones contractuales, tal como lo permite el artículo 1545 del Código Civil y como lo ha señalado la Contraloría General de la República (Entre otros Dictamen N°41.319 Fecha: 24-XI-2017).

Explica que luego de iniciada la prestación de servicios, las recurrentes asistieron a una sesión del Concejo Municipal con fecha 21 de junio de 2017 y a la salida de la misma insultaron y agredieron verbalmente a un tercero, lo que fue advertido por los concejales y distintos funcionarios municipales. Ello llevo a que los concejales cuestionaran públicamente la idoneidad de las personas contratadas para el programa, especialmente teniendo en cuenta la delicada función que debían cumplir, y el decoro y buen trato que se espera de toda persona que presta servicios para una entidad pública.

En dicha oportunidad, fueron reconvenidas y se les manifestó el buen comportamiento que se espera de toda persona que presta servicios para la administración municipal, y que su actitud estaba perjudicando a la gestión municipal, en especial en dicha oportunidad la aprobación del saldo inicial de caja que fue rechazado en dos ocasiones por el Concejo Municipal, en parte precisamente por el cuestionamiento a la idoneidad de las recurrentes para este nuevo programa que se estaba realizando.

Expone que el 01 de septiembre del año pasado, la funcionaria nombre reservado, sectorialista de Salud y Educación les señaló que existía inconsistencia entre los certificados de estudios presentados en el Departamento de Recursos Humanos por parte de la Sra. nombre reservado y la Sra. nombre reservado, y los antecedentes publicados en la página web del Ministerio de Educación. Es decir, una presunta falsificación de instrumento público en que habrían incurrido dichas recurrentes con el objeto de ser contratadas, y que habría sido conocido por las demás recurrentes, actuando presuntamente como cómplices y/o encubridoras.

Lo cual por lo demás lo reconocen en el recurso de autos, lo que será aportado como antecedente en la investigación que lleva adelante la fiscalía, al señalar: "En efecto, había dos de las recurrentes que no tienen cuarto medio rendido".

Manifiesta que se les hizo ver la gravedad de la situación, que se hablan traicionado las confianzas depositadas en ellas, y que como Municipalidad no existía otra opción que denunciar el hecho, dado la obligación legal que existe al respecto. Lo anterior, motivó la renuncia voluntaria de las recurrentes con fecha 04 de septiembre de 2017, por lo que no hubo amedrentamiento ni amenaza, sino solamente se les hizo presente la gravedad de lo ocurrido, y el hecho que igualmente se tendría que realizar la denuncia, y ante ello las propias recurrentes decidieron renunciar ante la posibilidad que los hechos se ventilasen en el Concejo Municipal -ya que todavía se encontraba pendiente de aprobación el Saldo Inicial de Caja de Salud- y se viese afectada más aun la imagen de las recurrentes, renuncias que fueron aceptadas por la Municipalidad.

Asevera que a las recurrentes nada se les adeuda, habiéndose pagado todos los honorarios correspondientes a los meses de junio, julio y agosto, y los de septiembre proporcionalmente al número de horas trabajadas durante dicho mes. En relación al mes de septiembre, sólo se les podía cancelar el proporcional hasta el día de la renuncia, no teniendo derecho a percibir honorarios por servicios no prestados durante el resto del mes y menos pudiendo la Municipalidad gastar recursos públicos para pagar un servicio no realizado.

En seguida expresa que requisito esencial para la procedencia de la acción de protección es que se señalen con precisión los hechos que pudieran constituir la vulneración de garantías, lo que en este caso no se ha cumplido, pues la acción deducida por la contraria se ha presentado en términos poco claros, siendo imprecisa, confusa, ambigua y, en general, imposibilita determinar cuáles son los hechos que se estimarían como vulneratorios de derechos y objeto de la acción cautelar de protección Se señala una supuesta afectación a la integridad física y psíquica de las recurrentes y particularmente de la vida del que está por nacer, al haber estado trabajando una de las recurrentes con embarazo de término de 36 semanas.

Sin embargo, no se señala porque existe la imposibilidad de prestar servicios a honorarios estando embarazada, cuando cumplió las 36 semanas, si solicitó o no el derecho contractualmente convenido a solicitar el prenatal 6 semanas antes del parto, etc.

Luego se señala una supuesta discriminación arbitraria, sin indicar los hechos que constituirían dicha discriminación arbitraria, y que aparentemente consistirían en haber sido contratadas las recurrentes bajo la modalidad honorarios, en circunstancias de que se trata de una modalidad de contratación ajustada a la legalidad, y que en ningún caso se podría estimar arbitraria, pues sólo en el área de salud existen más de 540 personas contratadas anualmente bajo dicha modalidad.

Agrega, que habría una supuesta vulneración al respeto y protección de la vida privada y la honra de las recurrentes, por un supuesto ingreso al domicilio de una de ellas. Sin embargo, reglón seguido señala que se les habría requerido realizar una reunión en dicho domicilio, y que en razón de ello la autoridad edilicia habría asistido, sin que se aprecie hecho alguno que pudiera estimarse vulneratorio de garantías constitucionales. Por último, alegan una supuesta vulneración al derecho de propiedad, consistente en el derecho a desarrollar su trabajo y de existir una supuesta privación de la remuneración del mes de septiembre. Sin embargo, las propias recurrentes reconocen que la prestación de servicios se terminó con fecha 4 de septiembre de 2017 mediante renuncia de las mismas, por tanto en ningún caso podría existir una vulneración de derechos por no seguir vigente el contrato y no pagar remuneraciones por un contrato terminado y por días no trabajados A continuación, esgrime que el recurso fue deducido en forma extemporánea, puesto que todos los hechos que se alegan por parte de las recurrentes, ocurrieron con anterioridad al día de la renuncia, esto es, el 4 de septiembre de 2017 o son consecuencia de la misma. Así, habiéndose interpuesto la acción de protección con fecha 21 de octubre de 2017, trascurrió con creces el plazo de 30 días establecido en el auto-acordado para su interposición, debiendo declararse, por ende, su absoluta extemporaneidad.

Aun cuando el recurso interpuesto es sumamente confuso, al no contener una identificación clara de los hechos ni de las actuaciones que se suponen arbitrarias e ilegales, se puede advertir que lo que subyace al recurso es una discusión sobre la naturaleza jurídica de la prestación de servicios y el término del contrato. Lo que se subentiende es que habría existido un supuesto vicio del consentimiento en la renuncia que dio término al contrato de prestación de servicios, la naturaleza jurídica de la relación contractual y el no pago íntegro de remuneraciones.

Se trata de materias que no son susceptibles de ser discutidas en sede de protección, ya sea por no tratarse de derechos indubitados, o por tratarse de materias de lato conocimiento. Es decir, cuestionan la naturaleza de la relación contractual, materia que evidentemente escapa a la discusión que se puede sostener en sede de protección.

Lo mismo se entiende, aunque no se alega directamente, cuando las recurrentes aluden a que habría una supuesta afectación al derecho a la integridad física y psíquica de las recurrentes, y especialmente al que está por nacer, al haberse encontrado una de las recurrentes trabajando con 36 semanas prestando servicios.

Ello toda vez que tratándose de una contratación a honorarios, no existe impedimento alguno para que una persona preste servicio estando en estado de gravidez. Por ello, es que en el contrato de honorarios de la recurrente se establece como estipulación expresa el derecho a solicitar un prenatal, derecho que debía ser solicitado por la recurrente.

Lo que no aconteció, y que en cualquier caso no podría haber acontecido, ya que una vez que se advirtió que se había presentado un certificado presuntamente falso, no se podía seguir tramitando la contratación, y se dejaban pendiente las eventuales acciones de reembolso por la remuneración obtenida de manera dolosa en caso de determinarse por los tribunales que efectivamente existió falsificación de instrumento público.

Expone que si bien, no se alega directamente ninguna vulneración de derechos respecto de la renuncia que tuvo lugar el 4 de septiembre de 2017, ya que quedaría en evidencia la extemporaneidad de la acción que vanamente se trata de ocultar-, es dicha renuncia el fundamento de todas alegaciones. Así, en la parte del "capitulo iii, violación del derecho de propiedad sobre derechos adquiridos", se señala que: "haciendo uso de fuerza, se les obligó a firmar una renuncia, que evidentemente no tiene validez ni en la forma ni en el fondo, pues adolece de un vicio del consentimiento" Es decir, se alega un vicio del consentimiento -cuya existencia niega- en una relación contractual regida por el derecho privado (contratos de prestación de servicios), cuestión que debe ser conocida y resuelta, en última instancia, mediante un juicio ordinario ante el Juez Civil.

Finalmente señala que el actuar de la municipalidad no es ilegal, pues la modalidad de contratación, como bien señalan las recurrentes, fue de prestación de servicios o a "honorarios", ello en atención que se trata de un programa comunitario, en la cual las prestadoras realizaban cometidos específicos, y no decían relación con funciones de carácter permanentes de la Municipalidad, sino que eminentemente transitorias, como lo son los programas sociales, y específicamente este programa que recién iniciaba una fase piloto.

Tampoco es arbitrario, puesto que la contratación bajo modalidad a honorarios, corresponde a los servicios específicos de programas comunitarios que se debían prestar y existen sólo en el área salud otras 540 personas aproximadamente contratadas bajo la misma modalidad, por lo que ninguna discriminación arbitraria se puede alegar al respecto.

Termina solicitando el rechazo del recurso con expresa condena en costas.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal, que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Segundo: Que en lo que hace a la alegación de extemporaneidad esgrimida por la recurrida, ha de señalarse que conforme lo establece el Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, el plazo para recurrir de protección es de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto que dio motivo a la amenaza, perturbación o privación del derecho que se estima vulnerado.

En la especie, del libelo de fojas 21, se desprende que el acto que se denuncia como arbitrario e ilegal por la recurrente es la renuncia que habrían firmado las recurrentes “haciendo uso de fuerza” de fecha 4 de septiembre de 2017 y actos anteriores a aquella.

Tercero: Que la presente acción constitucional aparece presentada ante esta Corte el 21 de octubre de 2017; por lo el recurso aparece formulado fuera del plazo de 30 días que establece el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección. Con todo, a continuación se emitirá pronunciamiento sobre el fondo del recurso.

Cuarto: Que el recurrente refiere que se han amagado los derechos garantizados en el numeral 1, 2, 4 y 24 24 del artículo 19 de la Carta fundamental, esto es, el derecho a la vida e integridad física y psíquica; a la igualdad ante la ley, al respeto y protección de la vida privada y honra y; el derecho de propiedad.

Quinto: Que la doctrina y la jurisprudencia han señalado que la acción u omisión es ilegal si se ha dictado o ejecutado en contravención a las normas que integran el ordenamiento jurídico chileno, esto es, no autorizado por él (si se trata de una acción) o exigido por el mismo (si se trata de una omisión).

Sexto: Que de acuerdo a lo antes expuesto, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque algunas de las situaciones o consecuencias que se han indicado, afectando a una o más de las garantías constitucionales preexistentes, protegidas por la norma antes citada.

Séptimo: Que resulta ser un hecho pacífico que las recurrentes presentaron su renuncia al cargo de “Agente comunitario” con fecha 4 de septiembre de 2017. Encontrándose, sin embargo, controvertido que la entidad recurrida a través de su alcaldesa las haya forzado a firmar dicha renuncia. En ese, contexto, el recurrente carece de un derecho indubitado puesto que las argumentaciones vertidas en su libelo de protección han sido refutadas en su totalidad por la recurrida, según se colige del informe que se lee a fojas 36, no resultando el presente arbitrio la vía idónea para discutir lo propuesto atendida la naturaleza cautelar de la acción de que se trata.

En lo que hace a las demás alegaciones, referidas a la improcedencia de la modalidad de contratación a honorarios y supuestos no pago de remuneraciones, concerniendo el vínculo contractual que existía entre las partes a un contrato de prestación de servicios a honorarios, en los términos del artículo 4º de la Ley 8.883, corresponde concluir que la cuestión sometida a la decisión de esta Corte es un conflicto cuyo origen es la terminación del contrato del recurrente, la que no se ajustaría a derecho a entender de las recurrentes; controversia contractual que requiere, necesariamente, de una declaración de derechos, y que no puede resolverse en este procedimiento breve y concentrado, por cuanto, como se dijo, la presente acción constitucional tiene carácter cautelar y está destinada a restablecer el imperio del derecho ante la privación o perturbación de una o más garantías constitucionales indubitadas, pero no constituye un sustituto jurisdiccional que pueda servir para reemplazar los procedimientos declarativos expresamente contemplados por nuestra legislación para debatir, con latitud e igualdad de oportunidades, las controversias producidas.

Octavo: Que, por lo razonado precedentemente, el recurso interpuesto no puede prosperar.- Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección de lo principal de fojas 21.

Regístrese y archívese en su oportunidad. (custodia N° 1-2018)

Redacción de la ministra señora Lazen.

N° 5473-2017-PROT.- Pronunciada por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las Ministros señora Claudia Lazen Manzur, señora nombre reservado. Leonor Fernández Lecanda y Abogado Integrante señor Santiago Albornoz Pollman.