nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.

CERTIFICO: Se anunció, oyó la relación y alegó contra el recurso el abogado don Marcos Estrada Cabezas. San Miguel, quince de septiembre de dos mil veinte. nombre reservadoödinger, relator.

San Miguel, quince de septiembre de dos mil veinte.

Visto y teniendo presente:

1º) Que comparece el abogado don Guillermo Alexander Silva Torres por don nombre reservado y recurre de protección contra la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes y pide que, acogiéndose con costas la presente acción constitucional, se ordene el reintegro de los montos descontados ilegal y arbitrariamente con afectación de sus garantías tuteladas en el artículo 19 N°3, N°16 y N°24 de la Constitución, al haberse realizado sucesivamente desde marzo a mayo del año en curso respecto de sus remuneraciones, con causa en un pagaré suscrito el 14 de noviembre de 2016 por 60 cuotas de $276.520, cuya solución incumplió a partir de la quinta de aquéllas. Además, pretende la abstención y cese de tales descuentos, o bien y en subsidio, se efectúen según el monto pactado, ya que se efectuaron por $371.548, $173.745 y $511.323.

Refiere haberse dirigido a las sucursales correspondientes en diversas ocasiones; ofreciéndosele pagar en un solo acto o repactar la deuda, porque de lo contrario se ejercitarían las respectivas acciones judiciales de cobro. Por no haber accedido a ello, se substanció juicio ejecutivo RIT C-16811-2018 ante el 11º Juzgado Civil de Santiago, en que se acogió parcialmente la prescripción opuesta a la demanda ejecutiva; por lo que reprocha la continuación de tales descuentos.

En cuanto a la afectación de las garantías constitucionales invocadas, acusa respectivamente, haberse incurrido en una autotutela proscrita en el inciso quinto del numeral tercero del citado artículo 19, porque la recurrida ya optó por cobrar ejecutivamente el total del monto presuntamente adeudado y no en virtud del artículo 22 de la Ley 18.833. Asimismo, sustenta el perjuicio de la justa remuneración correspondiente. Y finalmente, con ello, la merma de su patrimonio.

2º) Que informa el recurso por la recurrida el abogado don Sergio Abarca Vargas y pide su rechazo. En primer lugar, hace presente la sentencia firme pronunciada el 11 de marzo pasado por la Ilustrísima Corte de Santiago en Ingreso N°179.973-2019 del Libro Protección, rechazando el mismo asunto objeto de la presente acción. En segundo lugar, refiere las características del crédito social contraído el 14 de noviembre de 2016 por el actor e incumplido desde el agosto de 2017; por lo que inició el 07 de junio de 2018 su cobro ejecutivo ante el 11º Juzgado Civil de Santiago, paralizando su tramitación sin que se emplazara al ejecutado, pues detectando durante el 2019 el ingreso de aquél como trabajador dependiente, reanudó los descuentos autorizados por el artículo 22 de la Ley 18.883, a partir de junio del mismo año a mayo del actual, atendida la vigencia y exigibilidad de dicho crédito. En tercer lugar, alegó extemporaneidad en el ejercicio de la acción, pues dichos descuentos comenzaron en junio de 2019 respecto de sus remuneraciones y este recurso ingresó el 02 de junio pasado; además, en el recurso de protección substanciado ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, él mismo adujo haber tomado conocimiento de tales descuentos el 31 de noviembre de 2019. En cuarto lugar, aludiendo al mencionado juicio ejecutivo, califica como un “audaz movimiento” la notificación por la que el actor compareció ante el 11º Juzgado Civil de Santiago, para oponerse a la ejecución mediante la prescripción parcialmente acogida respecto de la obligación objeto de cobro en virtud de sentencia que él mismo apeló.

Acerca las diferencias producidas entre los montos descontados respecto de las remuneraciones de marzo, abril y mayo del actual; precisa su composición en capital e intereses moratorios añadidos a las cuotas impagas. En abril se descontó $323.537; pero se remesó $173.745, abonándose a la 16ª cuota e incrementándose hasta $511.323 por la diferencia para completar ésta y pagar la siguiente.

Finalmente, negó la concurrencia de acción ilegal, arbitraria y lesiva de alguna garantía constitucional, porque hubo obrado razonablemente conforme a los artículos 1, 19 Nº7 y 22 de la Ley N°18.833; 1546, 1576, 1580 a 1586 del Código Civil y el Decreto con Fuerza de Ley N°150 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Lo anterior, pues las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de previsión social sin fines de lucro, cuya finalidad exclusiva es administrar los regímenes de seguridad social que la ley establece, entre los cuales figuran aquellos que corresponden a prestaciones de bienestar social y seguridad social. Para ello, las Cajas de Compensación administran un fondo que forman parte de sus regímenes de bienestar social, con el cual financian diversas prestaciones a sus afiliados; esto es, prestaciones adicionales, prestaciones complementarias y crédito social. Por su parte, los créditos sociales son préstamos en dinero que las Cajas otorgan a sus afiliados y que se sujetan en su cobro y pago a lo dispuesto en el artículo 22 de la citada Ley 18.833. Esto significa que el empleador está obligado legalmente a descontar la cuota del crédito social contratado con una Caja, respecto de las remuneraciones de los trabajadores.

3º) Que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para tales efectos, deben concurrir los siguientes requisitos que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

4º) Que respecto a la sentencia firme pronunciada el 11 de marzo pasado por la Ilustrísima Corte de Santiago en Ingreso N°179-973-2019 del Libro Protección, rechazando el mismo asunto objeto de la presente acción; debe considerarse la naturaleza cautelar de urgencia del procedimiento incoado con la interposición de un recurso de protección, en la medida que, descarta la procedencia de una suerte de excepción de cosa juzgada que se desprende de las alegaciones planteadas por la recurrida. En tanto cuanto se insta la adopción de medidas de urgencia, debe revisarse el obrar denunciado, sobre todo, si alude a un comportamiento que se ha mantenido continua y sucesivamente hasta al menos el mes de mayo pasado, según así incluso reconoció la propia recurrida en el informe evacuado al respecto.

5º) Que de conformidad al artículo 1º del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, el recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

En la especie, se recurrió de protección ante los montos descontados ilegal y arbitrariamente con afectación de sus garantías tuteladas en el artículo 19 N°3, N°16 y N°24 de la Constitución, al haberse realizado sucesivamente desde marzo a mayo del año en curso respecto de sus remuneraciones, con causa en un pagaré suscrito el 14 de noviembre de 2016 por 60 cuotas de $276.520.

Pues bien, del análisis exhaustivo de los antecedentes resulta que el obrar ilegal y arbitrario específicamente denunciado se verificó en realidad, desde junio del año pasado, sin que conste lo contrario. Mas, el recurso se interpuso 02 de junio último; con lo que, aparece ostensiblemente que dicho obrar ha continuado y permanecido hasta mayo pasado, por lo que el arbitrio ha sido intentado oportunamente y en el antedicho término de treinta días corridos.

6º) Que debiéndose establecer en primer término la existencia de la acción lesiva de garantías constitucionales denunciada, corresponde tener presente que el recurso de protección no ha sido creado para solucionar conflictos específicos entre partes. Del análisis de los antecedentes aparece que, para determinar la configuración de la acción ilegal o arbitraria materia de este recurso de protección, se debe esclarecer si procedía o no concretar los referidos descuentos de las remuneraciones del recurrente de protección, con causa en el crédito social contraído con la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Según lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley 18.833: “…Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales…”. A su turno, conforme al artículo 21 de la misma Ley, aquéllas pueden establecer un régimen de prestaciones de crédito social, en la medida que, les corresponde su administración respecto de los trabajadores afiliados, al tenor del artículo 19 N°3 del mismo cuerpo legal. En tanto cuanto su pago y cobro se sujetan al estatuto de normas de las cotizaciones previsionales, deben enterarse oportunamente dentro de los 10 primeros días de cada mes por los respectivos empleadores; de lo contrario, se presumirá de derecho que se han efectuado los descuentos por el solo hecho de haberse pagado total o parcialmente las remuneraciones correspondientes a los trabajadores, por lo dispuesto en el artículo 3 inciso segundo primera parte de la Ley 17.322.

7º) Que la recurrida actuó de manera caprichosa e injustificada al revivir el beneficio que el artículo 22 de la Ley 18.833 le ha concedido mediante el descuento materia de estos antecedentes; el cual, sólo resulta razonable tratándose de un cobro oportuno, de lo contrario se fuerza unilateralmente el conjunto de condiciones fácticas que han prevalecido en el contexto espacio temporal previo al descuento materia de estos antecedentes. En efecto, considerando que dio claras señales de desinterés en perseguir judicialmente su solución, según se comprueba del comportamiento procesal observado durante la tramitación del juicio ejecutivo RIT C-16811-2018 substanciado ante el 11º Juzgado Civil, su acción y actual decisión deviene en antojadiza; sin perjuicio del derecho de la Caja de Compensación para perseguir el pago de la obligación por los medios legales ordinarios.

A mayor abundamiento y sin perjuicio que el asunto ya se encuentra sometido al imperio del derecho, no puede la recurrida obrar abusivamente pretendiendo cobrar por dos vías el mismo crédito, sobre todo, si en el juicio ejecutivo precedentemente mencionado se declaró la prescripción parcial del crédito, encontrándose pendiente la misma declaración extintiva por la apelación del actor interpuesta contra el fallo de 27 de febrero del año en curso ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en N° 4349-2020 del Libro Civil, cuya vista y fallo se encuentra pendiente según consta de la carpeta electrónica correspondiente y de público acceso.

8º) Que debiéndose establecer en segundo término que el recurrente ha sufrido privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales denunciadas, por el obrar arbitrario establecido precedentemente; corresponde considerar que las conclusiones a que se arribó en el motivo anterior permiten, a su vez, dar por establecido que el actuar de la recurrida ha vulnerado de manera injustificada el derecho de propiedad del recurrente de protección.

En efecto se le ha privado del derecho de propiedad respecto de la parte de sus remuneraciones que ha sido descontada de manera improcedente, subsistiendo también por su obrar una amenaza constante que afecta tal garantía fundamental. Por lo tanto, no puede establecerse que las consecuencias del obrar arbitrario precedentemente establecido haya cesado, atendida la naturaleza cautelar de la presente acción constitucional. Dicho obrar produce sus efectos permanente e ininterrumpidamente en tanto no cesen, ya que alteran la composición de activos correspondiente al patrimonio de la parte recurrente.

En consecuencia, toda esta situación debe ser corregida por la vía de acoger la presente acción cautelar y disponer las medidas correctoras que se señalarán en lo resolutivo.

9º) Que, por lo tanto, con la configuración y concurrencia de los dos elementos típicos y fundantes de la procedencia de esta acción constitucional, se resolverá acogerla.

Y de conformidad con lo prevenido en los artículos 1, 5, 6, 7, 19 N°24 y 20 de la Constitución Política de la República; en la Ley 18.833; en la Ley 17.322 y; en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge¸ sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, y en consecuencia, se ordena a la recurrida dejar sin efecto los descuentos efectuados y reflejados en la liquidación de remuneraciones de los meses de marzo a mayo del año en curso con causa en el crédito social contraído con la recurrida procediendo, en su caso, a su reintegro; sin perjuicio de los derechos que le asistan a ésta última para impetrar su cobro por medio de las acciones jurisdiccionales que correspondan.

Cese la orden de no innovar.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°5468-2020 Protección.-